El inicio de las obras de la construcción de la carretera que unirá los departamentos de Cochabamba y Beni, rompió, en agosto, la tranquilidad de los indígenas del TIPNIS, quienes sienten que la ejecución del tramo II, que pasa por territorio indígena, afectará a su hábitat y su forma de vida.
Es así que el 15 de agosto, unos 700 indígenas decidieron emprender una marcha desde Trinidad hasta La Paz para exigir al Gobierno la suspensión de las obras. Mientras el presidente Evo Morales y algunos ministros, aseguraron que la construcción de la vía se realizará “sí o sí”, y sin ninguna modificación.
Y la construcción de la vía es también vista por varios expertos y defensores del medioambiente como una amenaza y un grave peligro al área protegida.
Los argumentos, rechazados en reiteradas oportunidades por el Gobierno, avivaron la marcha e hicieron que los indígenas no sólo exigieran la suspensión de las obras sino también aumentaran sus demandas hasta enviar un pliego petitorio de 16 puntos.
Buscando frenar la marcha, que cada día ganaba apoyo de diferentes sectores, el Gobierno intentó, en varias oportunidades, dialogar sin tener ningún éxito.
El ministro de la Presidencia, Carlos Romero, aseguró que el Gobierno envió al menos unas 30 cartas invitándolos al diálogo. Sin embargo, se acusó que algunos dirigentes indígenas como Pedro Nuni de mantener contacto con la embajada de los Estados Unidos, y que la agencia de cooperación norteamericana Usaid está involucrada en la marcha.
Estas acusaciones y algunas declaraciones como la del presidente Evo Morales de que “su pliego es inaceptable”, además de la negativa de reunirse con ellos en plena marcha y afirmar que “no hay tramo alternativo” para la carretera por el TIPNIS, provocaron el fracaso de los intentos de diálogo.
Tras 28 días de caminata de los indígenas, no sólo de varones sino también de mujeres y niños, el 11 de septiembre, la marcha llegó a La Embocada, distante a 25 kilómetros de Yucumo, donde grupos de colonos afines al MAS y que apoyan la construcción de la polémica vía, habían iniciado un bloqueo para impedir el paso de los marchistas.
13 días después, y luego de un primer acercamiento con los indígenas, el canciller David Choquehuanca visitó el lugar para reanudar el diálogo “de indígena a indígena”.
El 24 de septiembre, mujeres indígenas tomaron de rehén al Canciller y lo obligaron a encabezar la marcha para romper el cerco policial, que días antes se había formado para evitar posibles enfrentamientos entre los colonos y los indígenas.
Por un poco más de dos horas, el Canciller marchó y luego fue liberado, mientras indígenas atacaron a los policías para avanzar.
REPRESIÓN Y CRISIS
Al día siguiente, y cuando menos lo esperaban, los indígenas fueron reprimidos por un contingente policial, que con violencia los llevaron hasta Rurrenabaque, mientras otros escaparon al monte.
La represión causó, casi de inmediato, repudio de varios sectores del país e incluso de la propia ministra de Defensa, Cecilia Chacón, que renunció a su cargo cuestionando la actuación policial.
Ya el lunes 26, varios sectores salieron a las calles a protestar contra el Gobierno. En tanto, en el Ejecutivo se negaba haber dado la orden de intervención y represión.
En medio de contradicciones de quién dio la orden, el viceministro de Gobierno, Marcos Farfán y el ministro de Gobierno, Sacha Llorenti renunciaron, ocasionando una crisis de gabinete. Ante tal hecho, el presidente Morales posesionó a Wilfredo Chávez y Rubén Saavedra como ministros de Gobierno y de Defensa, respectivamente.
Los cambios y las disculpas de Morales por la intervención no impidieron que el miércoles 28 miles de personas acataran el paro convocado por la Central Obrera Boliviana (COB) para repudiar el violento hecho.
En tanto, los indígenas se reagruparon para retomar la marcha hacia la sede de Gobierno, esta vez con la consigna de suspender definitivamente la construcción de la polémica carretera.
LA VÍA
Las obras de la carretera en cuestión se iniciaron el 3 junio por la empresa brasileña OAS.
La vía, que unirá a los departamentos de Cochabamba y de Beni, tiene tres tramos: el primero desde Villa Tunari hasta Isinuta (47 Km); el segundo de Isinuta a Monte Grande (117 Km) y el tercero de Monte Grande a San Ignacio de Moxos (82 km). De todos estos, el más polémico es el II, ya que cruza la mitad del Isiboro Sécure, uno de los parques con mayor reserva natural y pulmón de Bolivia.
El Gobierno brasileño, que es principal financiador de la obra, y cuyo costo total alcanza a 246 millones de dólares, ha señalado que los tramos I y III no tienen problemas, lo que no ocurre con el II. Ante esto y la decisión de Morales de suspender las obras del cuestionado tramo, decidió suspender la entrega de los 332 millones de dólares de crédito.
“El desembolso del crédito será reanudado cuando el Gobierno boliviano determine que existen las condiciones para reanudar la construcción de la carretera entre los departamentos de Cochabamba y Beni, que además servirá de enlace a Brasil con el océano Pacífico”, informaba el miércoles 28 el diario brasileño Estado.com.br
ALTERNATIVAS
Para evitar que el tramo II pase por el corazón del TIPNIS, desde que comenzó el conflicto se plantearon varias alternativas, entre ellas la construcción de la vía que bordee el parque.
El Gobierno habló de ocho alternativas de trazo para el tramo II, sin embargo la variación en la vía demandaría mayores recursos para la construcción, hecho que para el principal financiador de la carretera, Brasil, llegaría a ser económicamente inviable.
Por ahora la construcción de la polémica carretera está paralizada, hasta en tanto se encuentre un acuerdo con los indígenas.
El Ejecutivo habla de una consulta, un referéndum y otras alternativas para hallar una solución definitiva. Mientras los indígenas, que hoy se sienten más fuertes que nunca por el apoyo que reciben de varios sectores sociales, mantienen su posición de llegar a La Paz y conseguir su objetivo: suspender la obra definitivamente.
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