El Ministerio Público de La Paz confirmó que ya se iniciaron las investigaciones contra el ex ministro de Gobierno, Sacha Llorenti y los jefes Policiales que participaron de la violenta intervención a la marcha indígena del TIPNIS, el pasado 25 de septiembre cerca de la población de Yucumo (Beni).
La denuncia es por los delitos de genocidio, privación de libertad, desaparición forzosa de personas, vejaciones y torturas durante el operativo policial.
El fiscal Marco Antonio Vargas, encargado de las investigaciones, hizo conocer que esta denuncia, presentada el pasado de 30 de septiembre, implica además a los ex funcionarios de la Administradora Boliviana de Carretera (ABC).
Por otro lado, Patricia Ballivián, presidenta de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) 2008, además de los ex funcionarios de esta repartición; José Luís Zúñiga Tarifa, Carlos Méndez Cárdenas, Geraldo Pereira Santana y Andrés Castro Kukoc fueron denunciados por los delitos de incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias, resoluciones contrarias a la Constitución y a las Leyes, al firmar el contrato con la empresa brasileña OAS, para la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos.
"Se citará al MSM, para que ratifique la denuncia, ya se han tomado las acciones correspondientes, ya se remitió el cuaderno de investigación al encargado para que se asigne una comisión de investigadores" manifestó el fiscal en declaraciones a la prensa.
Esta denuncia fue presentada por el líder del Movimiento Sin Miedo, Juan Del Granado, es también contra el comandante general de la Policía, general Jorge Santiesteban; el Subcomandante, Oscar Muñoz; el inspector general, Edwin Foronda y el coronel Víctor Maldonado, comandante de La Paz.
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