Los indígenas que pernoctaron en el puesto de control de Urujara a 12 kilómetros de La Paz, en espera de que se solucione conflicto policial y evitar que se relacione las dos movilizaciones con un supuesto plan de desestabilización, pretenden llegar hasta la plaza de San Francisco donde instalarán la vigilia en espera del diálogo con el Gobierno.
El presidente de la Sub Central TIPNIS, Fernando Vargas, manifestó este miércoles que el Gobierno debe iniciar el diálogo con los representantes que lideran la novena marcha indígena y no condicionar el diálogo a la espera de todos los representantes, o, corregidores que se encuentran en el TIPNIS, como pretende el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana en una carta que envió a la dirigencia de la novena marcha la tarde del martes.
"El diálogo se da porque aquí el pueblo está marchando, las bases están marchando, las bases están movilizadas, por lo tanto hay un comité de marcha y una comisión política y con esos se tiene que empezar el diálogo", señaló Vargas.
En la misiva, Quintana pidió dejar en claro si el diálogo se llevará a cabo con la dirigencia de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), con los presidentes de las regionales, o, con las autoridades indígenas y corregidores de las subcentrales del TIPNIS.
Al respecto Vargas pidió que si el Gobierno no acepta el diálogo, el pueblo paceño debe manifestarse, pues esta lucha es por el derecho a vivir en un lugar sano y saludable donde se respeten las áreas protegidas, "todos los bolivianos tenemos la obligación de protegerlos", dijo.
Una de las principales demandas de la columna de marchistas se refiere al cumplimiento de la Ley 180 de protección del TIPNIS, un logro de la VIII marcha, asimismo exigen la abrogación de la Ley 222 de consulta posterior, el retiro de los asentamientos ilegales y las plantaciones ilegales de coca en el parque nacional.
Además, solicitan el encarcelamiento de los autores de la intervención policial del 25 de septiembre en Chaparina, el resarcimiento y satisfacción pública por parte del gobierno; que el canciller David Choquehuanca esclarezca su falso secuestro; y que cese la persecución política a los dirigentes indígenas.
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