Los cinco ejes son: reconocimiento de los pueblos y naciones indígenas originarias (ver punto tres del infograma), tierra territorio y Madre Tierra (4), medio ambiente (5), desarrollo y ajuste normativo (6) y respeto a la participación y control social en el diseño, construcción, ejecución y seguimiento de las normas y políticas públicas del Estado Plurinacional (9).
De esta forma piensan Pedro Nuni, diputado indígena y dirigente de la IX marcha indígena, y Lorenzo Soliz, director del Centro de Investigación y Promoción del Campesinado.
“No podemos buscar otra cosa que no sea el cumplimiento de derechos y de la propia Constitución”, dice Nuni. “En la implementación de la nueva Constitución –asegura Soliz- estamos empezando a tener dificultades, y varios de los planteamientos de la plataforma lo único que hacen es reclamarle al Gobierno que cumpla la Constitución”.
No obstante, Adolfo Mendoza, senador del MAS, sostiene que hay demandas de la plataforma que incluso exigen reformas a la nueva Constitución y están en realidad contra ellas; y otras, en cambio, buscan generar conflictividad con el fin de desestabilizar al Órgano Ejecutivo.
Si bien el TIPNIS es el eje articulador de los pedidos, según Soliz el referido al “cumplimiento” de la Carta Magna “es un elemento (de la plataforma) muy importante, del cual se ha hablado muy poco”.
El abogado Marco Mendoza sostiene que la marcha, en realidad, está pidiendo al Gobierno “que vuelva su mirada al pacto político y social, que está contenido en la Constitución”.
De todos los puntos, la exigencia 9 es la alberga de forma más nítida el reclamo, en comparación de las demás demandas. Este punto exige una Agenda Nacional para “reconducir” el proceso de construcción e implementación del Estado Plurinacional.
Soliz identifica que, por ejemplo, en lo referido a tierra territorio “gran parte del contenido está reclamando la implementación de la Constitución”. Lo mismo pasa, dice, en el caso del pedido de participación de los pueblos indígenas en diferentes espacios de decisión (nacional, departamental y municipal).
No obstante, también ve que dentro de la plataforma hay elementos que están orientados a “restituir” aquellos aspectos que no han sido considerados en las leyes vigentes, como ser la Ley de Deslinde Jurisdiccional o la de Régimen Electoral. Pero también ve un tercer elemento: “el reclamo” de modificaciones y avances en la implementación de la Constitución, que está inserto en el punto 6, donde piden modificación de leyes y se demanda el tratamiento otras (ver cuadro).
Rafael Quispe, dirigente del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasusyu y de la IX marcha, explica que la consolidado el Estado Plurinacional, participativo y comunitario se empezó a “liquidar” con la aprobación de las cinco leyes fundamentales, que prefiguran al nuevo Estado, en los ámbitos electoral, judicial, autonómico y constitucional, que se aprobaron entre junio y julio de 2010.
Por eso, Quispe dice que la plataforma de demandas “rescatan mucho de esas cosas”, ante el avance del Gobierno en la “consolidación de un Estado monocultural, neoliberal y afín a las transnacionales” y no así en la edificación del Estado Plurinacional.
Pone como ejemplo el pedido de modificación de la Ley de Régimen Electoral, debido a que establece que los diputados elegidos de las circunscripciones indígenas deben ponerse el “poncho” de un partido para ser elegidos, y así ser votados por normas y procedimientos, como dice la Constitución.
Mendoza sostiene que el eje principal de la Constitución está referido a la “agenda indígena”, que se visibilizó desde la primera marcha de tierras bajas (en 1990). “Cuando el Gobierno se aparta del diseño constitucional y se preocupa más por temas de la coyuntura, como reelección de Evo Morales, aparece una brecha entre la agenda indígena y el diseño constitucional”.
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