Una madre guaraya y su hijo recién nacido murieron en Samaipata cuando daba a luz. En esa movilización, en 1996, los indígenas consiguieron la aprobación de la Ley INRA.
La reforma de esta ley, conseguida con la sexta marcha en 2006, se cobró otras dos vidas. Dos indígenas fueron atropellados mientras marchaban cerca de Bulo Bulo.
Las otras siete muertes fueron en defensa del Tipnis, irónicamente el primer territorio indígena titulado. Un bebé, un niño y un joven dirigente perecieron durante la octava marcha y en solo diez días, la novena marcha se ha llevado a dos dirigentes tsimanes (Otilia Cunay y Alejandro Cayuba), un paramédico paceño (Justo Illanes) y a Karen Yesenia.
Ante este último fallecimiento, el defensor del Pueblo respondió exigiendo al Gobierno atención médica para toda la columna de la marcha y pidiéndole que instale el diálogo de una vez por todas para evitar las desgracias.
La muerte de la bebé indígena se transformó en tema congresal. La bancada oficialista aprobó una resolución condenando la muerte y exigiendo al defensor del Pueblo que la investigue. Pedro Nuni, el único diputado indígena que apoya la movilización, salió molesto porque no lo dejaron hablar. “¿Por qué no dijeron lo mismo de la marcha del Conisur que llegó en febrero con un montón de niños y entró a la plaza? El presidente Evo incluso se convirtió en padrino de uno de los niños”, reclamó Nuni.
EL DEBER
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