Los yuracarés del Consejo Indígena del Sur (Conisur) del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure ( TIPNIS) que apoyan la construcción de la carretera Villa Tunari (Cochabamba)-San Ignacio de Moxos (Beni) condicionan permitir la ejecución de la vía a la expulsión de dos sindicatos de colonos que habrían violado la línea roja que resguarda el territorio indígena.
El cacique mayor del Conisur, Gumercindo Pradel, manifestó que del desalojo de estos colonos “que se dedican al cultivo de coca” depende el apoyo a la ejecución del camino.
“Si va a seguir esta gente también mi pueblo va a decir no a la carretera”, dijo Pradel, refiriéndose a que en los sindicatos 16 de Octubre y Nueva Alianza existen cocaleros que avasallan áreas de reserva.
Explicó que de las 18 comunidades que conforman el Conisur sólo dos están en desacuerdo con la vía interdepatamental, pero que ahora depende del desalojo de los colonos que su apoyo a la carretera siga.
La ruta Villa Tunari (Cochabamba)-San Ignacio de Moxos (Beni) ha polarizado al país entre los que apoyan la construcción impulsada por el Gobierno y los que rechazan que se afecte al TIPNIS.
El pasado lunes partió de Trinidad, Beni, una marcha de más de medio millar de indígenas que rechaza la construcción de la carretera al Beni.
La ruta de 306 kilómetros está dividida en tres tramos y el segundo pasa por el TIPNIS, afectando a 64 pueblos indígenas mojeños, yuracarés y chimanes, quienes rechazan la construcción de la vía.
Las obras costarán 415 millones de dólares, que provienen en 80 por ciento del crédito del Gobierno de Brasil. Según el representante indígena yuracaré, los colonos son cochabambinos y han violado la línea roja, que es la ruta que limita el área colonizada con el territorio indígena y que tiene una extensión de 20 kilómetros. La demarcación fue hecha hace dos años.
En ambos sindicatos existirían en total unas 160 personas que avasallaron el territorio indígena y que, pese a los pedidos realizados en anteriores años, los indígenas no han podido conseguir el desalojo.
Pradel pidió, a nombre de las comunidades yuracarés, que se apruebe una ley de seguridad territorial que sancione el avasallamiento.
Por su lado, el dirigente cocalero Mario Castillo manifestó que estos colonos no pertenecen a la Federación del Trópico y que si identifican que alguna federación los afilió recibirán el castigo de ser echados del sistema. Castillo pidió a estos sindicatos desalojar la zona, si es que realmente están avasallando territorio. Anunció reuniones para las próximas horas.
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