• Defensor del Pueblo recomienda al Presidente que se reúna con los pueblos del TIPNIS.
San Ignacio, (EL DIARIO y agencias).- Representantes del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) rechazaron ayer la propuesta del Gobierno de formar una comisión para iniciar el diálogo en Palacio Quemado y reiteraron que el encuentro con el presidente, Evo Morales, debe ser en el lugar donde se encuentra la marcha.
El dirigente del Consejo Nacional de Ayllus y Markas (Conamaq), Rafael Quispe, en entrevista con EL DIARIO dijo que en reunión efectuada ayer en horas de la mañana se decidió que el diálogo debe primar, pero que el Presidente debe constituirse en San Ignacio de Moxos.
“Se ha rechazado que una delegación de marchistas vaya a La Paz. Hemos ratificado que si el Presidente quiere dialogar venga hasta el lunes, de lo contrario la marcha continuará”, dijo.
Celso Padilla, presidente de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), expresó su rechazo a la propuesta y la calificó de una falta de voluntad del Gobierno.
El dirigente denunció que el Gobierno instruyó a la población de San Ignacio de Moxos para que se muestre hostil con los marchistas y no brinde de ningún tipo de ayuda.
El ministro de Viviendas y Obras Públicas, Walter Delgadillo, en contacto telefónico con la Red Erbol, indicó que de no aprovechar la apertura del presidente Morales, sería perder una gran oportunidad para los indígenas.
PEDIDO DEL DEFENSOR
El presidente Evo Morales debería concurrir al encuentro de los pueblos que están marchando en defensa del área del TIPNIS, señaló ayer el defensor del Pueblo, Rolando Villena.
“La presencia del Presidente creo que no tendría que descartarse”, remarcó en declaraciones a los medios de comunicación al señalar que en la marcha están 125 niños y 8 mujeres embarazadas.
El diálogo del Jefe de Estado con los marchistas sería “para no dar lugar a que se estaría discriminando”, puesto que parecería que “con unos se negocia directamente y con otros no”, indicó Villena.
El Defensor del Pueblo anunció que se verificará el estado de salud de los niños y mujeres embarazadas, y si no deben continuar, se iniciará un proceso de “persuasión” para que se retiren de la marcha.
Con ese propósito, profesionales enviados por la Defensoría del Pueblo hasta la zona realizarán el diagnóstico y verificarán la salud de los marchistas.
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