En una nueva arremetida, el Gobierno acusó ayer a algunos dirigentes de la marcha indígena de estar comprometidos en tráfico de tierra y cobro ilegal en la explotación maderera en el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis). Según el canciller interino, Carlos Romero, con la obstrucción del diálogo sobre el tramo II de la carretera Beni-Cochabamba, buscan encubrir las irregularidades.
En respuesta, el presidente de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano, Adolfo Chávez, lamentó que el Gobierno trate de distorsionar una marcha en la que reclaman que se respeten sus derechos consagrados en la Constitución.
Chávez dijo que el ministro de la Presidencia, Carlos Romero, “después de asesorar y de trabajar durante 10 años con los pueblos indígenas, se desmarca y va en contra de nuestros derechos que están constitucionalizados”, señaló.
Romero aseguró ayer que “hay algunos dirigentes indígenas comprometidos con estos fraudes que buscan obstaculizar el diálogo con el Gobierno, porque tienen que encubrir este tipo de fraudes”.
Mostró contratos sobre permisos extendidos a madereros y agregó que “resulta que el camino que se está impugnando no había sido el motivo real de la movilización, sino un pretexto para intentar posicionar una serie de otras demandas”.
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