La discusión sobre la construcción de la carretera entre Villa Tunari y San Ignacio de Moxos, que atravesará el Territorio Indígena y Parque Isiboro Sécure (TIPNIS), se ha constituido en uno de los temas centrales de la agenda; por ello, Página Siete dialogó con Rafael Quispe, mallku del Conamaq, y Gregorio Lanza, experto en solución de controversias para conocer sus opiniones al respecto.
Página Siete.- ¿Es cierto que hubo una consulta con los indígenas sobre el TIPNIS en la que usted participó?
Gregorio Lanza (GL).- Una empresa medioambiental (subcontratada por OAS) me contactó y me habló del inicio de un proceso de mediación para la construcción de la carretera por el TIPNIS. Puse dos condiciones, mi rol debía ser independiente y enmarcado en la Constitución, que en su artículo 30, numeral 15, habla de la consulta “mediante procedimientos apropiados”. Otro artículo, el 352, habla de que esa consulta debe ser “respetando normas y procedimientos propios”.
Lamentablemente no fue así como se desarrolló el intento de mediación, por ello creo que nació mal el proyecto de la carretera, porque de inicio se aprobó un “contrato llave en mano” y sin consulta previa, pero con una ruta definitiva. Por ello la empresa calculó los 412 millones de dólares de costo para la construcción.
Página Siete.- Pero el tramo II no tiene trazo definido todavía.
GL.- No, no es así. El trazo II ya estaba definido, la división en tres tramos se hace con posterioridad, por la necesidad de facilitar la obtención de las licencias ambientales.
Existiendo dos hitos, como son Isinuta y Monte Grande del Apere, se barajaron otras dos opciones, una ir bordeando las comunidades que se encuentran hacia el este del trazo más directo. La otra opción –que en realidad no se ha estudiado en detalle– establece que la carretera debería rodear el parque e ir por el sector oeste, en el pie de montaña.
Página Siete.- ¿Cómo se desarrolla el proceso de diálogo en el que usted participó?
GL.- Yo viajé a Trinidad y entré a hablar con los indígenas, de cómo podría iniciarse ese proceso previo a la consulta oficial. Lo discutimos en unas cinco reuniones con los representantes indígenas. En esta etapa, inicios de 2009, se advierten dos limitaciones, la primera que el Gobierno no interviene en este proceso. Un segundo elemento es la tensión por el avasallamiento cada vez más nítido y torpe por parte de los cocaleros.
Llega un momento en que los indígenas dicen “vamos a sacarlos del parque”. Y ésa es una decisión muy difícil porque ellos no tienen una cultura de confrontación. Hacen un cabildo y llegan a reunir cerca de un centenar de indígenas, tras lo cual bajan y se produce un primer enfrentamiento. Al frente estaban unos 500 cocaleros armados con dinamita. Allí mueren dos cocaleros por disparos de bala.
Los cocaleros se reagruparon y prepararon la revancha contra los “yuritas”, como llaman los cocaleros a los indígenas en tono displicente. Aquí es interesante advertir cómo la colonialidad se reproduce, con los cocaleros como ciudadanos de primera y los indígenas, los “yuritas”, como salvajes. Sin embargo, en ese momento se produjo un llamado del más alto nivel del Gobierno para evitar que los cocaleros realicen alguna venganza contra los yuracarés. Tras estos acontecimientos se da un tercer momento, cuando los indígenas cuestionan la verdadera utilidad de la carretera. Es decir, se pide un plan de desarrollo del parque. Allí se produce una nueva reunión entre mi persona y el presidente de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), al que se le plantea la necesidad de elaborar un plan de desarrollo. Como la ABC no tiene recursos para este trabajo, la opción que se maneja es que sea el SERNAP el que realice el trabajo. Esto derivó en una licitación. Hace unos seis meses –según entiendo– ha comenzado este estudio.
En Brasil, por ejemplo, las empresas destinan entre el 0,5% y 1% del volumen del proyecto a las tareas de mitigación. Este plan de mitigación no existe en el TIPNIS. Todo esto lo manifesté en una carta a finales de 2009. Mi informe final en febrero de 2010.
Página Siete.- El Gobierno ha señalado que la consulta previa no es vinculante, ¿cuál es la posición del Conamaq?
Rafael Quispe (RQ).- En mayo de este año hemos tenido en Santa Cruz un evento entre la CIDOB y el Conamaq, donde debatimos oficialmente esta temática. Sobre lo vinculante o no, en realidad la norma no menciona este término. Hay que saber interpretar la Constitución.
Primer error de todo este proceso, la consulta la debe hacer el Estado, no una empresa particular. Además, la consulta del Estado es “previa”, como su nombre lo indica, es decir “anterior” a la realización del proyecto. En este caso con los trazos, o hitos, o lo que fuere, ya existe un contrato, es decir la idea de atravesar el TIPNIS es un hecho. Aquí ya hay una primera violación a la consulta que debe ser “previa”, no “posterior”.
Basados en la CPE y el Convenio 169 de las NNUU, que Bolivia ha suscrito, se ordena: “los gobiernos deberán consultar a los pueblos interesados mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas”. O sea que el Gobierno no puede debatir con las bases sin incluir a las instituciones y niveles representativos. No todos los pueblos son iguales, el Gobierno debe respetar las máximas instancias.
Este proceso de consulta tiene la finalidad de llegar a un acuerdo y un consentimiento acerca de las medidas propuestas.
Entonces no tenemos que hablar de que si la consulta es vinculante o no, tenemos que hablar de una consulta que derive en un consentimiento, y aquí eso no ha existido. Mientras no haya consentimiento se está violando el Convenio 169 que suscribe el Gobierno. No hay buena fe con las comunidades. Éstas son las violaciones sistemáticas a la Constitución y los convenios.
Página Siete.- ¿Es posible pensar en realizar otro trazo, que rodee el parque? ¿Ésa sería una solución para el Conamaq?
RQ.- Eso hay que discutirlo, planificarlo; si se quiere beneficiar a las comunidades iremos por el trazo que sea de beneficio para las comunidades, aunque sea más costoso. Pero yo no puedo hablar sin un proyecto, sin un estudio de impacto ambiental y de desarrollo.
Página Siete.- Gregorio Lanza dice que no ha habido de parte del Gobierno una gestión política previa al inicio de las obras. Le hago la pregunta considerando que el Gobierno actual es liderado por un indígena y tiene más sensibilidad respecto de ese tema que los anteriores.
R.Q.- Yo veo más hábil a este Gobierno, pero tal vez para otras cosas. Ya lo hemos visto: es neoliberal, republicano y basado en el extractivismo.
Evo Morales es el caballito de Troya que ha sido utilizado por las transnacionales y los cocaleros para entrar al poder. Y podemos citar pruebas, como la aprobación de las semillas transgénicas, por qué quiere abrir la frontera agrícola, por qué no se hace nada para proteger el parque del Choré, etc.
A nivel externo, no es casual que la empresa constructora sea OAS, brasileña, y “llave en mano”, es decir con un proyecto final. Las empresas madereras mayoritarias son brasileñas. También el ministro de Hidrocarburos ha admitido que hay petróleo en el TIPNIS. Así que Evo lo que quiere es más capitalismo.
A nivel interno, los cocaleros, que son ahora los ciudadanos de primera, que todo lo que dicen se hace, están presionando para la carretera; su última resolución dice que se debe redistribuir las tierras de manera individual, no colectiva.
Nosotros como Conamaq hemos bajado a hacer consultas a nuestras regionales y todos están en desacuerdo con el camino. Por ello está la resolución de marchar conjuntamente el 15 con los hermanos del TIPNIS, es una decisión orgánica y unánime.
Ése es el miedo que tienen. A Evo Morales no lo va a bajar ni la derecha, ni la izquierda, ni el centro, nadie, lo van a bajar los mismos indígenas, cuando ya estén calientes de esta situación.
GL.- Quiero comentar sobre la falta de gestión política, pero antes deseo dejar en claro una opinión: yo creo que este Gobierno ha tenido la virtud de lograr la inclusión de los indígenas, del campesino; eso no se puede negar, tenemos ponchos y monteras en todos los poderes del Estado, pero por otro lado se ha equivocado al llevar al extremo el discurso pachamámico, como que el derecho de la Madre Tierra está por encima de los derechos humanos. Otro de los excesos fue el exagerado énfasis en lo indígena, en el desarrollo comunitario y la visión sobre la tierra.
Sobre la falta de gestión política, yo creo que el Gobierno debió participar desde un principio en la consulta.
Página Siete.- ¿Cuál es la importancia de la marcha que empieza este lunes?
GL.- Será todo un hito.
RQ.- Sí, será un hito. Lo que necesitamos es un diálogo nacional con una agenda mínima. No puede ser que en los grandes temas andemos tan mal. En el tema del mar, un día el Presidente se levanta de mal humor y plantea juicio internacional, luego plantea diálogo, igual con el gasolinazo. ¿Qué es esto?
El año 90 se marchó por el territorio, hoy quieren romper el territorio. El Gobierno debe definirse: es pachamamista o es industrialista. O la tercera opción que es el vivir bien, en armonía con la naturaleza y la Madre Tierra.
La marcha no será sólo por la defensa del TIPNIS, sino por los derechos de los pueblos indígenas y la Madre Tierra en general. Va a ser un hito. Vamos a cercarlo desde occidente y desde oriente porque éste es un Gobierno débil.
Página Siete.- ¿Entonces serán dos marchas? ¿Habrá una desde occidente?
RQ.- Puede ser, depende de la coyuntura y si el Gobierno dialoga en el camino y reconoce sus errores. Pero si sigue terco, vienen movilizaciones de occidente para confluir en La Paz.
Página Siete.- El Gobierno ha manifestado que controlará el ingreso de cocaleros al TIPNIS. ¿Es esto posible?
GL.- Es muy difícil garantizar eso porque esto lo motiva la ley del mercado y la hoja de coca es el producto que mayor mercado tiene. Será casi imposible evitar los asentamientos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario