Cortan la uniformidad el trazo sinuoso de algunos ríos de aguas turbias, llenas de sedimentos, y las flores amarillas de un árbol que los indígenas llaman julunchi, el cual parece un náufrago brillante en un mar verde.
Hace una década, la Compañía General de Combustibles (CGC) de Argentina entró en ese bosque con maquinaria y explosivos para explotar el crudo en su territorio, y el paisaje sería otro si los sarayaku no se hubieran movilizado contra el proyecto.
Aún libran la batalla, aunque ya no en la selva, sino ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el máximo tribunal de su ámbito en América Latina. Ellos esperan que un fallo a su favor cree un precedente jurídico para toda la región.
Una sentencia esperada
Mario Melo, abogado de los sarayaku, cree que el dictamen podría tener efectos sobre operaciones polémicas como el proyecto minero Conga en Perú, la mina Marlin en Guatemala, la presa Belo Monte en Brasil y la presa en el departamento del Huila en Colombia. “Todo el continente está esperando esta sentencia”, afirmó.
Su demanda principal es que los gobiernos estén obligados a obtener el permiso de los pueblos indígenas antes de otorgar una concesión en su territorio a una empresa para una actividad extractiva o la aplicación de un proyecto de inversión en general. Eso es lo que no ocurrió en 1996, cuando el Ejecutivo ecuatoriano de aquella época dio a CGC los derechos para horadar el subsuelo del bosque de los sarayaku sin consultarlos o siquiera informarlos.
En 2002 entraron los empleados de la compañía, que talaron la selva para construir varios helipuertos con la protección de soldados ecuatorianos. Los sarayaku abandonaron sus casas y dejaron a los niños con abuelos o a cargo de hijos mayores, y se instalaron en “campamentos de paz” para proteger sus linderos. Pasaron siete meses fuera, durante los que ocurrieron algunos incidentes con los militares, aunque no hubo víctimas.
La compañía salió
Finalmente la compañía salió a la fuerza, pero dejó enterrados casi 1.500 kilogramos de pentolita, un explosivo usado para hacer estudios sísmicos que no llegó a detonar. Están en un área de 20 kilómetros cuadrados con forma de V, en la que los sarayaku ya no pueden entrar a cazar o a pescar, o a comunicarse con los espíritus de la naturaleza.
“Es como estar botando (tirando) un explosivo dentro de nuestra casa; los espacios, los territorios sagrados tienen vida, tienen espíritus, según nuestras costumbres”, afirmó Túpac Viteri, vicepresidente de la comunidad.
Sabino Gualinga, de 89 años, uno de los chamanes de los sarayaku, cree que el vínculo con espíritus como el yamasanga, el yashingo, el yacusupai y el jurijuri se ha debilitado debido a las intrusiones de la petrolera.
“Ninguno de los gobiernos, la gente que ha trabajado en el Estado, los presidentes, han nacido en esta tierra, la sangre de nuestros ancestros, la sangre que derramó mi madre cuando yo nací se encuentra en esta tierra. No queremos la explotación petrolera. Ellos no entienden eso”, dijo en kichwa, traducido por su hija, Patricia Gualinga.
Aunque la entrada de los empleados de CGC y de los militares a Sarayaku ocurrió durante el mandato del presidente Lucio Gutiérrez, el Gobierno de su sucesor, el izquierdista Rafael Correa, había seguido negando las acusaciones de los indígenas en el proceso ante la Corte Interamericana.
Eso cambió el pasado 21 de abril, cuando Alexis Mera, asesor jurídico de Correa y uno de sus colaboradores más cercanos, sorprendió al reconocer la responsabilidad del Estado en la violación de los derechos en Sarayaku y al decir que el Gobierno está dispuesto a llegar “a cualquier acuerdo de reparación”.
Ocurrió en una sesión de la Corte Interamericana celebrada en la propia comunidad que fue “histórica”, según el presidente del tribunal, Diego García, porque era la primera vez que la entidad escuchaba testimonios en el lugar de los hechos.
Sin embargo, casi a la misma hora que Mera daba el mensaje conciliador en la Amazonia, Correa aseveraba en su programa de televisión sabatino que el caso es una “pantalla” para ciertas organizaciones ecologistas que “están en contra de Ecuador” y que no quieren ninguna explotación de crudo. Dijo que le indigna “que vengan estos ‘gringuitos’ (extranjeros) con la panza (estómago) bien llena a tratar de hacer aquí lo que nunca han logrado en sus respectivos países”.
Otra visión del desarrollo
El Presidente insiste en que Ecuador necesita los recursos naturales para su desarrollo, pero los sarayaku disputan la propia definición de lo que es desarrollo. “La riqueza es la que nosotros tenemos, nuestra soberanía alimentaria viene de todo lo que existe dentro de estos territorios; si se saca el petróleo, se destruye la selva, se contamina la selva, nosotros eso sí lo llamamos pobreza”, dijo Viteri.
La Constitución de Ecuador, aprobada en 2008 a instancias de Correa, obliga a realizar una “consulta” previa en las comunidades afectadas por proyectos extractivistas, pero el Presidente mantiene que ésta “no es vinculante”. El Gobierno prepara actualmente la licitación de una gran área amazónica donde ahora apenas hay pozos y que incluye la tierra de los sarayaku y de otros pueblos indígenas.
Mera afirmó que no podía garantizar que el Gobierno no autorizará a otra compañía que explote el petróleo bajo los bosques de los sarayaku. “No podemos porque el régimen constitucional no lo permite”, dijo el asesor, aunque sí manifestó que el Ejecutivo está abierto a tratar la retirada de la pentolita.
Tras una breve asamblea el mismo día, su líder, José Gualinga, que llevaba un tocado de plumas y la cara pintada con rayas negras, como el resto de la comunidad, anunció que no negociarán con el Gobierno y esperarán el fallo de la Corte, el cual llegará este año, según prometió García.
En un caso similar, Saramaka vs. Surinam, el tribunal dictaminó que el Estado tiene la obligación de obtener el consentimiento “libre, previo e informado” del pueblo indígena cuando quiera aplicar planes de inversión a gran escala en su territorio. Melo aspira a que la corte amplíe ese precedente, de forma que esa obligación no dependa sólo del tamaño del proyecto, sino también de la gravedad de los posibles impactos. (EFE Reportajes).
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