Dirigentes de la IX marcha indígena denunciaron ayer que de los 45 corregidores que respaldaron la realización de la consulta “previa” en el parque Isiboro Sécure, sólo 20 son autoridades legítimas mientras los demás fueron elegidos “a dedo” por el Gobierno.
No obstante, el ministro de Gobierno Carlos Romero defendió el acuerdo firmado el martes y afirmó que “serán los propios corregidores, que consensuaron con el Gobierno la viabilidad de la consulta ‘previa’, los que gestionen con los que intervienen en la IX marcha”.
El presidente de la Subcentral TIPNIS, Fernando Vargas, denunció que “de los 45 no todos son corregidores; lamentablemente este Gobierno en lugar de unirnos nos humilla, nos maltrata y estamos luchando para que haya respeto a nuestras vidas (...) desconocemos ese documento porque no es con la firma de los titulares del derecho, sino son unos 20 (mientras) los demás no son corregidores, han venido suplantando a los demás y eso es una falta de respeto”.
El martes, después de una reunión, autoridades del Gobierno y 45 de los 63 corregidores del TIPNIS firmaron un acuerdo para realizar la consulta “previa” para la construcción del tramo II de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos por el medio del territorio indígena.
En la cita estuvieron 45 corregidores, según información del Gobierno: 12 de la Subcentral TIPNIS, 18 del Conisur y 15 de la Subcentral Sécure y por el Ejecutivo participaron los ministros de Gobierno; de Obras Públicas, Vladimir Sánchez; y de Medio Ambiente, Felipe Quispe.
El ministro Romero explicó ayer que la firma de ese acuerdo no significa la aprobación del proyecto para construir la carretera por medio del TIPNIS sino un mecanismo democrático transparente participativo para que las comunidades indígenas tomen una decisión sobre la iniciativa del Estado de llevar adelante la construcción del camino, mediante la consulta previa.
“La viabilización de la consulta no significa en sí misma la aprobación del proyecto carretera entre Villa Tunari - San Ignacio de Moxos atravesando por el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure, sino simplemente la viabilización de un mecanismo democrático transparente y participativo en ejercicio de la libre determinación de los pueblos indígenas que habitan el TIPNIS”.
El presidente de la Subcentral TIPNIS cuestionó cómo en el Conisur, ubicado en el lado sur del parque, puede haber 18 corregidores. “Ésa es una gran mentira, hay 11 comunidades, de éstas tres están fuera y sólo serían siete comunidades que antes de ser medidas por el INRA eran comunidades, pero ahora son propietarios individuales”.
Explicó que “nadie puede ser corregidor de su predio sino que son propietarios y por lo tanto nadie de ellos puede decidir por otro predio o propiedad. Todas estas personas que han venido, no tienen ningún derecho de decidir por ninguna TCO ni mucho menos por el parque nacional”.
Según el INRA, en el Polígono 7 o Conisur sólo hay dos comunidades que tienen titulación colectiva: Santísima Trinidad y Secejsamma mientras las restantes aldeas tienen propiedades individuales que están afiliadas a la federación de cocaleros del trópico de Cochabamba.
Por su parte, el ministro Romero dijo que el Ejecutivo espera que los 18 corregidores que no participaron de la reunión también respalden la consulta.
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