La Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Sudamericana de Naciones (Unasur) enviarán observadores a la consulta indígena que organiza el Gobierno para definir o no la construcción de la carretera Villa Tunari- San Ignacio de Moxos, informó hoy la vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Dina Chuquimia.
El Gobierno de Evo Morales busca que las 60 comunidades indígenas que viven en esa zona, situada en el centro del país y rica en biodiversidad, acepten la construcción de la carretera que atraviesa el Territorio Indígena y Parque Nacional Isibore Sécure (Tipnis), una obra a la que se han opuesto varias organizaciones indígenas y organizaciones que defienden el medio ambiente.
"Las misiones de la OEA y la Unasur van a arribar en las próximas horas al país para ser parte de este proceso de observación", dijo hoy la autoridad electoral a los periodistas. El proceso de consulta, que se extenderá hasta septiembre, se iniciará mañana domingo.
Los organismos internacionales se sumarán a las 15 brigadas que los ministerios de Obras Públicas y de Medio Ambiente que enviaron a las comunidades del Tipnis.
"No pueden hacer la consulta porque no ha sido concertada y si de ahí el Gobierno utiliza la fuerza pública y gases, nosotros responderemos de la misma forma", dijo el dirigente, Rafael Quispe a un medio nacional.
La ministra de Comunicación, Amanda Dávila, afirmó a la red ATB que no es necesario enviar policías para que den garantías a las brigadas que realizarán la consulta.
Un grupo de 300 indígenas llegaron a La Paz a mediados de junio tras caminar más de 600 kilómetros desde sus comunidades para exigir que se abandone la construcción de la controvertida carretera, cuya construcción fue adjudicada a la compañía brasileña OAS en 2009.
El grupo acampó frente a la sede de la Vicepresidencia del Estado hasta el 13 de julio para buscar un diálogo con las autoridades bolivianas. "No fuimos atendidos, nadie nos quiso escuchar", recordó el dirigente, Fernando Vargas.
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, dijo que se logró un acuerdo inicial con los indígenas de la reserva ecológica para realizar la consulta.
En los últimos seis meses, el Gobierno ha intensificado la asistencia a los 7.000 indígenas de la zona que colinda con plantaciones de coca del trópico de Cochabamba, en el centro del país.
Durante la protesta indígena del pasado año, motivada por el rechazo a la carretera, la policía intentó dispersar la marcha en un operativo violento que costó la destitución del ministro de Gobierno de entonces, Sacha Llorenti.
En octubre de 2011, la marcha indígena logró paralizar la construcción de la carretera, pero el Gobierno armó un proceso de consulta que un grupo de indígenas aún rechaza.
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