El dirigente indígena Rafael Quispe presentó, el pasado domingo, una denuncia ante el relator de las Naciones Unidas, sobre racismo por las agresiones físicas y verbales que sufrió su hija durante en la represión policial en Chaparina.
“Se trata de presentar una denuncia formal sobre la masacre en Chaparina, específicamente sobre la brutal golpiza que ha recibido mi hija que entonces tenía 11 años, hasta la fecha no existe ningún encarcelado, no hay justicia, pese al compromiso del Gobierno”, lamentó Quispe.
Por su lado, el abogado representante legal de los indígenas de Tierras Bajas, Waldo Albarracín lamentó que la primera demanda presentada, tan sólo unos días después de los hechos acaecidos cerca de Yucumo, no haya sido tratada por las autoridades del Ministerio Público.
“Sabemos que los casos relacionados con el caso Chaparina y respecto a los indígenas, son dilatadas premeditadamente por el Gobierno. Quizá por eso Rafael Quispe se vio obligado a presentar otra demanda pero de eso no tengo conocimiento”, dijo.
El vocero del movimiento indígena Youcy Fabricano, recordó, por su parte, que al menos cuatro mujeres embarazadas perdieron a sus bebés como consecuencia de la golpiza que recibieron por los policías, el domingo 25 de septiembre del año 2011.
“Cuando llegaron a los hospitales de La Paz, estaban tan mal que se vieron obligadas a abortar, los hermanos indígenas no olvidamos los golpes y el odio que demostró este Gobierno, yo estuve ahí y recuerdo los golpes que me dieron”, citó.
Sin embargo, el diputado por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Javier Santibañez, restó importancia al tema y señaló que existen intereses políticos detrás de la denuncia de Quispe.
“Si realmente su hija hubiera sido agredida, porqué no lo dijo antes, son temas políticos, siempre van a querer politizar estos temas y Rafael Quispe es un personaje político, eso todos los sabemos. Por otro lado, qué estaban haciendo sus hijos en la marcha, ¿son indígenas del Tipnis?”, cuestionó.
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