Perú estrenará el mecanismo de consulta previa a los pueblos indígenas sometiendo a su consideración una nueva etapa de operaciones en el lote petrolero 1AB de la región de Loreto, en el extremo nororiental de la Amazonia peruana.
Dirigentes indígenas locales todavía desconfían del anuncio, pues en la zona permanecen desde hace décadas los pasivos ambientales de la industria petrolera.
De la boca abierta de un jaguar pintado sobre el muro sale una frase que es como un grito: “No podrás comprar mis ríos ni mi alegría”. De fondo aparece el bosque, el sol, el río, niños, mujeres y hombres.
La imagen, que cubre la fachada de la oficina de la Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO) en la ciudad de Iquitos, resume bien la defensa ambiental que han emprendido en los últimos años los líderes nativos.
Dirigentes indígenas de cuatro cuencas hidrográficas de la región, que forman parte de la ORPIO, describieron los daños que dejó en sus comunidades y el ambiente la explotación de crudo, que tiene ya 40 años.
“El Estado nos ha ignorado y no ha exigido a las empresas que cumplan. Si un padre abandona a su hijo, ¿quién tiene que pagar por esos daños? El padre, el Estado. Y en segundo lugar, la empresa”, argumentó David Chino, vicepresidente de la Federación Indígena Quechua del Pastaza.
Chino, del pueblo quechua, estuvo en Lima la última semana de agosto junto a otros tres “apus” (líderes) para reunirse con autoridades del Congreso y del Poder Ejecutivo, representando a las comunidades de las cuencas de los ríos Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón.
Los indígenas lograron hace poco que una comisión multisectorial, encabezada por la presidencia del Consejo de Ministerios, aceptara efectuar una consulta antes de que se firme un contrato con los nuevos operadores del lote 1AB, en manos de la empresa extranjera Pluspetrol Norte.
Tal consulta será la primera que se aplique en cumplimiento del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que dio lugar a una ley y un reglamento para su aplicación en casos de proyectos en territorios nativos ancestrales.
Además, técnicos del Estado visitarán la zona de Pastaza para evaluar el grado de los daños.
La contaminación de Loreto se concentra en torno de los lotes 1AB y 8. Según el informe de un grupo congresal, en algunas áreas de las cuatro cuencas el grado de toxicidad es tan alto “que haría inútil el uso de la biorremediación para degradar el petróleo”.
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