jueves, 17 de mayo de 2012

Una fracción indígena intenta destituir al líder de la CIDOB

Una fracción de dirigentes indígenas que firmaron acuerdos con el Gobierno analizará este fin de semana la continuidad del presidente de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), Adolfo Chávez, pero el vocero de esa organización minimizó esta intención.

El dirigente de la Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz y que forma parte de la CIDOB, Rosendo Alpire, informó que los presidentes de las 13 regionales que conforman la Confederación de Indígenas se reunirán este fin de semana en Santa Cruz para analizar la permanencia de Chávez en esa entidad, pese a que el dirigente fue reelecto recientemente en una asamblea.

“El presidente de la CIDOB ya no tiene poder de convocatoria, la IX marcha está debilitada, vamos analizar tal situación. No es convocatoria para una Comisión Nacional”, manifestó el dirigente Alpire a la red ERBOL.

Cuestionó que Chávez haya promovido el desconocimiento de dirigentes de varias regionales después que firmaron acuerdos con el Gobierno, este hecho “le puede costar la cabeza”, amenazó el dirigente.

Mientras la CIDOB y la Subcentral TIPNIS organizaban la IX marcha en defensa del Isiboro Sécure, el Gobierno firmó acuerdos con las 13 regionales que están afiliadas a la organización de indígenas de tierras bajas.

Lázaro Tacoo, vocero de la confederación de indígenas, restó importancia a la reunión de los líderes indígenas porque -según dijo- la Comisión Nacional, que es la máxima instancia de decisión, debe ser convocada por los dirigentes electos y acusó al Gobierno de estar detrás de esta convocatoria.

“Esa idea de autoconvocarse y eliminar a Adolfo Chávez será considerada como un crimen al movimiento indígena”, adelantó Tacoo a Página Siete.

Después de la firma de acuerdos entre el Gobierno y dirigentes indígenas, al menos dos dirigentes indígenas (Pedro Vare y Elario Udaeta) fueron desconocidos por sus bases por no respaldar la marcha en defensa del parque Isiboro Sécure.

El dirigente de la Central de Pueblos Indígena de La Paz, José Ortiz, informó que no asistirán a ninguna convocatoria de la Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz y respetarán la estructura actual de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia.

“Vamos respetar nuestra estructura orgánica (...) porque no tiene ningún valor legal (la convocatoria)”, manifestó.

Esta organización definirá en los próximos días si se suma o no a la IX marcha indígena después de evaluar si el Gobierno cumple o no con sus promesas.

Chávez lideró la VIII marcha y ahora lo hace en la IX movilización que también pretende llegar a La Paz para exigir se respete la Ley 180 y se abrogue la Ley 222 de consulta para la construcción de la vía Villa Tunari-San Ignacio de Moxos.

Campesinos se declaran en emergencia ante IX marcha indígena
Campesinos se declararon en estado de emergencia frente al avance de la IX marcha indígena y advirtieron con movilizaciones para defender al Gobierno y al denominado “proceso de cambio”, porque supuestamente existe una acción desestabilizadora.

La Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia activó su estado de emergencia contra las supuestas medidas de conspiración en contra del Gobierno del presidente Evo Morales, también en referencia a otras movilizaciones.

“Se ha instruido a todas las federaciones departamentales, regionales y sindicatos para que estén en permanente estado de emergencia, no es por temor, sino una alerta permanente ante la actitud conspirativa de la oposición”, declaró el dirigente Licarión Soto.

Calificó la marcha indígena en defensa del TIPNIS de “política” porque los líderes de Unidad Nacional y Movimiento Sin Miedo, Samuel Doria Medina y Juan Del Granado, respectivamente, estarían respaldando económicamente a la movilización indígena.

Un grupo de vecinos de las zonas periurbanas de la ciudad de La Paz marchó ayer en defensa del Gobierno del presidente Evo Morales.

El máximo representante de la Confederación Nacional de Juntas Vecinales Efraín Chambi manifestó que las protestas sociales que ocurren actual mente en Bolivia son “actos sediciosos” en contra del Ejecutivo.

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