“Sufrimos demasiado con tanta violencia. No pedimos, exigimos derechos: la demarcación de nuestras tierras con urgencia para que nuestro pueblo vuelva a vivir en paz, con felicidad y dignidad”.
Las palabras escritas en una carta por el pueblo indígena brasileño guaraní-kaiwoá para el ex presidente del país Luiz Inácio Lula da Silva, en agosto de 2010, podrían trasladarse al presente y traducir la realidad no sólo de Brasil, sino de otros países vecinos del gigante sudamericano como Bolivia.
La organización Amnistía Internacional emitió un informe denunciando algunos de los proyectos de desarrollo de los gobiernos del continente americano por amenazar la supervivencia de estas comunidades.
El documento, cuyo nombre es “Sacrificando derechos en nombre del progreso”, estudia la situación de los pueblos originarios en toda América.
Según el informe, los indígenas siguen siendo “uno de los grupos más marginados y más afectados por las violaciones de los derechos humanos” en todo el continente. Además, enfrentan una “creciente amenaza” debido a la construcción de centrales hidroeléctricas, de carreteras y la expansión de la agricultura, cita el diario español El Mundo en un reportaje desde Brasilia.
El reto de la supervivencia
En el caso de Brasil, el informe especial retoma el criticado plan de construcción de la hidroeléctrica de Belo Monte, en la zona del río Xingu, en la rica Amazonia brasileña.
Está previsto que la gigantesca planta empiece a funcionar en 2015 y puede convertirse en la mayor del país y la tercera del mundo, con capacidad para generar 1,6 millones de kilovatios de energía, como se prevé.
El obispo austriaco Erwin Kräutler, que vive en la zona desde hace casi medio siglo, comparte la opinión de que la obra sería un riesgo para los habitantes de la zona. Kräutler, según declaró a los medios locales, cree que “podría faltar agua al desviar su curso para alimentar diques y para mover las turbinas, además de sacar a los indígenas de su lugar de origen y de duplicar la población de pequeñas ciudades”.
Además de la planta de Belo Monte, el investigador Patrick Wilcken declaró que el Gobierno que preside Dilma Rousseff tiene otros “planes ambiciosos”, como construir “cientos” de centrales hidroeléctricas en zonas donde vive la mayoría de las naciones indígenas del país. Según el activista, las obras podrían generar “enormes problemas para la supervivencia de estos pueblos originarios ”.
Según el profesor de la Universidade Federal do Pará Hermes Fonseca Medeiros, la hidroeléctrica podría afectar a 30 zonas indígenas y 12 espacios naturales de gran importancia. Una de las críticas de los ambientalistas es que la construcción de la hidroeléctrica de Belo Monte atraería a la región de Xingu a miles de trabajadores, lo que significaría un desplazamiento de más de 20.000 habitantes, indígenas en su mayoría.
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