Esta semana, en reunión de bancada del MAS, asambleístas del oficialismo recibieron libros y fotografías en formato digital, respecto a una supuesta “verdad” detrás de la controversia generada por el Tipnis. Los documentos registran denuncias de un presunto contrabando y explotación ilegal de los recursos de la reserva natural por parte de la dirigencia indígena.
El asesor de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob), Lázaro Tacoó ratificó su contundente rechazo ante lo que considera una campaña en contra de la novena marcha.
“Lo dije en un foro de El Alto, al señor Quintana, que los acuerdos llegados con las empresas madereras y la pesca deportiva, es parte de nuestro derecho, porque son recursos no renovables que son uso exclusivo de los pueblos indígenas, así lo dice la Constitución Política del Estado (CPE)”, aseveró.
Tacoó también denunció que muchas de las empresas que explotan recursos en el Tipnis, se aprovecharon de las comunidades indígenas para recaudar más financiamiento de lo acordado.
“Ya no tienen más argumentos para desacreditarnos, como marcha vamos a seguir pese a estos amedrentamientos. Son acusaciones falsas que solo buscan desactivar nuestra movilización”, sostuvo.
El libro “La verdad detrás del Tipnis” revela supuestos delitos documentados en los que estarían involucrados los principales líderes de la marcha indígena.
La obra contiene denuncias por contrabando y explotación forestal, empresarios extranjeros que promueven el turismo en el Tipnis, la construcción de pistas en la reserva natural, malversación de fondos por parte dela dirigencia indígena y denuncias en contra de medios de comunicación, presuntamente “derechistas”.
Los contratos entre la empresa maderera Cimagro y el presidente de la subcentral del Tipnis, Fernando Vargas, están fechadas en agosto de 1997 aunque las fotografías que muestran las maquinarias que supuestamente coadyuvan en la desforestación la reserva natural, tienen escrita la fecha de octubre del 2011.
Los documentos que certifican la emisión de giros a Vargas y otros dirigentes, también tienen la fecha del 25 de noviembre del 2007, en la que Vargas habría recibido Bs 40.000 y el 9 de septiembre del 2007, recibió una cantidad de Bs 2.000, entre otras cantidades.
Existen otros documentos publicados en el libro, que certifican que Fernando Vargas, Alejandro Yumo y Adolfo Moye, habrían recibido las cantidades de Bs 5.000, Bs 74.480 y 120 dólares americanos en junio, agosto y noviembre en 1997 y en noviembre de 1996, respectivamente.
Por otro lado, el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) habría firmado un contrato de concesión con la empresa extranjera Untamed Angling para que se practique la pesca deportiva en el Tipnis, cobrando una tarifa de más de 7.000 dólares americanos por turista.
Finalmente, los documentos que advierten que la gobernación del Beni otorgó cantidades de dinero a dirigentes indígenas, entre ellos Adolfo Moye y Miriam Yubanore, principales protagonistas de la octava marcha indígena, están fechadas entre junio del 2007, marzo del 2008 y marzo del 2012.
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