"Esto es una humillación para el pueblo boliviano e indígena, porque pareciera una vez más la burla del Gobierno para premiar a esa persona que reprimió a mis hermanos y golpeó a hombres mujeres y niños que estuvieron en la octava marcha, para nosotros no es una buena noticia", manifestó Bertha Bejarano a la agencia Fides desde la población de San Borja, lugar donde se encuentran los marchistas desde el fin de semana pasado.
La novena marcha indígena reiteró su pedido, dentro de su plataforma de demandas enviadas al Gobierno el pasado 27 de abril pasado, para que las autoridades de Gobierno y de la Policía Nacional sean investigadas con celeridad por el Ministerio Público para que se sancionen a los responsables de la represión contra los indígenas de la octava macha en Chaparina.
En tanto, en el Ministerio Público se continúa con las investigaciones y con la toma de declaraciones de los supuestos autores materiales e intelectuales del violento operativo policial que fue rechazo por el Defensor del Pueblo, Rolando Villena y a organismos internacionales.
"No existe nada… el Gobierno no hace nada por hacer prevalecer nuestros derechos y por eso que estamos marchando, no se ha hecho nada y por eso es uno de los pliegos petitorios que está en nuestra plataforma, es para que se haga respetar y que su cumpla la Ley, castigando a los culpables que hicieron la intervención, y la masacre en Chaparina", manifestó.
Hasta el momento la justicia ordinaria sólo ordenó detención domiciliaria del ex subcomandante General de la Policía, Oscar Muñoz Colodro, en tanto las investigaciones quedaron paralizadas sin establecer a otros responsables de la intervención policial, recordó Bejarano.
Los acusados son el ex ministro de Gobierno Sacha Llorenti, Oscar Muñoz Colodro (Subcomandante de la Policía), Edwin Foronda Franco (Inspector General de la Policía), Víctor Santos Maldonado Hinojosa (ex Director General de Inteligencia), Jorge Santisteban Claure (ex Comandante de la Policía Boliviana).
El 25 de septiembre del 2011, la violenta intervención policial en San Lorenzo, Yucumo, derivó en la detención de los indígenas que protagonizaban la VIII marcha indígena en rechazo a la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos por el medio del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS). Producto de esta intervención varios indígenas fueron maniatados con cintas masquin.
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