viernes, 20 de abril de 2012

Indígenas piden resarcimiento a víctimas y cambio de 3 leyes

La plataforma de demandas de la IX marcha indígena, que partirá el 25 de abril desde la localidad de Chaparina, exige al Órgano Ejecutivo, entre sus siete planteamientos, resarcir a las víctimas de la represión del 25 de septiembre y modificar leyes para abrir más espacios a su sector.

El primer punto dentro de la demanda es el cumplimiento, la aplicación y el respeto pleno a la vigencia de la Ley Nº 180 (de Protección del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure -TIPNIS), que prohíbe expresamente la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos.

Pero además exigen “sanción, resarcimiento y satisfacción pública a las mujeres, niños y adultos mayores, indígenas y urbanos, reprimidos, vejados y que sufrieron la vulneración de sus derechos en toda las movilizaciones por la defensa del TIPNIS”.

Al respecto, el diputado indígena Pedro Nuni aseguró que el resarcimiento que se pide dentro de la demanda es porque hay mucha gente que, después de siete meses de la represión policial en Chaparina, está con problemas físicos, muchos de ellos porque no se les ha dado una atención médica para superar las lesiones que sufrieron.

“Mucho más grave es la lesión psicológica que han sufrido y creo que en este país, exigiendo lo que establecen los derechos humanos universales, un Estado responsable debe curar esas lesiones, más cuando es el que ha promovido esta cruel represión”, manifestó el parlamentario.

La demanda también pide el encarcelamiento y prisión de los responsables y los autores materiales e intelectuales del atropello y la represión brutal del 25 de septiembre de 2011 en Limoncito, Chaparina y San Lorenzo (Yucumo), y durante las movilizaciones en el oriente, Chaco y Amazonia, en apoyo a la VIII marcha indígena.

También exigen el esclarecimiento inmediato y rechazo al presunto secuestro del canciller David Choquehuanca que, según la denuncia presentada en la Fiscalía, ocurrió el 24 de septiembre pasado.

“Exigimos la no criminalización de la protesta pública establecida en la Constitución, la democracia y el Estado Plurinacional; así como el cese a la persecución política y policial a los dirigentes de las estructuras de las organizaciones indígenas originarias”, añade el documento que no ha sido respondido hasta ahora por el Gobierno.

En el punto sexto sobresale que el sector indígena exige la modificación de la Ley de Régimen Electoral e incorporación de un representante por cada nación y pueblo indígena originario en la Asamblea Legislativa, elegido por normas y procedimientos propios.

Asimismo, demandan la modificación de la Ley del Tribunal Constitucional y de la Ley del Tribunal Agroambiental para incorporar, de la misma manera, a sus representantes.

“Lo que pide la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB) es que se tome en cuenta a la gente de nuestro sector, que deberían estar en estas instancias. No pedimos pega sino el espacio que creemos nosotros debe haber y que ha estado ausente en las normativas que se viene desarrollando”, dijo al respecto el diputado Nuni.

La demanda también exige modificar parcialmente la Ley de Deslinde Jurisdiccional y el tratamiento de la propuesta de Ley de Consulta que fue presentada por la CIDOB y el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq), entre otras.

“Lo que pide la confederación es que se tome en cuenta a la gente de nuestro sector... no pedimos pegas, sino espacios”.
Pedro Nuni, diputado indígena


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