El oficialismo maneja el dato de 68 comunidades para la realización de la consulta, argumentando que algunas regionales se fueron dividiendo por el crecimiento poblacional. El Conisur también formará parte del proceso de acuerdo al protocolo de socialización aprobado por el Gobierno y el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Para la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente (Cidob) cada argumento legal y procedimental que elabora el oficialismo busca consolidar este proceso de forma irregular, sin tomar en cuenta que la Ley 222 establece que sólo son tres pueblos originarios los que deben ser partícipes de este proceso.
De acuerdo con el dirigente técnico de la Cidob, Lázaro Tacoó, los habitantes del Polígono 7, que forman parte del Consejo de Indígenas del Sur (Conisur), no son mojeños ni chimanes ni yuracarés, es decir, los tres pueblos que están establecidos en la Ley 222 de Consulta y que deberían participar en el proceso de consulta.
Tacoó explicó que las 22 comunidades que conformarían el Conisur son colonos, quienes pierden cualquier identidad indígena cuando se suman a la lista de propietarios privados individuales de tierras en la región.
“Son colonos, ellos han perdido su identidad, porque se trasladan de un lado a otro y han adquirido propiedades individuales. Se trata de que participen comunidades indígenas, que tienen una propiedad colectiva que en este caso es el parque Isiboro Sécure. Cuando los indígenas adquieren propiedades colectivas, adquieren su propiedad de territorio”, puntualizó.
Añadió que el Gobierno opta por consolidar este proceso de consulta con la única finalidad de lograr una visión legal de la construcción de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos.
En tanto, el presidente de la subcentral Tipnis, Fernando Vargas, explicó que pese a no respaldar la consulta, el Gobierno engaña con la elaboración del protocolo del proceso. Aseguró que sólo fueron ocho comunidades del parque que trabajaron en la redacción junto al Conisur.
Además destacó que la subcentral Tipnis con sus 64 comunidades, afiliada a la Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni (Cpem-B) es la única organización representativa y legal de la región, que debería participar de este proceso.
“El Conisur no tiene nada que ver, no tiene ningún derecho, ni tampoco pueden hablar con el Tipnis, no tiene representatividad”, aseveró.
Añadió que la existencia de esta organización (Conisur) es fruto de una manipulación política y como una más de las “artimañas” con las que el Ejecutivo pretende construir la carretera por el medio de la reserva natural.
CONISUR
A su turno, el representante del Conisur, Gumercindo Pradel, aseguró que las mencionadas comunidades sí participarán del proceso de consulta, con miras al cumplimiento de la Ley 222 y afirmó que se identifican como mojeños, yuracarés y chimanes.
“Sólo son dos comunidades del Polígono 7, el resto son dueños del territorio, somos yuracarés, mojeños y chimanes”, citó.
De acuerdo con el diputado por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Eleuterio Guzmán, son 68 comunidades que participarán de la consulta denominada “previa”. Estas comunidades pertenecen a la Central de Pueblos Indigenas del Beni (Cepib).
“Antes se consideraba 63, pero estas comunidades han ido creciendo, y por lo tanto también se han ido dividiendo hasta llegar a 68. Pero no significa que existan infiltrados, no son terceros, son indígenas originarios del TIPNIS”, argumentó.
Según Guzmán, de estas 68 comunidades, 51 estarían de acuerdo con esta consulta, las cuales pertenecen a tres organizaciones principales. La primera es el Consejo de Indígenas del Sur (Conisur) afiliada a la Coordinadora de Pueblos Indígenas del Trópico de Cochabamba (Cpitco), con 22 comunidades. La Sub Central del Sécure (alto) y la Sub Central del Sécure (bajo), vendrían a ser los otros dos organismos.
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