El presidente de la subcentral TIPNIS, Fernando Vargas, en entrevista con EL DIARIO, explicó que de las 64 comunidades del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure, ocho pertenecen al Polígono 7 y son parte del Consejo Indígena del Sur (Conisur). De las 56 comunidades que quedan, 43 están en contra de la construcción del tramo II de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos y aseguraron su participación en la IX marcha.
“Las ocho comunidades que pertenecen al Polígono 7, han decidido individualizar su derecho propietario colectivo, lo que hace que haya solamente 56 comunidades, de las cuales 43 comunidades están en contra de la construcción de la carretera, pero aún no hemos llegado a las 13 comunidades que quedarían de las esas 56”, explicó Vargas.
Si se realiza una suma entre las ocho comunidades que pertenecen al Conisur y las 13 que aún no definieron su apoyo a la realización de la IX marcha indígena, se tiene un total de 21 comunidades.
“Son 43 comunidades que están en contra de la carretera y a favor de la marcha y rechazan la consulta. Han ratificado el cumplimiento de la Ley 180 y han manifestado su apoyo a la movilización”, puntualizó Vargas al destacar que son más de dos tercios de las comunidades habilitadas para el proceso de consulta, que rechazan las acciones gubernamentales.
ESTRUCTURA
Por otro lado, el dirigente de la Cidob, Lázaro Tacoó, explicó que la estructura de los pueblos indígenas mantiene un total de 13 centrales regionales, las cuales están afiliadas a esta confederación indígena.
“La cantidad de habitantes de cada central regional, depende de la conformación de cada una de ellas. Hay centrales que tienen más de un pueblo, a veces las conforman un solo pueblo”, agregó.
Asimismo, indicó que la Subcentral del TIPNIS, con sus 64 comunidades, está afiliada a una de estas regionales.
Vargas, en tanto, afirmó que los recientes acuerdos firmados entre el Ejecutivo y las 11 centrales regionales de la Cidob, son acuerdos programáticos, que son una obligación del Gobierno en cuanto a la atención a los pueblos de Tierras Bajas.
“Una cosa es que nos den un regalo y otra cosa el derecho de exigir, el respeto del territorio y nuestra propia vida. Además lo que nos van a traer o nos traen, no es plata de otros ni de su bolsillo, es plata del aporte de los bolivianos y nuestros propios recursos. Es una obligación que tiene el Estado, no de ahora, sino antes y nunca lo han hecho. Sólo por el interés de la carretera, se han acordado esta vez”, expresó.
Para el dirigente Tacoó, los pueblos indígenas, no olvidan la represión policial en Chaparina, la vulneración a sus derechos establecidos en la Constitución Política del Estado (CPE) y la “imposición” del aparato estatal a través de normas inconstitucionales.
“Pretenden dividir a las comunidades y a las regionales; lo que está haciendo es reinar a costa de servir a las transnacionales por el tramo carretero que el TIPNIS y la Confederación ha rechazado contundentemente con la VIII marcha”, aseveró.
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, anunció que el aparato gubernamental, logró firmar acuerdos programáticos y productivos con 11 centrales regionales afiliadas a la Cidob, con excepción de dos.
Mientras, la presidenta de la Cámara de Senadores, Gabriela Montaño (MAS) señaló que con la finalidad de recoger aportes para ser tomados en cuenta durante la reunión que se llevará a cabo entre los representantes de las Naciones Unidas en Bolivia, el Órgano Legislativo y el Órgano Ejecutivo, se realizará una serie de actividades de interrelación para forjar las bases de la Ley Marco de Consulta y la aplicación de la “consulta previa” en las comunidades del TIPNIS.
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