La Sala de Tribunal de Justicia de La Paz, responsable de resolver la acción popular entablada en contra de los ministros de Obras Públicas y de Medio Ambiente, por llevar a cabo la consulta determinada por la Ley 222, fue rechazada ayer bajo el argumento de que la demanda se efectuó por una vía impropia.
La acción popular, establecida en contra de los ministros Vladimir Sánchez y Felipe Quispe Quenta, fue iniciada el 27 de julio por el exmallku de la Conamaq (Consejo Nacional de Ayllus y Marcas del Qullasuyu) Rafael Quispe bajo el argumento de violaciones a los derechos humanos de un colectivo, como son las personas que viven en el TIPNIS.
Quispe señaló que la decisión del tribunal es un resultado esperado, considerando que ya se rechazó anteriormente el amparo constitucional, presentado en contra de la Ley 222 por el presidente de la Subcentral indígena del TIPNIS Fernanado Vargas.
Sin embargo, Quispe dijo que se agotarán todas las instancias necesarias para continuar con la lucha para evitar la destrucción del parque nacional.
Otras instancias. A su turno, el diputado indígena Pedro Nuni señaló que al no haber una justicia imparcial en Bolivia, se recurrirá a instancias internacionales, como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) u otras. “La base de la demanda que se podría presentar será el de violación a los derechos humanos e indígenas”.
El vocero de los indígenas del TIPNIS, Reynaldo Flores, denunció que la consulta que se efectúa hasta la fecha es irregular, pues se lleva a cabo en forma reservada y sin fiscalización.
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