Unos diez jóvenes fueron detenidos hoy por manifestarse frente al palacio de La Moneda, sede del Gobierno chileno, en apoyo a las demandas del pueblo mapuche, la principal etnia indígena del país.
En una acción relámpago, según constató EFE, los manifestantes vertieron pintura roja en una de las fuentes que rodean La Moneda al tiempo que gritaban consignas a favor de la puesta en libertad de los presos mapuches.
La protesta duró apenas unos minutos debido a la rápida intervención de un grupo de fuerzas antidisturbios que fue alertado por los carabineros que custodian el edificio presidencial.
En tanto, tres mujeres mapuches, acompañadas de una niña de dos años, mantienen ocupada desde hace dos semanas la sede de la Unicef, situada en el municipio santiaguino de Las Condes, confirmaron a Efe fuentes del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia y la Juventud.
Los empleados de la sede de Unicef en Chile no han podido volver a utilizar sus oficinas, ya que los protocolos de la ONU lo prohíben en este tipo de situaciones.
Los responsables del organismo han decidido no pedir el desalojo de las mujeres mapuches, pero han manifestado su rechazo a la ocupación, que consideran una "forma de presión" inadecuada.
Las activistas, que pertenecen a la organización radical Alianza Territorial Mapuche, protestan por un operativo policial ocurrido hace dos semanas frente al hospital de Collipulli, a 600 kilómetros al sur de Santiago, que dejó un saldo de tres menores heridos por perdigones.
La Araucanía es escenario desde la década de los años noventa de un conflicto que enfrenta a empresas agrícolas y forestales con comunidades de la etnia mapuche que reclaman la propiedad de tierras que fueron de sus ancestros.
En esa región, la más pobre de Chile y donde se concentra la mayor parte de los 600.000 mapuches del país, en los últimos meses han aumentado las ocupaciones de fincas agrícolas y el incendio de viviendas y maquinaria agrícola.
Los mapuches, por su parte, acusan de brutalidad policial a Carabineros durante los registros y allanamientos de sus comunidades.
En la última década, tres jóvenes han fallecido por disparos de la policía y un agente murió este año en un operativo policial.
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