viernes, 31 de agosto de 2012
Concluye consulta en Santísima Trinidad y suben a 33 las comunidades informadas en el TIPNIS
Culminó hoy la consulta previa e informada en la población de Santísima Trinidad, considerada como la más grande en población del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS. Según un informe de los brigadistas la comunidad rechazó la intangibilidad en esa reserva nacional y apoyó la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos.
Con Santísima Trinidad suman 33 las comunidades de un total de 69 que fueron consultadas sobre la intangibilidad y la construcción de la vía.
Los brigadistas informaron que de las 33 comunidades, sólo San Miguelito planteó que la carretera no cruce por el medio del parque nacional. Según los brigadistas, en la población de Santísima Trinidad viven más de 100 familias que participaron en la Consulta.
Entre las comunidades consultadas hasta el momento están Santo Domingo, Ushwe, Oromomo, San Juan de la Curva, Limo del Isiboro, Mercedes de Lojojota, San Miguelito, San Andita, Santa Anita, La Asunta, Buen Pastor, Secejsamma y Puerto Pancho, San Jorgito y Fátima de Moleto, San Bernardo y Santísima Trinidad.
El proceso de consulta a los pueblos del TIPNIS se inició el pasado 29 de julio para que las 69 comunidades de los pueblos mojeño-trinitario, chimán y yuracaré, que habitan ese territorio decidan sobre la intangibilidad o no de ese parque nacional y la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos.
Indígenas del norte de Potosí piden cambios a la ley
De Deslinde Jurisdiccional para el verdadero reconocimiento de la justicia originaria. La norma reconoce la justicia indígena originaria campesina, pero limita que trate casos de violación, terrorismo y que juzgue a terceros que cometieron delitos en territorio indígena. En Jach’a Carangas de Oruro, las autoridades dicen que debido a la norma vigente la justicia originaria desaparecerá, pues los pobladores prefieren que sus casos se resuelvan en la justicia ordinaria.
Indígenas analizan no participar en el censo
El presidente de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), Adolfo Chávez, señaló que los pobladores del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) están molestos con el Gobierno por la instalación de un regimiento militar en la zona, por lo que analizarán la posibilidad de no participar en el Censo de Población y Vivienda del 21 de noviembre próximo.
El pasado miércoles, el presidente Evo Morales entregó un terreno a las Fuerzas Armadas para la construcción del cuartel de primer Regimiento Ecológico Cacique Juan Maraz en la localidad de Ichoa de Cochabamba.
Malestar. El dirigente indígena de tierras bajas indicó que “hay un malestar dentro del TIPNIS y ellos manifiestan que este ejército va a ser para consolidar el resguardo a los narcotraficantes (…) Ellos han adelantado preliminarmente que no pueden participar en un censo cuando el Gobierno no ha solucionado el conflicto de la carretera”.
Chávez adelantó que el asunto se tratará en una Comisión Nacional y no se descarta que las 34 nacionalidades de tierras bajas se sumen a esta posición.
“Se va a discutir dentro del propio ámbito de la Comisión Nacional (la posición del TIPNIS) y cuidado que esta posición sea adoptada por las 34 nacionalidades”, aseveró.
Relator especial. El dirigente indígena añadió que invitarán al Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos indígenas, James Anaya, para que visite Bolivia y conozca las condiciones de los pueblos. Erbol
El pasado miércoles, el presidente Evo Morales entregó un terreno a las Fuerzas Armadas para la construcción del cuartel de primer Regimiento Ecológico Cacique Juan Maraz en la localidad de Ichoa de Cochabamba.
Malestar. El dirigente indígena de tierras bajas indicó que “hay un malestar dentro del TIPNIS y ellos manifiestan que este ejército va a ser para consolidar el resguardo a los narcotraficantes (…) Ellos han adelantado preliminarmente que no pueden participar en un censo cuando el Gobierno no ha solucionado el conflicto de la carretera”.
Chávez adelantó que el asunto se tratará en una Comisión Nacional y no se descarta que las 34 nacionalidades de tierras bajas se sumen a esta posición.
“Se va a discutir dentro del propio ámbito de la Comisión Nacional (la posición del TIPNIS) y cuidado que esta posición sea adoptada por las 34 nacionalidades”, aseveró.
Relator especial. El dirigente indígena añadió que invitarán al Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos indígenas, James Anaya, para que visite Bolivia y conozca las condiciones de los pueblos. Erbol
jueves, 30 de agosto de 2012
Denuncian en Venezuela asesinato de 80 indígenas Yanomami por mineros brasileños
Indígenas yanomami de Venezuela denunciaron el ataque de mineros ilegales brasileños que habría dejado un saldo aproximado de 80 víctimas, según la denuncia que presentaron ante las autoridades del estado Amazonas, en el sur del país. El conflicto se originó cuando los mineros se llevaron una mujer yanomami y los indígenas la rescataron.
El secretario ejecutivo de la organización indígena Horonami, Luis Ahiwei, denunció la matanza en julio de unos 80 miembros de esta etnia a manos de mineros ilegales brasileños en una zona selvática del estado Amazonas en Venezuela.
“El 5 de julio, los garimpeiros (mineros ilegales) quemaron el shabono (choza circular) donde habitaban aproximadamente 80 personas”, dijo Ahiwei, vocero de Horonami Organización Yanomami (HOY) a una radio local, denunciando que los cuerpos quedaron “quemados” y “no se identificaron”.
Según el activista, con un helicóptero los mineros “de repente se posicionaron encima del shabono y sonaron disparos y salieron explosiones” por toda la comunidad Irotatheri, ubicada en el alejado y selvático sector Momoi del estado Amazonas, fronterizo con Brasil.
La comunidad “fue masacrada”, apuntó y solo sobrevivieron tres indígenas que encontraron los cuerpos tras regresar de una excursión de cacería, apuntó.
El conflicto se originó días antes, cuando los mineros “se llevaron una mujer (yanomami) y los indígenas la rescataron. Por eso los mineros se armaron”, señaló Ahiwei.
HOY, que agrupa desde 2011 a un centenar de comunidades yanomami, presentó la denuncia ante la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo en Puerto Ayacucho, capital de Amazonas y también ante la Brigada de Infantería de la Selva, que tomó declaraciones de testigos de este hecho. HOY solicitó a los gobiernos de Brasil y Venezuela crear una comisión binacional para investigar los hechos y expulsar a los mineros.
El estado Amazonas se encuentra al sur de Venezuela, siendo sus límites el estado Bolívar por el norte; la República del Brasil; el estado Bolívar y Brasil por el este y la República de Colombia por el oeste.
Investigadores que conocen la región afirmaron que es muy difícil verificar este tipo de denuncias, debido al complicado acceso a la zona conocida como Alto Orinoco.
Confirmaron que en los últimos años han aumentado los roces entre los indígenas locales y los mineros brasileños ilegales.
Explicaron también que en casos de peligro, los yanomami pueden esconderse en la selva, por lo que la desaparición de la comunidad no implicaría necesariamente que sus miembros hayan muerto.
Las organizaciones indígenas del estado Amazonas (Coiam) lamentaron la situación y señalaron que desde 2009 han denunciado agresiones de garimpeiros contra las comunidades yanomami, que habrían sido víctimas de violencia física, amenazas, secuestro de mujeres y contaminación de agua con mercurio, según un comunicado.
Bandas de garimpeiros proliferan en las minas artesanales de oro y diamantes ubicadas en los recónditos y poco custodiados parajes del sur de Venezuela.
En 1993, 16 mujeres, niños y ancianos yanomami fueron asesinados en el Estado Amazonas en lo que se conoció como la masacre de Haximú, recordó Coiam.
El secretario ejecutivo de la organización indígena Horonami, Luis Ahiwei, denunció la matanza en julio de unos 80 miembros de esta etnia a manos de mineros ilegales brasileños en una zona selvática del estado Amazonas en Venezuela.
“El 5 de julio, los garimpeiros (mineros ilegales) quemaron el shabono (choza circular) donde habitaban aproximadamente 80 personas”, dijo Ahiwei, vocero de Horonami Organización Yanomami (HOY) a una radio local, denunciando que los cuerpos quedaron “quemados” y “no se identificaron”.
Según el activista, con un helicóptero los mineros “de repente se posicionaron encima del shabono y sonaron disparos y salieron explosiones” por toda la comunidad Irotatheri, ubicada en el alejado y selvático sector Momoi del estado Amazonas, fronterizo con Brasil.
La comunidad “fue masacrada”, apuntó y solo sobrevivieron tres indígenas que encontraron los cuerpos tras regresar de una excursión de cacería, apuntó.
El conflicto se originó días antes, cuando los mineros “se llevaron una mujer (yanomami) y los indígenas la rescataron. Por eso los mineros se armaron”, señaló Ahiwei.
HOY, que agrupa desde 2011 a un centenar de comunidades yanomami, presentó la denuncia ante la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo en Puerto Ayacucho, capital de Amazonas y también ante la Brigada de Infantería de la Selva, que tomó declaraciones de testigos de este hecho. HOY solicitó a los gobiernos de Brasil y Venezuela crear una comisión binacional para investigar los hechos y expulsar a los mineros.
El estado Amazonas se encuentra al sur de Venezuela, siendo sus límites el estado Bolívar por el norte; la República del Brasil; el estado Bolívar y Brasil por el este y la República de Colombia por el oeste.
Investigadores que conocen la región afirmaron que es muy difícil verificar este tipo de denuncias, debido al complicado acceso a la zona conocida como Alto Orinoco.
Confirmaron que en los últimos años han aumentado los roces entre los indígenas locales y los mineros brasileños ilegales.
Explicaron también que en casos de peligro, los yanomami pueden esconderse en la selva, por lo que la desaparición de la comunidad no implicaría necesariamente que sus miembros hayan muerto.
Las organizaciones indígenas del estado Amazonas (Coiam) lamentaron la situación y señalaron que desde 2009 han denunciado agresiones de garimpeiros contra las comunidades yanomami, que habrían sido víctimas de violencia física, amenazas, secuestro de mujeres y contaminación de agua con mercurio, según un comunicado.
Bandas de garimpeiros proliferan en las minas artesanales de oro y diamantes ubicadas en los recónditos y poco custodiados parajes del sur de Venezuela.
En 1993, 16 mujeres, niños y ancianos yanomami fueron asesinados en el Estado Amazonas en lo que se conoció como la masacre de Haximú, recordó Coiam.
Indígenas afirman que se vulnera declaración de las Naciones Unidas
Ayer el presidente Evo Morales aprobó mediante Decreto Supremo la creación de un Regimiento Ecológico en el Tipnis, específicamente en la región de Ichoa, con el objetivo de defender la reserva natural de los asentamientos. Sin embargo, la dirigencia indígena afirma que se vulnera los convenios internacionales y se definen aspectos establecidos en el protocolo de consulta, antes de que concluya este proceso.
La dirigencia de la novena marcha indígena hizo referencia a la vulneración que el Gobierno estaría cometiendo al Art. 30 de Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que establece la prohibición de actividades militares en territorios indígenas, a menos que sus habitantes lo soliciten.
“A nosotros, que somos los indígenas y legítimos habitantes del Tipnis, nadie nos consultó nada. Este regimiento se va construir en el Polígono 7, en Ichoa que no es una comunidad que forma parte del Tipnis, no lo establecen así los documentos”, lamentó el presidente de la Subcentral Tipnis, Fernando Vargas, en contacto telefónico con EL DIARIO.
Dicho artículo cita: “No se desarrollarán actividades militares en las tierras o territorios de los pueblos indígenas, a menos que lo justifique una razón de interés público pertinente o que se haya acordado libremente con los pueblos indígenas interesados, o que éstos lo hayan solicitado”.
Tomando que la construcción de este cuartel ecológico será en el sindicato de Ichoa, que forma parte del Polígono 7, Vargas afirmó que el objetivo de este proyecto gubernamental, servirá “únicamente para proteger al narcotráfico” que se consolidará debido al constante crecimiento del cultivo de la hoja de coca que producen los colonizadores del lugar.
Asimismo, el coordinador de Comunicación de Defensa del Tipnis, Reynaldo Flores, explicó que el sindicato de Ichoa, no figura en los documentos ejecutoriales de la Subcentral del Tipnis, como parte de las comunidades indígenas.
“Hace meses los comunarios hicieron la denuncia que esta parte del Polígono 7, no puede participar de la consulta porque no es parte del Tipnis”, dijo.
Flores explicó que la diferencia entre un sindicato y una comunidad, se define principalmente en que la tenencia de territorios. Una comunidad responde a la tenencia ancestral de su territorio en base a un título ejecutorial colectivo. Sin embargo, un sindicato posee un título de propiedad ejecutorial otorgados por el INRA.
Por otro lado, el líder indígena, Fernando Vargas, hizo referencia al protocolo de consulta que define la consolidación de puntos de control en la región de la reserva natural, aspecto que “daría por hecho” que los indígenas de Tierras Bajas, aceptan la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos por el medio del parque Isiboro Sécure.
El documento del protocolo de consulta, proporcionado por el Ministerio de Obras Públicas, establece la creación de salvaguardas y medidas de protección propuestas como base de discusión en la consulta. La consolidación de estas medidas tiene el objetivo de realizar el control y seguimiento para evitar nuevos asentamientos humanos en el Tipnis, a través de “puntos de control en puntos vulnerables”.
El senador del Movimiento Al Socialismo (MAS) Adolfo Mendoza, explicaba luego a Cadena A que existe un Decreto que justifica la creación de este regimiento, que es diferente a una brigada y que estaría compuesto también por indígenas del lugar.
A tiempo de colocar la piedra fundamental en presencia de jefes militares y ministros de Estado, el primer mandatario dijo que la creación del regimiento es parte de una decisión gubernamental para proteger los parques de tres acciones: la depredación forestal ilegal; la siembra de la coca y la presencia de avasalladores de tierras en los parques.
El campamento militar denominado “Cacique Juan Maraza” se instaló en la región de Ichoa y se espera los inicios de la consolidación de este proyecto, cuya inversión superará los 3 millones de bolivianos.
DATOS
- Declaración de NNUU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas
- Art. 30: “No se desarrollarán actividades militares en las tierras o territorios de los pueblos indígenas, a menos que lo justifique una razón de interés público pertinente o que se haya acordado libremente con los pueblos indígenas interesados, o que éstos lo hayan solicitado”.
La dirigencia de la novena marcha indígena hizo referencia a la vulneración que el Gobierno estaría cometiendo al Art. 30 de Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que establece la prohibición de actividades militares en territorios indígenas, a menos que sus habitantes lo soliciten.
“A nosotros, que somos los indígenas y legítimos habitantes del Tipnis, nadie nos consultó nada. Este regimiento se va construir en el Polígono 7, en Ichoa que no es una comunidad que forma parte del Tipnis, no lo establecen así los documentos”, lamentó el presidente de la Subcentral Tipnis, Fernando Vargas, en contacto telefónico con EL DIARIO.
Dicho artículo cita: “No se desarrollarán actividades militares en las tierras o territorios de los pueblos indígenas, a menos que lo justifique una razón de interés público pertinente o que se haya acordado libremente con los pueblos indígenas interesados, o que éstos lo hayan solicitado”.
Tomando que la construcción de este cuartel ecológico será en el sindicato de Ichoa, que forma parte del Polígono 7, Vargas afirmó que el objetivo de este proyecto gubernamental, servirá “únicamente para proteger al narcotráfico” que se consolidará debido al constante crecimiento del cultivo de la hoja de coca que producen los colonizadores del lugar.
Asimismo, el coordinador de Comunicación de Defensa del Tipnis, Reynaldo Flores, explicó que el sindicato de Ichoa, no figura en los documentos ejecutoriales de la Subcentral del Tipnis, como parte de las comunidades indígenas.
“Hace meses los comunarios hicieron la denuncia que esta parte del Polígono 7, no puede participar de la consulta porque no es parte del Tipnis”, dijo.
Flores explicó que la diferencia entre un sindicato y una comunidad, se define principalmente en que la tenencia de territorios. Una comunidad responde a la tenencia ancestral de su territorio en base a un título ejecutorial colectivo. Sin embargo, un sindicato posee un título de propiedad ejecutorial otorgados por el INRA.
Por otro lado, el líder indígena, Fernando Vargas, hizo referencia al protocolo de consulta que define la consolidación de puntos de control en la región de la reserva natural, aspecto que “daría por hecho” que los indígenas de Tierras Bajas, aceptan la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos por el medio del parque Isiboro Sécure.
El documento del protocolo de consulta, proporcionado por el Ministerio de Obras Públicas, establece la creación de salvaguardas y medidas de protección propuestas como base de discusión en la consulta. La consolidación de estas medidas tiene el objetivo de realizar el control y seguimiento para evitar nuevos asentamientos humanos en el Tipnis, a través de “puntos de control en puntos vulnerables”.
El senador del Movimiento Al Socialismo (MAS) Adolfo Mendoza, explicaba luego a Cadena A que existe un Decreto que justifica la creación de este regimiento, que es diferente a una brigada y que estaría compuesto también por indígenas del lugar.
A tiempo de colocar la piedra fundamental en presencia de jefes militares y ministros de Estado, el primer mandatario dijo que la creación del regimiento es parte de una decisión gubernamental para proteger los parques de tres acciones: la depredación forestal ilegal; la siembra de la coca y la presencia de avasalladores de tierras en los parques.
El campamento militar denominado “Cacique Juan Maraza” se instaló en la región de Ichoa y se espera los inicios de la consolidación de este proyecto, cuya inversión superará los 3 millones de bolivianos.
DATOS
- Declaración de NNUU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas
- Art. 30: “No se desarrollarán actividades militares en las tierras o territorios de los pueblos indígenas, a menos que lo justifique una razón de interés público pertinente o que se haya acordado libremente con los pueblos indígenas interesados, o que éstos lo hayan solicitado”.
Al menos 20 comunidades se organizan para resistir consulta
Al menos 20 comunidades del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) reportaron a su dirigencia que están a favor de organizarse para resistir pacíficamente la consulta que realiza el Gobierno dentro del área protegida, proceso cuestionado “por no haber sido concertado con el sector”.
La decisión, asumida por cada comunidad en los últimos días, fue dada a conocer en una reunión que se realizó ayer en Gundonovia, adonde acudió una comisión de dirigentes de la Subcentral del TIPNIS y de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB).
El informe fue presentado al presidente de la Subcentral del TIPNIS, Fernando Vargas, y al técnico de la CIDOB, Lázaro Tacó. Las comunidades que se pronunciaron por la resistencia fueron: Puerto San Lorenzo, 3 de Mayo, Nueva Láctea, Villa Fátima, Villa Remota, Carmen del Coquinal, San Bernardo, Santa Lucía, Galilea, Villa Nueva, Paraíso, Santa María, Santa Clara, San Pablo, Loma Alta, San Ramoncito, San Antonio, Nueva Vida, Dulce Nombre y Limoncito.
Además, comunicaron la instalación de alambrados en el río cerca de los poblados de San Vicente, Concepción y Gundonovia, y permanecerán así mientras el Gobierno insista en la consulta que consideran ilegal.
La comisión indígena que llegó el martes por la noche a Gundonovia se dirigirá a otras comunidades del TIPNIS para realizar reuniones informativas con los comunarios para resistir la consulta que impulsa el Ejecutivo.
Ratifican rechazo
En ese sentido, Vargas ratificó ante los comunarios de esta comunidad el rechazo al Regimiento Ecológico y la Escuela de Protección de Parques Nacionales que instala el Gobierno en los límites de este parque.
“Hay un rechazo total a la intervención militar en el TIPNIS. El Gobierno ni siquiera nos ha consultado sobre esa decisión y se están violando los derechos de los pueblos indígenas”, dijo.
Vargas apuntó que equivocadamente las autoridades gubernamentales implementaron una intervención militar en el TIPNIS, presencia que habría sido solicitada en enero pasado por la marcha del Conisur, la que -según dijo- contó con gente afín al Gobierno de Evo Morales.
“Esa marcha no tuvo ninguna representación indígena, sólo marcharon cocaleros que estaban a favor del Gobierno. Así que esas demandas no tienen ninguna concertación nuestra”, dijo.
La decisión, asumida por cada comunidad en los últimos días, fue dada a conocer en una reunión que se realizó ayer en Gundonovia, adonde acudió una comisión de dirigentes de la Subcentral del TIPNIS y de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB).
El informe fue presentado al presidente de la Subcentral del TIPNIS, Fernando Vargas, y al técnico de la CIDOB, Lázaro Tacó. Las comunidades que se pronunciaron por la resistencia fueron: Puerto San Lorenzo, 3 de Mayo, Nueva Láctea, Villa Fátima, Villa Remota, Carmen del Coquinal, San Bernardo, Santa Lucía, Galilea, Villa Nueva, Paraíso, Santa María, Santa Clara, San Pablo, Loma Alta, San Ramoncito, San Antonio, Nueva Vida, Dulce Nombre y Limoncito.
Además, comunicaron la instalación de alambrados en el río cerca de los poblados de San Vicente, Concepción y Gundonovia, y permanecerán así mientras el Gobierno insista en la consulta que consideran ilegal.
La comisión indígena que llegó el martes por la noche a Gundonovia se dirigirá a otras comunidades del TIPNIS para realizar reuniones informativas con los comunarios para resistir la consulta que impulsa el Ejecutivo.
Ratifican rechazo
En ese sentido, Vargas ratificó ante los comunarios de esta comunidad el rechazo al Regimiento Ecológico y la Escuela de Protección de Parques Nacionales que instala el Gobierno en los límites de este parque.
“Hay un rechazo total a la intervención militar en el TIPNIS. El Gobierno ni siquiera nos ha consultado sobre esa decisión y se están violando los derechos de los pueblos indígenas”, dijo.
Vargas apuntó que equivocadamente las autoridades gubernamentales implementaron una intervención militar en el TIPNIS, presencia que habría sido solicitada en enero pasado por la marcha del Conisur, la que -según dijo- contó con gente afín al Gobierno de Evo Morales.
“Esa marcha no tuvo ninguna representación indígena, sólo marcharon cocaleros que estaban a favor del Gobierno. Así que esas demandas no tienen ninguna concertación nuestra”, dijo.
Ejecutivo pide ampliación de la consulta hasta el 7 de noviembre
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, informó ayer el envío de un anteproyecto de ley a la Asamblea Legislativa Plurinacional para ampliar la consulta que el Ejecutivo realiza en el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), reportó ayer la ANF.
De acuerdo con esa autoridad de Estado, la ampliación será hasta el 7 de noviembre y se redondeará un plazo máximo de ejecución global del procedimiento de la consulta en 271 días. La medida fue aprobada por el gabinete de ministros del presidente Evo Morales Ayma.
Romero explicó que los ministros de Estado analizaron los argumentos expuestos por su colega de Obras Públicas, Vladimir Sánchez, respecto de la extensión de la consulta en el TIPNIS, reserva natural que comprende algo más de un millón de hectáreas y que alberga decenas de comunidades indígenas dispersas, a lo que se suma la dificultad de navegación por los ríos debido a la época del año.
El Gobierno asegura que se trata de 69 comunidades, según el protocolo que guía la consulta.
Romero señaló que por respeto a las normas y procedimientos propios de los pueblos indígenas, que a veces tiene plazos flexibles, se amplía la ejecución del procedimiento de consulta con cuartos intermedios o espacios de deliberación interna.
“Entonces esto hace que no se pueda cumplir en el plazo inicialmente establecido y este plazo hasta el 7 de noviembre permitiría cumplir perfectamente todas las tareas inherentes al procedimiento de consulta”, aseguró. “Se había planteado por parte de algunos legisladores que el plazo sea abierto; en el gabinete ministerial no nos ha parecido conveniente dejar abierto este plazo, pero sí nos ha parecido atendible la solicitud del ministerio del sector para ampliarlo hasta el 7 de noviembre”, agregó Romero.
De acuerdo con datos que son públicos, 32 comunidades, de las 69 que se encuentran ubicadas en el TIPNIS, han sido consultadas por las brigadas que asumieron ese trabajo por encargo del Gobierno nacional.
De acuerdo con esa autoridad de Estado, la ampliación será hasta el 7 de noviembre y se redondeará un plazo máximo de ejecución global del procedimiento de la consulta en 271 días. La medida fue aprobada por el gabinete de ministros del presidente Evo Morales Ayma.
Romero explicó que los ministros de Estado analizaron los argumentos expuestos por su colega de Obras Públicas, Vladimir Sánchez, respecto de la extensión de la consulta en el TIPNIS, reserva natural que comprende algo más de un millón de hectáreas y que alberga decenas de comunidades indígenas dispersas, a lo que se suma la dificultad de navegación por los ríos debido a la época del año.
El Gobierno asegura que se trata de 69 comunidades, según el protocolo que guía la consulta.
Romero señaló que por respeto a las normas y procedimientos propios de los pueblos indígenas, que a veces tiene plazos flexibles, se amplía la ejecución del procedimiento de consulta con cuartos intermedios o espacios de deliberación interna.
“Entonces esto hace que no se pueda cumplir en el plazo inicialmente establecido y este plazo hasta el 7 de noviembre permitiría cumplir perfectamente todas las tareas inherentes al procedimiento de consulta”, aseguró. “Se había planteado por parte de algunos legisladores que el plazo sea abierto; en el gabinete ministerial no nos ha parecido conveniente dejar abierto este plazo, pero sí nos ha parecido atendible la solicitud del ministerio del sector para ampliarlo hasta el 7 de noviembre”, agregó Romero.
De acuerdo con datos que son públicos, 32 comunidades, de las 69 que se encuentran ubicadas en el TIPNIS, han sido consultadas por las brigadas que asumieron ese trabajo por encargo del Gobierno nacional.
Capitanía de Yacuiba Guaraníes toman predio de planta separadora
Alrededor de 150 indígenas guaraníes de la Capitanía de Yacuiba tomaron de forma pacífica los predios de la planta separadora de líquidos ubicada en ese municipio, porque las autoridades del Gobierno nacional no asistieron a la reunión que debía llevarse a cabo ayer para hablar sobre la realización de la consulta previa, libre e informada a las comunidades del lugar.
La información la dio a conocer el mburuvicha de la APG Yaku Igua, Jorge Mendoza, quien dijo que esta determinación fue tomada porque las autoridades de los ministerios de Hidrocarburos, de Medio Ambiente, de Gobierno y de Desarrollo Rural nunca llegaron a esa localidad.
Afirmó que la toma de esa infraestructura petrolera será hasta que el Gobierno del presidente Evo Morales ejecute la consulta previa, tal como señala la Constitución Política del Estado.
El dirigente indígena advirtió, según ERBOL, que las medidas de presión podrían radicalizarse debido a que las comunidades guaraníes están “cansadas de las mentiras del Gobierno”.
No descartó que en los próximos días se bloquee la carretera Santa Cruz - Yacuiba, si es que el Ejecutivo continúa eludiendo su responsabilidad de llevar a cabo la consulta. “Estamos cansados de las mentiras del Gobierno; hemos decidido tomar la planta inmediatamente porque las autoridades no han llegado hasta este lugar”, enfatizó.
La información la dio a conocer el mburuvicha de la APG Yaku Igua, Jorge Mendoza, quien dijo que esta determinación fue tomada porque las autoridades de los ministerios de Hidrocarburos, de Medio Ambiente, de Gobierno y de Desarrollo Rural nunca llegaron a esa localidad.
Afirmó que la toma de esa infraestructura petrolera será hasta que el Gobierno del presidente Evo Morales ejecute la consulta previa, tal como señala la Constitución Política del Estado.
El dirigente indígena advirtió, según ERBOL, que las medidas de presión podrían radicalizarse debido a que las comunidades guaraníes están “cansadas de las mentiras del Gobierno”.
No descartó que en los próximos días se bloquee la carretera Santa Cruz - Yacuiba, si es que el Ejecutivo continúa eludiendo su responsabilidad de llevar a cabo la consulta. “Estamos cansados de las mentiras del Gobierno; hemos decidido tomar la planta inmediatamente porque las autoridades no han llegado hasta este lugar”, enfatizó.
Evo ordena a militares proteger el TIPNIS
El presidente Evo Morales aprobó ayer un decreto supremo que crea el Regimiento Ecológico y la Escuela de Protección de Parques Nacionales Cacique Juan Maraza, y aseguró que la nueva unidad militar evitará nuevos asentamientos humanos en el TIPNIS y en el Parque Nacional Carrasco.
El Jefe de Estado procedió al colocado de la piedra fundamental de construcción de la nueva infraestructura militar en la comunidad amazónica de Ichoa.
Morales, citado por ANF, señaló que la tarea inmediata que deberá cumplir el regimiento ecológico será proteger el TIPNIS y frenar posibles avasallamientos a las tierras en esa reserva natural, así como proteger y defender el medio ambiente y la Madre Tierra.
Por su parte, el comandante del Ejército, Gustavo Sandóval, aseguró que el cuartel ecológico prevé ser nombrado Juan Maraza en honor al cacique del TIPNIS que participó de varias luchas en defensa de esa región contra extranjeros.
Sandóval, citado por ABI, dijo que una compañía de cerca de 81 conscriptos del regimiento Epifanio Ríos, con asiento en la localidad de Chipiriri, instalará el campamento del regimiento ecológico en la región de Ichoa.
La nueva unidad militar será construida durante 210 días en 4.180 metros cuadrados, con una capacidad para 120 soldados.
Contará con dormitorios, batería de baños, duchas y un sector de lavanderías, un bloque donde se ubicará el comedor, además de un patio de honor y una cancha polifuncional.
El Jefe de Estado procedió al colocado de la piedra fundamental de construcción de la nueva infraestructura militar en la comunidad amazónica de Ichoa.
Morales, citado por ANF, señaló que la tarea inmediata que deberá cumplir el regimiento ecológico será proteger el TIPNIS y frenar posibles avasallamientos a las tierras en esa reserva natural, así como proteger y defender el medio ambiente y la Madre Tierra.
Por su parte, el comandante del Ejército, Gustavo Sandóval, aseguró que el cuartel ecológico prevé ser nombrado Juan Maraza en honor al cacique del TIPNIS que participó de varias luchas en defensa de esa región contra extranjeros.
Sandóval, citado por ABI, dijo que una compañía de cerca de 81 conscriptos del regimiento Epifanio Ríos, con asiento en la localidad de Chipiriri, instalará el campamento del regimiento ecológico en la región de Ichoa.
La nueva unidad militar será construida durante 210 días en 4.180 metros cuadrados, con una capacidad para 120 soldados.
Contará con dormitorios, batería de baños, duchas y un sector de lavanderías, un bloque donde se ubicará el comedor, además de un patio de honor y una cancha polifuncional.
miércoles, 29 de agosto de 2012
Falta de planificación convierte en “limosneros” a weenhayeks
El problema del río Pilcomayo continúa sin solución, a tal punto que los weenhayeks están viviendo de la ayuda del Gobierno, empero este apoyo no es sostenible en el tiempo y deberá suspenderse cuando termine la declaratoria de emergencia sostenida en el decreto Nº 0900. Hasta ahora son numerosas las acciones que se efectuaron para ayudar a este pueblo.
Entre las principales, se exigió el dragado del río Pilcomayo para limpiar el sedimento que evita el curso normal del sábalo, sin embargo aunque las máquinas fueron compradas, hasta ahora, la tarea no ha sido concretada por falta de licencias de Argentina y Paraguay.
En 2011 el decreto Nº 0900 declaró en emergencia a los weenhayeks, hecho que permite a las autoridades dotarles de ayuda alimentaria. El Ejecutivo Seccional de Villa Montes, Rubén Vaca Salazar, afirma que se tomaron un sinfín de medidas al “calor del conflicto”. Hasta el momento se han gastado un promedio de 21 millones de bolivianos tratando de concretar una solución definitiva, que aún parece estar lejos.
“Se tomaron soluciones desesperadas, una de ellas fue emitir el decreto para paliar y mitigar el problema del momento y el Gobierno no pone un peso e instruye que las gobernaciones seccionales transfieran al Municipio el dinero para que ellos compren alimento, el año pasado se transfirió tres millones de bolivianos y este año hasta el momento transferimos dos millones de bolivianos”, explicó Vaca.
Dijo también que se compraron dos anfioexcavadoras para trabajar en el agua extrayendo sedimento, el costo de ambas suma más de 12 millones de bolivianos. Entre otros proyectos se amplió el Plan de Empleo Urgente (PEU) hacia este sector con un monto de 3,4 millones bolivianos, “sólo para que trabajen los weenhayeks que están integrados por más de 1.200 familias”, explica.
José Guerrero Toribio, Director Departamental de los Pueblos Indígenas Originarios (Didepio), nos informa que el pueblo Weenhayek se divide en dos secciones, la Primera sección que pertenece a Yacuiba y la tercera sección que pertenece a Villa Montes, dentro de las mismas hay 122 capitanías o comunidades, las cuales viven a orillas del río Pilcomayo. Asegura que son aproximadamente cinco mil familias las afectadas por la falta de pescado.
Relata que por la muerte de los peces, el pueblo Weenhayek recurrió al gobierno departamental y finalmente al gobierno nacional. La solicitud se basaba en exigir el dragado del río Pilcomayo, empero el 8 de junio de 2011 se firma el Decreto Supremo 0900 que declara en emergencia al pueblo Weenhayek y permite que tenga sustento por un periodo de tiempo.
En la actualidad esta población continúa bajo declaratoria de emergencia, solicitando la ayuda de las autoridades, “hasta donde sabemos sólo se ha hecho la compra de las excavadoras anfibias, el ejecutivo seccional de Villa Montes y el de Yacuiba ya tienen los equipos, pero no se ha realizado el dragado hasta ahora”, informó Guerrero.
Cuenta que se ayudó con alimentos a los weenhayeks desde el año pasado, fecha en que se inició con el decreto. Cada dotación por familia consiste en 3 kilos de azúcar, 3 kilos de arroz, 3 kilos de fideo y 1 litro de aceite, los indígenas aseguran que esto es insuficiente sobre todo cuando cada familia tiene alrededor de 7 a 9 hijos.
Entre otras medidas Guerrero revela que se hicieron varios acuerdos con el gobernador Lino Condori, los mismos consistían en proyectos productivos “dicen que los proyectos son productivos para el pueblo Weenhayek, porque cambiarán la pesca para iniciar un proyecto de siembra, donde tendrán que aprender a cultivar y preparar la tierra”, señaló Guerrero y añadió que estos proyectos buscan dejar atrás un problema y cambiar una forma de vida que se ha basado en la pesca por siglos.
Situación de los weenhayeks
Actualmente los weenhayeks están viviendo en las tierras que poseen, cultivando maíz y fruta. Muchos de ellos con la ayuda que brindó el Gobierno han comprado animales como cabras, chanchos, chivas y los están vendiendo y consumiendo. “Estos tenían que haberse criado y reproducido para luego poderse vender, sin embargo tienen hambre”, explica Guerrero.
Según sus dirigentes, el pueblo Weenhayek tomó la decisión de que se hagan proyectos, para que se puedan hacer represas y criaderos de pescados dentro de ese territorio, el objetivo es mantener el hábitat de su pueblo.
Jacinto Ugarte Padilla, segundo Capitán de los Weenhayek, asegura que no han recibido ningún tipo de proyecto del presidente Evo Morales. “Aquí los pobladores están sufriendo. Siendo un país exportador de gas y petróleo, lo paradójico es que estamos sobre el gas y no vivimos bien”, dijo Ugarte.
Exigió que las excavadoras anfibias trabajen represas, piscinas y criaderos, para que su pueblo pueda tener sustento, “el pueblo ha sido marginado, discriminado, para Yacuiba no existimos, y tomaremos las fuerzas necesarias donde nuestro grito será ‘La revolución comunitaria originaria de igualdad de condiciones’, y queremos que las autoridades sepan que vamos a pelear”, enfatizó.
Nicolás Montero, Coordinador del Pueblo Guaraní, dijo que se hizo un compromiso entre el Ministerio de Gobierno y los pueblos indígenas Guaraníes, Tapietes y Weenhayek, pero aclaró que hasta el momento el alimento prometido sólo fue dado a los pueblos Weenhayek y Guaraníes de Yacuiba, resaltó que los de Villa Montes, Caraparí y O’Connor no recibieron nada.
Esperan el censo
De acuerdo al censo poblacional que presenten los capitanes de estas comunidades se les hará la distribución de alimentos.
La historia de una tragedia
El río Pilcomayo o Araguay es un largo río de la Cuenca del Plata, que fluye por Bolivia, Argentina y Paraguay. Tiene una longitud de 2.426 kilómetros y desagua una cuenca de 270 mil kilómetros cuadrados.
A lo largo del siglo XX el río se ha visto muy dañado por la contaminación provocada por los residuos mineros de Potosí, afectando las zonas aguas abajo, en especial la zona del Chaco boliviano, mientras que las aguas de su curso medio han desaparecido debido a los desvíos artificiales de agua.
En el río Pilcomayo hasta 1990 había mucho pescado, en una noche pillaban entre nueve mil a once mil pescados, lo hacían por grupos desde 30 a 50 personas y otros pescaban de forma individual. Cuando era la época de escasez de pescado se sumergían los zambullidores concentrados en un grupo de 100 a 150 personas, que sacaban los pescados con redes cortas, una persona podía sacar 300 pescados ahora sólo saca entre 4 a 6 pescados.
El problema está en el Proyecto Pantalón, sistema hidrovial que reparte las aguas a Argentina y Paraguay, sin embargo, como el río es muy errante, el gran problema son los sedimentos que hicieron que en aguas bajas haya una tendencia a sedimentar el canal argentino.
Nuevos proyectos para dar solución al problema
El ejecutivo seccional de Villa Montes, Rubén Vaca Salazar, explica que se están trabajando dos grandes proyectos para salvar la vida del Pilcomayo, uno es el Centro de Producción Piscícola con una inversión aproximada de cinco millones de bolivianos para producir alevines de sábalo hasta el estado juvenil y las otras especies que hay en el Pilcomayo. El otro proyecto está referido a la construcción de bañados en las propias orillas del río Pilcomayo; donde se llevará a los peces en estado juvenil.
“Vamos a construir nuestros propios bañados donde se críe el sábalo, con una superficie de 2.500 hectáreas, estos dos proyectos están en plena ejecución, se calcula que en la próxima riada con la migración del sábalo se cosechará los sábalos madre y padre para su reproducción y así empezaremos a producir los alevines”, enfatizó Vaca, quien prevé que el próximo año se construirán los criaderos.
Entre otras medidas dijo que están analizando que se pueda aprobar una ley departamental coercitiva que regule la pesca del Pilcomayo, para volverle a dar al río una gran cantidad de sábalos.
Entre las principales, se exigió el dragado del río Pilcomayo para limpiar el sedimento que evita el curso normal del sábalo, sin embargo aunque las máquinas fueron compradas, hasta ahora, la tarea no ha sido concretada por falta de licencias de Argentina y Paraguay.
En 2011 el decreto Nº 0900 declaró en emergencia a los weenhayeks, hecho que permite a las autoridades dotarles de ayuda alimentaria. El Ejecutivo Seccional de Villa Montes, Rubén Vaca Salazar, afirma que se tomaron un sinfín de medidas al “calor del conflicto”. Hasta el momento se han gastado un promedio de 21 millones de bolivianos tratando de concretar una solución definitiva, que aún parece estar lejos.
“Se tomaron soluciones desesperadas, una de ellas fue emitir el decreto para paliar y mitigar el problema del momento y el Gobierno no pone un peso e instruye que las gobernaciones seccionales transfieran al Municipio el dinero para que ellos compren alimento, el año pasado se transfirió tres millones de bolivianos y este año hasta el momento transferimos dos millones de bolivianos”, explicó Vaca.
Dijo también que se compraron dos anfioexcavadoras para trabajar en el agua extrayendo sedimento, el costo de ambas suma más de 12 millones de bolivianos. Entre otros proyectos se amplió el Plan de Empleo Urgente (PEU) hacia este sector con un monto de 3,4 millones bolivianos, “sólo para que trabajen los weenhayeks que están integrados por más de 1.200 familias”, explica.
José Guerrero Toribio, Director Departamental de los Pueblos Indígenas Originarios (Didepio), nos informa que el pueblo Weenhayek se divide en dos secciones, la Primera sección que pertenece a Yacuiba y la tercera sección que pertenece a Villa Montes, dentro de las mismas hay 122 capitanías o comunidades, las cuales viven a orillas del río Pilcomayo. Asegura que son aproximadamente cinco mil familias las afectadas por la falta de pescado.
Relata que por la muerte de los peces, el pueblo Weenhayek recurrió al gobierno departamental y finalmente al gobierno nacional. La solicitud se basaba en exigir el dragado del río Pilcomayo, empero el 8 de junio de 2011 se firma el Decreto Supremo 0900 que declara en emergencia al pueblo Weenhayek y permite que tenga sustento por un periodo de tiempo.
En la actualidad esta población continúa bajo declaratoria de emergencia, solicitando la ayuda de las autoridades, “hasta donde sabemos sólo se ha hecho la compra de las excavadoras anfibias, el ejecutivo seccional de Villa Montes y el de Yacuiba ya tienen los equipos, pero no se ha realizado el dragado hasta ahora”, informó Guerrero.
Cuenta que se ayudó con alimentos a los weenhayeks desde el año pasado, fecha en que se inició con el decreto. Cada dotación por familia consiste en 3 kilos de azúcar, 3 kilos de arroz, 3 kilos de fideo y 1 litro de aceite, los indígenas aseguran que esto es insuficiente sobre todo cuando cada familia tiene alrededor de 7 a 9 hijos.
Entre otras medidas Guerrero revela que se hicieron varios acuerdos con el gobernador Lino Condori, los mismos consistían en proyectos productivos “dicen que los proyectos son productivos para el pueblo Weenhayek, porque cambiarán la pesca para iniciar un proyecto de siembra, donde tendrán que aprender a cultivar y preparar la tierra”, señaló Guerrero y añadió que estos proyectos buscan dejar atrás un problema y cambiar una forma de vida que se ha basado en la pesca por siglos.
Situación de los weenhayeks
Actualmente los weenhayeks están viviendo en las tierras que poseen, cultivando maíz y fruta. Muchos de ellos con la ayuda que brindó el Gobierno han comprado animales como cabras, chanchos, chivas y los están vendiendo y consumiendo. “Estos tenían que haberse criado y reproducido para luego poderse vender, sin embargo tienen hambre”, explica Guerrero.
Según sus dirigentes, el pueblo Weenhayek tomó la decisión de que se hagan proyectos, para que se puedan hacer represas y criaderos de pescados dentro de ese territorio, el objetivo es mantener el hábitat de su pueblo.
Jacinto Ugarte Padilla, segundo Capitán de los Weenhayek, asegura que no han recibido ningún tipo de proyecto del presidente Evo Morales. “Aquí los pobladores están sufriendo. Siendo un país exportador de gas y petróleo, lo paradójico es que estamos sobre el gas y no vivimos bien”, dijo Ugarte.
Exigió que las excavadoras anfibias trabajen represas, piscinas y criaderos, para que su pueblo pueda tener sustento, “el pueblo ha sido marginado, discriminado, para Yacuiba no existimos, y tomaremos las fuerzas necesarias donde nuestro grito será ‘La revolución comunitaria originaria de igualdad de condiciones’, y queremos que las autoridades sepan que vamos a pelear”, enfatizó.
Nicolás Montero, Coordinador del Pueblo Guaraní, dijo que se hizo un compromiso entre el Ministerio de Gobierno y los pueblos indígenas Guaraníes, Tapietes y Weenhayek, pero aclaró que hasta el momento el alimento prometido sólo fue dado a los pueblos Weenhayek y Guaraníes de Yacuiba, resaltó que los de Villa Montes, Caraparí y O’Connor no recibieron nada.
Esperan el censo
De acuerdo al censo poblacional que presenten los capitanes de estas comunidades se les hará la distribución de alimentos.
La historia de una tragedia
El río Pilcomayo o Araguay es un largo río de la Cuenca del Plata, que fluye por Bolivia, Argentina y Paraguay. Tiene una longitud de 2.426 kilómetros y desagua una cuenca de 270 mil kilómetros cuadrados.
A lo largo del siglo XX el río se ha visto muy dañado por la contaminación provocada por los residuos mineros de Potosí, afectando las zonas aguas abajo, en especial la zona del Chaco boliviano, mientras que las aguas de su curso medio han desaparecido debido a los desvíos artificiales de agua.
En el río Pilcomayo hasta 1990 había mucho pescado, en una noche pillaban entre nueve mil a once mil pescados, lo hacían por grupos desde 30 a 50 personas y otros pescaban de forma individual. Cuando era la época de escasez de pescado se sumergían los zambullidores concentrados en un grupo de 100 a 150 personas, que sacaban los pescados con redes cortas, una persona podía sacar 300 pescados ahora sólo saca entre 4 a 6 pescados.
El problema está en el Proyecto Pantalón, sistema hidrovial que reparte las aguas a Argentina y Paraguay, sin embargo, como el río es muy errante, el gran problema son los sedimentos que hicieron que en aguas bajas haya una tendencia a sedimentar el canal argentino.
Nuevos proyectos para dar solución al problema
El ejecutivo seccional de Villa Montes, Rubén Vaca Salazar, explica que se están trabajando dos grandes proyectos para salvar la vida del Pilcomayo, uno es el Centro de Producción Piscícola con una inversión aproximada de cinco millones de bolivianos para producir alevines de sábalo hasta el estado juvenil y las otras especies que hay en el Pilcomayo. El otro proyecto está referido a la construcción de bañados en las propias orillas del río Pilcomayo; donde se llevará a los peces en estado juvenil.
“Vamos a construir nuestros propios bañados donde se críe el sábalo, con una superficie de 2.500 hectáreas, estos dos proyectos están en plena ejecución, se calcula que en la próxima riada con la migración del sábalo se cosechará los sábalos madre y padre para su reproducción y así empezaremos a producir los alevines”, enfatizó Vaca, quien prevé que el próximo año se construirán los criaderos.
Entre otras medidas dijo que están analizando que se pueda aprobar una ley departamental coercitiva que regule la pesca del Pilcomayo, para volverle a dar al río una gran cantidad de sábalos.
Legisladores del oficialismo visitarán Tipnis
El representante del Consejo Indígena del Sur (Conisur), Gumercindo Padrel y afín al Movimiento Al Socialismo (MAS), anunció que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) sesionará, entre los días 5 y 6 de septiembre, en la comunidad Puerto Pancho del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis).
Dijo que con la presencia de los legisladores en esa población, que se encuentra en la zona sur del Tipnis, se conocerán las condiciones en que viven los indígenas y para que planten soluciones a las necesidades que existen en esa región.
“Ya está confirmado para el cinco y seis de septiembre (la sesión) en la comunidad Puerto Pancho, una comunidad Mojeño-Trinitario ¿Por qué los estamos llevando ahí? es para que vean los diputados y senadores, y otras brigadas que van a venir, cómo viven y cómo está la situación de la gente”, declaró el dirigente a radio Pio XII de Erbol.
Según Pradel, las sesiones también se desarrollarán en más comunidades del Parque y otras regiones de los departamentos de Beni y Cochabamba. “Va ser rotativo. Primeramente se va llevar aquí en el Tipnis y después se va llevará en Riberalta”, adelantó.
Añadió que el diputado Eleuterio Guzmán y el senador Adolfo Mendoza liderarán las comisiones que ingresarán el próximo mes al Parque.
Dijo que con la presencia de los legisladores en esa población, que se encuentra en la zona sur del Tipnis, se conocerán las condiciones en que viven los indígenas y para que planten soluciones a las necesidades que existen en esa región.
“Ya está confirmado para el cinco y seis de septiembre (la sesión) en la comunidad Puerto Pancho, una comunidad Mojeño-Trinitario ¿Por qué los estamos llevando ahí? es para que vean los diputados y senadores, y otras brigadas que van a venir, cómo viven y cómo está la situación de la gente”, declaró el dirigente a radio Pio XII de Erbol.
Según Pradel, las sesiones también se desarrollarán en más comunidades del Parque y otras regiones de los departamentos de Beni y Cochabamba. “Va ser rotativo. Primeramente se va llevar aquí en el Tipnis y después se va llevará en Riberalta”, adelantó.
Añadió que el diputado Eleuterio Guzmán y el senador Adolfo Mendoza liderarán las comisiones que ingresarán el próximo mes al Parque.
Chiquitanos anuncian paro cívico
Por segundo día consecutivo comunarios de San Ignacio de Velasco bloquearon las carreteras de los municipios chiquitanos que conectan con la capital cruceña y la República de Brasil además anuncian radicalizar las protestas con un paro cívico y la toma de instituciones, informa El Deber. La medida se masifica y suman a 3.500 campesinos e indígenas que están instalados en siete puntos de bloqueo en las rutas a Santa Rosa de la Roca, Carmen de Ruiz, Cochabambita, San Matías, San José de Chiquitos, Pasiviqui, San Miguel de Velasco y el camino vecinal a la comunidad El Recreo.
El líder indígena Orlando Socoré advirtió ayer que los originarios tomarán las instituciones del Estado en San Ignacio de Velasco, si las autoridades no llegan a esa región en las próximas horas para iniciar el diálogo y dar solución a sus demandas.
El líder indígena Orlando Socoré advirtió ayer que los originarios tomarán las instituciones del Estado en San Ignacio de Velasco, si las autoridades no llegan a esa región en las próximas horas para iniciar el diálogo y dar solución a sus demandas.
Militares de la Naval registran quién entra y sale del TIPNIS
Efectivos de la Armada Boliviana implementaron un fuerte control del ingreso y salida fluvial del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), constató ayer un periodista de Página Siete que acompaña a una comisión de dirigentes que lideran la resistencia a la consulta a las comunidades sobre la construcción de una carretera que atraviese el corazón de esa reserva natural.
De acuerdo con su relato, desde la población de Gundonovia, cuyos habitantes rechazan la consulta que impulsa el Gobierno del presidente Evo Morales, “marineros armados detuvieron la lancha en la que viajaba la comisión indígena; nos revisaron a todos y nos pidieron a todos nuestros documentos. Los militares revisaron nuestros equipajes, pidieron sus documentos de identidad a toda la gente que estaba viniendo a Gundonovia”.
Explicó que hace algunos días, los indígenas denunciaron que de igual manera se habían presentado los mismos integrantes de la Armada, acompañados por funcionarios del SERNAP y de Migración, “y les exigieron los mismos documentos a toda la gente que estaba viniendo a esta población”.
Además, a tres ciudadanas venezolanas que ingresaban al parque en calidad de turistas les decomisaron su pasaporte, bajo el argumento de que deberán ser verificados por Migración del Beni. Les dieron un plazo de 24 horas para que se presenten en la capital beniana para reclamar sus documentos.
“Ellos dijeron que ésa no era la forma de hacer turismo y por eso les decomisaron sus documentos para que se presentasen en Migración. Dijeron que querían comprobar si los documentos eran auténticos”, aseguró el periodista de Página Siete.
Según los indígenas, el control de ingreso y salida al TIPNIS nunca se había ejercido y expresaron su sorpresa. El corregidor Emilio Nosa, presidente de la Central Sécure, dijo que a sus 47 años y navegando por el río Mamoré nunca antes vio tanto control por parte de los militares.
El corregidor indígena denunció que la presencia militar presuntamente constituía “una amenaza en contra de los habitantes del TIPNIS y una advertencia” para que no puedan ingresar al “parque para sumarse a la resistencia”, mientras el bloqueo indígena se mantiene.
Ampliación del plazo
Por otro lado, la senadora por el Movimiento Al Socialismo (MAS) Zonia Guardia aseguró ayer en Trinidad que la ampliación del proceso de consulta en el TIPNIS, para definir la construcción o no de una carretera, será una realidad porque debe llegar a todas las comunidades de esa región.
“Quiero decirles que sí se va a ampliar porque todas las personas deben ser consultadas. No decir: ‘aquí no entra’, y se acabó”, aseguró la legisladora a la ABI.
Sobre la resistencia que ejercen algunos indígenas de esa región, Guardia indicó que no se puede coartar el derecho de las demás familias en el TIPNIS.
Cuartel ecológico
Oposición El regimiento ecológico es rechazado por indígenas liderados por el presidente de la Subcentral del TIPNIS, Fernando Vargas.
Apoyo El cacique mayor del Consejo Indígena del Sur (Conisur), Gumercindo Pradel, expresó el respaldo de su organización al cuartel ecológico.
Participación El Gobierno dice que el cuartel ecológico de las Fuerzas Armadas, que será instalado en el TIPNIS, estará conformado en parte por yuracarés y mojeños, y preservará esa reserva natural.
Efectivos El Ministerio de Defensa anunció que la nueva unidad contará con más de 800 efectivos y que en las próximas semanas se tendrá la normativa para el inicio de su labor en el TIPNIS.
De acuerdo con su relato, desde la población de Gundonovia, cuyos habitantes rechazan la consulta que impulsa el Gobierno del presidente Evo Morales, “marineros armados detuvieron la lancha en la que viajaba la comisión indígena; nos revisaron a todos y nos pidieron a todos nuestros documentos. Los militares revisaron nuestros equipajes, pidieron sus documentos de identidad a toda la gente que estaba viniendo a Gundonovia”.
Explicó que hace algunos días, los indígenas denunciaron que de igual manera se habían presentado los mismos integrantes de la Armada, acompañados por funcionarios del SERNAP y de Migración, “y les exigieron los mismos documentos a toda la gente que estaba viniendo a esta población”.
Además, a tres ciudadanas venezolanas que ingresaban al parque en calidad de turistas les decomisaron su pasaporte, bajo el argumento de que deberán ser verificados por Migración del Beni. Les dieron un plazo de 24 horas para que se presenten en la capital beniana para reclamar sus documentos.
“Ellos dijeron que ésa no era la forma de hacer turismo y por eso les decomisaron sus documentos para que se presentasen en Migración. Dijeron que querían comprobar si los documentos eran auténticos”, aseguró el periodista de Página Siete.
Según los indígenas, el control de ingreso y salida al TIPNIS nunca se había ejercido y expresaron su sorpresa. El corregidor Emilio Nosa, presidente de la Central Sécure, dijo que a sus 47 años y navegando por el río Mamoré nunca antes vio tanto control por parte de los militares.
El corregidor indígena denunció que la presencia militar presuntamente constituía “una amenaza en contra de los habitantes del TIPNIS y una advertencia” para que no puedan ingresar al “parque para sumarse a la resistencia”, mientras el bloqueo indígena se mantiene.
Ampliación del plazo
Por otro lado, la senadora por el Movimiento Al Socialismo (MAS) Zonia Guardia aseguró ayer en Trinidad que la ampliación del proceso de consulta en el TIPNIS, para definir la construcción o no de una carretera, será una realidad porque debe llegar a todas las comunidades de esa región.
“Quiero decirles que sí se va a ampliar porque todas las personas deben ser consultadas. No decir: ‘aquí no entra’, y se acabó”, aseguró la legisladora a la ABI.
Sobre la resistencia que ejercen algunos indígenas de esa región, Guardia indicó que no se puede coartar el derecho de las demás familias en el TIPNIS.
Cuartel ecológico
Oposición El regimiento ecológico es rechazado por indígenas liderados por el presidente de la Subcentral del TIPNIS, Fernando Vargas.
Apoyo El cacique mayor del Consejo Indígena del Sur (Conisur), Gumercindo Pradel, expresó el respaldo de su organización al cuartel ecológico.
Participación El Gobierno dice que el cuartel ecológico de las Fuerzas Armadas, que será instalado en el TIPNIS, estará conformado en parte por yuracarés y mojeños, y preservará esa reserva natural.
Efectivos El Ministerio de Defensa anunció que la nueva unidad contará con más de 800 efectivos y que en las próximas semanas se tendrá la normativa para el inicio de su labor en el TIPNIS.
martes, 28 de agosto de 2012
Indígenas chiquitanos anuncian paro cívico y toma de instituciones
En el segundo día se mantiene invariable el bloqueo de las carreteras de los municipios chiquitanos que conectan con la capital cruceña y la República de Brasil. La medida se masifica y suman a 3.500 campesinos e indígenas que están instalados en siete puntos de bloqueo instalados en las rutas a Santa Rosa de la Roca, Carmen de Ruiz, Cochabambita, San Matías, San José de Chiquitos, Pasiviqui, San Miguel de Velasco y el camino vecinal a la comunidad El Recreo.
El líder indígena Orlando Socoré advirtió este martes que los originarios tomarán las instituciones del Estado en San Ignacio de Velasco si las autoridades no llegan a esa región en las próximas horas para iniciar el diálogo y dar solución a sus demandas. Sin embargo, extraoficialmente se conoce que la Agencia para el Desarrollo de las Macrorregiones y Fronteras (Ademaf) estaría gestionando la presencia de autoridades nacionales en la zona.
"Nuestros hermanos, con sus mujeres y niños, se están enfermado por el surazo que llegó a la región (10 grados). Necesitamos medicamentos, ropa de invierno y alimentos”, indicó Socoré.
Hasta el envío de este informe ninguna autoridad nacional ha confirmado su presencia en la capital velasquina para buscar solución a las diferentes demandas regionales. Los indígenas exigen la presencia de autoridades del Ministerio de Hidrocarburos para acelerar las demandas de abastecimiento normal de carburantes. También exigen la presencia de representantes del INRA, de la Autoridad de Bosques y Tierra (ABT) y de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).
Carlos Quinquiví S. Ignacio
Indígenas rechazan creación de cuartel ecológico en Ichoa
El presidente de la Subcentral del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), Fernando Vargas, rechazó ayer la intención del Gobierno de instalar un campamento militar en la comunidad Ichoa de esa reserva ecológica porque se estaría atentando contra la Constitución y los derechos de los pueblos indígenas.
“Esta es otra metida de pata del Gobierno, otra violación a la Constitución y al Convenio 169 (de la OIT) porque a nosotros no se nos consultó sobre este regimiento. El Gobierno tiene que hacer una consulta para darnos a conocer su proyecto, pero no lo ha hecho hasta ahora”, dijo.
El presidente Evo Morales anunció el domingo que el TIPNIS contará desde esta semana con un campamento militar en la comunidad de Ichoa, con el nombre de Regimiento y Escuela Ecológica para la Protección de Parques.
La iniciativa gubernamental, según el oficialismo, es el resultado de diferentes operativos realizados en la zona contra los asentamientos ilegales de colonizadores, quienes tienen plantaciones ilícitas de coca.
No obstante, Vargas opinó que los militares en lugar de apostarse en esa zona deberían hacer su campamento en las fronteras con Paraguay, Chile o Argentina “por donde pasa el narcotráfico”.
“Acá no hay problemas, no estamos en peligro, no hay absolutamente razón para que estén aquí y ni siquiera se nos ha consultado. Por tanto, este Gobierno cree que es el patrón de los bolivianos”, señaló.
En ese sentido, Vargas se preguntó: “¿Para qué estarán los militares en el TIPNIS? Para proteger a los cocaleros e invadan el TIPNIS, para proteger a los narcos. ¿O es para detener y perseguir a los dirigentes?”.
Comisión al TIPNIS
Vargas, junto a otros dirigentes del TIPNIS, partió ayer por la tarde de Puerto Geralda (Trinidad) rumbo a comunidades del TIPNIS para realizar una evaluación de la consulta que realiza el Gobierno dentro de este parque y para acompañar “la resistencia contra la consulta”. Además, pretende llegar con información que presuntamente el Gobierno ocultó sobre la necesidad de construir una carretera que pase por el núcleo de esa reserva.
“La comisión de la CIDOB acompañará la resistencia y para darle la otra versión de lo que el Gobierno con rapidez hace con sus medios de propaganda. Estamos llevando la logística para mostrar videos de la VIII y IX marcha para evitar que la carretera se construya”, explicó Lázaro Tacoó, técnico de la CIDOB.
La comisión partió en medio de un inusitado control de efectivos de la FELCN.
“Esta es otra metida de pata del Gobierno, otra violación a la Constitución y al Convenio 169 (de la OIT) porque a nosotros no se nos consultó sobre este regimiento. El Gobierno tiene que hacer una consulta para darnos a conocer su proyecto, pero no lo ha hecho hasta ahora”, dijo.
El presidente Evo Morales anunció el domingo que el TIPNIS contará desde esta semana con un campamento militar en la comunidad de Ichoa, con el nombre de Regimiento y Escuela Ecológica para la Protección de Parques.
La iniciativa gubernamental, según el oficialismo, es el resultado de diferentes operativos realizados en la zona contra los asentamientos ilegales de colonizadores, quienes tienen plantaciones ilícitas de coca.
No obstante, Vargas opinó que los militares en lugar de apostarse en esa zona deberían hacer su campamento en las fronteras con Paraguay, Chile o Argentina “por donde pasa el narcotráfico”.
“Acá no hay problemas, no estamos en peligro, no hay absolutamente razón para que estén aquí y ni siquiera se nos ha consultado. Por tanto, este Gobierno cree que es el patrón de los bolivianos”, señaló.
En ese sentido, Vargas se preguntó: “¿Para qué estarán los militares en el TIPNIS? Para proteger a los cocaleros e invadan el TIPNIS, para proteger a los narcos. ¿O es para detener y perseguir a los dirigentes?”.
Comisión al TIPNIS
Vargas, junto a otros dirigentes del TIPNIS, partió ayer por la tarde de Puerto Geralda (Trinidad) rumbo a comunidades del TIPNIS para realizar una evaluación de la consulta que realiza el Gobierno dentro de este parque y para acompañar “la resistencia contra la consulta”. Además, pretende llegar con información que presuntamente el Gobierno ocultó sobre la necesidad de construir una carretera que pase por el núcleo de esa reserva.
“La comisión de la CIDOB acompañará la resistencia y para darle la otra versión de lo que el Gobierno con rapidez hace con sus medios de propaganda. Estamos llevando la logística para mostrar videos de la VIII y IX marcha para evitar que la carretera se construya”, explicó Lázaro Tacoó, técnico de la CIDOB.
La comisión partió en medio de un inusitado control de efectivos de la FELCN.
Indígenas chiquitanos bloquean y amenazan con tomar instituciones
Por segundo día consecutivo continúa el bloqueo en la Chiquitania, provincia Velasco del departamento de Santa Cruz, donde los indígenas demandan la atención a sus pedidos, entre ellos el mejoramiento de carreteras, anular la prohibición en la quema de chaqueos, incremento en el cupo de combustibles y otros.
El gran cacique de la Asociación de Cabildos Indígenas de San Ignacio de Velasco (Acisiv), Orlando Socoré Masaí, en comunicación con radio Santa Cruz de Erbol, señaló que hay siete puntos de bloqueos. Al menos 3.500 personas esperan una respuesta favorable de las autoridades.
“Participan más o menos 86 comunidades del municipio (de San Ignacio de Velasco). Ayer nos han anunciado que al no darse solución hasta el mediodía (de este martes), para mañana habría un paro cívico. Anoche (también) han determinado que si no bajan las autoridades para dar solución después del mediodía podrían estar tomando instituciones del Estado”, afirmó.
El dirigente explicó que decenas de indígenas están sufriendo las inclemencias del tiempo. El ingreso del sur en la región afectó a bloqueadores. Muchos se encuentran molestos porque no tienen respuesta a sus demandas por parte de las autoridades del gobierno departamental y nacional.
Bloqueos
Los puntos de bloqueos se encuentran en San Vicente y San Matías, en las poblaciones de San Rafael y San José; además, de la vía que conduce a Vela Vela, en Santa Rosa de Roca. Otros puntos están ubicados en las comunidades de Recreo y Cañón de Luca, por donde los transportistas intentan atravesar, argumentó Socoré.
Demandas
La anulación de las multas a comunidades por “presuntas” quemas ilegales, entrega de los títulos ejecutoriales a los propietarios, dotación de tierras fiscales a comunidades indígenas, el inicio del asfaltado de la carretera que une Uruguayito con San Ignacio de Velasco, aumento en el cupo de venta de gasolina, diesel y gas licuado y otros, son las principales demandas, sostuvo el líder indígena.
El gran cacique de la Asociación de Cabildos Indígenas de San Ignacio de Velasco (Acisiv), Orlando Socoré Masaí, en comunicación con radio Santa Cruz de Erbol, señaló que hay siete puntos de bloqueos. Al menos 3.500 personas esperan una respuesta favorable de las autoridades.
“Participan más o menos 86 comunidades del municipio (de San Ignacio de Velasco). Ayer nos han anunciado que al no darse solución hasta el mediodía (de este martes), para mañana habría un paro cívico. Anoche (también) han determinado que si no bajan las autoridades para dar solución después del mediodía podrían estar tomando instituciones del Estado”, afirmó.
El dirigente explicó que decenas de indígenas están sufriendo las inclemencias del tiempo. El ingreso del sur en la región afectó a bloqueadores. Muchos se encuentran molestos porque no tienen respuesta a sus demandas por parte de las autoridades del gobierno departamental y nacional.
Bloqueos
Los puntos de bloqueos se encuentran en San Vicente y San Matías, en las poblaciones de San Rafael y San José; además, de la vía que conduce a Vela Vela, en Santa Rosa de Roca. Otros puntos están ubicados en las comunidades de Recreo y Cañón de Luca, por donde los transportistas intentan atravesar, argumentó Socoré.
Demandas
La anulación de las multas a comunidades por “presuntas” quemas ilegales, entrega de los títulos ejecutoriales a los propietarios, dotación de tierras fiscales a comunidades indígenas, el inicio del asfaltado de la carretera que une Uruguayito con San Ignacio de Velasco, aumento en el cupo de venta de gasolina, diesel y gas licuado y otros, son las principales demandas, sostuvo el líder indígena.
Proyectan consulta 'indefinida' en el Tipnis
El ministro de Obras Publicas, Servicios y Vivienda, Vladimir Sánchez, confirmó ayer que el Estado no va abandonar el Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), porque se elaboran los informes correspondientes y ratificó que si bien el plazo fenece este 7 de septiembre su despacho alista un proyecto de Ley para declarar Consulta Indefinida
"En el Tipnis la consulta continúa, es un proceso que tiene una fecha de inicio y que esta fase oficialmente concluye el 7 de septiembre. Estamos trabajando en presentar una Ley para ampliar la consulta, el tiempo (necesario) para no tener dificultades. Lo que vamos a proponer nosotros es abierto", dijo Sánchez en conferencia de prensa.
La consulta se paralizó la semana pasada/ ANF
"En el Tipnis la consulta continúa, es un proceso que tiene una fecha de inicio y que esta fase oficialmente concluye el 7 de septiembre. Estamos trabajando en presentar una Ley para ampliar la consulta, el tiempo (necesario) para no tener dificultades. Lo que vamos a proponer nosotros es abierto", dijo Sánchez en conferencia de prensa.
La consulta se paralizó la semana pasada/ ANF
lunes, 27 de agosto de 2012
Los chipayas pidieron su traslado en marzo por las inundaciones
El alcalde Federico Mamani explica que la población, ubicada en el suroeste de Oruro, decidió trasladarse; es más, los lugareños se organizaron para llevar su pedido “hasta la Presidencia”. Pero, comenta el burgomaestre, la solicitud quedó ahí. “Queríamos irnos a otro lado pero nos han dicho que no y por eso nos estamos quedando”.
Agrega que el sitio al que pretendían emigrar se encontraba en otro municipio, lo que imposibilitaba su petición.
El viceministro de Defensa Civil, Óscar Cabrera, admite que los chipayas hicieron su pedido de mudanza al Ejecutivo. “Después del desborde del río Lauca ellos querían ir a un lugar más alto, pero eso tenía otras implicancias porque ese territorio ya no era parte del municipio de Chipaya”. Aparte, para la reubicación tenía que intervenir el Ministerio de Autonomías y su despacho de Límites, y era complicado porque es una comunidad con sus servicios básicos e instituciones consolidadas.
No obstante, la repartición gubernamental a cargo de Cabrera continúa elaborando estudios para determinar la factibilidad de la reubicación de esta etnia indígena compuesta por cerca de 2.000 habitantes. Por el momento, se busca evitar o controlar el desborde del Lauca. Si se aminoran los impactos de este fenómeno, ya no habría justificación para el traslado.
En este momento, el Viceministerio de Cuencas redacta un informe para definir qué se hará en el caso de los chipayas. De momento, de acuerdo con el alcalde Mamani, los uru-chipayas continúan en sus casas y esperan que la próxima temporada de aguaceros no se ensañe con ellos.
El traslado de poblaciones es también analizado en Cobija
E l río Acre, en Cobija, se desbordó en febrero de este año y Defensa Civil evacuó a más de 1.000 familias. La cifra representa aproximadamente el 20% de la población del área urbana.
Los barrios más afectados fueron Mapajo, Cataratas y Villamontes en la capital pandina y los pobladores fueron desalojados hacia el albergue del coliseo cerrado de la ciudad.
Una de las jornadas más críticas fue el 18 de febrero, cuando el desborde del río Acre causó que el municipio de Bolpebra (que está en la frontera de Bolivia, Perú y Brasil) desapareciera por completo; en tanto que Cobija quedó inundada.
El viceministro de Defensa Civil, Óscar Cabrera, explica que las localidades afectadas se encuentran “asentadas en las riberas del Acre y se hallan en un lugar muy vulnerable, un sitio de alto riesgo. Necesariamente en ese caso se debe pensar en hacer un traslado de manera bien pensada y planificada”.
En la actualidad, se realiza un estudio para analizar cómo se realizará el traslado en la ciudad de Cobija.
También en febrero, el departamento de Cochabamba sufrió desastres naturales y Defensa Civil tuvo que auxiliar a las comunidades cercanas a los ríos Rocha y Tajra, que el 17 de ese mes padecieron una crecida en sus cauces. Se instalaron albergues en Colcapirhua, Sipe Sipe y Vinto, y las familias acogidas recibieron azúcar, arroz, fideo, aceite y agua.
Pero, durante la época de lluvias, el departamento más afectado fue La Paz. Y el Viceministerio anuncia que fortalecerá el Observatorio Nacional de Desastres con la información y sistemas de monitoreo de instancias técnicas-científicas.
TIPNIS Cruzadas inconclusas
*El autor es periodista y Premio Nacional de Periodismo
TESTIMONIO DE MARCIAL FABRICANO | LA VIDA Y EL TRABAJO DE UN LÍDER INDÍGENA CUYA PRIORIDAD HA SIDO PRESERVAR EL TIPNIS.
El dirigente indígena Marcial Fabricano, conocido internacionalmente tras el flagelo que le propinaron hace tres años quienes habían sido compañeros en la larga travesía que desembocó en la elección del presidente Morales en 2005 y en la Asamblea Constituyente después, dice que está inconclusa la cruzada que encabezó hace 22 años.
Eligieron a Morales y hubo Asamblea Constituyente, como demandaban los nativos, pero los objetivos, asegura, han sido distorsionados; el sueño de respeto pleno para sus derechos sobre las tierras que habitaron desde siempre está distante y muchos de quienes los defienden son ahora enemigos del gobierno y se los persigue.
En un extenso relato de su vida en el sitio http://tevetk.com/Videoteca/ del instituto Prisma, dice que los cocaleros ingresaron al codiciado lugar acogidos por los nativos quienes, en una trágica parodia de los engaños de los conquistadores de hace cinco siglos, fueron cautivados con la hoja generadora de la cocaína, e incorporaron a algunos comunarios a su causa depredadora. Los que serían llamados colonizadores abrieron la brecha para carcomer el territorio y convertir en pugna nacional una carretera que, dicen los críticos, acabará inmolando ese territorio un día considerado como el Edén de las llanuras bolivianas.
“Había sido fácil” sumarse al cultivo de la coca, explicó a la presentadora Jimena Costa, a cargo del programa, una novedad que se propone registrar el testimonio de los bolivianos a quienes entrevista para que cuenten sus vidas. “De ahí es que ahora aparecen indígenas yuracarés y mojeños (contados) como si fueran (representaran a) comunidades que están a favor de la carretera…” Después denuncia: “Hay familias que han sido convertidas y sometidas bajo presión para poder continuar ahí. ¡En su propia tierra!” En la visión del dirigente nativo (59 años) la coca engrupió a los comunarios con oportunidades materiales inmediatas, pues obtenían más dinero por su cultivo que por los productos naturales.
El relato registrado por Prisma, disponible para quien quiera oírlo, informa sobre la epopeya indígena y la lucha de los nativos por preservar un hábitat que temen que en poco tiempo desaparezca como la zona que cedieron a los cocaleros. Esa zona está cubierta por sembradíos de coca.
El pivote de la cuestión es el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure o Tipnis en el centro de Bolivia que tiene a los indígenas del lugar y a los ambientalistas en una esquina y al gobierno en la otra. El gobierno quiere a toda costa construir esa carretera sin admitir alternativas al curso que atravesaría el lugar. Los nativos han realizado 10 marchas en los últimos 22 años, dos bajo el gobierno actual, y han logrado sólo parte de sus reivindicaciones.
Del relato de Fabricano se deduce que los colonos que apoyan una consulta para aprobar la construcción de la obra, llegaron al Tipnis como inmigrantes y los nativos del lugar les facilitaron el asentamiento.
Independientemente de la controversia que tuvo su clímax con un castigo brutal a latigazos de sus compañeros en mayo de 2009 (50 azotes atado a un cepo), el relato de Fabricano permite radiografiar el alejamiento de los indígenas del mandatario. Sus palabras son básicas para interpretar lo que ocurrió en Bolivia entre 1990 y 2005.
LA “LÍNEA ROJA”
Fabricano tiene fuertes convicciones religiosas, como muchos pobladores del Tipnis que desarrollaron una base religiosa en la escuela, como sus antepasados. Esa formación, que abarca a la mayoría de los nativos orientales, difiere diametralmente de la del presidente. No es fácil determinar la profundidad de tal formación, pero es aceptable decir que los indígenas de las tierras bajas son esencialmente cristianos y católicos, en contraste con el marxismo-castrismo que predomina en las élites gubernamentales. Agua y aceite.
Al quedar con el costado oriental del Tipnis clavado por las plantaciones prohibidas que medraron en las últimas décadas, los pobladores del lugar intentaron fijar límites para el área cocalera: el Polígono Siete, y la “línea roja”. La franja cocalera representaba 144.640 de las 1.236.296 hectáreas que originalmente conformaban el Tipnis. Curiosamente, la delimitación la acordaron en la década de 1990 dos personas que despuntaban entre los líderes bolivianos: Marcial Fabricano y Evo Morales. La “línea roja” pretendía ser un muro que los cocaleros no sobrepasarían. Los cocaleros no respetaron los límites y han mantenido un avance persistente. El avance colonizador del territorio fue estimulado con la promesa de la carretera del ahora presidente a los cocaleros en 2005. En Brasil, el candidato presidencial José Serra la llamó “la transcocalera”.
Fabricano coloca 1984, cuando tenía 31 años, entre los hitos de sus convicciones. El peregrinar entre el Beni y Santa Cruz, sin poder continuar sus estudios estancados en el sexto año de primaria, le permitió conocer mejor la realidad boliviana, ya regida democráticamente. Comenzó a difundir entre los pobladores de San Lorenzo de Mojos, el lugar donde había nacido, la noción de que Bolivia estaba cambiando y era regida por un sistema democrático. En San Lorenzo, una las misiones jesuitas en las llanuras orientales, la audiencia de Fabricano eran principalmente amigos y parientes, pero haber viajado por otras latitudes le confería autoridad.
Allí ocurrió algo que lo marcó. “En la capilla de la iglesia el padre me dio una Biblia. ‘Compadre, me dijo, Ud. va leer para mi, de aquí hasta aquí.’ Empecé a leer y algo sucedía. Sentía que no era yo el que estaba leyendo, sino que alguien leía por mí. Le pedí que me prestara su Biblia. Me la prestó por tres días y leí todo lo que pude. Me quedé con ganas de saber más…” Embarcó en su canoa y, al lado de su esposa y un hermano, se fue a Trinidad a buscar un ejemplar. “Era una búsqueda ansiosa por saber para qué vivía”, dice. En la parroquia de la Santa Cruz un padre le dio una y, como no podría capacitarse en su lectura antes de dos meses, retornó a San Lorenzo. Tenía la Biblia tras una travesía que le había llevado dos semanas. Su casa se convirtió en un apasionado centro bíblico día y noche.
HISTORIAS DE TERROR
Como lo explica Fabricano, los nativos empezaron a organizarse intuitivamente hasta llegar a una forma entre “kibutz” y “moshav” israelíes en la que todo apuntaba al bienestar colectivo.
Poco a poco los nativos percibieron que no eran tan dueños del territorio que habitaban como habían creído. Las décadas de 1960-1980 “fueron de mucha caza y recolección de cueros de caimán, lagartos, lobo, de todo”, recuerda Fabricano. Por esos años, comerciantes inescrupulosos aprovechaban la ignorancia de los nativos para estafarlos y robarles. Había rescatadores que, ávidos de lucro, invadían cabañas y casas y buscaban cueros hasta debajo de las “chapapas” (camas improvisadas con madera silvestre). “Nos hacían creer que todo lo que era el curso del rio Sécure era de ellos. Otros señalaban porciones del río y nos hacían creer que tenían derecho sobre los ríos. Trataban de amedrentarnos y uno no sabía hasta dónde lo que decían era verdad”. Fue entonces que los comunarios comenzaron a relacionarse con instituciones de Trinidad y otras ciudades y “nos enteramos que el Isiboro-Sécure había sido un Parque Nacional” protegido.
Se enteraron también que había un funcionario dentro del parque para atender el lugar que era ganadero. Como tal, el funcionario autorizaba cacerías y rescataba productos de la zona. “Ahí empezamos a debatir sobre nuestros derechos sobre nuestro territorio”.
En ese tiempo, una persona que recopilaba información sobre los pueblos indígenas le pidió ayuda. Y Fabricano dice que empezó a hacer preguntas a los mayores, y conoció “historias de terror” que los indios no contaban por temor a que se repitieran, como las crueldades que sufrían los mojeños en la recolección de goma y castaña, en el norte, y el martirio de uno de ellos, a quien lo mataron sádicamente: le cortaron la lengua, la nariz, las orejas, para que informase sobre el paradero de nativos rebeldes y que confesase que un cacique había matado al hijo de un prefecto.
APRENDER A CREER
Vista en retrospectiva, la niñez que cuenta Fabricano fue relativamente feliz, incluso cuando los maestros lo obligaban a hincarse sobre granos de arroz o de maíz tras sorprenderlo hablando mojeño-trinitario cuando debía aprender castellano, que para él “era chino”. “Eso lo recuerdo ahora con alegría…porque en la medida en que fui creciendo me hicieron un bien; aunque sea a chicotazos, aprendí a hablar castellano”. Y con orgullo que su voz no esconde dice que vivió “en libertad”.
Tras el servicio militar fue empleado en la Comisión Mixta Boliviano-Argentina que construía un ferrocarril. Al dejar el empleo después de un año recibió una cantidad de dinero que jamás había visto. “Repartí; a mi tío, mi hermana, mi hermano, mi primo, mi tía. No sabía para qué era la plata. No sé si era mucho, pero repartí. Y con el resto, de ocultas, sin avisar a nadie…en diciembre del '73 me vine con un amigo a Santa Cruz en un avión carguero”.
Ya en Santa Cruz, cuenta, el amigo con el que había viajado le robó su dinero. Pero la fortuna no lo abandonó. La señora donde vivía le habló de un taller de mecánica donde buscaban ayudantes. Fabricano dice que convenció al dueño que le diera el trabajo pues, a pesar de no conocer del oficio, tenía una fuerte voluntad. Aprendió el quehacer y en seis meses era jefe de talleres. Tiempo después volvió a San Lorenzo, se estableció y sembró yuca, plátano, arroz y maíz. Para 1983 ya tenía pareja y participaba de la preparación de los festejos de la comunidad, cada 29 de septiembre.
Comenzó entonces a conocer pormenores del funcionamiento de las comunidades en esos parajes. A causa de los festejos, casi todo el poblado tenía deudas. Incluso las cosechas estaban comprometidas. Hizo lo que mejor sabía: coordinar y trabajar juntos. La primera oportunidad se dio con la necesidad de un jefe militar para desmontar un área para construir una franja de aterrizaje. Con hacha y machete, limpiaron el área y en cuatro días tenían suficiente dinero para pagar toda la deuda.
La experiencia fue una lección que agradó a la gente, que hizo de los trabajos comunitarios una rutina, recuerda Fabricano, y la preparó para nuevos emprendimientos. Pronto descubrieron una falla fundamental: para comprar una aspirina o una inyección de penicilina había que viajar 40 kilómetros hasta el lugar más cercano. Dedicaron entonces una cosecha entera de arroz y trasladaron la carga en callapo hasta Trinidad. Dedicaron la paga a comprar medicamentos con los que instalaron una farmacia. “Teníamos todo”, recuerda orgulloso. “Otras comunidades venían para procurar medicinas”. Pronto estaban haciendo trabajos para otras urgencias.
SEMBRANDO DERECHOS
“Los indígenas son madrugadores...hacíamos chacos entre cuatro, cinco, seis personas y se lo dedicábamos a los ancianos. Logramos organizar a las señoras. Se organizaban veinte, treinta; ponían una especie de cuota en gallinas. Nosotros les hacíamos el gallinero y su canchón. Y era una pequeña granja para la economía de las mujeres. Llevaban a Trinidad 100, 150 gallinas…construimos una pista de aterrizaje en el puerto de San Lorenzo para aviones de hasta 500 kilos” que permitían llevar productos a otros lugares. En resumen, dice Fabricano, la responsabilidad económica de la comunidad involucraba a todos “sin pedir a nadie…”
“Dios nos ayudó”, dice, al ensamblar ese y otros episodios para una conclusión: “Entendimos que la tierra prometida es el Isiboro-Sécure (la “Loma Santa” de algunas leyendas indígenas) y comenzamos a reclamar nuestro territorio”. En los anos ’88 y ’89 los nativos trasladaron su experiencia a otras organizaciones y bien pronto la región hervía de comunitarismo. El miedo que experiencias dolorosas del pasado se repitieran desapareció “pues estábamos reclamando un derecho”.
“Hasta 1990 ya habíamos tenido tres reuniones de comunidades con problemas similares que decidieron que “el siguiente paso era lograr que el estado reconociera el territorio y el dominio que sobre él ejercían los nativos”. Los nativos de otras latitudes (en Santa Cruz acababa de nacer la CIDOB) también se organizaban y el movimiento indígena adquiría una dinámica excepcional. ¿Cómo hacerlo? Marchar a pie hasta La Paz y presentar allí el reclamo y legitimar una propiedad que ellos siempre habían considerado suya.
Fabricano ya era líder formal de los nativos, de quienes se había ganado respeto también por algo que parecía un detalle que su gente, sin decirlo, tomó en cuenta: hablaba el mojeño-trinitario del lugar sin avergonzarse (a este punto de la deposición, habla unas frases en ese idioma). En los cuatro encuentros entre comunarios del lugar habían participado representaciones de 54 comunidades y Fabricano quería a todas representadas en la marcha que se iba a iniciar. Eran poco más de 300 personas las reunidas en el atrio de la catedral de Trinidad cuando entre el 25 y 26 de julio de 1990 iniciaron la marcha de 33 días para cubrir 630 kilómetros hasta La Paz. Nunca en Bolivia se había intentado semejante hazaña.
FRENTE A FRENTE
El gobierno que presidía Jaime Paz Zamora percibió tardíamente lo que estaba ocurriendo, o quizá no encontró cómo salir del jaque en extremo delicado de los nativos. La marcha siguió su curso. Sólo al llegar a Yolosa, antes del ascenso hacia las alturas y cuando manifestaciones populares recibían alborozadas a los marchistas Paz Zamora dio un paso que, visto en retrospectiva, fue un gesto audaz y conciliador: Dio encuentro a la marcha a la cabeza de su equipo de gobierno al que se sumaron legisladores. El paso ofrece una marcada diferencia de actitudes entre un gobierno del corte socialdemócrata de Paz Zamora y otro pro marxista del presidente Morales. Veintiún años más tarde, en Chaparina, los marchistas que venían del Tipnis serían brutalmente reprimidos antes de empezar a subir hacia la cumbre. Otra marcha sería sólo meses después, prohibida de ingresar a la Plaza Murillo y sus integrantes gasificados y reprimidos en incidentes que pocas veces habían ocurrido entre la gente de la selva y la policía del gobierno.
En la lógica de Fabricano “la última palabra para resolver nuestros problemas era del presidente”. Paz Zamora les dio encuentro en Yolosa, los escuchó y dictó resoluciones pero no fue suficiente para los nativos, entusiasmados, recuerda Fabricano, con el regocijo de la población a lo largo del trecho final desde Caranavi. Los pobladores se habían volcado a recibirlos. Hasta la Central Obrera Boliviana (COB), dirigida por Víctor López, de la vieja estirpe minera, se movilizó para reunirse con los marchistas.
“Como a las 10 de la mañana (no cita el día, probablemente a fines de agosto) nos reunimos en una cancha. Tras los discursos de bienvenida nos instalamos "frente a frente, de jefe a jefe.” Dice que el presidente les dijo que traía la solución y que intentó disuadirlos de subir a la cumbre. Pero los marchistas, dice Fabricano, querían más que compromisos. Se les ofreció transportarlos hasta La Paz, pero respondieron que llegarían a La Paz caminando. Paz Zamora y sus ministros se retiraron y los marchistas continuaron la travesía.
Cuenta Fabricano: “A medida que subíamos, vino una nube blanquísima por encima de toda la columna y nos siguió y se disipó cuando ya salimos como a una puerta grande, a la cumbre, donde hay una cruz. Ahí se disipó la nube…En la planicie había quechuas y aymaras que nos esperaban. Ahí se confundió todo. Empezamos a estrecharnos en abrazos. Fue emocionante. Era hartísima gente. Se llenó toda la planicie...de ahí nace esto de la unidad y la solidaridad (entre indígenas de la selva y del altiplano).” Invitaron a todos los que habían ido a recibirlos a que se uniesen a la columna para llegar a La Paz. Fue un trecho alegre y musical cubierto incluso jugando fútbol en la vera del camino. “Era la cultura amazónica que llegaba al corazón del poder político de Bolivia.”
El humo blanco que salió de las negociaciones se tradujo en cuatro decretos reconociendo cada uno de los territorios: el Sirionó, el Isiboro, el Multiétnico y la formación de una comisión. “El país –recuerda Fabricano- nos reconocía a todos los pueblos indígenas constitucionalmente, con respeto a todos los pueblos indígenas. Esa fue la marcha de 1990. Gracias a la solidaridad del pueblo boliviano representado por el pueblo de La Paz”.
TESTIMONIO DE MARCIAL FABRICANO | LA VIDA Y EL TRABAJO DE UN LÍDER INDÍGENA CUYA PRIORIDAD HA SIDO PRESERVAR EL TIPNIS.
El dirigente indígena Marcial Fabricano, conocido internacionalmente tras el flagelo que le propinaron hace tres años quienes habían sido compañeros en la larga travesía que desembocó en la elección del presidente Morales en 2005 y en la Asamblea Constituyente después, dice que está inconclusa la cruzada que encabezó hace 22 años.
Eligieron a Morales y hubo Asamblea Constituyente, como demandaban los nativos, pero los objetivos, asegura, han sido distorsionados; el sueño de respeto pleno para sus derechos sobre las tierras que habitaron desde siempre está distante y muchos de quienes los defienden son ahora enemigos del gobierno y se los persigue.
En un extenso relato de su vida en el sitio http://tevetk.com/Videoteca/ del instituto Prisma, dice que los cocaleros ingresaron al codiciado lugar acogidos por los nativos quienes, en una trágica parodia de los engaños de los conquistadores de hace cinco siglos, fueron cautivados con la hoja generadora de la cocaína, e incorporaron a algunos comunarios a su causa depredadora. Los que serían llamados colonizadores abrieron la brecha para carcomer el territorio y convertir en pugna nacional una carretera que, dicen los críticos, acabará inmolando ese territorio un día considerado como el Edén de las llanuras bolivianas.
“Había sido fácil” sumarse al cultivo de la coca, explicó a la presentadora Jimena Costa, a cargo del programa, una novedad que se propone registrar el testimonio de los bolivianos a quienes entrevista para que cuenten sus vidas. “De ahí es que ahora aparecen indígenas yuracarés y mojeños (contados) como si fueran (representaran a) comunidades que están a favor de la carretera…” Después denuncia: “Hay familias que han sido convertidas y sometidas bajo presión para poder continuar ahí. ¡En su propia tierra!” En la visión del dirigente nativo (59 años) la coca engrupió a los comunarios con oportunidades materiales inmediatas, pues obtenían más dinero por su cultivo que por los productos naturales.
El relato registrado por Prisma, disponible para quien quiera oírlo, informa sobre la epopeya indígena y la lucha de los nativos por preservar un hábitat que temen que en poco tiempo desaparezca como la zona que cedieron a los cocaleros. Esa zona está cubierta por sembradíos de coca.
El pivote de la cuestión es el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure o Tipnis en el centro de Bolivia que tiene a los indígenas del lugar y a los ambientalistas en una esquina y al gobierno en la otra. El gobierno quiere a toda costa construir esa carretera sin admitir alternativas al curso que atravesaría el lugar. Los nativos han realizado 10 marchas en los últimos 22 años, dos bajo el gobierno actual, y han logrado sólo parte de sus reivindicaciones.
Del relato de Fabricano se deduce que los colonos que apoyan una consulta para aprobar la construcción de la obra, llegaron al Tipnis como inmigrantes y los nativos del lugar les facilitaron el asentamiento.
Independientemente de la controversia que tuvo su clímax con un castigo brutal a latigazos de sus compañeros en mayo de 2009 (50 azotes atado a un cepo), el relato de Fabricano permite radiografiar el alejamiento de los indígenas del mandatario. Sus palabras son básicas para interpretar lo que ocurrió en Bolivia entre 1990 y 2005.
LA “LÍNEA ROJA”
Fabricano tiene fuertes convicciones religiosas, como muchos pobladores del Tipnis que desarrollaron una base religiosa en la escuela, como sus antepasados. Esa formación, que abarca a la mayoría de los nativos orientales, difiere diametralmente de la del presidente. No es fácil determinar la profundidad de tal formación, pero es aceptable decir que los indígenas de las tierras bajas son esencialmente cristianos y católicos, en contraste con el marxismo-castrismo que predomina en las élites gubernamentales. Agua y aceite.
Al quedar con el costado oriental del Tipnis clavado por las plantaciones prohibidas que medraron en las últimas décadas, los pobladores del lugar intentaron fijar límites para el área cocalera: el Polígono Siete, y la “línea roja”. La franja cocalera representaba 144.640 de las 1.236.296 hectáreas que originalmente conformaban el Tipnis. Curiosamente, la delimitación la acordaron en la década de 1990 dos personas que despuntaban entre los líderes bolivianos: Marcial Fabricano y Evo Morales. La “línea roja” pretendía ser un muro que los cocaleros no sobrepasarían. Los cocaleros no respetaron los límites y han mantenido un avance persistente. El avance colonizador del territorio fue estimulado con la promesa de la carretera del ahora presidente a los cocaleros en 2005. En Brasil, el candidato presidencial José Serra la llamó “la transcocalera”.
Fabricano coloca 1984, cuando tenía 31 años, entre los hitos de sus convicciones. El peregrinar entre el Beni y Santa Cruz, sin poder continuar sus estudios estancados en el sexto año de primaria, le permitió conocer mejor la realidad boliviana, ya regida democráticamente. Comenzó a difundir entre los pobladores de San Lorenzo de Mojos, el lugar donde había nacido, la noción de que Bolivia estaba cambiando y era regida por un sistema democrático. En San Lorenzo, una las misiones jesuitas en las llanuras orientales, la audiencia de Fabricano eran principalmente amigos y parientes, pero haber viajado por otras latitudes le confería autoridad.
Allí ocurrió algo que lo marcó. “En la capilla de la iglesia el padre me dio una Biblia. ‘Compadre, me dijo, Ud. va leer para mi, de aquí hasta aquí.’ Empecé a leer y algo sucedía. Sentía que no era yo el que estaba leyendo, sino que alguien leía por mí. Le pedí que me prestara su Biblia. Me la prestó por tres días y leí todo lo que pude. Me quedé con ganas de saber más…” Embarcó en su canoa y, al lado de su esposa y un hermano, se fue a Trinidad a buscar un ejemplar. “Era una búsqueda ansiosa por saber para qué vivía”, dice. En la parroquia de la Santa Cruz un padre le dio una y, como no podría capacitarse en su lectura antes de dos meses, retornó a San Lorenzo. Tenía la Biblia tras una travesía que le había llevado dos semanas. Su casa se convirtió en un apasionado centro bíblico día y noche.
HISTORIAS DE TERROR
Como lo explica Fabricano, los nativos empezaron a organizarse intuitivamente hasta llegar a una forma entre “kibutz” y “moshav” israelíes en la que todo apuntaba al bienestar colectivo.
Poco a poco los nativos percibieron que no eran tan dueños del territorio que habitaban como habían creído. Las décadas de 1960-1980 “fueron de mucha caza y recolección de cueros de caimán, lagartos, lobo, de todo”, recuerda Fabricano. Por esos años, comerciantes inescrupulosos aprovechaban la ignorancia de los nativos para estafarlos y robarles. Había rescatadores que, ávidos de lucro, invadían cabañas y casas y buscaban cueros hasta debajo de las “chapapas” (camas improvisadas con madera silvestre). “Nos hacían creer que todo lo que era el curso del rio Sécure era de ellos. Otros señalaban porciones del río y nos hacían creer que tenían derecho sobre los ríos. Trataban de amedrentarnos y uno no sabía hasta dónde lo que decían era verdad”. Fue entonces que los comunarios comenzaron a relacionarse con instituciones de Trinidad y otras ciudades y “nos enteramos que el Isiboro-Sécure había sido un Parque Nacional” protegido.
Se enteraron también que había un funcionario dentro del parque para atender el lugar que era ganadero. Como tal, el funcionario autorizaba cacerías y rescataba productos de la zona. “Ahí empezamos a debatir sobre nuestros derechos sobre nuestro territorio”.
En ese tiempo, una persona que recopilaba información sobre los pueblos indígenas le pidió ayuda. Y Fabricano dice que empezó a hacer preguntas a los mayores, y conoció “historias de terror” que los indios no contaban por temor a que se repitieran, como las crueldades que sufrían los mojeños en la recolección de goma y castaña, en el norte, y el martirio de uno de ellos, a quien lo mataron sádicamente: le cortaron la lengua, la nariz, las orejas, para que informase sobre el paradero de nativos rebeldes y que confesase que un cacique había matado al hijo de un prefecto.
APRENDER A CREER
Vista en retrospectiva, la niñez que cuenta Fabricano fue relativamente feliz, incluso cuando los maestros lo obligaban a hincarse sobre granos de arroz o de maíz tras sorprenderlo hablando mojeño-trinitario cuando debía aprender castellano, que para él “era chino”. “Eso lo recuerdo ahora con alegría…porque en la medida en que fui creciendo me hicieron un bien; aunque sea a chicotazos, aprendí a hablar castellano”. Y con orgullo que su voz no esconde dice que vivió “en libertad”.
Tras el servicio militar fue empleado en la Comisión Mixta Boliviano-Argentina que construía un ferrocarril. Al dejar el empleo después de un año recibió una cantidad de dinero que jamás había visto. “Repartí; a mi tío, mi hermana, mi hermano, mi primo, mi tía. No sabía para qué era la plata. No sé si era mucho, pero repartí. Y con el resto, de ocultas, sin avisar a nadie…en diciembre del '73 me vine con un amigo a Santa Cruz en un avión carguero”.
Ya en Santa Cruz, cuenta, el amigo con el que había viajado le robó su dinero. Pero la fortuna no lo abandonó. La señora donde vivía le habló de un taller de mecánica donde buscaban ayudantes. Fabricano dice que convenció al dueño que le diera el trabajo pues, a pesar de no conocer del oficio, tenía una fuerte voluntad. Aprendió el quehacer y en seis meses era jefe de talleres. Tiempo después volvió a San Lorenzo, se estableció y sembró yuca, plátano, arroz y maíz. Para 1983 ya tenía pareja y participaba de la preparación de los festejos de la comunidad, cada 29 de septiembre.
Comenzó entonces a conocer pormenores del funcionamiento de las comunidades en esos parajes. A causa de los festejos, casi todo el poblado tenía deudas. Incluso las cosechas estaban comprometidas. Hizo lo que mejor sabía: coordinar y trabajar juntos. La primera oportunidad se dio con la necesidad de un jefe militar para desmontar un área para construir una franja de aterrizaje. Con hacha y machete, limpiaron el área y en cuatro días tenían suficiente dinero para pagar toda la deuda.
La experiencia fue una lección que agradó a la gente, que hizo de los trabajos comunitarios una rutina, recuerda Fabricano, y la preparó para nuevos emprendimientos. Pronto descubrieron una falla fundamental: para comprar una aspirina o una inyección de penicilina había que viajar 40 kilómetros hasta el lugar más cercano. Dedicaron entonces una cosecha entera de arroz y trasladaron la carga en callapo hasta Trinidad. Dedicaron la paga a comprar medicamentos con los que instalaron una farmacia. “Teníamos todo”, recuerda orgulloso. “Otras comunidades venían para procurar medicinas”. Pronto estaban haciendo trabajos para otras urgencias.
SEMBRANDO DERECHOS
“Los indígenas son madrugadores...hacíamos chacos entre cuatro, cinco, seis personas y se lo dedicábamos a los ancianos. Logramos organizar a las señoras. Se organizaban veinte, treinta; ponían una especie de cuota en gallinas. Nosotros les hacíamos el gallinero y su canchón. Y era una pequeña granja para la economía de las mujeres. Llevaban a Trinidad 100, 150 gallinas…construimos una pista de aterrizaje en el puerto de San Lorenzo para aviones de hasta 500 kilos” que permitían llevar productos a otros lugares. En resumen, dice Fabricano, la responsabilidad económica de la comunidad involucraba a todos “sin pedir a nadie…”
“Dios nos ayudó”, dice, al ensamblar ese y otros episodios para una conclusión: “Entendimos que la tierra prometida es el Isiboro-Sécure (la “Loma Santa” de algunas leyendas indígenas) y comenzamos a reclamar nuestro territorio”. En los anos ’88 y ’89 los nativos trasladaron su experiencia a otras organizaciones y bien pronto la región hervía de comunitarismo. El miedo que experiencias dolorosas del pasado se repitieran desapareció “pues estábamos reclamando un derecho”.
“Hasta 1990 ya habíamos tenido tres reuniones de comunidades con problemas similares que decidieron que “el siguiente paso era lograr que el estado reconociera el territorio y el dominio que sobre él ejercían los nativos”. Los nativos de otras latitudes (en Santa Cruz acababa de nacer la CIDOB) también se organizaban y el movimiento indígena adquiría una dinámica excepcional. ¿Cómo hacerlo? Marchar a pie hasta La Paz y presentar allí el reclamo y legitimar una propiedad que ellos siempre habían considerado suya.
Fabricano ya era líder formal de los nativos, de quienes se había ganado respeto también por algo que parecía un detalle que su gente, sin decirlo, tomó en cuenta: hablaba el mojeño-trinitario del lugar sin avergonzarse (a este punto de la deposición, habla unas frases en ese idioma). En los cuatro encuentros entre comunarios del lugar habían participado representaciones de 54 comunidades y Fabricano quería a todas representadas en la marcha que se iba a iniciar. Eran poco más de 300 personas las reunidas en el atrio de la catedral de Trinidad cuando entre el 25 y 26 de julio de 1990 iniciaron la marcha de 33 días para cubrir 630 kilómetros hasta La Paz. Nunca en Bolivia se había intentado semejante hazaña.
FRENTE A FRENTE
El gobierno que presidía Jaime Paz Zamora percibió tardíamente lo que estaba ocurriendo, o quizá no encontró cómo salir del jaque en extremo delicado de los nativos. La marcha siguió su curso. Sólo al llegar a Yolosa, antes del ascenso hacia las alturas y cuando manifestaciones populares recibían alborozadas a los marchistas Paz Zamora dio un paso que, visto en retrospectiva, fue un gesto audaz y conciliador: Dio encuentro a la marcha a la cabeza de su equipo de gobierno al que se sumaron legisladores. El paso ofrece una marcada diferencia de actitudes entre un gobierno del corte socialdemócrata de Paz Zamora y otro pro marxista del presidente Morales. Veintiún años más tarde, en Chaparina, los marchistas que venían del Tipnis serían brutalmente reprimidos antes de empezar a subir hacia la cumbre. Otra marcha sería sólo meses después, prohibida de ingresar a la Plaza Murillo y sus integrantes gasificados y reprimidos en incidentes que pocas veces habían ocurrido entre la gente de la selva y la policía del gobierno.
En la lógica de Fabricano “la última palabra para resolver nuestros problemas era del presidente”. Paz Zamora les dio encuentro en Yolosa, los escuchó y dictó resoluciones pero no fue suficiente para los nativos, entusiasmados, recuerda Fabricano, con el regocijo de la población a lo largo del trecho final desde Caranavi. Los pobladores se habían volcado a recibirlos. Hasta la Central Obrera Boliviana (COB), dirigida por Víctor López, de la vieja estirpe minera, se movilizó para reunirse con los marchistas.
“Como a las 10 de la mañana (no cita el día, probablemente a fines de agosto) nos reunimos en una cancha. Tras los discursos de bienvenida nos instalamos "frente a frente, de jefe a jefe.” Dice que el presidente les dijo que traía la solución y que intentó disuadirlos de subir a la cumbre. Pero los marchistas, dice Fabricano, querían más que compromisos. Se les ofreció transportarlos hasta La Paz, pero respondieron que llegarían a La Paz caminando. Paz Zamora y sus ministros se retiraron y los marchistas continuaron la travesía.
Cuenta Fabricano: “A medida que subíamos, vino una nube blanquísima por encima de toda la columna y nos siguió y se disipó cuando ya salimos como a una puerta grande, a la cumbre, donde hay una cruz. Ahí se disipó la nube…En la planicie había quechuas y aymaras que nos esperaban. Ahí se confundió todo. Empezamos a estrecharnos en abrazos. Fue emocionante. Era hartísima gente. Se llenó toda la planicie...de ahí nace esto de la unidad y la solidaridad (entre indígenas de la selva y del altiplano).” Invitaron a todos los que habían ido a recibirlos a que se uniesen a la columna para llegar a La Paz. Fue un trecho alegre y musical cubierto incluso jugando fútbol en la vera del camino. “Era la cultura amazónica que llegaba al corazón del poder político de Bolivia.”
El humo blanco que salió de las negociaciones se tradujo en cuatro decretos reconociendo cada uno de los territorios: el Sirionó, el Isiboro, el Multiétnico y la formación de una comisión. “El país –recuerda Fabricano- nos reconocía a todos los pueblos indígenas constitucionalmente, con respeto a todos los pueblos indígenas. Esa fue la marcha de 1990. Gracias a la solidaridad del pueblo boliviano representado por el pueblo de La Paz”.
viernes, 24 de agosto de 2012
Indígenas en pie de guerra contra campesinos paraguayos por tierras
Indígenas de la comunidad Aché Guayakí de Villa Igatimí, a unos 350 km al noreste de Asunción, amenazaron con desalojar con arcos y flechas a supuestos campesinos que ocuparon sus tierras ancestrales si el gobierno no lo hace antes del martes, informó este viernes su abogado defensor a periodistas.
"Una asamblea de la comunidad decidió dar tiempo hasta el lunes al Gobierno para que desaloje a los invasores. En caso que no se produzca, advierten que van a actuar para realizar ellos mismos el desalojo con sus arcos y flechas", expresó el asesor jurídico de la comunidad, Eduardo Bernal, en declaraciones a periodistas.
Bernal precisó que el presidente de Paraguay, Federico Franco, habló con los indígenas el jueves y que los derivó al ministro del Interior, Carmelo Caballero, que no les ofreció explicaciones que les convencieran.
Los indígenas guayakís viven en una colonia llamada por ellos Kuetuwy, en el departamento de Canindeyú. El abogado advirtió que los guayakís "generalmente no retroceden en sus decisiones" y reiteró que "su advertencia debe ser tenida en cuenta por las autoridades".
Bernal señaló que los ocupantes ilegales, que serían comerciantes y traficantes de rollos de madera, "ya deforestaron parte de 100 hectáreas sin que el gobierno intervenga ante las denuncias".
"Una asamblea de la comunidad decidió dar tiempo hasta el lunes al Gobierno para que desaloje a los invasores. En caso que no se produzca, advierten que van a actuar para realizar ellos mismos el desalojo con sus arcos y flechas", expresó el asesor jurídico de la comunidad, Eduardo Bernal, en declaraciones a periodistas.
Bernal precisó que el presidente de Paraguay, Federico Franco, habló con los indígenas el jueves y que los derivó al ministro del Interior, Carmelo Caballero, que no les ofreció explicaciones que les convencieran.
Los indígenas guayakís viven en una colonia llamada por ellos Kuetuwy, en el departamento de Canindeyú. El abogado advirtió que los guayakís "generalmente no retroceden en sus decisiones" y reiteró que "su advertencia debe ser tenida en cuenta por las autoridades".
Bernal señaló que los ocupantes ilegales, que serían comerciantes y traficantes de rollos de madera, "ya deforestaron parte de 100 hectáreas sin que el gobierno intervenga ante las denuncias".
Detienen a un indígena del Tipnis y hay silencio
Raúl Fernando Bustillos, originario perteneciente al Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) fue aprehendido bajo el cargo de abuso deshonesto y fue traslado en avioneta desde el territorio hasta la ciudad de Trinidad (Beni), escoltado por fiscales y miembros de la Fuerza especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de la región.
Pese al hermetismo sobre la detención, se presume que se realizó a consecuencia de su participación en la resistencia instalada en contra de la consulta sobre la construcción de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos.
En este sentido se desconoce a la parte denunciante y las razones claras por las que se habría aprehendido a Bustillos. Sin embargo, también se supo que habría participado del cerco de la comunidad de Gundonovia, evitando el paso de las brigadas que realizan la consulta y por otro lado, también se lo liga, de manera hipotética, con el amedrentamiento a una enfermera en la misma región.
Pese al hermetismo sobre la detención, se presume que se realizó a consecuencia de su participación en la resistencia instalada en contra de la consulta sobre la construcción de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos.
En este sentido se desconoce a la parte denunciante y las razones claras por las que se habría aprehendido a Bustillos. Sin embargo, también se supo que habría participado del cerco de la comunidad de Gundonovia, evitando el paso de las brigadas que realizan la consulta y por otro lado, también se lo liga, de manera hipotética, con el amedrentamiento a una enfermera en la misma región.
jueves, 23 de agosto de 2012
Campesinos denuncian que guarayos alquilan y trafican las tierras de una TCO a extranjeros
El presidente campesino de la comunidad agropecuaria La Luna, René Ruiz, denunció que dirigentes de la Central de Organizaciones de los Pueblos Nativos Guarayos (Copnag), alquilan y trafican tierras de una TCO de Santa Cruz a extranjeros, desde hace diez años.
Según Ruiz la comercialización del territorio indígena oscila desde 70 a 150 dólares la hectárea para el aprovechamiento de recursos naturales como la extracción de madera y minerales que existen en la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) Guarayo, que está entre los municipios Uribichá, Ascensión de Gurayos y una parte de El Puente de la provincia Guarayo.
“Algunos dirigentes de la organización COPNAG transfieren y venden la tierra de la TCO Guarayo a 70 dólares la hectárea y 150 dólares, dependiendo de la ubicación y si está más próxima al camino (…) Venden la tierra a colombianos, brasileños y rusos”, aseveró Ruiz a la Agencia de Noticias Indígenas de Erbol.
Señaló que las tierras también se comercializan desde el 2003 a los campesinos para la actividad agrícola. “A nosotros nos están cobrando desde el 2003, 2005; hasta el 2010 hemos sido extorsionados y eso a la fecha continúa”, indicó.
El campesino dijo que este hecho se denunció al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) de Santa Cruz y al Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, pero no se hizo nada por esclarecer y sancionar a los responsables por tráfico de tierras.
COMERCIALIZACIÓN DESDE 1993
El diputado indígena del pueblo Guarayo, Bienvenido Zacu, reconoció este hecho e indicó que el mismo se registra desde el 1993, cuando el territorio de los indígenas aún no estaba titulado. Según Zacu entonces los indígenas comercializaron sus tierras más próximas a las carreteras a gente ajena al territorio indígena por mil bolivianos.
Se identificó a los habitantes que comercializaron sus propiedades y fueron sancionados, además se sacó ese año una resolución para que no se vuelva a incurrir en este delito, señaló el legislador a la Agencia de Noticias Indígenas de Erbol.
“Reconozco que han vendido (tierras) mis hermanos guarayos, en trayecto de la carretera de Santa Cruz al Beni; eso es lo que se ha reclamado permanentemente, que los indígenas venden sus tierras que están cerca a las carreteras, eso va pasar con el TIPNIS”, manifestó.
Dijo que desconoce que este hecho continúe en la TCO Guarayo, tras la denuncia del dirigente campesino. Adelantó que en los próximos días se ausentará al territorio indígena para conocer la situación real en el lugar, ya que no cuenta con un informe al respecto de parte del COPNAG porque la organización se encuentra dividida.
El proceso de saneamiento de la TCO Guarayo, que inició en 2003, se encuentra en su fase final para la titulación de más de 1.3 millones de hectáreas donde viven aproximadamente 15 mil indígenas, informó Bienvenido Zacu.
Según Ruiz la comercialización del territorio indígena oscila desde 70 a 150 dólares la hectárea para el aprovechamiento de recursos naturales como la extracción de madera y minerales que existen en la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) Guarayo, que está entre los municipios Uribichá, Ascensión de Gurayos y una parte de El Puente de la provincia Guarayo.
“Algunos dirigentes de la organización COPNAG transfieren y venden la tierra de la TCO Guarayo a 70 dólares la hectárea y 150 dólares, dependiendo de la ubicación y si está más próxima al camino (…) Venden la tierra a colombianos, brasileños y rusos”, aseveró Ruiz a la Agencia de Noticias Indígenas de Erbol.
Señaló que las tierras también se comercializan desde el 2003 a los campesinos para la actividad agrícola. “A nosotros nos están cobrando desde el 2003, 2005; hasta el 2010 hemos sido extorsionados y eso a la fecha continúa”, indicó.
El campesino dijo que este hecho se denunció al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) de Santa Cruz y al Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, pero no se hizo nada por esclarecer y sancionar a los responsables por tráfico de tierras.
COMERCIALIZACIÓN DESDE 1993
El diputado indígena del pueblo Guarayo, Bienvenido Zacu, reconoció este hecho e indicó que el mismo se registra desde el 1993, cuando el territorio de los indígenas aún no estaba titulado. Según Zacu entonces los indígenas comercializaron sus tierras más próximas a las carreteras a gente ajena al territorio indígena por mil bolivianos.
Se identificó a los habitantes que comercializaron sus propiedades y fueron sancionados, además se sacó ese año una resolución para que no se vuelva a incurrir en este delito, señaló el legislador a la Agencia de Noticias Indígenas de Erbol.
“Reconozco que han vendido (tierras) mis hermanos guarayos, en trayecto de la carretera de Santa Cruz al Beni; eso es lo que se ha reclamado permanentemente, que los indígenas venden sus tierras que están cerca a las carreteras, eso va pasar con el TIPNIS”, manifestó.
Dijo que desconoce que este hecho continúe en la TCO Guarayo, tras la denuncia del dirigente campesino. Adelantó que en los próximos días se ausentará al territorio indígena para conocer la situación real en el lugar, ya que no cuenta con un informe al respecto de parte del COPNAG porque la organización se encuentra dividida.
El proceso de saneamiento de la TCO Guarayo, que inició en 2003, se encuentra en su fase final para la titulación de más de 1.3 millones de hectáreas donde viven aproximadamente 15 mil indígenas, informó Bienvenido Zacu.
Reunión con Cidob paralela fue para “ignorar” atropellos a los indígenas
El primer mandatario posa con la dirigencia oficialista delegada de la Cidob en las gradas de Palacio de Gobierno. La dirigencia aún vigente no pudo ingresar ni siquiera a Plaza Murillo con el desarrollo de la novena marcha indígena.
El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, informó que el Gobierno acordó una agenda de trabajo con los directivos de la llamada “Cidob paralela”, cuyos miembros tendrían vínculos con el partido de Gobierno. Esta agenda de trabajo sería con miras al año 2025.
“En esta reunión se han tratado aspectos relacionados al fortalecimiento de la Cidob, toda vez que ha sido desmantelada por los anteriores dirigentes. Se ha dado un distanciamiento pero no por parte de todos los pueblos indígenas sino por parte de algunos dirigentes”, dijo Quintana.
La autoridad agregó que la reunión tuvo el objetivo de retomar la agenda con los pueblos indígenas, respecto a los proyectos de desarrollo y la consolidación del control de las Tierras Comunitarias de Origen (TCO’s), principalmente.
A su turno, el presidente de la Subcentral Sécure, Emilio Noza, lamentó que el Gobierno insista en reunirse con directivos no elegidos orgánicamente. Además observó una intención del Ejecutivo de quizá crear nuevas estrategias para lograr un mayor apoyo en el proceso de consulta.
“Esa directiva no es legítima, es un atropello a los pueblos indígenas porque el Gobierno sigue dividiendo a los pueblos indígenas y pretende ignorar los delitos que ha cometido con nosotros los pueblos indígenas. Si quizá pretenden consolidar la consulta, adelantamos que mañana (viernes) en Puerto San Lorenzo daremos una conferencia de prensa donde anunciaremos los resultados de la resistencia”, dijo.
En tanto, quien funge ahora como presidenta designada de la Cidob, Melva Hurtado, afirmó que la reunión fue solicitada por sus afines a lo que el Ejecutivo respondió positivamente, con el objetivo de “refundar” la relación entre los indígenas y el Gobierno.
Los guaraníes del Chaco de Tarija
Anunciaron el inicio de un bloqueo en la ruta internacional Yacuiba-Santa Cruz, en demanda de la consulta para autorizar la construcción de la planta separadora de líquidos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en esa región. La red Erbol señaló que la medida se comenzará el próximo 25 de agosto.
El Conamaq anuncia toma de sedes del INE
La organización indígena exige que se incluyan a las naciones originarias en la boleta.
El Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq) anunció que el lunes 27 de agosto, iniciará la toma de las oficinas del Instituto Nacional de Estadística (INE) en todos los departamentos, a fin de ejercer presión para exigir que se incluyan a 16 naciones originarias que no están incluidas en la boleta del Censo Nacional de Población y Vivienda que se efectuará el próximo 21 de noviembre.
El pasado miércoles 8 se presentó la boleta censal que está compuesta por 49 preguntas. El inciso 23 inquiere sobre la identificación cultural de las personas con una de 36 nacionalidades.
Las Movilizaciones. El dirigente del Conamaq, Juan Guarayos, indicó que durante cuatro meses mantuvieron reuniones con autoridades del Gobierno para definir las preguntas de la encuesta, pero los acuerdos no se respetaron.
“Los ayllus vamos a tomar las oficinas departamentales del INE, y después a nivel nacional; vamos a ocupar la oficina central de La Paz”.
También señaló que su sector protagonizará hoy una marcha y un plantón frente al Ministerio de Planificación.
INCUMPLIMIENTO. Por su parte, el asesor del Conamaq, Rafael Quispe, indicó que las medidas que ejecutarán los ayllus son resultado del incumplimiento de los aspectos políticos y jurídicos en la boleta.
“Con el Censo se está incumpliendo el aspecto jurídico por que la Constitución reconoce a todas las naciones originarias anteriores a la colonia, no sólo a unas cuantas”.
22 organizaciones sociales aprobaron la papeleta del Censo, según el Ministerio de Planificación del Desarrollo.
El Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq) anunció que el lunes 27 de agosto, iniciará la toma de las oficinas del Instituto Nacional de Estadística (INE) en todos los departamentos, a fin de ejercer presión para exigir que se incluyan a 16 naciones originarias que no están incluidas en la boleta del Censo Nacional de Población y Vivienda que se efectuará el próximo 21 de noviembre.
El pasado miércoles 8 se presentó la boleta censal que está compuesta por 49 preguntas. El inciso 23 inquiere sobre la identificación cultural de las personas con una de 36 nacionalidades.
Las Movilizaciones. El dirigente del Conamaq, Juan Guarayos, indicó que durante cuatro meses mantuvieron reuniones con autoridades del Gobierno para definir las preguntas de la encuesta, pero los acuerdos no se respetaron.
“Los ayllus vamos a tomar las oficinas departamentales del INE, y después a nivel nacional; vamos a ocupar la oficina central de La Paz”.
También señaló que su sector protagonizará hoy una marcha y un plantón frente al Ministerio de Planificación.
INCUMPLIMIENTO. Por su parte, el asesor del Conamaq, Rafael Quispe, indicó que las medidas que ejecutarán los ayllus son resultado del incumplimiento de los aspectos políticos y jurídicos en la boleta.
“Con el Censo se está incumpliendo el aspecto jurídico por que la Constitución reconoce a todas las naciones originarias anteriores a la colonia, no sólo a unas cuantas”.
22 organizaciones sociales aprobaron la papeleta del Censo, según el Ministerio de Planificación del Desarrollo.
miércoles, 22 de agosto de 2012
Guaraníes advierten bloqueo por falta de consulta para construcción de planta
-Los guaraníes del Chaco del departamento de Tarija advierten con iniciar un bloqueo de camino en la ruta internacional Yacuiba-Santa Cruz en demanda de la consulta sobre la construcción de una planta separadora de líquidos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en esa región, informó el dirigente Jorge Mendoza.
Mendoza señaló que esperarán a autoridades de gobierno y representantes de YPFB para iniciar el diálogo y buscar una solución a este tema, antes de asumir la medida de presión.
“Lo que se ha determinado es convocar nuevamente al gobierno, en este caso al mismo ministro de Hidrocarburos (Juan José Sosa) y de Gobierno para dar una solución definitiva a lo que es la planta separadora de líquidos”, declaró el indígena a radio Aclo de Erbol.
Indicó que la reunión está programada para las 14.00 horas de este miércoles en Yacuiba, caso contrario se iniciará la toma de los predios de la planta. Adelantó que si las demandas de los indígenas del Chaco tarijeño no son atendidas se iniciará un bloqueo de caminos indefinido.
Mendoza señaló que esperarán a autoridades de gobierno y representantes de YPFB para iniciar el diálogo y buscar una solución a este tema, antes de asumir la medida de presión.
“Lo que se ha determinado es convocar nuevamente al gobierno, en este caso al mismo ministro de Hidrocarburos (Juan José Sosa) y de Gobierno para dar una solución definitiva a lo que es la planta separadora de líquidos”, declaró el indígena a radio Aclo de Erbol.
Indicó que la reunión está programada para las 14.00 horas de este miércoles en Yacuiba, caso contrario se iniciará la toma de los predios de la planta. Adelantó que si las demandas de los indígenas del Chaco tarijeño no son atendidas se iniciará un bloqueo de caminos indefinido.
domingo, 19 de agosto de 2012
El desafío es ser sostenibles
Dale a un hombre un pez y comerá un día; enséñale a pescar y comerá siempre. Este viejo proverbio cuyo autor ha quedado en el anonimato, resume como si hubiera sido escrito ayer, el desafío más importante, y el cuestionante más recurrente entre técnicos y detractores de la labor de asistencia social que realizan las organizaciones no gubernamentales en el país: su autosostenibilidad.
Para ponerlo a prueba no hace falta irse tan lejos. Solo basta con dejarse atrapar por la muralla de casas de barro y calamina que se alzan en la comunidad ayorea Degüi, ubicada en el séptimo anillo por la zona de la Villa Primero de Mayo, y ver el resultado de ocho años de ayuda y capacitación por parte de una de ellas.
La comunidad. Degüi es una aldea atrapada en la ciudad. Los 400 ayoreos que viven apretados en un espacio que no supera los 200 metros cuadrados cuentan una historia de traslados que comienza en 1985. Estuvieron en la plazuela Blacutt, luego los movieron a la avenida Brasil y tercer anillo donde se encuentra la generadora de electricidad Guaracachi. Finalmente llegaron al lugar que habitan ahora, y ya no quieren moverse. Es por eso que en 2004 acudieron a la organización de Apoyo Para el Campesino Indígena del Oriente Boliviano (Apcob), una institución no gubernamental con 30 años de historia de trabajo con pueblos indígenas.
El proyecto. Para iniciar un trabajo de asistencia social se deben seguir varios pasos, explica Lenny Rodríguez, la responsable de este proyecto. "Se requieren primero cuatro meses de estudio. Posteriormente se identifican las necesidades; en este caso seguridad jurídica, educación, salud, trabajo y documentos de identidad". A partir de ese momento se elabora la propuesta, se considera, se analiza su viabilidad (social y cultural) y se la aprueba. Debe venir vinculada con la normativa pública. También se requiere definir la fuente del financiamiento, pero sobre esto no tiene autorización para hablar de montos.
Algunos resultados. Degüi es una comunidad cuyas construcciones se deben al apoyo de instituciones como Apcob. Apenas se ingresa puede encontrarse una Iglesia financiada por la Misión Evangélica Sudamericana; la escuela que también funciona como nocturna y la guardería construidas por Apcob, e incluso la barda que rodea la pequeña comunidad tuvo financiamiento externo. En este caso Hábitat. Julia Chiqueno, profesora y residente de la comunidad, es encargada de coordinar los proyectos. Asegura que la asistencia es importante, y considera que es difícil imaginar que sería de la comunidad sin la misma. Pese a esto, observa que algunos problemas no se han solucionado. Tal es el caso del idioma. "Es uno de los grandes problemas. A causa de ellos muchos visitantes tienen problemas porque no logran comunicarse. A fines de los '80 una ONG trató de impartir la enseñanza, no obstante ante los pocos resultados dejó de lado el proyecto", explica.
Continuidad. La coordinadora de Apcop explica que el financiamiento para Degüi concluye en 2013. A partir de allí se espera que las iniciativas sean autosostenibles por sí mismas. Destaca por ejemplo el hecho que una comunaria, Julia, ya se haga cargo de la mayoría de los procesos. Ese es uno de los objetivos, formar liderazgos. Lo segundo que destaca es que la infraestructura escolar ya cuenta con ítems para docentes otorgados por el Servicio Departamental de Educación (Seduca). “Todo proyecto de ONG espera posteriormente complementarse por la parte estatal”, explica.
Reglamentación. A diciembre de 2011, el Gobierno había identificado 2.175 Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) operando en Bolivia, de las cuales alrededor de 144 son extranjeras. Solo en Santa Cruz, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), cuenta alrededor de 60. "Todos los fondos que llegan son presentados ante el Ministerio de Economía. Se presentan memorias anuales, reportes y auditorías a Impuestos Nacionales", señala Rodríguez.
Sin embargo, desde diciembre del año pasado se ha conformado una Comisión Parlamentaria para Investigarlas. La diputada del MAS, Betty Tejada, considera que existen muchas que operan de manera "ilegal". “No es que generalice. Pero existe un sinfín de organizaciones con programas que hasta la fecha no han demostrado ningún resultado sostenible", observa. La autoridad asegura que sumando a nivel nacional y municipal existen 5.000, por ello adelanta que a fines de agosto se establecerá una reunión con el presidente Evo Morales, para presentar los primeros diagnósticos de evaluación.
Ser o no ser sostenibles. En ese sentido, el director de la Fundación Unir, Álvaro Puente, opina que no todas pueden ser sustentables. "Por ejemplo, no es pensable ese criterio para un programa de alfabetización de adultos. Si se alfabetiza el problema se reduce y en eso consiste", opina. En el caso de la institución que dirige señala que su trabajo consiste en la prevención y solución de conflictos. Para asegurarse resultados, invitan a expertos internacionales que organizan talleres con profesores y funcionarios públicos. Un caso diferente a la Fundación de Hombres Nuevos, dirigida por Nicolás Castellanos, quien asegura que el 80% de su obra es autosostenible. "Desde que llegamos hace 20 años hemos construido más de 100 escuelas, formado 45 microempresas, 10 iglesias, cañerías y pozos de agua. Incluso llegado a poblaciones como La Guardia, San Julián y El Alto", señala. Además desde lo cultural la Fundación ha impulsado la construcción de la Escuela de Teatro y la Orquesta Sinfónica. "Y ese otro 20% que nos falta, depende de políticas nacionales y municipales. Es injusto que toda esa ayuda sea extranjera, y de algunos empresarios locales”, dice.
¿Opositores? "No tenemos pensamiento político, solo social. Cuando vemos que en el Plan 3.000 hay muchos niños en la pobreza y el presidente Evo Morales está comprando un avión, no nos quedamos callados. Pero somos críticos, no opuestos", opina Castellanos. De la misma manera, a la hora de referirse a la política, Puente asegura que no tienen un lineamiento político. "Hemos cuestionado cuando ocurrieron actos de violencia en el Tipnis. También ante la inquietud por carencias en sectores no atendidos. Pero lo hacemos para aportar y superar nuestra condición actual", dice.
Sin embargo, Helena Argirakis, cientista política, opina que es el tiempo de debatir el rol actual que cumplen estas instituciones. "Están desfasados. Con el retorno del protagonismo del Estado en atender a sectores históricamente marginados, no queda claro cuál es su función a partir de ahora", señala.
Eobre el pueblo ayoreo
Los ayoreos son un pueblo indígena del Chaco Boreal que proviene de la zona fronteriza entre el Paraguay y Bolivia. Hasta mediados del siglo XX ocupaban un territorio de 300.000 kilómetros cuadrados delimitado por los ríos Paraguay, Pilcomayo, Parapetí y Grande. Se agrupan en diez comunidades en nuestro país (Zapocó, Poza Verde, Puesto Paz, Guidai Ichai, Santa Teresita, Tobita, Urucú, Motacú, Rincón del Tigre, Belén) en las provincias Germán Busch y Chiquitos con un total de 1.700 personas. En el vecino país se agrupan en tres (Arocojnadi, Chaidi y Campo Loro). Son un pueblo cazador-recolector también dedicados a pesca y agricultura. En las ciudades son observados por vivir de la mendicidad, y prostitución.
Los cálculos del Gobierno
De acuerdo a cifras oficiales a diciembre de 2011, la extrema pobreza en el ámbito urbano y rural se redujo. Pasó de 24% en ciudades, a 4%; y del 63% a 43% en el campo. Bajo este criterio el ministro de Economía, Luis Arce, asegura que es un "objetivo posible" eliminar la extrema pobreza en un plazo de 12 años. Para lograrlo Bolivia tendría que experimentar un crecimiento sostenido del 10% anual del Producto Interno Bruto (PIB). Cifra que no se alcanzará este año ya que el crecimiento estimado es 5,5%.
El vicepresidente para la región del Banco Mundial (BM), Hasan Tuluy, calificó como "sólidos" los programas de alivio a la pobreza. Al mismo tiempo firmó una Alianza Estratégica 2012−2015, que coloca $us 450 millones en cartera para 13 proyectos de desarrollo rural.
Para ponerlo a prueba no hace falta irse tan lejos. Solo basta con dejarse atrapar por la muralla de casas de barro y calamina que se alzan en la comunidad ayorea Degüi, ubicada en el séptimo anillo por la zona de la Villa Primero de Mayo, y ver el resultado de ocho años de ayuda y capacitación por parte de una de ellas.
La comunidad. Degüi es una aldea atrapada en la ciudad. Los 400 ayoreos que viven apretados en un espacio que no supera los 200 metros cuadrados cuentan una historia de traslados que comienza en 1985. Estuvieron en la plazuela Blacutt, luego los movieron a la avenida Brasil y tercer anillo donde se encuentra la generadora de electricidad Guaracachi. Finalmente llegaron al lugar que habitan ahora, y ya no quieren moverse. Es por eso que en 2004 acudieron a la organización de Apoyo Para el Campesino Indígena del Oriente Boliviano (Apcob), una institución no gubernamental con 30 años de historia de trabajo con pueblos indígenas.
El proyecto. Para iniciar un trabajo de asistencia social se deben seguir varios pasos, explica Lenny Rodríguez, la responsable de este proyecto. "Se requieren primero cuatro meses de estudio. Posteriormente se identifican las necesidades; en este caso seguridad jurídica, educación, salud, trabajo y documentos de identidad". A partir de ese momento se elabora la propuesta, se considera, se analiza su viabilidad (social y cultural) y se la aprueba. Debe venir vinculada con la normativa pública. También se requiere definir la fuente del financiamiento, pero sobre esto no tiene autorización para hablar de montos.
Algunos resultados. Degüi es una comunidad cuyas construcciones se deben al apoyo de instituciones como Apcob. Apenas se ingresa puede encontrarse una Iglesia financiada por la Misión Evangélica Sudamericana; la escuela que también funciona como nocturna y la guardería construidas por Apcob, e incluso la barda que rodea la pequeña comunidad tuvo financiamiento externo. En este caso Hábitat. Julia Chiqueno, profesora y residente de la comunidad, es encargada de coordinar los proyectos. Asegura que la asistencia es importante, y considera que es difícil imaginar que sería de la comunidad sin la misma. Pese a esto, observa que algunos problemas no se han solucionado. Tal es el caso del idioma. "Es uno de los grandes problemas. A causa de ellos muchos visitantes tienen problemas porque no logran comunicarse. A fines de los '80 una ONG trató de impartir la enseñanza, no obstante ante los pocos resultados dejó de lado el proyecto", explica.
Continuidad. La coordinadora de Apcop explica que el financiamiento para Degüi concluye en 2013. A partir de allí se espera que las iniciativas sean autosostenibles por sí mismas. Destaca por ejemplo el hecho que una comunaria, Julia, ya se haga cargo de la mayoría de los procesos. Ese es uno de los objetivos, formar liderazgos. Lo segundo que destaca es que la infraestructura escolar ya cuenta con ítems para docentes otorgados por el Servicio Departamental de Educación (Seduca). “Todo proyecto de ONG espera posteriormente complementarse por la parte estatal”, explica.
Reglamentación. A diciembre de 2011, el Gobierno había identificado 2.175 Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) operando en Bolivia, de las cuales alrededor de 144 son extranjeras. Solo en Santa Cruz, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), cuenta alrededor de 60. "Todos los fondos que llegan son presentados ante el Ministerio de Economía. Se presentan memorias anuales, reportes y auditorías a Impuestos Nacionales", señala Rodríguez.
Sin embargo, desde diciembre del año pasado se ha conformado una Comisión Parlamentaria para Investigarlas. La diputada del MAS, Betty Tejada, considera que existen muchas que operan de manera "ilegal". “No es que generalice. Pero existe un sinfín de organizaciones con programas que hasta la fecha no han demostrado ningún resultado sostenible", observa. La autoridad asegura que sumando a nivel nacional y municipal existen 5.000, por ello adelanta que a fines de agosto se establecerá una reunión con el presidente Evo Morales, para presentar los primeros diagnósticos de evaluación.
Ser o no ser sostenibles. En ese sentido, el director de la Fundación Unir, Álvaro Puente, opina que no todas pueden ser sustentables. "Por ejemplo, no es pensable ese criterio para un programa de alfabetización de adultos. Si se alfabetiza el problema se reduce y en eso consiste", opina. En el caso de la institución que dirige señala que su trabajo consiste en la prevención y solución de conflictos. Para asegurarse resultados, invitan a expertos internacionales que organizan talleres con profesores y funcionarios públicos. Un caso diferente a la Fundación de Hombres Nuevos, dirigida por Nicolás Castellanos, quien asegura que el 80% de su obra es autosostenible. "Desde que llegamos hace 20 años hemos construido más de 100 escuelas, formado 45 microempresas, 10 iglesias, cañerías y pozos de agua. Incluso llegado a poblaciones como La Guardia, San Julián y El Alto", señala. Además desde lo cultural la Fundación ha impulsado la construcción de la Escuela de Teatro y la Orquesta Sinfónica. "Y ese otro 20% que nos falta, depende de políticas nacionales y municipales. Es injusto que toda esa ayuda sea extranjera, y de algunos empresarios locales”, dice.
¿Opositores? "No tenemos pensamiento político, solo social. Cuando vemos que en el Plan 3.000 hay muchos niños en la pobreza y el presidente Evo Morales está comprando un avión, no nos quedamos callados. Pero somos críticos, no opuestos", opina Castellanos. De la misma manera, a la hora de referirse a la política, Puente asegura que no tienen un lineamiento político. "Hemos cuestionado cuando ocurrieron actos de violencia en el Tipnis. También ante la inquietud por carencias en sectores no atendidos. Pero lo hacemos para aportar y superar nuestra condición actual", dice.
Sin embargo, Helena Argirakis, cientista política, opina que es el tiempo de debatir el rol actual que cumplen estas instituciones. "Están desfasados. Con el retorno del protagonismo del Estado en atender a sectores históricamente marginados, no queda claro cuál es su función a partir de ahora", señala.
Eobre el pueblo ayoreo
Los ayoreos son un pueblo indígena del Chaco Boreal que proviene de la zona fronteriza entre el Paraguay y Bolivia. Hasta mediados del siglo XX ocupaban un territorio de 300.000 kilómetros cuadrados delimitado por los ríos Paraguay, Pilcomayo, Parapetí y Grande. Se agrupan en diez comunidades en nuestro país (Zapocó, Poza Verde, Puesto Paz, Guidai Ichai, Santa Teresita, Tobita, Urucú, Motacú, Rincón del Tigre, Belén) en las provincias Germán Busch y Chiquitos con un total de 1.700 personas. En el vecino país se agrupan en tres (Arocojnadi, Chaidi y Campo Loro). Son un pueblo cazador-recolector también dedicados a pesca y agricultura. En las ciudades son observados por vivir de la mendicidad, y prostitución.
Los cálculos del Gobierno
De acuerdo a cifras oficiales a diciembre de 2011, la extrema pobreza en el ámbito urbano y rural se redujo. Pasó de 24% en ciudades, a 4%; y del 63% a 43% en el campo. Bajo este criterio el ministro de Economía, Luis Arce, asegura que es un "objetivo posible" eliminar la extrema pobreza en un plazo de 12 años. Para lograrlo Bolivia tendría que experimentar un crecimiento sostenido del 10% anual del Producto Interno Bruto (PIB). Cifra que no se alcanzará este año ya que el crecimiento estimado es 5,5%.
El vicepresidente para la región del Banco Mundial (BM), Hasan Tuluy, calificó como "sólidos" los programas de alivio a la pobreza. Al mismo tiempo firmó una Alianza Estratégica 2012−2015, que coloca $us 450 millones en cartera para 13 proyectos de desarrollo rural.
Una comunidad es legal en el TIPNIS si tiene más de 5 años
Para reconocer una comunidad dentro del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), el nuevo asentamiento tiene que tener al menos cinco años de antigüedad y los únicos que lo pueden reconocer son los corregidores de la zona.
Así lo manifestó Adolfo Moye, ex presidente de la Subcentral TIPNIS, luego de que se conociera que al menos representantes de tres nuevas poblaciones se habrían acercado a las brigadas que realizan la consulta dentro de esa reserva natural, para pedir que se les tome en cuenta como comunidad nueva en ese proceso impulsado por el Gobierno.
“Hay requisitos para poder reconocer a una comunidad nueva. Entre ellos, según nuestras costumbres, cada población tiene que cumplir un tiempo de creación de la comunidad. Por lo menos tiene que tener cinco años para asegurar que va a ser una comunidad estable”, aseguró.
En ese sentido, manifestó que ningún nuevo asentamiento puede ser reconocido de un año para otro, si no que tiene que pasar un tiempo hasta que se organice, tenga su propio cabildo, incluso, construya su iglesia y su escuela. “Estas acciones caracterizan claramente a una nueva comunidad”, precisó.
Apuntó que el Gobierno no tiene la potestad de legitimar las comunidades y aclaró que para ser reconocidas se necesita de una solicitud de afiliación dirigida a la Subcentral TIPNIS, que es la representante y acreedora del título de la Tierra Comunitaria de Origen de esa reserva natural, y debatirla en un encuentro de corregidores.
Por su parte, el director nacional del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (SIFDE), Juan Carlos Pinto, informó el miércoles sobre la aparición de tres nuevas comunidades que solicitaron al Ejecutivo, que lleva adelante la consulta, su incorporación al proceso.
Manifestó que dos de estas nuevas comunidades se encontrarían en la zona norte y la otra cerca del Polígono 7, zona copada por colonizadores.
Por su parte, Moye señaló que esas comunidades, que aparecen ahora, son totalmente ilegales y aseguró conocer que dentro del TIPNIS existen 64 comunidades y hay otras dos: Nueva Trinidad (por el río Ichoa) y Villa Nueva que recién, hace dos años, pidieron su reconocimiento y fueron aceptadas.
Así lo manifestó Adolfo Moye, ex presidente de la Subcentral TIPNIS, luego de que se conociera que al menos representantes de tres nuevas poblaciones se habrían acercado a las brigadas que realizan la consulta dentro de esa reserva natural, para pedir que se les tome en cuenta como comunidad nueva en ese proceso impulsado por el Gobierno.
“Hay requisitos para poder reconocer a una comunidad nueva. Entre ellos, según nuestras costumbres, cada población tiene que cumplir un tiempo de creación de la comunidad. Por lo menos tiene que tener cinco años para asegurar que va a ser una comunidad estable”, aseguró.
En ese sentido, manifestó que ningún nuevo asentamiento puede ser reconocido de un año para otro, si no que tiene que pasar un tiempo hasta que se organice, tenga su propio cabildo, incluso, construya su iglesia y su escuela. “Estas acciones caracterizan claramente a una nueva comunidad”, precisó.
Apuntó que el Gobierno no tiene la potestad de legitimar las comunidades y aclaró que para ser reconocidas se necesita de una solicitud de afiliación dirigida a la Subcentral TIPNIS, que es la representante y acreedora del título de la Tierra Comunitaria de Origen de esa reserva natural, y debatirla en un encuentro de corregidores.
Por su parte, el director nacional del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (SIFDE), Juan Carlos Pinto, informó el miércoles sobre la aparición de tres nuevas comunidades que solicitaron al Ejecutivo, que lleva adelante la consulta, su incorporación al proceso.
Manifestó que dos de estas nuevas comunidades se encontrarían en la zona norte y la otra cerca del Polígono 7, zona copada por colonizadores.
Por su parte, Moye señaló que esas comunidades, que aparecen ahora, son totalmente ilegales y aseguró conocer que dentro del TIPNIS existen 64 comunidades y hay otras dos: Nueva Trinidad (por el río Ichoa) y Villa Nueva que recién, hace dos años, pidieron su reconocimiento y fueron aceptadas.
viernes, 17 de agosto de 2012
Conamaq anuncia que no participará en el censo
Los indígenas de tierras altas anunciaron que no participarán en el Censo de Población y Vivienda que se efectuará el 21 de noviembre debido a que sus nacionalidades no fueron incluidas en la boleta censal que se utilizará para ese cometido.
“En vez de construir el Estado Plurinacional, el censo de 2012 va a construir una república neocolonial que está dejando de lado la existencia de los pueblos indígenas originarios”, opinó David Crispín, mallku del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq).
Informó que las nacionalidades del departamento de Chuquisaca harán conocer en los próximos días sus observaciones al Instituto Nacional de Estadística (INE), que ejecutará el censo. Creen que el Gobierno incumplió con el acta de compromiso que firmó en 2011 con esa organización.
Ese acuerdo destacaba el reconocimiento de al menos 50 pueblos de tierras altas y bajas del país para la participación en el censo nacional.
El artículo 5 de la Constitución reconoce idiomas de 36 nacionalidades, pero no a sus naciones.
El dirigente dijo que después de una reunión entre el Conamaq y la ministra de Planificación del Desarrollo, Viviana Caro, se descartó hacer modificaciones a la boleta censal.
“La boleta censal tal cual está es una boleta totalmente discriminatoria y totalmente excluyente y discriminadora a los pueblos indígenas originarios; entonces, en ese marco, la señora ministra tiene una posición definida en la que dice que no va a retroceder en la corrección de la boleta”, declaró.
“En vez de construir el Estado Plurinacional, el censo de 2012 va a construir una república neocolonial que está dejando de lado la existencia de los pueblos indígenas originarios”, opinó David Crispín, mallku del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq).
Informó que las nacionalidades del departamento de Chuquisaca harán conocer en los próximos días sus observaciones al Instituto Nacional de Estadística (INE), que ejecutará el censo. Creen que el Gobierno incumplió con el acta de compromiso que firmó en 2011 con esa organización.
Ese acuerdo destacaba el reconocimiento de al menos 50 pueblos de tierras altas y bajas del país para la participación en el censo nacional.
El artículo 5 de la Constitución reconoce idiomas de 36 nacionalidades, pero no a sus naciones.
El dirigente dijo que después de una reunión entre el Conamaq y la ministra de Planificación del Desarrollo, Viviana Caro, se descartó hacer modificaciones a la boleta censal.
“La boleta censal tal cual está es una boleta totalmente discriminatoria y totalmente excluyente y discriminadora a los pueblos indígenas originarios; entonces, en ese marco, la señora ministra tiene una posición definida en la que dice que no va a retroceder en la corrección de la boleta”, declaró.
jueves, 16 de agosto de 2012
¿Nuevas comunidades?
El director nacional del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (SIFDE), organismo dependiente del Tribunal Supremo Electoral, Juan Carlos Pinto, afirmó que en el trabajo de observación a la consulta que realizan las 15 brigadas del Tribunal Supremo Electoral (TSE) se evidenció la existencia de tres nuevas comunidades al interior del Tipnis. De acuerdo a los datos proporcionados por la autoridad, estos grupos poblacionales serían indígenas y no así colonizadores, por lo cual reunirían todas las características necesarias para ser contempladas en el proceso de posconsulta, aunque el Ministerio de Obras Públicas tendría que tomar una determinación definitiva al respecto.
¿Una ampliación? La máxima autoridad del SIFDE también aseguró que no debería contemplarse un tiempo límite para la realización de este proceso, ante la disconformidad de algunos originarios que piden el cumplimiento del fallo constitucional que manda buscar consensos.
Sobre el avance del proceso, Pinto detalló que hasta el momento se logró consultar a 29 comunidades. Cuatro grupos de observación del TSE ya finalizaron el trabajo, dos del lado de Cochabamba y la misma cantidad en Beni, ocho equipos se encontrarían todavía al interior del Tipnis, y tres grupos, en la región de Gundonovia, aún no iniciaron su labor.
¿Modificar la ley? El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Wilfredo Ovando, aclaró, por su parte, que cualquier ampliación a la consulta para la construcción o no de una carretera por el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) debe pasar por la modificación de la Ley 222.
"Cualquier modificación de programas sobre la consulta, corresponde al Órgano Ejecutivo en coordinación con los pueblos indígenas y en caso de requerirse esa ampliación tiene que pasar por la modificación de la Ley 222", explicó a los periodistas.
Ovando se refirió al tema, en alusión a versiones difundidas por los medios, que anunciaron que algunos pueblos de tierras bajas solicitarán una "ampliación" de tiempo para la consulta, para abarcar a todas las comunidades de esa región del país.
¿Una ampliación? La máxima autoridad del SIFDE también aseguró que no debería contemplarse un tiempo límite para la realización de este proceso, ante la disconformidad de algunos originarios que piden el cumplimiento del fallo constitucional que manda buscar consensos.
Sobre el avance del proceso, Pinto detalló que hasta el momento se logró consultar a 29 comunidades. Cuatro grupos de observación del TSE ya finalizaron el trabajo, dos del lado de Cochabamba y la misma cantidad en Beni, ocho equipos se encontrarían todavía al interior del Tipnis, y tres grupos, en la región de Gundonovia, aún no iniciaron su labor.
¿Modificar la ley? El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Wilfredo Ovando, aclaró, por su parte, que cualquier ampliación a la consulta para la construcción o no de una carretera por el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) debe pasar por la modificación de la Ley 222.
"Cualquier modificación de programas sobre la consulta, corresponde al Órgano Ejecutivo en coordinación con los pueblos indígenas y en caso de requerirse esa ampliación tiene que pasar por la modificación de la Ley 222", explicó a los periodistas.
Ovando se refirió al tema, en alusión a versiones difundidas por los medios, que anunciaron que algunos pueblos de tierras bajas solicitarán una "ampliación" de tiempo para la consulta, para abarcar a todas las comunidades de esa región del país.
Pueblos indígenas defienden su territorio en Colombia
Los campesinos e indígenas concentrados desde hace una semana en la playa del río El Pescador en Huila exigieron ayer al Gobierno de Colombia que ponga fin a lo que consideran un “abuso de fuerza” de la Policía, que el lunes protagonizó una represión que dejó 25 heridos.
El llamado Movimiento por la Liberación de la Madre Tierra, que congrega al Comité Regional Indígenas del Huila (Crihu) y a la Asociación de Afectados por el proyecto hidroeléctrico El Quimbo (Asoquimbo), expuso en un comunicado: “A pesar de la respuesta de la represión del Gobierno, resistimos con dignidad”.
Estos manifestantes, que suman 2.500 según sus cuentas, piden que el ministro colombiano del Interior, Federico Renjifo, entable un diálogo directo con ellos para buscar soluciones a sus problemas sociales derivados del conflicto armado colombiano y reconsiderar los planes energéticos en la región del Huila.
“Los participantes de la minga se mantienen en asamblea permanente por la defensa del territorio, el río Magdalena, el Macizo Colombiano, el páramo de Miraflores y las comunidades afectadas por los megaproyectos”, indica el comunicado.
Asimismo, solicitan la cancelación de la licencia para la filial Emgesa, con capital español e italiano, para la construcción de una hidroeléctrica sobre el río Magdalena; el fin de los estudios de Hidrochina para construir nueve embalses más, y denuncian los daños sociales y medioambientales de la extracción de crudo por parte de la petrolera china Emerald Energy.
Defensa de soberanía
El Gobierno de Juan Manuel Santos identificó como uno de los motores de la economía el sector minero-energético a través de la inversión extranjera, lo que este grupo entiende como una forma de “usurpar la soberanía y riquezas del país para entregarlas a las multinacionales”.
Los indígenas y campesinos bloquearon el lunes por tercera vez una vía que une el departamento del Huila con el Caquetá y el Cauca, en protesta porque el Gobierno “no se sienta a hablar con los indígenas en ninguna parte del país”.
El Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía Nacional (Esmad) llegó entonces a desalojar la concentración, y como consecuencia resultaron heridas 25 personas, entre ellas dos indígenas y dos policías.
Por su parte, el ministro de Medio Ambiente de Colombia, Frank Pearl, dijo en declaraciones a la emisora La FM que entre los manifestantes había “indígenas traídos del Cauca”, y apuntó que algunos grupos armados ilegales pueden estar instigando las protestas.
Los indígenas exigen al Gobierno una posición definitiva sobre el conflicto medioambiental, y solicitan al presidente Juan Manuel Santos que respete sus derechos y comunidades.
El llamado Movimiento por la Liberación de la Madre Tierra, que congrega al Comité Regional Indígenas del Huila (Crihu) y a la Asociación de Afectados por el proyecto hidroeléctrico El Quimbo (Asoquimbo), expuso en un comunicado: “A pesar de la respuesta de la represión del Gobierno, resistimos con dignidad”.
Estos manifestantes, que suman 2.500 según sus cuentas, piden que el ministro colombiano del Interior, Federico Renjifo, entable un diálogo directo con ellos para buscar soluciones a sus problemas sociales derivados del conflicto armado colombiano y reconsiderar los planes energéticos en la región del Huila.
“Los participantes de la minga se mantienen en asamblea permanente por la defensa del territorio, el río Magdalena, el Macizo Colombiano, el páramo de Miraflores y las comunidades afectadas por los megaproyectos”, indica el comunicado.
Asimismo, solicitan la cancelación de la licencia para la filial Emgesa, con capital español e italiano, para la construcción de una hidroeléctrica sobre el río Magdalena; el fin de los estudios de Hidrochina para construir nueve embalses más, y denuncian los daños sociales y medioambientales de la extracción de crudo por parte de la petrolera china Emerald Energy.
Defensa de soberanía
El Gobierno de Juan Manuel Santos identificó como uno de los motores de la economía el sector minero-energético a través de la inversión extranjera, lo que este grupo entiende como una forma de “usurpar la soberanía y riquezas del país para entregarlas a las multinacionales”.
Los indígenas y campesinos bloquearon el lunes por tercera vez una vía que une el departamento del Huila con el Caquetá y el Cauca, en protesta porque el Gobierno “no se sienta a hablar con los indígenas en ninguna parte del país”.
El Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía Nacional (Esmad) llegó entonces a desalojar la concentración, y como consecuencia resultaron heridas 25 personas, entre ellas dos indígenas y dos policías.
Por su parte, el ministro de Medio Ambiente de Colombia, Frank Pearl, dijo en declaraciones a la emisora La FM que entre los manifestantes había “indígenas traídos del Cauca”, y apuntó que algunos grupos armados ilegales pueden estar instigando las protestas.
Los indígenas exigen al Gobierno una posición definitiva sobre el conflicto medioambiental, y solicitan al presidente Juan Manuel Santos que respete sus derechos y comunidades.
Aparecen tres comunidades nuevas que piden la consulta
Comunarios del TIPNIS participan en la consulta.
A 15 días de haberse iniciado el proceso de consulta, el Órgano Ejecutivo verifica en el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) la aparición de tres comunidades nuevas que no estaban incluidas en el protocolo de consulta dentro de esa reserva natural.
La información la dio a conocer el Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (SIFDE), dependiente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que por la Ley 222 participa en el proceso en calidad de acompañante y observador de la consulta a los originarios.
“Han aparecido nuevas comunidades que han solicitado su incorporación al proceso de consulta. El Ejecutivo está yendo a verificar, tiene que hacerlo, nosotros sólo vamos a observar el procedimiento que hagan”, declaró ayer el director del SIFDE, Juan Carlos Pinto.
El Ministerio de Obras Públicas y el de Medio Ambiente y Aguas redactaron un protocolo para la ejecución de la consulta a las comunidades dentro del TIPNIS, territorio ubicado entre los departamentos de Beni y Cochabamba. El documento incorpora 69 comunidades indígenas, pero, según los datos obtenidos por el SIFDE, habría comunidades nuevas que desean ser tomadas en cuenta.
“Seguramente esto ocurre a partir del hecho de que en épocas de lluvia o de sequía las comunidades se desplazan o se separan para encontrar otros espacios de sobrevivencia, generando nuevas comunidades. A nosotros se nos ha informado que existe esa posibilidad en tres comunidades”, señaló Pinto.
Aclaró que los veedores de su despacho no estaban certificando nada, sino que tuvieron conocimiento de que “esa situación está en proceso de verificación por parte del Ejecutivo”.
Pinto informó que dos de estas nuevas comunidades se encontrarían en la zona norte y la otra cerca del Polígono Siete, zona copada por colonizadores.
De acuerdo con los datos proporcionados por la autoridad, estos grupos poblacionales serían indígenas y no así colonizadores, por lo cual reunirían todas las características necesarias para ser tomados en cuenta en el proceso de posconsulta, aunque el Ministerio de Obras Públicas tendría que tomar una determinación definitiva al respecto.
Ayer, la Fundación Tierra hizo conocer que unas ocho comunidades que han pasado por el proceso de consulta que realiza el Gobierno no forman parte de la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), porque se han vuelto sindicatos con propiedad individual.
Según el mapa que publica esa entidad de estudios, se revela también que otros cuatro, de los 29 poblados consultados, no aparecen en los planos o en la lista del protocolo que realizó el Gobierno para iniciar el proceso que se ejecuta desde el 29 de julio.
miércoles, 15 de agosto de 2012
Ministro insiste en que ONU fue al TIPNIS por la consulta
El ministro de Obras Públicas, Vladimir Sánchez, insistió ayer en que funcionarios de las Naciones Unidas (ONU) ingresaron en el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) como veedores del proceso de consulta que se realiza a las comunidades, pese al desmentido oficial que hizo ese organismo.
“En relación con la nota que sacó las Naciones Unidas, el viernes, finalizando la tarde, se comunicó conmigo el señor Roberto Berroulds, representante alterno del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos Humanos en Bolivia. Al comunicarse me planteó que necesitaba el apoyo para que ingresen dos funcionarios (Vilma Romero y Nicolás David) a trabajar para el seguimiento del proceso de consulta en el TIPNIS”, señala un texto leído ayer por la autoridad en el Palacio de Gobierno.
Añadió que una vez recibida la información, su despacho optó por solicitar “inmediatamente que nos enviara una carta donde nos planteara lo que necesitaba para el apoyo que se requiere para entrar al área del TIPNIS, nosotros le hemos brindado todo el apoyo necesario”.
“Han entrado dos funcionarios de las Naciones Unidas que son Vilma Romero y Nicolás David, ellos han estado y están todavía en el TIPNIS y están saliendo el día de hoy. Ésa es la información que les puedo dar”, agregó.
El lunes, a través de un comunicado de prensa de sólo dos párrafos, la ONU aclaró que los funcionarios mencionados llevan a cabo funciones de monitoreo de derechos humanos en el TIPNIS, conforme al mandato de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y no están en calidad de veedores de la consulta a las comunidades indígenas.
Esta aclaración había sido emitida luego de que, el domingo, el mismo ministro Sánchez diera la información a través de los medios gubernamentales de la presencia importante de esta entidad para observar el proceso que acompañan personeros de la OEA y Unasur.
“En relación con la nota que sacó las Naciones Unidas, el viernes, finalizando la tarde, se comunicó conmigo el señor Roberto Berroulds, representante alterno del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos Humanos en Bolivia. Al comunicarse me planteó que necesitaba el apoyo para que ingresen dos funcionarios (Vilma Romero y Nicolás David) a trabajar para el seguimiento del proceso de consulta en el TIPNIS”, señala un texto leído ayer por la autoridad en el Palacio de Gobierno.
Añadió que una vez recibida la información, su despacho optó por solicitar “inmediatamente que nos enviara una carta donde nos planteara lo que necesitaba para el apoyo que se requiere para entrar al área del TIPNIS, nosotros le hemos brindado todo el apoyo necesario”.
“Han entrado dos funcionarios de las Naciones Unidas que son Vilma Romero y Nicolás David, ellos han estado y están todavía en el TIPNIS y están saliendo el día de hoy. Ésa es la información que les puedo dar”, agregó.
El lunes, a través de un comunicado de prensa de sólo dos párrafos, la ONU aclaró que los funcionarios mencionados llevan a cabo funciones de monitoreo de derechos humanos en el TIPNIS, conforme al mandato de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y no están en calidad de veedores de la consulta a las comunidades indígenas.
Esta aclaración había sido emitida luego de que, el domingo, el mismo ministro Sánchez diera la información a través de los medios gubernamentales de la presencia importante de esta entidad para observar el proceso que acompañan personeros de la OEA y Unasur.
Ocho de 29 pueblos consultados son en realidad sindicatos
Ocho comunidades que han pasado por el proceso de consulta que realiza el Gobierno no forman parte de la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) porque se han convertido en sindicatos, que son propiedades individuales, de acuerdo con un mapa que divulga la Fundación Tierra.
La publicación revela también que otras cuatro de los 29 comunidades consultadas no aparecen en los planos o en la lista del protocolo que llevó a cabo el Gobierno para iniciar el proceso, el 29 de julio pasado.
La información describe que aunque en el protocolo de la consulta, creado por el Ministerio de Obras Públicas y de Medio Ambiente, dice que Limo del Isiboro, San Juan del Isiboro, San Benito, Sasasama y Fátima de Moleto son comunidades yuracarés, como están en el área de influencia de los colonizadores “ya no forman parte de la TCO TIPNIS” y que, “por eso, esas comunidades perdieron se carácter de indígenas y pasaron a conformar los sindicatos agrarios”.
En el caso de Sanandita, ubicada al sureste, según documentos de los indígenas que señala la Fundación Tierra, sus comunarios están afiliados a la Federación del Trópico de Cochabamba. Entretanto, Santa Rosa del Isiboro no es parte de la TCO y está en un área que corresponde a la categoría de “terceros”.
“En el caso de la comunidad Mercedes de Lojojota, en la actualidad esa comunidad no aparece registrada en el informe de saneamiento del INRA (Instituto Nacional de Reforma Agraria) de 2011, tampoco aparece como sindicato agrario, lo que hace suponer que fue absorbida por los sindicatos cocaleros de la región, aunque en el protocolo del Ministerio de Obras Públicas aparece como comunidad con una población mojeña-trinitaria y yuracaré”, expresa Tierra.
Por su parte, la comunidad Carmen de la Nueva Esperanza, según el Sernap, está muy cerca del área de influencia de los colonizadores y, además, está afiliada a la subcentral Conisur, aunque no precisa si ésta ya es una propiedad individual.
Días atrás, el subalcalde del TIPNIS, Pedro Tamo, aseguró que en la parte sur del parque no hay ninguna comunidad indígena, pues “los vivientes de esa zona decidieron parcelar sus tierras para cultivar coca, debido a la presión de los colonizadores”.
Por otro lado, cuatro comunidades consultadas no aparecen en los mapas oficiales. Se trata de Villa Asunción, San Jorgito, San Juan de la Curva y Ushve, según la información de Tierra.
La publicación revela también que otras cuatro de los 29 comunidades consultadas no aparecen en los planos o en la lista del protocolo que llevó a cabo el Gobierno para iniciar el proceso, el 29 de julio pasado.
La información describe que aunque en el protocolo de la consulta, creado por el Ministerio de Obras Públicas y de Medio Ambiente, dice que Limo del Isiboro, San Juan del Isiboro, San Benito, Sasasama y Fátima de Moleto son comunidades yuracarés, como están en el área de influencia de los colonizadores “ya no forman parte de la TCO TIPNIS” y que, “por eso, esas comunidades perdieron se carácter de indígenas y pasaron a conformar los sindicatos agrarios”.
En el caso de Sanandita, ubicada al sureste, según documentos de los indígenas que señala la Fundación Tierra, sus comunarios están afiliados a la Federación del Trópico de Cochabamba. Entretanto, Santa Rosa del Isiboro no es parte de la TCO y está en un área que corresponde a la categoría de “terceros”.
“En el caso de la comunidad Mercedes de Lojojota, en la actualidad esa comunidad no aparece registrada en el informe de saneamiento del INRA (Instituto Nacional de Reforma Agraria) de 2011, tampoco aparece como sindicato agrario, lo que hace suponer que fue absorbida por los sindicatos cocaleros de la región, aunque en el protocolo del Ministerio de Obras Públicas aparece como comunidad con una población mojeña-trinitaria y yuracaré”, expresa Tierra.
Por su parte, la comunidad Carmen de la Nueva Esperanza, según el Sernap, está muy cerca del área de influencia de los colonizadores y, además, está afiliada a la subcentral Conisur, aunque no precisa si ésta ya es una propiedad individual.
Días atrás, el subalcalde del TIPNIS, Pedro Tamo, aseguró que en la parte sur del parque no hay ninguna comunidad indígena, pues “los vivientes de esa zona decidieron parcelar sus tierras para cultivar coca, debido a la presión de los colonizadores”.
Por otro lado, cuatro comunidades consultadas no aparecen en los mapas oficiales. Se trata de Villa Asunción, San Jorgito, San Juan de la Curva y Ushve, según la información de Tierra.
martes, 14 de agosto de 2012
Dirigente del CONISUR dice que cuatro comunidades se suman al rechazo a la carretera por medio del TIPNIS
Indígenas de Limoncito, La Pampita, Santa Teresa y Nueva Esperanza rechazaron en la consulta la construcción de la carretera por el medio del TIPNIS, como lo hicieron en San Miguelito, reveló el presidente del Consejo Indígena del Sur (Conisur) e impulsor de la consulta, Gumercindo Pradel. Hasta ayer, el Gobierno afirmó que sólo una comunidad mantenía esa posición.
Las brigadas encargadas de recoger la posición de las 69 comunidades del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) sobre el proyecto, iniciaron su trabajo el 29 de julio. “35 comunidades han sido consultadas, sólo cuatro se han opuesto a la carretera”, señaló Pradel a la red Erbol.
El dirigente, quien encabezó en febrero una marcha desde el trópico de Cochabamba hacia la ciudad de La Paz en demanda de la promulgación de la ley de Consulta en el TIPNIS, aseguró que hasta el momento es mayoritario el respaldo al levantamiento del carácter intangible del parque y a la construcción de la carretera por medio del reservorio.
Pradel informó que los indígenas de las comunidades de Limoncito, La Pampita, Santa Teresa y Nueva Esperanza rechazaron el trazo carretero alentado por la administración del presidente Evo Morales. Los habitantes de estas comunidades se suman a San Miguelito, con la cual serían cinco las comunidades opuestas al proyecto.
El ministro de Obras Públicas, Vladimir Sánchez, señaló el domingo que fueron consultadas 25 comunidades, de las cuales sólo San Miguelito pidió la construcción de la vía por fuera del núcleo del parque nacional.
Los indígenas colombianos insisten en negociar con Santos
Líderes indígenas nasa insistieron ayer en que sólo negociarán con el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, para resolver sus demandas, entre las que sobresale el retiro de sus territorios tanto de la fuerza pública como de la guerrilla.
Mientras el titular del Interior, Federico Renjifo, reiteraba su disposición al diálogo desde Bogotá y llamaba a los indígenas a aprovechar la oportunidad, éstos debatían en el resguardo (reserva) del pueblo nasa en La María, en el departamento del Cauca (suroeste), qué postura adoptar ahora.
"Antes de una reunión con el alto Gobierno, de alto nivel, debemos primero tener la reunión entre nosotros. Esa es la única salida que los indígenas tienen: el diálogo", expresó Renjifo, al descartar que Santos viaje a La María para entrevistarse hoy con los indígenas.
En La María están congregados desde el sábado unos 15.000 indígenas que llegaron desde diversas partes del país a celebrar un encuentro que tiene como eje la puesta en común de su iniciativa de paz, con la que buscan expulsar de su territorio a todos los actores armados del conflicto.
El consejero político de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN), el nasa Feliciano Valencia, explicó en una entrevista con Efe que la suspensión del encuentro del domingo es mucho más trascendente de lo que cree el Gobierno y no se trata de un capricho.
Lamento
El ministro de Defensa de Colombia, Juan Carlos Pinzón, defendió ayer la necesidad de que las autoridades tengan presencia y controlen todo el territorio tras conocerse la muerte de Lisandro Tenorio, líder indígena y guía espiritual, ocurrida el domingo en el suroeste del país, supuestamente a manos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Pinzón rechazó el crimen en declaraciones a Caracol Radio y consideró que "ese tipo de hechos es lo que demuestra la necesidad de la presencia de la Fuerza Pública en todos estos territorios", frente a la pretensión de los aborígenes de expulsar de sus resguardos (reservas) tanto al Ejército y a la Policía como a las FARC.
Entregan a dos rehenes
La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) entregó ayer a una comisión del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y a representantes de la Iglesia Católica a una periodista y a una ingeniera, en su poder desde el pasado 25 de julio, confirmaron fuentes del organismo humanitario.
Las dos mujeres fueron entregadas a la comisión, "por voluntad del grupo" del ELN, en zona rural El Nevado en el departamento de Arauca fronterizo con Venezuela, precisó la fuente.
Las ahora exrehenes de esa guerrilla, la periodista Élida Parra Alfonso y la ingeniera ambiental Gina Paola Uribe Villamizar, fueron trasladadas a Saravena, también en Arauca, y se encuentran en buen estado de salud. También conformaban la comisión humanitaria que recibió a las secuestradas, la Defensoría del Pueblo y dos periodistas de Saravena.
La entrega fue hecha por miembros del Frente de Guerra Oriental del ELN que actúa en esa región colombiana vecina a Venezuela.
La fuente del CICR recordó también que en lo que va de 2012 se elevó ayer a 28 el número de personas que han recobrado su libertad en Colombia con la participación activa del organismo.
Mientras el titular del Interior, Federico Renjifo, reiteraba su disposición al diálogo desde Bogotá y llamaba a los indígenas a aprovechar la oportunidad, éstos debatían en el resguardo (reserva) del pueblo nasa en La María, en el departamento del Cauca (suroeste), qué postura adoptar ahora.
"Antes de una reunión con el alto Gobierno, de alto nivel, debemos primero tener la reunión entre nosotros. Esa es la única salida que los indígenas tienen: el diálogo", expresó Renjifo, al descartar que Santos viaje a La María para entrevistarse hoy con los indígenas.
En La María están congregados desde el sábado unos 15.000 indígenas que llegaron desde diversas partes del país a celebrar un encuentro que tiene como eje la puesta en común de su iniciativa de paz, con la que buscan expulsar de su territorio a todos los actores armados del conflicto.
El consejero político de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN), el nasa Feliciano Valencia, explicó en una entrevista con Efe que la suspensión del encuentro del domingo es mucho más trascendente de lo que cree el Gobierno y no se trata de un capricho.
Lamento
El ministro de Defensa de Colombia, Juan Carlos Pinzón, defendió ayer la necesidad de que las autoridades tengan presencia y controlen todo el territorio tras conocerse la muerte de Lisandro Tenorio, líder indígena y guía espiritual, ocurrida el domingo en el suroeste del país, supuestamente a manos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Pinzón rechazó el crimen en declaraciones a Caracol Radio y consideró que "ese tipo de hechos es lo que demuestra la necesidad de la presencia de la Fuerza Pública en todos estos territorios", frente a la pretensión de los aborígenes de expulsar de sus resguardos (reservas) tanto al Ejército y a la Policía como a las FARC.
Entregan a dos rehenes
La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) entregó ayer a una comisión del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y a representantes de la Iglesia Católica a una periodista y a una ingeniera, en su poder desde el pasado 25 de julio, confirmaron fuentes del organismo humanitario.
Las dos mujeres fueron entregadas a la comisión, "por voluntad del grupo" del ELN, en zona rural El Nevado en el departamento de Arauca fronterizo con Venezuela, precisó la fuente.
Las ahora exrehenes de esa guerrilla, la periodista Élida Parra Alfonso y la ingeniera ambiental Gina Paola Uribe Villamizar, fueron trasladadas a Saravena, también en Arauca, y se encuentran en buen estado de salud. También conformaban la comisión humanitaria que recibió a las secuestradas, la Defensoría del Pueblo y dos periodistas de Saravena.
La entrega fue hecha por miembros del Frente de Guerra Oriental del ELN que actúa en esa región colombiana vecina a Venezuela.
La fuente del CICR recordó también que en lo que va de 2012 se elevó ayer a 28 el número de personas que han recobrado su libertad en Colombia con la participación activa del organismo.
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