jueves, 20 de junio de 2013

La CSUTCB denuncia soborno por $us 100.000

Más de un centenar de campesinos afiliados a la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), tomaron ayer las instalaciones del Palacio de Justicia de Santa Cruz, en rechazo a un fallo emitido por las tres vocales de la capital oriental, en una disputa de tierras en la zona de Bolibras, ubicada en el municipio de Pailón 180 kilómetros de Santa Cruz.

Tras haber tomado las instalaciones de este edificio estas personas fueron desalojados, por la Policía que usó agentes químicos para doblegar a los enfurecidos campesinos, que no dejaron ingresar ni salir a las personas que a diario acuden a realizar diversos trámites judiciales en este recinto.

El fallo judicial emitido por la Sala Civil Segunda, reconoce el derecho propietario de 8.000 hectáreas a favor de la colonia menonita "El Tinto" que según los campesinos son tierras fiscales.

Antecedentes. El caso Bolibras estalló en 1992, cuando el exdiputado Miguel Urioste denunció al exministro de Educación Hedim Céspedes Cossío, de apropiarse de forma ilegal 100.000 hectáreas en Pailón. Tras la denuncia se descubrió la concesión de tierras a políticos del gobierno de turno que se habían configurado con más hectáreas de las existentes.

En 1996 el Estado, a través de la Ley 1715, determinó, que no se debía realizar ningún tipo de asentamiento humano hasta la regularización de los predios.

Sin embargo, varios son los empresarios (con papeles en manos) y campesinos, a nombre de reivindicaciones sociales que reclaman estos predios, en el que están asentadas más de 30 comunidades campesinas.

Denuncia. Benigno Vargas, dirigente de los campesinos, denunció que los miembros de la Sala Civil Segunda, recibieron $us 100.000 por dictar un fallo a favor de la comunidad menonita, que según él no presentó ningún documento que la acredite como propietaria de esta tierra.

"No puede ser que se favorezcan a estos extranjeros", dijo.



Irán a Sucre. Primitivo Condori, dirigente de este sector, señaló que una comisión viajará a Sucre para apelar este fallo ante el Tribunal Supremo de Justicia. Además de exigir la renuncia de los vocales de la Sala Civil Segunda.

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