La fuerza de la dirigencia indígena podría verse afectada por las sindicaciones gubernamentales.
Luego de las denuncias en contra de la dirigencia indígena por parte del Ejecutivo sobre supuesta malversación de recursos fiscales de parte de los dirigentes del TIPNIS, analistas afirman que los aludidos deben aclarar estas denuncias, debido a que su silencio podría dañar la imagen de la IX marcha indígena. Las relaciones con sectores políticos de Santa Cruz, también es otro factor cuestionado para la movilización colectiva.
El politólogo Franklin Pareja afirmó que los indígenas deben aclarar a la brevedad posible las denuncias efectuadas en su contra, en el marco de la responsabilidad y la transparencia.
“He escuchado al Gobernador del Beni decir que efectivamente se les otorgó recursos a los dirigentes que además están acreditados con personería jurídica. Donde está fallando el tema es en la rendición de cuentas para verificar si efectivamente se han hecho las obras. Si se verifica que las obras no han sido ejecutadas y los desembolsos se han realizado, por supuesto que va a debilitar el discurso de la IX marcha indígena”, aseveró.
Añadió que independientemente de a qué frente pertenezca, debe prevalecer la transparencia y así la dirigencia indígena podría confirmar que la movilización y sus demandas son imparciales.
“Además lo que aquí se ve es un manoseo político intencionado del Gobierno, que tiende a debilitar al movimiento indígena que está defendiendo en este caso el territorio del TIPNIS y que no quiere la carretera. Se tiene que aclarar este tema, porque va a traer un costo político muy grande”, dijo.
Respecto a la designación de la dirigente indígena Justa Cabrera en un cargo político en Santa Cruz, Pareja admitió que este aspecto puede ser tomado estratégicamente por el Gobierno para debilitar la marcha debido a que en los últimos tiempos se advierte “una satanización” a cualquier manifestación política, aunque el ejercicio de sus derechos políticos no se debe confundir.
“Ellos, como cualquier ciudadano están en su legítimo derecho. Cualquier movilización tiene un trasfondo político y eso legal y legítimo. Cualquier actividad de orden político mientras esté en el marco de la legalidad no puede ser censurada”, puntualizó.
En días pasados, autoridades gubernamentales, denunciaron que los principales dirigentes indígenas del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) recibieron montos económicos que superarían los 400.000 bolivianos para la realización de obras.
Las denuncias incluyen a los dirigentes Oscar Héctor Goitia, Miriam Yubanaure, Juan Salvatierra, Mario Miranda, Carmelo Yuco, Alejandro Yuco, Adolfo Moye, Shirley Fabricano, Isidro Gonzáles y Salomón Zabala, que habrían recibido recursos entre 2006 a 2008, para programas y proyectos dentro del TIPNIS desde Bs 137 mil hasta Bs 500 mil y que no contarían con descargos.
La pasada semana, la presidenta de la Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia (Cnamib), Justa Cabrera fue posesionada como la alcaldesa del distrito 14, cantón Paurito en el departamento de Santa Cruz, por el alcalde del departamento, Percy Fernández.
Luego de que la líder simba-guaraní prometió trabajar en beneficio de las 34 comunidades del lugar, tuvo que dejar su cargo a disposición debido a las constantes críticas por parte del Movimiento Al Socialismo (MAS) y organizaciones afines al partido de Gobierno, que advertían que los dirigentes indígenas habrían realizado la VIII marcha indígena, con el único fin de ocupar cargos políticos.
La líder indígena jugó un papel importante como vocera, en la octava marcha por la defensa del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS).
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