martes, 13 de marzo de 2012

Cidob confirma novena marcha por la vida

Después de dos días de deliberaciones en su segunda Comisión Nacional en Trinidad, la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob) determinó declararse en emergencia y convocar a la IX marcha en defensa del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), cuya fecha será definida en el encuentro de corregidores de la zona protegida.

La Cidob también decidió llamar a una tercera Comisión Nacional. No fijó fecha ni lugar.

Los detalles de la próxima Comisión serán definidas luego de efectuarse la reunión de los corregidores prevista del 15 al 17 de marzo en la comunidad de Gundonovia (Tipnis).

El presidente de la Cidob, Adolfo Chávez, explicó que el objetivo de la nueva marcha es defender el Tipnis y evitar que el Gobierno logre, a través de la Ley 222 de Consulta Previa, la construcción de la carretera a Beni a través del área natural.

Otra resolución denuncia y repudia las acciones de “amedrentamiento y persecución de la Fiscalía” contra indígenas “injustamente enjuiciados por delitos que nunca cometieron”, por el supuesto secuestro e intento de homicidio del canciller David Choquehuanca el 24 de septiembre de 2011.

Las regionales de la Cidob piden además al Órgano Judicial, actuar con imparcialidad e impulsar con celeridad la investigación de la represión violenta que sufrió la VIII marcha indígena por parte de la Policía.

La coordinadora residente del Sistema de las Naciones Unidas en Bolivia, Yoriko Yasukawa, participó de la segunda Comisión Nacional por invitación de la Cidob.

Varios representantes indígenas, entre ellos el diputado mojeño Pedro Nuni, dijeron a Yasukawa que la consulta que pretende realizar el Gobierno en el Tipnis ya no es de “buena fe”, como lo establece el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo porque hay un contrato para ejecutar la carretera sin el consentimiento indígena.

La tercera resolución exige al Gobierno cesar de manera inmediata “sus acciones de amedrentamiento, intervención y sabotaje” contra los dirigentes y las organizaciones indígenas.

Ratificaron sus denuncias de que el Gobierno militariza e interviene el Tipnis, con el fin de dividir a las comunidades y perseguir a los dirigentes, para obligarlos a aceptar la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos.

Pidieron que el Ejecutivo retire el supuesto veto a la venta de 10.800 litros de gasolina que deben ser utilizados para que los dirigentes de organizaciones y comunidades se desplacen hasta Gundonovia, lugar del encuentro de corregidores.

ONU PIDE DIALOGAR Y CONCERTAR

Durante la mañana de ayer, estuvo presente en la reunión de la Cidob en Trinidad la coordinadora residente del Sistema de las Naciones Unidas en Bolivia, Yoriko Yasukawa, quien expresó que el conflicto debe ser resuelto mediante el diálogo y la concertación.


Yasukawa también realizó una presentación informativa sobre el papel y las actividades de apoyo del Sistema de las Naciones Unidas en Bolivia, en particular en el ámbito del desarrollo y los derechos de los pueblos indígenas.


“Les pediría que hagan el mayor esfuerzo posible para tener un ambiente de serenidad para que no se caldeen los ánimos”, precisó la diplomática.


Con relación a los procesos judiciales en contra de hombres y mujeres indígenas, Yasukawa dijo que había expresado su preocupación al ministro de Gobierno, Carlos Romero. También mencionó que está interesada en que se aclaren los hechos de la represión a los indígenas y que haya sanciones a los responsables.


Romero niega militarización del Tipnis

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, dijo que la denuncia efectuada por dirigentes de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob) respecto a que el Gobierno militarizó el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) y persigue a los representantes de las comunidades es falsa.


Indicó además el desplazamiento de la Armada Boliviana en el Tipnis y en otras áreas protegidas del territorio nacional es rutinario y programado en función a su misión constitucional. “No hay ninguna militarización en el Tipnis, eso rechazamos de manera contundente”, indicó y agregó que la representante de las Naciones Unidas en Bolivia, Yoriko Yasukawa, puede verificar la situación.


Rechazó, asimismo, la existencia de algún mandamiento de aprehensión expedido contra algún dirigente indígena, mucho menos contra el presidente de la Subcentral del Tipnis, Fernando Vargas.


“A nombre del Gobierno nacional convoco nuevamente a los pueblos indígenas a dialogar, deliberar y debatir toda la problemática del Tipnis, que no solamente implica la construcción de una carretera, sino también el desarrollo integral de las comunidades indígenas y el ejercicio pleno de sus derechos colectivos”, dijo Romero en una conferencia de prensa en la Gobernación de Cochabamba.


EL MSM
Demandan a presidente de la ABC

El líder del Movimiento Sin Miedo (MSM), Juan del Granado, anunció que su partido presentó un memorial ante el Ministerio Público, en el caso de la construcción de la carretera a través del Tipnis, que amplía la demanda penal planteada contra Luis Sánchez Gómez, presidente de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), por los delitos de conducta antieconómica, incumplimiento de contratos y otros cuyo castigo es de hasta ocho años de cárcel.


“La razón es que el señor Luis Sánchez, durante el año 2009, sin estar vigente el contrato de la construcción de la carretera, ha realizado el pago de 7,5 millones de dólares a la empresa OAS brasilera”, explicó Del Granado, de acuerdo con un comunicado de prensa difundido por el MSM.


Del Granado señaló que Sánchez hizo ese desembolso pese a que el contrato de construcción firmado entre ABC y OAS estaba en suspenso ya que la Asamblea Legislativa consideraba la ley que avalaba el contrato de financiamiento de la obra que finalmente fue aprobada en abril de 2010.


“La ABC ha pagado a la OAS brasileña 7,5 millones de dólares antes de que entre en vigencia el contrato (de construcción)”, agregó.

Denuncia

Del Granado también denunció que desde el 28 de febrero, el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 222 de Consulta Previa en el Tipnis, presentado por dos diputados del MSM, no empieza aún el recorrido por un flujo “burocrático y dilatorio”.


“El Tribunal Constitucional ha inventado un procedimiento ilegal y burocrático que estable tres pasos previos”, dijo.

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