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jueves, 16 de junio de 2011

Weenhayek sellan acuerdo con autoridades y levantan bloqueo

La firma de un acuerdo entre autoridades de las subgobernaciones, los municipios de Villamontes y Yacuiba, y los pueblos weenhayek y tapieté puso fin a una jornada de bloqueo de la carretera Tarija-Santa Cruz, que ayer estuvo ocupada por los indígenas, en demanda del socorro de emergencia.

El miércoles 1 de junio, el Gobierno dictó un decreto supremo por el que declaró emergencia en los municipios de Villamontes y Yacuiba de Tarija, tras la contaminación en la cuenca del río Pilcomayo, que afectó la producción de sábalo, única fuente de sustento para las comunidades weenhayek y tapieté, principalmente.

Ante la demora de la ayuda, los pueblos indígenas decidieron bloquear la ruta, hasta llegar a tener soluciones.

La reunión entre los representantes de la Organización de Capitanías Weenhayek y Tapieté de Tarija (ORCAWETA) y las autoridades locales se prolongó casi todo el día, en la que los indígenas arrancaron compromisos con plazos temporales.

Según informó a Cambio el responsable de la Unidad de Recursos Naturales y Medio Ambiente de Yacuiba, dependiente de la Gobernación de Tarija, José Manuel Gutiérrez, en la reunión las autoridades explicaron los procedimientos que se ejecutan para que se materialice la ayuda comprometida por el Gobierno.

Los indígenas, por su parte, expresaron su preocupación por los compromisos de un anterior acuerdo de siete puntos, con demandas sectoriales relacionadas a la compra de maquinaria para el dragado del río Pilcomayo, el traslado de la oficina trinacional, que tiene representación de Bolivia, Paraguay y Argentina, de la ciudad de Tarija a Villamontes.

Además de la identificación de proyectos, se escuchó la solicitud Argentina de instalar un puente en la zona limítrofe para liberar el cauce y se controle mejor la contaminación.

“El acta que estamos firmando tiene tres puntos”, señaló Gutiérrez.

Según la autoridad, los indígenas dieron un plazo de cinco días a Defensa Civil para que llegue la ayuda alimentaria comprometida.

“También se dio un plazo de diez días a la Gobernación de Tarija, como a las subgobernaciones y alcaldías de Villamontes y Yacuiba, para que en ese lapso se vea el marco legal que permita que se hagan los movimientos de partidas presupuestarias y se defina la cantidad de recursos acorde con las necesidades de los afectados por la falta de alimentación”, explicó.

ESTADO DE EMERGENCIA

Pese a la suscripción del acuerdo, las Capitanías Weenhayek y Tapieté de Tarija (ORCAWETA) dejaron claro a las autoridades que el estado de emergencia continúa, pero sin bloqueos.

“Con la firma del acta se levantó el bloqueo, pero como no se cumplieron demandas de anteriores reuniones, donde también hubo compromisos de autoridades nacionales, se mantiene el estado de emergencia”, explicó Gutiérrez.

Uno de los compromisos de las autoridades locales fue iniciar un trabajo coordinado con todas las autoridades locales que intervienen en el momento de dar soluciones a las demandas.


Los indígenas afectados dicen que son 7 mil

Los representantes de los indígenas weenhayek y tapieté, afectados por los daños en la cuenca del río Pilcomayo, ayer señalaron a las autoridades que, fruto de un conteo, se calculó una población afectada de 7.000 personas.

La cifra de los damnificados, explicó José Manuel Gutiérrez, responsable de la Unidad de Recursos Naturales y Medio Ambiente de Yacuiba, es importante para definir la cantidad de ayuda y recursos que movilizarán las autoridades nacionales y departamentales.

“Sobre la población afectada, primero se indicó que eran cinco mil, y ahora señalaron que son siete mil familias. Las autoridades de Villamontes y Yacuiba cruzaremos la información que tenemos para que se maneje la cifra exacta. Para el efecto se considerarán los datos que manejan las subgobernaciones y las alcaldías de los dos municipios”, explicó.

MARCO LEGAL

Gutiérrez explicó que siempre hay predisposición de las autoridades para la agilización de la declaratoria de emergencia, pero también faltan normativas.

“Hace falta algún marco legal que permita a las subgobernaciones hacer movimientos de las partidas presupuestarias para proceder de manera inmediata”, sostuvo.

Ayer, las comunidades afectadas y las autoridades locales suscribieron un convenio para acelerar la ayuda.

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