Los indios de Brasil anunciaron hoy la "ruptura de sus relaciones" con el Gobierno de la presidenta Dilma Rousseff por la "forma autoritaria" con la que ha tratado a estos pueblos y la "lentitud" u "omisión" a la atención de sus demandas.
Los pueblos indígenas abandonaron hoy la Comisión Nacional de Política Indigenista (CNPI), su foro de diálogo con las autoridades, en protesta por las "violaciones" a sus derechos y por la decisión del Gobierno de construir varias hidroeléctricas cerca de sus tierras en la Amazonía sin tener en cuenta su opinión.
Los representantes de los indígenas explicaron que no retomarán el diálogo hasta que no sean recibidos por la jefa del Estado en persona.
"Parece que Rousseff tiene un blindaje que le impide hablar. Queremos oír por su boca cuál es su política. Si quiere sacrificar a los indios en aras del desarrollo que nos lo diga", dijo a Efe una integrante de la CNPI, la indígena de la etnia parecí Francisca Navantino.
Navantino fue optimista al considerar que Rousseff "tiene sensibilidad" a las demandas de los indios, pero dijo que están "extremadamente preocupados" porque no los ha recibido desde su investidura, el pasado enero.
Una de las cuestiones que más preocupa a los indígenas es la rapidez con la que se concedieron los permisos de obra a la gigantesca central hidroeléctrica de Belo Monte, un proyecto impulsado por el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, cuya construcción acaba de comenzar en la selva amazónica.
Según la líder indígena, la gubernamental Fundación Nacional del Indio (Funai) concedió su permiso a esta obra "muy rápido" y sin consultar debidamente a los indígenas.
Explicó que algunos indios se han visto forzados a firmar documentos "sin saber qué firmaban" para autorizar la construcción de Belo Monte y otras represas en la Amazonía.
El Gobierno afirma que Belo Monte, que será la tercera mayor represa del mundo cuando se concluya en 2015, no va a inundar tierras indígenas.
Los indios también denunciaron que en los últimos años se ha reducido el personal de la Funai en algunas reservas, donde se han quedado "a merced" de los madereros, hacendados y narcotraficantes.
Navantino explicó que varios pueblos indígenas sufren amenazas de muerte y están siendo "criminalizados" en los conflictos por la tierra, al ser arrestados y juzgados sin las garantías exclusivas que la legislación brasileña dispone para ellos.
Asimismo, demandan más voz en la Funai y que el Gobierno les presente una agenda con compromisos concretos para aportar mejorías en áreas como la salud y la educación.
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