Ayer, con un nuevo mapa físico en la mano, el presidente de la APG, Domingo Torrico, mostró que los dos predios privados en los que se construye el campo exploratorio El Dorado están dentro de su Tierra Comunitaria de Origen (TCO), por lo que corresponde una consulta previa e indemnización.
Torrico llegó ayer hasta las oficinas del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), en Santa Cruz, para recabar información sobre el supuesto proceso de saneamiento y titulación de los predios San Juan del Dorado y Chivatos.
Según los documentos entregados por el INRA y examinados por Torrico, el supuesto dueño del primer predio es Eloy Leigues Cordero, mientras que del segundo hay una carátula con el nombre de Mario Ignacio Anglaril.
Ambos predios suman 3.786 hectáreas.
Los indígenas que reclaman la consulta previa tienen un mapa físico en el que su TCO, que abarca el municipio de Cabezas de Santa Cruz, alcanza las 337.592 hectáreas. Allí viven alrededor de 150 familias originarias y en el mapa se observa que los dos predios privados están casi en el centro de la TCO.
Los guaraníes y el Gobierno se reunieron por primera vez el domingo y apenas lograron un acta de entendimiento para continuar el diálogo mientras avanza el cruce de información respecto al tema legal. Eso sí, la vigilia se mantiene en la comunidad de Yateirenda.
En La Paz, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, reiteró ayer que los predios que reclama Takovo Mora son privados, por lo que descartó indemnización y consulta previa por la exploración de hidrocarburos en esa zona.
SOBRE EL USO DE LOS RECURSOS ENTREGADOS COMO COMPENSACIÓN POR YPFB
Anuncian auditoría a dirigentes de Takovo Mora
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, anunció ayer que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Chaco realizará una auditoría a los dirigentes indígenas de la Capitanía Takovo Mora sobre el destino de 15,4 millones de bolivianos entregados a las comunidades guaraníes como compensación económica por los trabajos de exploración en la región.
“Ayer hemos pedido que se practique una auditoría a estos fondos (...) Seguramente será una empresa privada que contratará YPFB Chaco, ya que son ellos los que han desembolsado los recursos”, dijo Romero en conferencia de prensa transmitida por Bolivia TV.
Explicó que el dinero estaba destinado a 28 proyectos productivos que debían concretar los dirigentes indígenas, quienes presentaron descargo de sólo 19 y sin respaldos. “Ellos han descargado sólo el 12,7 por ciento del monto total desembolsado, es decir, sólo 891.000 de bolivianos. Y lo más grave es que (...) las facturas no corresponden a las actividades productivas y los proyectos inicialmente planificados (...) Ni siquiera coinciden las fechas, porque estos descargos corresponden a proyectos realizados con anterioridad a la consulta previa por los trabajos que ahora son realizados, con anterioridad a la compensación y al desembolso por la compensación. Entonces, está claro que ese dinero está en los bolsillos de alguien, de algunos dirigentes que se aprovechan de esta situación”, aseguró para señalar que ese es el origen de la actual movilización indígena.
No se conoce la razón por la que no se fiscalizó antes el uso de los recursos entregados.
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