Los legisladores de la oposición criticaron las intervenciones policiales contra los pueblos indígenas de Bolivia.
Aseguran pese a la debilidad y minoría que muestran estos manifestantes, las represiones se caracterizan por ser “mucho más violentas” que contra otros grupos u otras movilizaciones convencionales.
Además de recordar lo ocurrido el pasado martes con el pueblo guaraní, donde no sólo hombres sino también niños, mujeres y ancianos fueron víctimas de los agentes químicos utilizados por la Policía, también mencionaron los sucesos de Chaparina en 2011.
El 25 de septiembre de ese año, un contingente de al menos 800 policías tomó por sorpresa a más de mil indígenas en Chaparina quienes integraban la octava marcha en defensa del Territorio Indígena Parque Isiboro Sécure. (Tipnis).
Los golpearon, usaron gas lacrimógeno y masking para reducir a los dirigentes y embarcarlos en buses con destino a la localidad de Rurrenabaque, en Beni.
El senador de Unidad Demócrata (UD), Óscar Ortiz, asegura que el Gobierno tiene que dar un informe sobre lo ocurrido en Santa Cruz, para identificar quién dio la instrucción para que la Policía realice una intervención “desmedida”, para que no quede en el olvido como sucedió en Chaparina.
“Con el pueblo indígena la represión es mucho más violenta, utiliza la violencia de forma desmedida, desproporcionada e ilegal porque en ninguna parte de la ley autoriza a la gente que estaba haciendo bloqueo se le persiga hasta su casa sin orden de allanamiento, llenarlo de gases para asfixiarlos, sin importar que hayan niños y sacarlos a la fuerza, por eso nosotros haremos una investigación”, dijo Ortiz.
La diputada del Partido Demócrada Cristiano, Norma Piérola, dijo que fue “una masacre” lo que el Gobierno hizo contra el pueblo Guaraní. “Lamentablemente por eso el Gobierno ha empezado a atacar a las ONG”.
“No han considerado si había mujeres ni los ancianos (...). Creo que es una actitud totalmente dolosa del Gobierno”, dijo.
Incoherencia ideológica
El analista político, Iván Arias, aseguró que existe una combinación de incoherencia ideológica y de desesperación económica en el Gobierno cuando se presenta este tipo de acciones en contra de los pueblos indígenas. “Si bien es un Gobierno que embandera las reivindicaciones, pero luego los reprime, va en un contrasentido (...), marcan su distanciamiento entre discurso y práctica”.
Dijo también que hay una intolerancia al surgimiento de líderes indígenas porque “pareciera que Evo Morales es el único indígena que tiene derecho a hablar 24 horas”.
Por su parte, el analista Fernando García Yapur planteó que debe existir un punto de equilibrio para dialogar entre ambas partes. Sin embargo, aseguró que cuando se trata de demandas de pueblos indígenas esto tiene otro matiz. “Hay un déficit respecto a poder acceder a recursos naturales para generar sus ingresos.
Por otro lado, están los derechos colectivos de los pueblos indígenas que son minoritarios y que tiene registro territorial colectivo, entonces hay presión de dos sectores”, indicó.
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