La audiencia cautelar de las 26 personas aprehendidas en Yateirenda en el desbloqueo, de la ruta que vincula a Bolivia con Argentina -realizado por la Policía el martes- fue una novela de tres capítulos. Se los acusaba de asociación delictuosa, atentado contra el libre tránsito y lesiones graves y leves. Uno de los querellantes fue la estatal YPFB Corporación.
Temprano se determinó que se la iba a realizar en La Guardia, al mediodía desde la Fiscalía se definió su traslado a Cabezas. A las cinco se dio marcha atrás y se acordó que la audiencia se desarrollaría en La Guardia. La situación puso de mal humor a los familiares que calificaron el accionar como un manoseo de la justicia.
La audiencia comenzó con la llegada de la jueza Zulema Javier Lopez, alrededor de las 20:00. Por el espacio reducido los familiares ni la prensa pudieron ingresar. Solo los abogados y algunos asambleístas.
Pasada las 22:00 se dictaminó libertad irrestricta a 9 personas porque no participaron del bloqueo y a 17 con medidas sustitutivas que les impide portar armas, reunirse entre ellos y participar de bloqueos.
A las 23:19 el grupo de 17 pagó Bs 500 para que un micro los lleve a su pueblo Yateirenda. Los otros 9 igual se fueron, por separado, por su cuenta.
En Yateirenda
Un día después del ingreso de la Policía al pueblo guaraní, ayer, sus pobladores mostraron vehículos dañados y varias puertas rotas.
Ronald Gómez, presidente del Consejo de Capitanías Guaraníes de Santa Cruz, sostuvo que se buscará un encuentro nacional que incluya a todos los guaraníes para hacer respetar la consulta previa que debe realizar el Gobierno si es que quiere llevar a cabo actividades de exploración en la Tierra Comunitaria de Origen (TCO).
“No vamos a ceder. Queremos que los demás indígenas de país se sumen a nuestra causa que solo busca que se respete lo que dice la Constitución”, sostuvo Gómez.
A raíz de las declaraciones del presidente de YPFB, Guillermo Achá, de que se iniciarán acciones legales contra los dirigentes de la TCO Takovo Mora, por ‘malversar’ recursos de compensación que recibieron en los últimos seis años, el presidente de la Asamblea de los Pueblos Guaraníes, Domingo Julián, pidió que en vez de acusar a los dirigentes de su sector, "bajen a dialogar con los comunarios".
Mediante un comunicado, la Nación Guaraní alertó que están en emergencia. Instaron al Gobierno a abrir el diálogo.
Rechazo generalizado
La Iglesia en Santa Cruz, mediante un comunicado, expresó su desaprobación a los métodos violentos que se utilizaron para solucionar el conflicto con los guaraníes.
El Comité Cívico, la Gobernación cruceña, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo de Santa Cruz y parlamentarios de la oposición también hicieron pública su condena y repudio a la violencia utilizada con los indígenas de Takovo Mora.
En horas de la mañana, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, justificó el desbloqueo realizado por la Policía. Reiteró que la zona donde se realizan las actividades de exploración hidrocarburífera están fuera de la (TCO).
Pasadas las 23:00, Romero hizo saber que se excusaba de responder si el Gobierno se abrirá al diálogo con los guaraníes debido a que estaba en una reunión en La Paz.
En un programa televisivo, cerca a la medianoche, el viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez, cuestionó que nadie preguntó por la salud de los policías agredidos por los indígenas
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