Bartolomé Clavero es una de las mayores autoridades mundiales en derecho indígena. Como relator de la Organización de Naciones Unidas, ha seguido muy de cerca el proceso constituyente boliviano y estuvo en Santa Cruz de la Sierra para intervenir en el foro sobre el Tribunal Constitucional Plurinacional organizado por la GTZ. Allí dejó varias perlas que en los próximos años marcarán el debate sobre los alcances de las reivindicaciones políticas de los indígenas en Bolivia.
Primero aseguró que la misma Constitución reconoce que la autonomía indígena no necesita siquiera reconocimiento constitucional o desarrollo legislativo, al ser parte de un convenio internacional firmado por Bolivia y que tiene igual rango que la CPE. Luego aseguró que la autonomía indígena es constitucionalmente más fuerte que la departamental.
- Ya aprobada la nueva Constitución, ¿en qué etapa de desarrollo se encuentra el Estado Plurinacional?
- Por usar un símil arquitectónico, se puede decir que ya está el piso, que ya se han elevado las paredes, pero falta el techo y la vida interna del edificio: los muebles y la convivencia. Lo que se tiene es la seguridad de que se avanza en esa dirección, aunque hay muchos derechos aún insatisfechos y algunos sin perspectiva de que puedan atenderse en el corto plazo, pero se ha creado el escenario en el que se irán garantizando los derechos, tanto de personas como de comunidades y pueblos.
- ¿Es un freno que los pueblos indígenas no puedan reconstituir sus territorios más allá de los límites departamentales?
- No es algo definitivo. El primer desarrollo de la Constitución, que son las cinco leyes orgánicas, parece que ha dado el departamento como límite. Pero en la Constitución, en la parte de los principios, está el reconocimiento a los pueblos indígena originario campesino como precedentes al Estado, con derechos que están por encima del Estado, porque han reconocido internacionalmente, como su derecho a la libre determinación y la territorialidad. Tengamos en cuenta una cosa: para la constitución el departamento tiene una autonomía de segundo orden, porque es una concesión del Estado, mientras que para los indígenas es un derecho a la libre determinación a través de la territorialidad. En la Constitución cabe la interpretación de que las fronteras departamentales no afectan a las autonomías indígenas y sí a las otras, como a las municipales.
- Al ser la autonomía indígena un derecho, ¿los indígenas podrían acceder a ella por más que no esté normada ni reglamentada, por el principio de que los derechos se ejercen aunque no estén normados?
- Sí y se ejercen de manera que mientras que no afecten a derechos de otros, no están sometidos a límites de tipo administrativo. Hay casos en los que la reconstitución del territorio es más difícil, porque están divididos por fronteras internacionales. Los aimaras, por ejemplo, es un pueblo que está dividido entre Bolivia, Perú y Chile, pero la CPE contempla forma de defender los derechos de indígenas no bolivianos. Eso está contemplado en los deberes del Defensor del Pueblo. Tanto en la declaración de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas como en la legislación boliviana, contempla el derecho de sostener relaciones entre indígenas más allá de las fronteras estatales, entonces, ¿cómo una frontera departamental puede ser infranqueable a la reconstrucción de la territorial indígena?
- En Bolivia se habla de relaciones a través de mancomunidades, ¿es una solución o un parche?
- Es intermedio. El derecho a la autodeterminación y la territorialidad está en la Constitución y no se puede atentar contra él. Lo que se tiene que hacer es al revés, ver cómo hacer para que la frontera departamental no afecte a los pueblos indígenas.
-Usted dice que la autoidentificación como indígena no es suficiente para ocupar cargos destinados a los originarios
- La autoidentificación debe certificarse de alguna forma y esa certificación sólo puede venir por parte del sistema de justicia indígena originario campesino.
- Sin embargo, la autoidentificación fue suficiente en el tema censal y eso definió políticas públicas...
- Sí porque el principio del derecho internacional es que los indígenas se autoidentifican, pero ya no estamos hablando de qué es autoidentificarse como indígena, sino como autoridad indígena capacitada para poder ocupar dos bancas en el Tribunal Constitucional Plurinacional; eso ya es más complicado.
- Tal vez la mayor expresión de la autonomía es el derecho a la consulta sobre explotación de recursos naturales en su territorio, ¿es lo más difícil de ejercer?
- Sí, sobre todo cuando te afecta el derecho al acceso a los recursos del subsuelo para concederlo a empresas extractivas. Es un asunto muy problemático en el concierto internacional. La consulta tiene que hacerse, pero el derecho internacional no les reconoce el dominio sobre los recursos del subsuelo, sino sólo los recursos que tradicionalmente usa. Yo digo, si hay tanta orfebrería indígena, ¿no es justo que sigan explotando oro?
- Alguna vez se dijo que esta es una Constitución de transición, ¿la ve así?
- La constitución boliviana, en materia de reconstitución de pueblos y acceso a su territorialidad, es una constitución muy abierta que ofrece muchos mecanismos y está a disposición de los pueblos. Es un paso adelante que no tiene vuelta atrás, es un comienzo de la carrera y la meta no está a la vista. Es muy maleable para lo bueno y para lo malo, que puede permitir muchas cosas. Con el desarrollo legal que está llevando ya ha comenzado con problemas.
- El Vicepresidente considera que la Cidob abandonó el marco de las demandas universales para caer en lo muy particular, ¿lo ve así?
- No, el planteamiento tiene muchos efectos. El conflicto de la Cidob es sobre derechos y no tiene esa concepción sectorial. Los indígenas son sujetos de derechos, comenzando por el derecho a la libre determinación y la territorialidad, que no están puestos en riesgo, pero no han sido expresados como están en la Constitución.
- Tal vez el pueblo indígena que más problemas de territorio tiene es el guaraní, ¿por qué cree que hay tantos retrocesos y contramarchas en solucionar esta demanda?
- Sí, incluso el Estado Plurinacional parece que se ha olvidado de ellos, porque éste es un tema que le crea muchos conflictos, porque los hacendados son fuertes y la oposición cívica al Gobierno igual. Una manera de desactivar esos conflictos y bajar el esfuerzo.
- ¿No hay otro tipo de intereses en juego? La demanda de territorio guaraní coincide con las mayores riquezas hidrocarburíferas de Bolivia.
- Sí y hay otros tipos de intereses de políticos de línea desarrollista que está recobrando fuerza en Bolivia. A ellos les puede faltar la voluntad política. La reconstitución territorial del pueblo guaraní no quiere decir que se acaba con cualquier posibilidad de utilización de esos recursos, sino sólo que la contraparte con la que hay que hablar no es los hacendados sino con los guaraníes. A veces da la impresión de que en el propio Gobierno hay ciertos cálculos en que prefieren negociar con hacendados que con pueblos indígenas reconstituidos.
- La Conamaq también critica la visión extractivista del programa de Gobierno, en contraposición al discurso de conservación de la naturaleza.
- En Bolivia, de vez en cuando hay declaraciones políticas de altas autoridades gubernamentales que ponen en duda si es verdad que están dispuestos a respetar los derechos indígenas, como dice la Constitución. En América Latina se están reconociendo sobre el papel los derechos indígenas, pero hay disociación, esquizofrenia, entre las políticas prácticas y las declaraciones de principios. Hay hechos que crean la duda de que si no se está utilizando el reconocimiento a los indígenas para encubrir políticas en contra de ellos.
Perfil
Un hombre de leyes
Bartolomé Clavero Salvador nació en 1947. Se doctoró en Derecho por la Universidad de Sevilla en 1972, actualmente es catedrático de Historia del Derecho y de las Instituciones de dicha universidad. Es vicepresidente del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas y ha sido relator de la ONU para los derechos indígenas. Es una de las mayores autoridades mundiales sobre derecho constitucional e indígena y participa de comisiones en lugares de conflictos con indígenas.
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