Retroceso. Los ayllus del norte potosino se reunirán mañana para definir los pasos para lograr la libertad de Hilarión E. G., presunto linchador de policías en Saca Saca, pese a que ayer expiró el plazo que habían dado al presidente Evo Morales para dejarlo en libertad. La Fiscalía y la Policía advirtieron que harán cumplir la ley en este caso.
Los comunarios anunciaron un cerco a la Villa Imperial y la liberación por la fuerza del implicado. Boris Antonio Colque, mallku de la Federación Agraria Indígena Originaria del Norte Potosino, dijo ayer que los lugareños están atemorizados por lo que creen una persecución judicial, incluso señaló que todos temen ser aprehendidos por la Policía.
“Por eso, nosotros exigimos respeto a nuestro territorio y a nuestro gobierno indígena y que las autoridades de la Policía y la Fiscalía ingresen a nuestros ayllus con autorización de los mallkus”. Es así como Colque exigió el inmediato repliegue de los fiscales de Llallagua y Uncía.El 23 de mayo, originarios de los ayllus Qaracha y Layme tomaron rehenes a cuatro efectivos de la Dirección de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos de Oruro, a quienes acusaron del asesinato, dos días antes, a un joven taxista de Llallagua, Adalid E. C. (22). Luego lincharon a los policías Nelson Alcócer, Rubén Cruz, Esteban Alave y Miguel Ramos.
La Fiscalía de Potosí aprehendió al padre del muchacho, Hilarión E. G. (56), a quien imputó de asesinato y desde el sábado está recluido en el penal de Cantumarca. Esta persona, de acuerdo con la Fiscalía, incitó a los comunarios a vengar la muerte de su hijo, cuyo cadáver fue encontrado el sábado 21 en una vía vecinal.
La autoridad indígena lo defendió al asegurar que “se trata de un anciano. Está muy enfermo. En cualquier parte no se encarcela a las personas de la tercera edad, sino que se las hospitaliza. Por eso queremos que la justicia ordinaria, en coordinación con la justicia indígena, investiguen este caso con transparencia”.
Colque atribuyó a contrabandistas de autos provenientes de los departamentos de Cochabamba y Santa Cruz la autoría de la muerte de los uniformados y reiteró que Hilarión E. G. es inocente.
Los ayllus analizan la posibilidad de marchar al penal de Cantumarca para liberar al detenido, pero el Comando General de la Policía anunció ayer que tomó las previsiones para evitar excesos o un intento de toma. Tampoco descartó intervenir en el norte de Potosí para restituir la presencia del Estado en la zona que desde mayo es considerada “tierra de nadie”.
El viceministro de Régimen Interior, Marcos Farfán, explicó ayer que el Gobierno evalúa si el ultimátum lanzado por Colque tiene consenso y apoyo, por lo que no tomará todavía medidas para prevenir una eventual movilización campesina.
Mientras tanto, el fiscal general del Estado, Mario Uribe, recordó a los ayllus potosinos que la ley no se negocia y que las investigaciones de este caso seguirán adelante, a pesar de la presión y las protestas de los comunarios del norte potosino.
“No olvidemos que Bolivia se maneja bajo un sistema democrático y de derecho, por lo tanto, la vigencia de la ley, el criterio de la ley es inmóvil y la ley no puede ser ajustada a criterio y capricho de un grupo o de una persona”, manifestó.
Otros huyeron a Chile y Argentina
El fiscal potosino Juan Carlos Ramírez, quien investiga el asesinato de cuatro policías en la comunidad potosina Saca Saca, informó ayer que una de los presuntos victimarios, identificada como “la señora Filomena, una contrabandista de autos”, huyó a Chile.
En declaraciones a Radio Fides, el representante del Ministerio Público informó que “evidentemente hay una persona de sexo femenino que de alguna manera está dedicada a la compra y venta de autos chutos (de contrabando). A ella no se la puede aprehender. Con base en la información de los policías que se constituyeron en Uncía, creemos que ella presuntamente se encuentra en Chile”.
La autoridad indicó que se harán citaciones a otros cinco sospechosos por medio de edictos a fin de que, en caso de no presentarse, sean declarados rebeldes a la ley y así la investigación prosiga su curso regular hasta el juicio oral.
El Ministerio Público sospecha que otros presuntos implicados en este caso huyeron a la República Argentina a través de la localidad fronteriza de Villazón.
No hay comentarios:
Publicar un comentario