martes, 19 de marzo de 2013

Controversia por el Tipnis repercute en NNUU y OEA


La Cidob en defensa del Tipnis.

El conflicto por la aparente contradicción de las leyes 180 de intangibilidad y 222 de consulta fue expuesta en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA); asimismo, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) expresó su preocupación por la dilatación del conflicto que involucra a los pueblos originarios del Territorio Indígena y Parque nacional Isiboro Sécure (Tipnis).

A su retorno de Washington, la comitiva del Tipnis, conformada por el dirigente de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob), Adolfo Chávez, y el presidente de la Subscentral Tipnis, Fernando Vargas, aseguraron que la CIDH preguntó a los representantes del Gobierno central las características de ambas normas, sin obtener una respuesta jurídica clara.

Según Chávez, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, quedó “mal parado” y no supo responder ante el cuestionamiento sobre las leyes 180 y 222, demostrando que el Estado boliviano no respetó a la octava marcha en defensa del Tipnis y fomentó otra norma que viabiliza la construcción de la carretera en medio de la reserva natural.

“Se ha pedido que se proceda a la anulación de la Ley 222 así como todos sus antecedentes y se aplique la Ley 180, además que se retire inmediatamente los efectivos militares que han sido desplazados por el Tipnis”, declaró en Santa Cruz.

La 147 audiencia de la CIDH se celebró por una hora el 15 del presente y por el lado de la administración de Evo Morales participó el ministro Romero además de la presidenta de la Cidob paralela, Melva Hurtado, el presidente de la Subcentral Sécure, Carlos Fabricano y el presidente del Consejo Indígena del Sur (Conisur), Gumercindo Pradel, quien además encabezó la contramarcha que logró la Ley 222 de consulta.

Mediante un comunicado, el Ministerio de Gobierno respondió sobre las declaraciones de los dirigentes indígenas, asegurando que no hubo ninguna violación a la Ley 180 de intangibilidad, porque hubo otra marcha, la del Conisur, que demandó realizar una consulta previa, establecida en la Constitución Política del Estado (CPE) y los tratados internacionales. “Se demostraba que la demanda de aprobación de esa norma no fue producto del consenso de las comunidades del Tipnis”, cita el comunicado y agrega que la comitiva gubernamental “recordó que durante la octava marcha del Tipnis los dirigentes de esa movilización expusieron en su pliego petitorio el interés de comercializar los créditos de carbono y bonos de la biodiversidad que fomentan el capitalismo verde”.

El caso también fue motivo de preocupación de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y el informe 2012, donde la Acnudh en Bolivia expresó sus observaciones por la no aplicación efectiva de la sentencia constitucional que exigió consenso pleno para desarrollar el proceso de consulta, que fue efectivo por el Ejecutivo entre abril y diciembre del año pasado.

“Acnudh-Bolivia ha manifestado en reiteradas ocasiones que la realización de una consulta en el Tipnis, a través de un diálogo permanente en el marco de los estándares del derecho internacional, era el procedimiento más adecuado para satisfacer los reclamos de todas las partes”, cita NNUU.

Ante este panorama, el presidente Evo Morales afirmó que está analizando “seriamente” la posibilidad de retirar a Bolivia de la CIDH debido a que “no aporta nada” y sólo beneficia al “imperialismo”.

“Estoy pensando seriamente retirarnos del CIDH, qué aporta, imagínense, tiene una oficina en EEUU y EEUU no ratifica ningún acuerdo de defensa de los derechos humanos, son tratados internacionales, (pero) ninguno (ratifica), porque Estados Unidos los financia”, señaló.

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