Los indígenas de Perú tienen una larga lista de observaciones y rechazos a la reglamentación de la ley de consulta previa sobre proyectos que afecten sus territorios.
Sobre la base de estos puntos se va perfilando un documento coordinado en los talleres que se realizan en todo el país en el marco del encuentro nacional que comenzó el lunes 13 de febrero y que convoca a diversos sectores de la sociedad.
“Antes que aprobar el reglamento, la ley debe ser modificada porque tiene varios vacíos, como el hecho de no recoger los requisitos mínimos del derecho a la consulta previa que establecen los instrumentos internacionales”, alertó Alberto Pizango, presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep).
Pizango, quien adquirió mayor notoriedad por sus aspiraciones presidenciales en las elecciones de 2011, se reunió en días pasados con dirigentes indígenas de la Amazonia para fijar una posición única en las observaciones que se plantearán al Gobierno de Ollanta Humala.
Aidesep y otras cuatro agrupaciones que participan en la comisión multisectorial, creada para elaborar con varios ministerios el proyecto de reglamento de la ley, cuestionaron el planteo de que la consulta popular ante cualquier iniciativa de explotación que se presente no se haga antes de que el Estado otorgue una concesión, sino sólo cuando avanzan los estudios técnicos de impacto ambiental.
“El Estado ha incumplido varias veces y por años lo que exige el Convenio 169 y ahora quiere seguir haciéndolo con un reglamento que tiene vacíos”, señaló Pizango a IPS, en referencia al tratado de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
El Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, adoptado en 1989 y que entró en vigor en 1991, establece un sistema de protección especial para las etnias autóctonas y mecanismos de consulta sobre leyes, proyectos productivos y políticas que las afecten en su desarrollo y su hábitat.
Perú nunca estableció los mecanismos para cumplir con este derecho. Sólo en agosto de 2011 se aprobó la Ley de Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas, como consecuencia de los enfrentamientos de 2009 entre la Policía y los indígenas de la localidad de Bagua que reclamaban este derecho.
Los dirigentes indígenas también señalan que el Estado debe considerar imprescindible el consentimiento o aceptación expresa de los pueblos indígenas antes de que se desarrollen acciones en sus territorios que puedan derivar en la vulneración de sus derechos fundamentales.
Además demandan que el Estado haga cumplir y respetar las “decisiones soberanas” de los pueblos indígenas de Perú.
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