La dirigencia del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) advirtió este jueves al gobierno con la ruptura del diálogo y la realización de medidas de presión de no llegarse a un acuerdo durante esta misma jornada para la reglamentación de la Ley Corta.
A su vez, los dirigentes exigieron al gobierno que cumpla las normas que promulga y que no trate de modificar la Ley Corta bajo presión de los cocaleros que amenazan con iniciar una marcha hacia La Paz el 17 de diciembre para exigir la construcción de la carretera por el TIPNIS.
"Nos han presentado una alternativa (de redacción); responderemos con una nueva propuesta y si ahora no llegamos a un acuerdo, se rompe el diálogo definitivamente y nosotros volveremos a nuestras regiones, a nuestras bases, a la CIDOB, para empezar a definir la estrategia de defensa no sólo del TIPNIS sino de los indígenas que habitamos el territorio, así como de las 22 áreas protegidas que tiene el país", declaró el presidente del TIPNIS, Fernando Vargas.
Vargas lamentó que hasta la fecha no se haya llegado a un acuerdo, pues al inició de este diálogo para redactar un reglamento el ministro de la presidencia, Carlos Romero, se habría comprometido con la dirigencia a respetar todos los acuerdos.
"En el momento antes de sentarnos al diálogo yo fui claro y le consulte al ministro que si nos vamos a sentar para discutir la reglamentación no se va a desvirtuar esto después, y el ministro Romero fue claro y se comprometió a que esto se va a respetar; en ese entendido fue que empezamos a trabajar", sostuvo el dirigente.
El gobierno decidió devolver con observaciones el reglamento de la ley 180 de protección al TIPNIS, luego de la reunión que sostuvo con los dirigentes indígenas este miércoles en la vicepresidencia.
El acuerdo anterior planteaba que el termino "intangible" se aplicará a los megaproyectos, que son una amenaza para el TIPNIS, y que se aplicará al núcleo del Parque por ser un zona de alta vulnerabilidad.
Las actividades de deforestación quedarán suspendidas completamente, mientras que las actividades de turismo y pesca podrían reanudarse toda vez que se realice una evaluación técnica y se revise las licencias medioambientales de acuerdo con la normativa vigente.
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