El alto comisionado de las naciones unidas en bolivia presentó informe sobre derechos humanos
La Paz - Cambio
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH-Bolivia) recomendó ayer al Estado boliviano profundizar los procesos de consultas públicas a los pueblos indígenas, sobre todo en aquellos aspectos que afecten o vulneren sus comunidades.
Durante la conferencia de prensa ofrecida en el hotel Radisson por la presentación del informe 2010 sobre la situación de los derechos humanos en el país, el representante del OACNUDH en Bolivia, Denis Racicot, destacó el proceso de consulta a los pueblos indígenas para la elaboración del proyecto de Ley de Deslinde Jurisdiccional, que se cumplió en el marco de los estándares internacionales, particularmente de la Declaración 169 de las Naciones Unidas y la Constitución Política del Estado. Sin embargo, dijo que en el texto final de la ley no se incorporaron importantes cuestiones resultantes de dichas consultas ni se replicó el proceso previo en otros procesos de consultas.
Aseveró que la debilidad de este proceso de consulta se puede ver en los casos en los que las comunidades indígenas no fueron lo suficientemente escuchadas, aun cuando iban a ser afectadas en sus derechos. “Como lo señalamos, en otro tipo de situaciones –particularmente de grandes proyectos que se dan en estos últimos años– las comunidades no han sido siempre consultadas de la misma forma que para la Ley de Deslinde Jurisdiccional”, señaló Racicot, en alusión a la carretera Villa Tunari−San Ignacio de Moxos, que se prevé pasará por pleno “monte sagrado” del Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis).
“Hemos llevado el caso del Tipnis, donde por el momento la situación de consulta no es suficiente en cuanto a medio ambiente”, dijo Denis Racicot. El representante del OACNUDH en Bolivia indicó que a pesar de la obligación que tiene el Estado –particularmente por haber adoptado las declaraciones de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas–, hay aspectos en esta temática que no se están cumpliendo a cabalidad.
En el caso del Tipnis, la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) está a cargo del proceso de consulta para consolidar la carretera Villa Tunari− San Ignacio de Moxos, dividido en tres tramos. En el primer y tercer tramos los pueblos dieron su visto bueno; mientras que en el segundo, sobre el Parque Isiboro Sécure, las comunidades rechazan la obra vial.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas dijo que en materia de la extracción de los hidrocarburos, sería importante trabajar en una nueva norma más amplia para las otras materias, a fin de que “la consulta sea una regla, una norma aplicable a todo tipo de proyectos que afecten los intereses de los pueblos indígenas”.
El informe 2010 sobre la situación de los derechos humanos en Bolivia que presentó la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas también fue socializado entre organizaciones del país.
“Hace falta un plan integral para eliminar servidumbre”
En aplicación a las recomendaciones de la Alta Relatora de las Naciones Unidas, el Foro Permanente y la Organizaciones de Estados Americanos (OEA), la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (OACNUDH-Bolivia) recordó al Gobierno la necesidad de ejecutar un plan interministerial integral para eliminar la servidumbre en el país.
“Es hora de reunir toda esta atribución internacional, todas estas conclusiones y recomendaciones de las distintas instituciones y ejecutar de forma coherente un programa de atención interministerial”, dijo Denis Racicot, representante de la OACNUDH.
Señaló que a pesar de la distribución de tierras a pueblos indígenas, la Alta Relatora de las Naciones Unidas, el Foro Permanente y la OEA pudieron constatar que hasta el año 2010 aún había guaraníes en situación de servidumbre en el país.
“Es necesario que se ejecute un plan interministerial de desarrollo integral que se terminó de realizar en 2009 y que no fue implementado en 2010, y que es parte de la solución”, manifestó Racicot.
También llamó la atención a las autoridades correspondientes por la impunidad que gozan hacendados que vulneraron los derechos indígenas.
OBSERVACIONES
Avances: a) la integración por primera vez de siete diputados elegidos en circunscripciones especiales indígenas, además de los otros asambleístas indígenas elegidos por voto popular. b)
elección de nuevas autoridades en 11 autonomías indígenas, y la designación de 18 asambleístas departamentales indígenas en base a sus tradiciones.
Recomendación: el Gobierno y la Asamblea Legislativa Plurinacional deben expandir la legislación para que se garantice el derecho a la consulta de los pueblos indígenas con vistas a la adopción de leyes y decisiones administrativas susceptibles de afectar sus derechos.
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