El jesuita Xavier Albó cuestionó los decretos del Gobierno que autorizó a las empresas petroleras en las últimas semanas a explorar hidrocarburos en 22 áreas reservadas Albó admitió la debilidad de los pueblos indígenas, pero recomendó que estos debieran unirse para reivindicar sus derechos consagrados en el Convenio 169 de la OIT, la carta pastoral del papa Francisco y en la Constitución de 2009.
CONSULTA LIBRE
“(En este caso) los pueblos indígenas débiles tienen que pelear con los poderosos, pero que pueden encontrar una manera: uniéndose todos desde abajo”, expresó Albó a ANF.
También manifestó además que esa unidad debe buscar que prevalezca la consulta previa libre e informada en sus territorios para conocer si es que desean los proyectos sugeridos por el Gobierno o no.
CONGRESO
El presidente Evo Morales anunció esta semana en la inauguración del V Congreso Gas y Petróleo que concluyó este miércoles en Santa Cruz, que el régimen explorará “con fuerza” siete de las 22 áreas protegidas en Bolivia.
GEODATA
Además, firmó un convenio con la empresa italiana Geodata para que se haga el estudio del proyecto de la hidroeléctrica de El Bala (río Beni), que inundaría dos parques nacionales. Esas obras, según la Constitución, deben tener “el consentimiento” de los pueblos indígenas antes de llevarse adelante.
ALIADOS
Según Albó los pueblos indígenas tienen tres aliados muy importantes que pueden ayudarles a hacer respetar su derecho de la consulta previa: normas internacionales, como el convenio 169 de la OIT (NNUU), la carta pastoral del papa Francisco que pide que se cuide a la Madre Tierra y el uso del diálogo libre, abierto e informado que se debe dar sobre los proyectos.
GRANDES PROYECTOS
Agregó que el mayor problema de la creación de megaproyectos en áreas protegidas es que los principales beneficiarios no los pueblos indígenas.
“Piensan que la solución es a costa de los otros, en vez de buscar algo que sea para todos y que no ponga en daño a la naturaleza; se tendría que hacer no a costa de los pueblos indígenas”, manifestó Albó.
CONTRADICCIÓN
Agregó que la mayoría de los gobiernos latinoamericanos entra en una contradicción entre el discurso y las acciones. “A nivel internacional es más fácil decirlo pero a nivel nacional es difícil (pero) es una contradicción y la excusa es la búsqueda del desarrollo”.
El sacerdote, que es antropólogo y doctor en filosofía, alegó que la pérdida de la biodiversidad es irreversible y el impacto social que implica obliga a los indígenas a migrar o adaptarse a nuevas condiciones de vida. Dijo también que los proyectos provocan asentamientos que empiezan a penetrar en sus territorios, afectando sus posibilidades de sobrevivencia.
DOBLE DISCURSO
Explicó que el Gobierno maneja un “doble discurso” y aunque advierte el impacto ambiental, las autoridades le dan menos importancia a éste, otorgándole relevancia a “lo inmediato y a un sentido equivocado de progreso”.
DECLARACIÓN
En el artículo 19 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas establece que éstos deben ser consultados mediante sus propias instituciones para que den su “consentimiento libre e informado” antes de que se apruebe cualquier proyecto que afecte a sus tierras o territorios. Varias obras gubernamentales están en curso en territorios indígenas o áreas nacionales.
TIEMPO
Hace poco el Jefe de Estado expresó que en las consultas previas se pierde mucho tiempo y que esa es la debilidad del Estado y dijo que eran una debilidad del Estado en oportunidad de la reciente iniciación de los estudios de sísmica 2D en el área de Sararenda, cerca de Camiri, a cargo de YPFB Andina. Además expresó que los indígenas no deberían ser “instrumento” de las Organizaciones No Gubernamentales y durante el congreso en Santa Cruz sostuvo que las empresas no proporcionarán dinero en efectivo a los pueblos originarios, sino proyectos de desarrollo.
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