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martes, 28 de julio de 2015

Indígenas se oponen a las medidas del Gobierno

Los decretos para explorar y explotar en áreas protegidas dejarían a las comunidades con un 20% de territorio. Aseguran que el Ejecutivo no toma en cuenta los asentamientos humanos.

Debido a que son comunidades alejadas, se tarda hasta una semana para llegar a algunas, los indígenas desconocen las nuevas medidas que promulgó el Gobierno para explorar y explotar recursos naturales en las 22 áreas protegidas del país. Adolfo Moye, expresidente del Territorio Indígena Nacional del Parque Isiboro Sécure (TIPNIS), salió recientemente de su comunidad para señalar que las nuevas normas son desconocidas por los indígenas, por lo que no se tomó una determinación sobre el particular.

"Una reacción activa todavía no se ha dado en el TIPNIS porque la noticia no ha llegado, allá no hay ninguna información respecto al anuncio del Gobierno sobre los nuevos decretos que emitió, por eso es que no hubo una reacción", dijo.

Consultado sobre el particular dijo que, en el caso del TIPNIS, los bloques hidrocarburíferos que fueron otorgados, principalmente a empresas trasnacionales, afectan el 50 por ciento del territorio, pero a esa cifra se deben sumar los asentamientos humanos, principalmente de cocaleros de Cochabamba. Asegura que el Gobierno no toma en cuenta que detrás de las áreas de exploración hay asentamientos humanos, que reducen el espacio de los indígenas que viven en el lugar.

Se calcula que ambos procesos, de exploración y de asentamientos, afectarían entre un 85 y 90 por ciento a las áreas donde viven principalmente indígenas, lo que significa que para su supervivencia sólo contarían con el 15 o el 20 por ciento.

También se debe tomar en cuenta que ese porcentaje representa a las lagunas y otras áreas inhabitables, "los pueblos indígenas perderían todo su territorio, es decir, las 91 mil hectáreas cuadradas que están tituladas para los tres pueblos indígenas, que serían destruidas por la explotación de hidrocarburos, acompañada de los asentamientos para la producción de coca".

Respecto a las declaraciones de las autoridades, de que sólo se afectaría el 0,4 por ciento de las siete áreas protegidas donde se realizarían trabajos de exploración y explotación, Moye respondió, "esto que dice el Gobierno, de que afectaría lo mínimo, es simplemente anestesia para hacernos creer, y quedarnos tranquilos, de que no va a pasar nada y más bien apoyaremos".

Para la dirigencia de los pueblos indígenas, la ejecución de las nuevas normas representa la "desaparición de los pueblos indígenas". Aseguran que fueron declaradas áreas protegidas, precisamente porque hay reservas de minerales y de hidrocarburos. En el caso del TIPNIS, Moye señala que ya están asignadas las áreas que serán exploradas y que la intención es esperar las reacciones que adoptarían las comunidades indígenas.

Por ejemplo, la francesa Total aguarda que se pueda liberar la concesión que tiene en esta región, que es compartida entre los departamentos del Beni y de Cochabamba, precisamente porque fue declarada área protegida, pero con las nuevas normas se autoriza los trabajos de exploración hidrocarburífera.

EL CEDIB DICE QUE EN EL TIPNIS HAY TRES CONCESIONES PETROLERAS, DOS A PATROANDINA Y UNA A PETROBRAS JUNTO CON LA TOTAL.



EL PRESIDENTE EVO MORALES DIJO LA PASADA SEMANA EN SANTA CRUZ QUE TIENEN todo "el derecho de hacer exploraciones en las llamadas áreas protegidas y lo vamos hacer con mucha fuerza. Para información del pueblo boliviano y del mundo entero, Bolivia tiene 22 áreas protegidas, de las 22 áreas protegidas solamente vamos a explorar en siete áreas protegidas".

Durante a inauguración del V Congreso Internacional de Gas y Petróleo el Mandatario también señaló que "tal vez por culpa de algunos hermanos indígenas, quién sabe el movimiento indígena ya no es una reserva moral, pero por culpa de algunos. Ahí tienen los datos, ahí tienen la información, que algunos sacan por compensación, depositan a bancos extranjeros y esa plata nunca llega a los pueblos", en relación al sistema de compensación económica que se entrega a los dirigentes de las zonas afectadas por algún trabajo de exploración de recursos naturales y que ahora se cambiará al desarrollo de obras.

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