La Justicia chilena absolvió ayer, por falta de pruebas, a 17 comuneros mapuches que estaban acusados por delitos de terrorismo y robo de madera, pero condenó a cuatro indígenas por delitos comunes.
“Ha sido la opinión de estos sentenciadores desestimar las pretensiones de los acusadores en orden a condenar a los imputados como autores del delito de asociación ilícita terrorista”, según un fallo de un tribunal de Cañete, en Concepción, a 500 km al sur de Santiago.
Fueron absueltos 17 comuneros mapuche por los delitos de robo de madera e incendio que afectaron varias cabañas en la zona del lago Lleu Lleu entre los años 2005 y 2008, porque no se pudo conectar a los acusados con los hechos.
Norberto Parra, dirigente absuelto de todas las causas, afirmó que estuvo “casi dos años preso, ha sido un montaje, el mismo tribunal ha señalado que he sido absuelto de todos los cargos que tenía. Se me imputaba también el ataque al fiscal Elgueta y yo no he participado en nada, salgo contento, cuando uno no hace nada camina con la frente en alto y dando la cara”.
Natividad Llanquileo, vocera de los comuneros, afirmó este martes a teleSUR que “la sentencia confirma que hay una persecución política contra los líderes de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM)”.
La representante agregó que los afectados aún podrán solicitar la nulidad del juicio en su contra debido a que las pruebas que se mostraron tenían como base la Ley Antiterrorismo chilena, que data de la dictadura de Augusto Pinochet, y no tenían relación con la sentencia por delitos comunes.
El fallo es considerado por los abogados defensores como un montaje de latifundistas y fiscales para acallar la lucha de los mapuches por recuperar sus tierras y poner tras las rejas a sus líderes, opinión que comparten con sectores de la oposición chilena y comunidades indígenas.
Movimiento logra reformar la ley
Los mapuches — “gente de la tierra”, en su lengua nativa— fueron los primeros habitantes de Chile y parte de Argentina. Hoy suman unos 700.00 miembros (entre los 16 millones de habitantes de Chile), concentrados en una reducida zona del sur chileno, con niveles de pobreza que doblan al resto de la población.
Los indígenas exigen la devolución de las tierras que pertenecieron a sus antepasados y ahora están en manos privadas, por lo que a menudo ocupan tierras de forma ilegal o incendian predios agrícolas en hechos que han derivado en enfrentamientos con la Policía.
El Estado ha reintegrado a los mapuches unas 650.000 hectáreas y tras una extensa huelga de hambre que protagonizó el año pasado una treintena de indígenas se modificó parcialmente la Ley Antiterrorista.
Desde entonces quedó prohibido aplicar la normativa a menores de 18 años y se redujeron las penas por el delito de incendio, por el cual están acusados la mayoría de los mapuches.
Se cambió también la definición de delito terrorista, en tanto aumentaron las penas al financiamiento del terrorismo.
Asimismo, se garantizó que la defensa de los acusados pueda contrainterrogar a los testigos protegidos.
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