Entre banderas wiphalas y azul y negro, características del partido en función de gobierno, la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob) celebró su 31 aniversario, mientras otro sector amenazado con procesos judiciales denuncia nuevamente la vulneración de los derechos de los comunarios de tierras bajas por la inminente construcción de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos y la represión de Chaparina de 2011.
En acto desarrollado en la sede de la Cidob de Santa Cruz, el mandatario Evo Morales fue recibido por Melva Hurtado, presidenta de la facción oficialista, quien no dejó de elogiar el proceso de cambio y las obras que el Gobierno lleva a las comunidades amazónicas.
La Cidob firmó un convenio con el director del Fondo Indígena, Marco Antonio Aramayo, para proyecto lecheros que beneficiarán a tres pueblos, mientras Morales comprometió un coliseo para las actividades de la organización indígena.
En el otro sector, los dirigentes que defienden el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) y sobre cuyas cabezas aún pende un mandamiento de aprensión, criticaron la división generada en la “Casa Grande” y reiteraron que la represión a la octava marcha pasó por decisión del Ejecutivo.
“Como organización nacional que representamos a los 34 pueblos indígenas de tierras bajas de Bolivia jamás olvidaremos los constantes atropellos y vulneración a nuestros derechos individuales y colectivos, principalmente por la brutal represión policial que sufrimos en Chaparina durante la VIII Marcha Indígena por mandato de Evo Morales y que hasta la fecha, a más de dos años, no encontramos justicia”, dijo a Erbol la vicepresidenta de la Cido, Nelly Romero.
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