El Viceministerio de Descolonización propone el matrimonio celebrado por un representante de la religiosidad indígena como requisito indispensable para que una persona sea designada autoridad originaria. El Conamaq plantea que esa medida también se aplique a quienes ocupen cargos en la administración pública.
En octubre pasado, el Viceministerio de Culturas convocó al programa “Matrimonios colectivos desde nuestra identidad”, cuya finalidad es, según un documento oficial, “promover y recuperar la cultura de la tolerancia mediante los matrimonios plurinacionales para facilitar el proceso de institucionalización de la diversidad de prácticas religiosas”.
El certificado de matrimonio firmado por el amauta, sabio o sacerdote de tierras bajas, aymara o quechua sería requisito indispensable para ejercer las funciones de autoridad originaria y administrar la justicia indígena.
Sergio Hinojosa, jiliri apu mallku del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq), dijo que el planteamiento debe ser aplicado a toda la administración pública, “porque representará la autovaloración de las culturas ancestrales y la autodeterminación por las que hemos luchado” (ver el recuadro).
Cárdenas explicó en una rueda de prensa que “de lo que se trata es de recuperar nuestra fe. El Estado Plurinacional tiene que reparar ese daño provocado por el Estado colonial contra los pueblos originarios. Entonces, una forma de hacerlo es mediante el matrimonio celebrado por los sacerdotes de la Pachamama, preservando nuestra identidad”.
El jueves 30 de diciembre, 200 parejas contraerán matrimonio en ceremonias andinas que se llevarán a cabo en los departamentos de Oruro y Potosí. Además, los novios se incorporarán al plan de vivienda social del Gobierno.
Cárdenas explicó el sábado a los asistentes al ampliado de los cocaleros del trópico cochabambino, reunido en Lauca Ñ, que desde hace siglos el Estado colonial ha manejado a los pueblos originarios para “domesticarlos” bajo los lineamientos de la fe católica.
La autoridad agregó que “el Estado colonial ha desestructurado la religiosidad de los pueblos indígenas y originarios, entonces, el Estado tiene que reparar y fortalecer religiosidades, especialmente de los pueblos indígenas”.
“Debemos dejar de estar sometidos”
Sergio Hinojosa, jiliri apu mallku del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq), dijo ayer que el proyecto de matrimonios con identidad es “una propuesta de descolonización, porque debemos dejar de estar sometidos a la Iglesia Católica, que apoya a la oposición”.
Según el líder indígena de las tierras altas, romper el monopolio religioso cristiano de los matrimonios y el hecho de que los jóvenes se casen ante un sabio indígena permitirán “valorar nuestra cultura y nuestros sentimientos”.
“El Estado plurinacional debe recuperar nuestros derechos y la sabiduría ancestral”.
Hinojosa dijo que la propuesta del Viceministerio de Descolonización de que las personas se habiliten con el certificado de matrimonio firmado por el sacerdote indígena para ser autoridades originarias debe ampliarse para que sea un requisito indispensable para que cualquier boliviano ocupe un cargo en la administración pública, “porque representará la autovaloración de las culturas ancestrales y la autodeterminación, por las que hemos luchado y porque eso es lo que debe representar el proceso de cambio”.
Una fuente del Viceministerio de Descolonización informó que la principal autoridad de esa cartera se encontraba ayer en la localidad de Orinoca, Oruro, donde preparaba un acto especial, por lo que no podría pronunciarse sobre el tema y que su retorno a la sede de sus funciones está previsto para los siguientes días.
Opinión
“Ésta puede ser una forma de coaccionar la libertad de conciencia, la libertad de pensamiento y de religión. Una medida de este tipo conduce a eso. Es indudable. Ahora distingamos, que (el matrimonio celebrado por amautas o sacerdotes indígenas) sea como una condición para ser una auctoridad originaria puede ser aplicado, porque los pueblos originarios tienen también sus principios de la forma en la que uno va a llegar a ser un mallku, como va a ser un jilacata, etcétera, pero que eso sea también un condicionamiento para ejercer una función pública me parece que contravendría a la misma Constitución Política del Estado, que reconoce la libertad de culto y que a nadie se le puede obligar a tener uno u otro culto. A nadie, cuando entra a un trabajo, se le puede preguntar, ni siquiera se le debería preguntar cuál es su religión, en eso creo que en Bolivia también hemos exagerado. Por ejemplo, en Estado Unidos es clarísimo, para trabajar en una empresa o en una entidad, lo que sea, es prohibido preguntar la religión porque se supone que cada uno sabrá lo que hace. Por tanto, no podría ser una condición”.
José Ross / Analista
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