La Federación de Campesinos de Tarija y la Federación Especial del Chaco decidieron en un ampliado extraordinario, organizar medidas de presión a partir del 10 de agosto, para que el gobernador Adrián Oliva revierta un decreto que transfiere la administración del Programa Solidario (Prosol) al Servicio Departamental Agropecuario (Sedag).
El dirigente Isaías Condori informó a la radio Aclo de la red Erbol, que la determinación fue asumida en un ampliado efectuado el pasado martes, donde se instruyó a los dirigentes de no asistir a ningún llamado de la Gobernación, mientras no se deje sin efecto el Decreto Departamental 012/2016 anuló el reglamento del Prosol.
Asimismo, exigen al Gobernador el inicio de las transferencias económicas a las comunidades, en el marco del mismo programa e instruyeron a sus dirigentes comunales, iniciar vigilias permanentes para asistir a todas las movilizaciones a partir del 10 de agosto.
Explicó que la primera medida será una gran marcha de protesta hasta que sus demandas sean favorablemente atendidas por la Gobernación.
El ejecutivo de Villamontes, Juan Pardo, señaló que no se descartan bloqueo de caminos y toman de instituciones que dependen de la Gobernación, porque el decreto que anula el Reglamento del Prosol no fue consultado ni socializado.
“Una de las estrategias que se va a aplicar es el bloqueo al departamento desde toda la región del Chaco y también con medidas de presión contra algunas instituciones que dependen del departamento porque la anulación del reglamento, afecta al sector campesino”, declaró Pardo. Desde el 10 de agosto campesinos iniciarán protestas por el Prosol.
AMPLIADO
El miércoles desde horas 10.00 se inició el ampliado departamental. Se notó mayor asistencia que en otras ocasiones, con dirigentes de la zona alta, el valle central y la región autónoma del Chaco. A medida que hacían uso de la palabra, se tocaron temas como la falta de concertación en la anulación del reglamento del Prosol, la problemática de las comunidades impagas del 2015, la falta de coordinación que existió en la última protesta por el programa el mes de marzo, el rol de los medios de comunicación en la disyuntiva y finalmente, la necesidad de la unión ante lo que consideran una “pulseada” iniciada por Adrián Oliva y sus secretarios, para poner a prueba al movimiento campesino.
Estuvieron, además, representantes de Las Bartolinas, el subgobernador de O´Connor, Walter Ferrufino, miembros de la ONG Jaina, el exalcalde de San Lorenzo, Juan Carlos Gutiérrez, algunos asambleístas antiguos y actuales del Movimiento Al Socialismo (MAS), y también dirigentes como Casildo Gudiño, entre otros. El encuentro culminó con el anuncio de la resolución final, que establece la fecha de inicio de las medidas. Posteriormente, cada central tuvo que elegir a un representante para que sea parte del Comité de Movilización, que será la instancia avocada a las estrategias y a las instrucciones en lo que, aseguraron, será una lucha por la reivindicación que no retrocederá hasta cumplir el objetivo.
Santos Valdez, como ejecutivo de la Fsucct, manifestó que se trata del “despertar” del sector, que ocurre en medio de una coyuntura que emula al pasado, cuando los campesinos debían soportar las imposiciones de los políticos, por lo que lamentó que la Gobernación quiera desconocer las conquistas sociales que se lograron. “Han hurgado el avispero, la gente ha reaccionado y van a empezar las movilizaciones. Más bien hemos logrado que no sean el día 6 de agosto. No vamos a decir qué medidas por estrategia, pero vamos a empezar con una marcha de todas las bases. La bandera del sector campesino es que se anule el decreto, queremos los desembolsos y el personal para que vaya trabajando en las carpetas, el monto no se toca, el reglamento está vigente”, expresó el dirigente.
Por su parte, el secretario de relaciones de la Fsucct, Eider Quiroga, detalló que la determinación está tomada. “Se instruye a las centrales no asistir a ningún llamado de diálogo mientras no se anule el Decreto 012/2016, también repudiamos la persecución política a los dirigentes ante los medios de comunicación, tratando de criminalizar. Instamos a la Asamblea Legislativa a hacer respetar y defender los derechos de los pueblos indígenas y campesinos”.
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