Especial para la revista Miradas
Casi tres años después de que los indígenas de El Salvador obtuvieran el reconocimiento de sus derechos en la Constitución, no hay políticas públicas ni leyes que hagan realidad esa conquista.
La Asamblea Legislativa ratificó en junio una reforma constitucional aprobada en abril de 2012, que generó nuevos derechos para los pueblos originarios, pero dirigentes indígenas manifestaron su temor de que todo quede en "letra muerta”. "Ha habido cambios que han estado llenos de buenas intenciones, pero falta darle orientación a esas buenas intenciones”, dijo la responsable del Consejo Coordinador Nacional Indígena Salvadoreño (CCNIS), Betty Pérez.
La lideresa habló con IPS durante la conmemoración del levantamiento indígena de 1932, celebrada en Izalco, que fue el epicentro de esa revuelta. El alzamiento, que buscaba mejorar las condiciones de vida fue reprimido por la dictadura de Maximiliano Martínez (1931-1944), con un saldo de entre 30.000 a 40.000 muertos.
Especialistas y organizaciones indígenas insisten que hacer realidad el mandato constitucional requiere una política integral, con respeto a la cosmovisión de cada pueblo, al menos en educación, salud, ambiente, trabajo, desarrollo comunitario y titularidad de la tierra. En salud se debe establecer un sistema de salud que contenga un enfoque "intercultural, que posibilite a los indígenas recibir servicios de salud adecuados y respetuosos de su cultura”, señaló en 2013 un informe del Relator especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, entonces James Anaya. Ese enfoque permitiría el reconocimiento de prácticas ancestrales como las que realiza el indígena Rosalío Turush, de 88 años, en Izalco, quien aún practica la curación con plantas.
A finales del siglo XIX, los pueblos indígenas fueron despojados de sus tierras comunales por parte de terratenientes que ampliaban así sus plantaciones de café. Así convirtieron a miles de indígenas y campesinos en braceros, sembrando la semilla del descontento social que, décadas más tarde, fue un germen de la guerra civil salvadoreña (1980-1992).
La revuelta de 1932 reclamó también esa usurpación de tierras indígenas. "De allí viene eso de la masacre del 32, porque los grandes terratenientes si uno no les vendía (las tierras), ellos se las quitaban a punta de pistola”, recordó otro indígena de Izalco, el artesano y músico Tito Kilizapa, de 74 años.
Gustavo Pineda, director nacional de Pueblos Indígenas, de la gubernamental Secretaría de Cultura, señaló a Tierramérica que "todos estos son procesos, convertir la realidad de los pueblos indígenas implica un proceso bastante largo y no fácil”.
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