Integrantes al menos 100 familias de ayoreos de la comunidad Garay, asentadas en predios de la jurisdicción de Santa Cruz de la Sierra, permanecen en vigilia por temor a represalias después de haber echado a miembros de al menos seis familias, acusados de dedicarse a la venta y consumo de cocaína, marihuana y clefa.
La exdiputada y dirigente de Garay, Teresa Nominé, compartía ayer una olla grande junto con sus hermanos ayoreos, mientras realizaba una vigilia en el centro de las viviendas precarias donde vivían los expulsados por su mala conducta. La dirigente manifestó que hace cinco años alertaron de su mala conducta a estas familias; sin embargo, hicieron caso omiso a las advertencias. “Decidimos la expulsión de ellos porque esto parecía una ciudadela de viciosos. Aquí hay niños y jóvenes que estaban siendo contaminados y no queremos malos días para nuestros hijos”, manifestó.
Nominé expresó que dentro de las viviendas de los expulsados encontraron sobres de marihuana, cocaína e incluso proyectiles calibre 22 escondidos, lo que significa un peligro y amenaza para la seguridad y convivencia de todos.
Ellos tienen información de que los expulsados regresaron a la comunidad Poza Verde, situada en la zona de Pailón.
Explicó que desde hace 12 años están asentados en estos predios, que constan de dos manzanas y 78 lotes.
Los pobladores aprovecharon la presencia de EL DEBER para pedir a las autoridades la construcción de una unidad educativa. Esperan la ayuda de las autoridades de la Gobernación y de la Alcaldía.
Ayer sostuvieron un encuentro con el candidato a gobernador Rubén Costas, quien les prometió ayuda si es reelegido.
Alerta en otra comunidad
Los ayoreos de la comunidad Degüi, de la Villa Primero de Mayo, están preocupados por lo sucedido. Alejandro Etocaré, que vive allí 30 años, dijo: “Estamos preocupados porque no todos somos así (vendedores de droga). Por unos pocos nos echan la culpa a todos”.
Esta comunidad alberga a unas 115 familias
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