Indígenas prevén graves conflictos por anuncio de perforar reservas naturales

Indígenas cruzan en balsa el río Sécure.

Representantes indígenas han solicitado al Órgano Legislativo apresurar la aprobación de la Ley Marco de Consulta Previa para tener el panorama exacto antes de que las empresas petroleras de Bolivia, Venezuela y Brasil ingresen a hacer las tareas exploratorias en las reservas naturales del país. El Gobierno confirmó a través de foros y reuniones bilaterales que próximamente los parques ecológicos como el Isiboro Sécure o el Madidi serán perforados por su alto valor en hidrocarburos.

El presidente de una de las facciones de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob), Adolfo Chávez, lamentó los anuncios de las autoridades del Ejecutivo sobre la premura asumida para la otorgación de licencias ambientales para garantizar a las estatales petroleras el paso a las reservas naturales del país, y exigió a la Cámara de Senadores avanzar en la Ley de Consulta para evitar que el conflicto del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) se repita en otras comunidades y naciones originarias.

Chávez dijo que en caso de volver a vulnerar los derechos de los pueblos indígenas, se confirmará el carácter confrontador y autoritario del Gobierno de Evo Morales, implicando ahora a las comunidades aledañas a la amazonía y el Norte de La Paz, cercanos al parque nacional Madidi.

La octava marcha en defensa del Tipnis, encabezada por Chávez y Fernando Vargas, precisamente abordó la temática y pidió parar las operaciones en el parque Aguarague donde habita gran parte del pueblo guaraní. El Gobierno, entonces, sostuvo que no daría vuelta atrás y calificó como inaceptable la petición de los indígenas, pues ese reservorio sería estratégico para los ingresos del Tesoro General de la Nación (TGN).

El acta de acuerdo tras la marcha, que incluyó la promulgación de la Ley 180 de intangibilidad del Tipnis, dejó el tema del Aguarague a beneficio del Estado, pero con la condición de asumir las medidas de mitigación del impacto ambiental y la compensación a los habitantes de ese territorio.

Sobre el tema, el analista progubernamental Hugo Moldis dijo que será ese mecanismo el que se utilizará para garantizar el cumplimiento constitucional del aprovechamiento de los recursos naturales en “armonía” con los pueblos originarios.

“El trabajo se coordina como el caso de los guaraníes de acuerdo con lo que establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) del cual Bolivia es el único signatario a través de la ratificación que hizo la Asamblea Legislativa y de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y se aplica la compensación además de generar políticas que mitiguen el impacto”, dijo.

Asimismo, aseguró que actualmente no existe ningún tipo de trabajo de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en la región del Tipnis, por el carácter de zonas inexploradas y parques naturales protegidos.

La consulta previa es un derecho de los pueblos indígenas y se encuentra dentro de la Constitución Política del Estado (CPE) en su art. 30, punto 15, además de la Ley de Régimen Electoral en el marco interno y en los artículos 18 y 19 de la Declaración de NNUU: “Los estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados por medio de sus instituciones representativas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que los afecten, a fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado”.

Desde el mes de abril el Ejecutivo sociabiliza la Ley de Consulta Previa con los sectores sociales y dirigencias afines al régimen del Movimiento Al Socialismo (MAS). Tanto la Cidob como el Consejo Nacional de Markas y Allyus del Qullasuyu (Conamaq) aceptaron participar de esta norma, pero sin retornar al Pacto de Unidad, según confirmó el jilliri Apu Mallku, Félix Becerra.

LICENCIAS

AMBIENTALES

El sábado, tras la Segunda Reunión de la Comisión de Integración Conjunta Bolivia - Venezuela desarrollada en Tiquipaya, Cochabamba, entre los mandatarios Evo Morales y Nicolás Maduro, se dio lectura a las conclusiones sobre acuerdos energéticos.

Uno de los puntos, leído por el canciller David Choquehuanca cita: "Suspensión de actividades de exploración por falta de licencias ambientales e intangibilidad del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) en el bloque Sécure, Madidi y Chispani. Al ser un tema interno de Bolivia YPFB PetroAndina deberá continuar las gestiones ante las instituciones estatales para la solución del mismo para obtener las licencias ambientales".

Es decir, el Gobierno de Bolivia a petición de Venezuela exhorta a la empresa petrolera a hacer las diligencias ante el propio Estado boliviano, llámese Ministerio de Hidrocarburos y Asamblea Legislativa, para viabilizar las licencias de impacto ambiental y así poder comenzar o en su caso proseguir con los estudios de exploración, explotación y comercialización de los recursos naturales dentro del Tipnis y el Madidi.

El vicepresidente Álvaro García también se refirió al tema en la inauguración del tercer Congreso Internacional de Gas y Petróleo, donde aseguró que Bolivia se convertirá en el corto plazo en una potencia energética para la región gracias a esos reservorios altos en petróleo y gas.

Finalmente, la nueva Ley de Hidrocarburos establecerá acelerar los procesos administrativos para la obtención de las licencias ambientales, primer requisito para que las empresas petroleras puedan realizar operaciones dentro del territorio nacional, más aún cuando existen áreas naturales de por medio.