La diputada y líder de Libertad de Pensamiento para Bolivia (LPB), Rebeca Delgado, informó ayer en conferencia de prensa que hizo una denuncia ante el Consejo Europeo, por la violación a los derechos de los pueblos indígenas y la injerencia del Órgano Ejecutivo en la justicia boliviana.
Un grupo de Trabajo de América Latina y el Caribe (Colac) del Consejo Europeo visitó ayer la Asamblea Legislativa con el objetivo de conocer mejor la realidad boliviana; entonces sostuvo una reunión con la diputada disidente del MAS, Rebeca Delgado, la senadora opositora Carmen Eva Gonzales y el senador oficialista David Sánchez.
En la oportunidad, Delgado manifestó de forma cronológica diversos momentos que definieron la renuncia de la diputada al partido de Gobierno.
Destacó que la Constitución Política del Estado es violada por el Gobierno.
“Estamos viviendo en una Bolivia de simbologías, como por ejemplo cuando se dice el respeto a los pueblos indígenas, que para cualquier megaproyecto se debe hacer una consulta previa a los pueblos indígenas, pero cuando hubo la posibilidad de la construcción de una carretera por un territorio indígena Tipnis, (que tiene dos características, una de Parque Nacional y otra de territorio indígena), resulta que deciden hacer la construcción por el medio del parque, en ese momento, yo estaba todavía como parte del Movimiento Al Socialismo y critique internamente, por lo que fui declarada traidora”, declaró.
Resaltó que el hecho que marcó la caída de la simbología del Gobierno como protector de los derechos de los pueblos indígenas fue también la violenta intervención de la marcha indígena en Chapararina.
“Un Gobierno que se dice progresista, que se dice de izquierda, que se dice de protección de los derechos de los pueblos indígenas intervino de la manera más brutal la marcha indígena, traicionando la Constitución, por lo que la traición está en el Palacio de Gobierno y no aquí”, afirmó.
Sobre la justicia expuso que no se puede realizar fiscalización, ya que hace algunos meses se inició un trabajo de la Comisión de Justicia y verdad, donde se toparon con la obstrucción y el acoso del Gobierno.
“Investigamos el caso extorsión de servidores públicos a diferentes políticos, hay como siete exservidores públicos en Palmasola, del Ministerio de Gobierno, del Ministerio de Transparencia, Fiscales de Distrito, un presidente de tribunal de Justicia de Santa Cruz, que se escapó a Colombia, y a través de esta investigación tuvimos una entrevista, que está grabada, de siete horas de revelación de cómo se habían manejado los casos políticamente y que ellos eran los operadores del Órgano Ejecutivo, nos dijeron caso por caso, 40 casos y entre esos están procesos a varios políticos del país”, concluyó la parlamentaria.
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