El relator especial de Naciones Unidas sobre derechos humanos, Ben Emmerson, planteó ayer tres recomendaciones a Chile para aplacar el conflicto mapuche y advirtió del riesgo de que la violencia escale, dado que el contexto actual es "potencialmente explosivo".
Tras una visita de dos semanas, Emmerson aconsejó al Estado chileno implementar una estrategia nacional sobre la problemática mapuche y poner fin a la aplicación de una ley antiterrorista y a la impunidad en las muertes de indígenas.
El relator hizo públicas estas recomendaciones en una rueda de prensa ofrecida en la sede de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en Santiago, al término de una visita que comenzó el 17 de julio tras una invitación del Gobierno chileno.
En estas dos semanas, Emmerson se reunió con altos funcionarios del Gobierno chileno, con integrantes del Poder Judicial y Legislativo, con miembros de los dos cuerpos policiales y con representantes de la Iglesia y de distintos organismos de la sociedad civil. EFE
miércoles, 31 de julio de 2013
ONU pide a Chile no usar legislación contra indígenas
a ONU exhortó al Estado chileno a cesar en la aplicación de la severa y “discriminatoria” Ley Antiterrorista contra indígenas mapuches que protestan por reivindicaciones sociales. “Recomiendo que debería cesar todo uso de la legislación antiterrorista en conexión con las protestas territoriales mapuches”, dijo el relator especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo de las Naciones Unidas, Ben Emmerson.
La legislación “ha sido usada de un modo que discrimina contra los mapuches. Se ha aplicado de modo confuso, lo que ha resultado en una verdadera injusticia, ha menoscabado el derecho a un juicio justo y se ha percibido como estigmatizante”, agregó Emmerson, al concluir una visita a Chile que inició el 17 de julio.
La Ley Antiterrorista, que data de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), aumenta exponencialmente las penas respecto a la legislación ordinaria por iguales delitos. El imputado es sujeto además de significativas desventajas procesales, como la ampliación de la prisión preventiva y el uso de testigos “sin rostros”.
En las últimas décadas, la legislación ha sido aplicada en su mayoría a indígenas mapuches, la mayor etnia chilena, por sus protestas de reivindicación de tierras que reclaman por derechos ancestrales y que les fueron arrebatas tras ser sometidos por la fuerza por el Estado chileno.
En el marco de esta lucha, grupos de indígenas se enfrentan con la Policía y llevan adelante ataques incendiarios, principalmente en La Araucanía (sur). En esa región habita la mayor parte de los casi 700.000 mapuches que viven hoy en Chile, sobre una población total de 16 millones de habitantes, agrupados en unas 3.000 comunidades, con niveles de pobreza que doblan al resto de la población.
No es la primera vez que la ONU insta al Estado chileno a no aplicar esta normativa contra los indígenas. En 2009, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU le pidió al Chile que revisara la norma y evitara su aplicación a mapuches por actos de protestas sociales. Desde esa fecha, sin embargo, varios mapuches han sido sometidos a esta legislación, instaurada por Pinochet para hacer frente a los movimientos de resistencia a su dictadura.
La legislación “ha sido usada de un modo que discrimina contra los mapuches. Se ha aplicado de modo confuso, lo que ha resultado en una verdadera injusticia, ha menoscabado el derecho a un juicio justo y se ha percibido como estigmatizante”, agregó Emmerson, al concluir una visita a Chile que inició el 17 de julio.
La Ley Antiterrorista, que data de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), aumenta exponencialmente las penas respecto a la legislación ordinaria por iguales delitos. El imputado es sujeto además de significativas desventajas procesales, como la ampliación de la prisión preventiva y el uso de testigos “sin rostros”.
En las últimas décadas, la legislación ha sido aplicada en su mayoría a indígenas mapuches, la mayor etnia chilena, por sus protestas de reivindicación de tierras que reclaman por derechos ancestrales y que les fueron arrebatas tras ser sometidos por la fuerza por el Estado chileno.
En el marco de esta lucha, grupos de indígenas se enfrentan con la Policía y llevan adelante ataques incendiarios, principalmente en La Araucanía (sur). En esa región habita la mayor parte de los casi 700.000 mapuches que viven hoy en Chile, sobre una población total de 16 millones de habitantes, agrupados en unas 3.000 comunidades, con niveles de pobreza que doblan al resto de la población.
No es la primera vez que la ONU insta al Estado chileno a no aplicar esta normativa contra los indígenas. En 2009, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU le pidió al Chile que revisara la norma y evitara su aplicación a mapuches por actos de protestas sociales. Desde esa fecha, sin embargo, varios mapuches han sido sometidos a esta legislación, instaurada por Pinochet para hacer frente a los movimientos de resistencia a su dictadura.
martes, 30 de julio de 2013
Los incas hacían ingerir alcohol y hojas de coca a los niños antes de sus sacrificios
El análisis del cabello de las momias de niños incas, que vivieron hace 500 años, ha determinado que los menores consumieron alcohol y hojas de coca antes de ser sacrificados. El trabajo, elaborado por la Universidad de Bradford y publicado en ´Proceedings of the National Academy of Sciences´ (PNAS), arroja así nuevos datos sobre las causas de la muerte estos niños, hallados en 1999 en unas tumbas de piedra en Argentina
La mayor tiene unos 13 años y es conocida como "la doncella de hielo", porque murió de frío en los Andes, en donde fue abandonada como sacrificio. Su cuerpo se encontró con las piernas cruzadas, con la cabeza caída hacia adelante y las manos apoyadas en el regazo. Llevaba un tocado de plumas sobre su cabello bien trenzado y había hojas de coca entre los dientes, junto a su mejilla.
Los expertos han indicado que pudieron ser sacrificados en una ceremonia llamada "capacocha", un ritual que utilizaba para infundir miedo entre la población y que ayudaba al control de los mandatarios de un imperio Inca en rápida expansión.
El análisis del cabello de los niños, que todavía contiene huellas químicas de su dieta, muestra que los tres fueron "tratados con drogas y alcohol desde meses antes de morir". Las cantidades de estas sustancias halladas en los cuerpos son particularmente altas en la niña de 13 años porque, según las teorías de los científicos, pudo mostrar mayor resistencia.
Los investigadores de la Universidad de Brandford han señalado que las hojas de coca, que liberan un estimulante suave cuando se mastica, habrían ayudado a hacer frente a las consecuencias de la altitud, mientras que el alcohol, que se trataría de una bebida hecha de maíz fermentado conocida como chicha, habría ayudado a los menores a lidiar con el frío.
El autor principal del estudio, Andrew Wilson, ha destacado que es probable que la doncella fuera seleccionada para el sacrificio 12 meses antes de su muerte y fue cuando comenzaron una serie de rituales que implican el consumo de estas sustancias hasta el momento de la muerte.
"El hecho de que en sus últimas semanas la joven muestre niveles consistentemente altos de coca y alcohol en comparación con los niños más jóvenes sugiere que hubo una mayor necesidad de sedarla en las últimas semanas de vida", ha indicado.
La mayor tiene unos 13 años y es conocida como "la doncella de hielo", porque murió de frío en los Andes, en donde fue abandonada como sacrificio. Su cuerpo se encontró con las piernas cruzadas, con la cabeza caída hacia adelante y las manos apoyadas en el regazo. Llevaba un tocado de plumas sobre su cabello bien trenzado y había hojas de coca entre los dientes, junto a su mejilla.
Los expertos han indicado que pudieron ser sacrificados en una ceremonia llamada "capacocha", un ritual que utilizaba para infundir miedo entre la población y que ayudaba al control de los mandatarios de un imperio Inca en rápida expansión.
El análisis del cabello de los niños, que todavía contiene huellas químicas de su dieta, muestra que los tres fueron "tratados con drogas y alcohol desde meses antes de morir". Las cantidades de estas sustancias halladas en los cuerpos son particularmente altas en la niña de 13 años porque, según las teorías de los científicos, pudo mostrar mayor resistencia.
Los investigadores de la Universidad de Brandford han señalado que las hojas de coca, que liberan un estimulante suave cuando se mastica, habrían ayudado a hacer frente a las consecuencias de la altitud, mientras que el alcohol, que se trataría de una bebida hecha de maíz fermentado conocida como chicha, habría ayudado a los menores a lidiar con el frío.
El autor principal del estudio, Andrew Wilson, ha destacado que es probable que la doncella fuera seleccionada para el sacrificio 12 meses antes de su muerte y fue cuando comenzaron una serie de rituales que implican el consumo de estas sustancias hasta el momento de la muerte.
"El hecho de que en sus últimas semanas la joven muestre niveles consistentemente altos de coca y alcohol en comparación con los niños más jóvenes sugiere que hubo una mayor necesidad de sedarla en las últimas semanas de vida", ha indicado.
Segundo encuentro del Gran Chaco Americano será en Buenos Aires
Organizaciones indígenas y campesinos de pequeños, medianos y grandes productores; ecologistas y expertos en desarrollo, se darán cita en Buenos Aires del 19 al 21 de septiembre para debatir sobre la importancia del Chaco Americano como fuente de bienes y servicios para sus pobladores y para la humanidad.
También se dialogará sobre políticas públicas en temas como el agua, el rol y cuidado de los bosques, las cuestiones de tenencia de la tierra y territorios, los desmontes y el cambio climático, entre otros. Además, se realizará el espacio Mundo Chaco para promover sus riquezas culturales y turísticas.
Con tres veces el tamaño de Alemania, el Gran Chaco Americano es una región en la que viven 7 millones de habitantes. Es el hogar de 30 etnias con, al menos, 29 lenguas con distinto grado de vitalidad. Ambientalmente es el bosque seco más grande del mundo y la segunda masa boscosa americana. Posee una diversidad biológica única.
Este escenario donde se presentan a la vez, la belleza, la diversidad junto a urgencias sociales acuciantes y una fuerte presión sobre sus ambientes, tiene hambre de desarrollo equitativo y sustentable en beneficio de la humanidad. Es con esta visión que se conformó, Redes Chaco, un colectivo de organizaciones de Argentina, Bolivia y Paraguay que pretende incluir al Chaco en la agenda mundial
"La decisión de hacer el Encuentro en Buenos Aires obedece a un consenso de las organizaciones de lograr mayor visibilidad e incidencia política. Si los centros de poder no van al Chaco, el Chaco va a los centros de poder" explicó Pablo Frere, Secretario Ejecutivo de Redes Chaco.
A poco tiempo de darse a conocer la noticia, los inscriptos para participar del Encuentro ya superan los 600. Se espera un número importante de visitantes de Paraguay y Bolivia.
Intendentes de diversos Municipios en los tres países, agricultores familiares, organizaciones indígenas, productores de mayor escala y expertos de agencias internacionales de desarrollo con proyectos en el Gran Chaco también se darán cita en esta reunión diversa y plural.
"Desde Tarija estamos ya coordinando toda la logística para que los protagonistas en el territorio puedan asistir. El acceso al agua merece acciones urgentes" comentó Ivan Arnold, Director de Nativa, una ONG miembro de Redes Chaco con una fuerte penetración en el Chaco Boliviano. Por su parte, Alberto Yanosky, Director Ejecutivo de Guyra Paraguay, otra organización parte de Redes Chaco, manifestó desde Asunción, "este encuentro es de importancia crucial para el Paraguay y Argentina donde las tasas de desmonte son las más altas de la región. Tenemos que hacer algo urgente".
Sin embargo, el II Encuentro Mundial del Chaco no sólo debatirá cómo enfrentar problemas sino que también mostrará las bellezas y las riquezas ocultas que tiene esta región para las grandes mayorías urbanas. Se montará una exhibición de fotos de los lugares más atrapantes que tiene este gran ecosistema y se realizará un ciclo de cine chaqueño.
También se dialogará sobre políticas públicas en temas como el agua, el rol y cuidado de los bosques, las cuestiones de tenencia de la tierra y territorios, los desmontes y el cambio climático, entre otros. Además, se realizará el espacio Mundo Chaco para promover sus riquezas culturales y turísticas.
Con tres veces el tamaño de Alemania, el Gran Chaco Americano es una región en la que viven 7 millones de habitantes. Es el hogar de 30 etnias con, al menos, 29 lenguas con distinto grado de vitalidad. Ambientalmente es el bosque seco más grande del mundo y la segunda masa boscosa americana. Posee una diversidad biológica única.
Este escenario donde se presentan a la vez, la belleza, la diversidad junto a urgencias sociales acuciantes y una fuerte presión sobre sus ambientes, tiene hambre de desarrollo equitativo y sustentable en beneficio de la humanidad. Es con esta visión que se conformó, Redes Chaco, un colectivo de organizaciones de Argentina, Bolivia y Paraguay que pretende incluir al Chaco en la agenda mundial
"La decisión de hacer el Encuentro en Buenos Aires obedece a un consenso de las organizaciones de lograr mayor visibilidad e incidencia política. Si los centros de poder no van al Chaco, el Chaco va a los centros de poder" explicó Pablo Frere, Secretario Ejecutivo de Redes Chaco.
A poco tiempo de darse a conocer la noticia, los inscriptos para participar del Encuentro ya superan los 600. Se espera un número importante de visitantes de Paraguay y Bolivia.
Intendentes de diversos Municipios en los tres países, agricultores familiares, organizaciones indígenas, productores de mayor escala y expertos de agencias internacionales de desarrollo con proyectos en el Gran Chaco también se darán cita en esta reunión diversa y plural.
"Desde Tarija estamos ya coordinando toda la logística para que los protagonistas en el territorio puedan asistir. El acceso al agua merece acciones urgentes" comentó Ivan Arnold, Director de Nativa, una ONG miembro de Redes Chaco con una fuerte penetración en el Chaco Boliviano. Por su parte, Alberto Yanosky, Director Ejecutivo de Guyra Paraguay, otra organización parte de Redes Chaco, manifestó desde Asunción, "este encuentro es de importancia crucial para el Paraguay y Argentina donde las tasas de desmonte son las más altas de la región. Tenemos que hacer algo urgente".
Sin embargo, el II Encuentro Mundial del Chaco no sólo debatirá cómo enfrentar problemas sino que también mostrará las bellezas y las riquezas ocultas que tiene esta región para las grandes mayorías urbanas. Se montará una exhibición de fotos de los lugares más atrapantes que tiene este gran ecosistema y se realizará un ciclo de cine chaqueño.
lunes, 29 de julio de 2013
Richter cree que conflicto en Tipnis se intensificará más ante falta de diálogo
Proponen al Gobierno promover mecanismos de diálogo y prevenir enfrentamientos; solucionar las demandas en la región del Tipnis.
El exdiputado Guillermo Richter (MNR), afirmó que los conflictos que surgen en el Territorio Indígena Parque Isiboro Sécure (Tipnis), tienden a intensificarse aún más, ante la existencia de dos grupos de indígenas que están en constante pugna, por la construcción de la carretera, pese a la elaboración de la consulta previa. En su opinión astas diferencias provocaron el último conflicto en San Pablo. Sugirió al Gobierno promover mecanismos de diálogo para solucionar las demandas de la región.
El 20 de junio, en la comunidad de San Pablo, surgió un conflicto entre los principales líderes indígenas del Tipnis. Los dirigentes Fernando Vargas, Pedro Nuny y Adolfo Chávez, supuestamente agredieron físicamente a Gumersindo Pradel, quien apoya la construcción de la carretera por ese territorio, y a su compañera María Flores.
Pradel denunció legalmente a los tres dirigentes por supuesto intento de homicidio y feminicidio, por lo que el 10 de julio el Ministerio Público emitió la orden de aprehensión. Desde entonces los dirigentes acusados se encuentran en permanente vigilia y los indígenas de la comunidad en estado de emergencia, en rechazo a la instrucción judicial.
A tiempo de expresar su preocupación por esta situación, Richter señaló que los conflictos en las comunidades de las tierras bajas no ceden, tras el anuncio del Gobierno en 2008 de realizar la obra asfaltada dentro del núcleo del Tipnis.
En 2011 se realizó la octava marcha indígena en defensa de ese territorio, logrando la aprobación de la Ley 180 de protección; luego la contramarcha del Consejo Indígena del Sur, conformada por colonizadores afines al gobierno de Evo Morales, produjo la Ley 222 de consulta previa.
En el último hecho ocurrido en San Pablo que desató una serie de medidas de presión y movilizaciones para que se anule la orden de aprehensión, en el que los indígenas exigen que el conflicto se resuelva por la justicia comunitaria y no por la vía ordinaria, el exparlamentario, señaló que el Gobierno debe basarse en lo que establece la Constitución Política del Estado (CPE) para no dilatar el conflicto.
“En este caso no se ha cumplido lo que establece la Constitución Política del Estado, sobre un tema de trascendencia para el MAS, que en la Asamblea constituyente fue total y absolutamente impulsor del reconocimiento de los derechos directivos de los pueblos indígenas a lo largo y ancho del texto constitucional. Estos derechos están en la Constitución y están transversalizados desde el primer al último artículo”, resaltó.
También cuestionó la Consulta Previa que se realizó en 2012, cuyos resultados fueron entregados enero de este año, del que posteriormente se entregó un informe a la Asamblea Legislativa para su tratamiento en la abrogación de la Ley 180 de Intangibilidad.
“No haber hecho la consulta en el momento preciso, lamentablemente, nos está llevando a esta situación de conflicto permanente, no hay una respuesta, no se ha planteado una alternativa de solución, que no puede ser otra diferente al dialogo”, dijo.
Por otra parte la diputada del Movimiento Al Socialismo (MAS), Marielena Paco, afirmó que el proceso de consulta dentro el mismo marco de derecho es un mecanismo de diálogo, lo que no fue asumido por un grupo de indígenas.
“El asunto es que los sujetos no lo han reconocido ni lo han asumido, dentro de ese mecanismo de diálogo hubo muchos resultados que se los ha resaltado en su informe final, con el proceso de consulta no solo salió una agenda de desarrollo de cada uno de estos pueblos que están en este territorio, sino también salieron aprendizajes como el reconocerse mutuamente y ver que es posible el diálogo intercultural”, dijo.
Según Peña, estatuto cruceño no toma en cuenta a indígenas
La ministra de Autonomías, Claudia Peña, dijo ayer que el proyecto de estatuto de Santa Cruz no toma en cuenta a los pueblos originarios ni los derechos de las mujeres, pero subrayó que a contraposición de aquello el texto incide en lo económico.
“El estatuto no toma en cuenta para nada a los pueblos indígenas, no toma en cuenta para nada los derechos de las mujeres”, declaró la autoridad en una entrevista a los medios estatales.
Al respecto, el exlegislador cruceño Carlos Pablo Klinsky afirmó: “Quiero pedirle a la Asamblea Legislativa Departamental que no se preste a seguir el juego del MAS, que lo que quiere es empañar la aprobación con un 86% que tuvo nuestro estatuto, que ha sido promulgado”.
Peña sostuvo que el estatuto cruceño “tiene un tronco así de grueso” acerca del tema económico, sobre todo al referido a tierras; pero que, por otro lado, no tiene “ni siquiera una endeble patita” sobre los derechos sociales y culturales.
La autoridad informó que en los nueve departamentos se está atravesando por un proceso de adecuación o elaboración de los estatutos autonómicos, y subrayó que de todos, Santa Cruz es el único donde se registraron “escenarios de violencia”.
La semana anterior se reactivaron los conflictos en torno al estatuto cruceño. En Portachuelo y Montero se presentaron hechos de violencia que desde el MAS se atribuyeron a los “grupos de choque” del partido Verdes, de Rubén Costas; mientras que desde esta tienda política se sostuvo que fueron los masistas quienes propiciaron las trifulcas.
La jornada pasada, Peña sostuvo que el estatuto cruceño aún responde “a aquella visión de 2008, (que fue) polarizada, federalista, centralista en los hechos”. de acuerdo con la autoridad, en el documento la propiedad de la tierra, el poder judicial y otros aspectos se centralizan no en la Asamblea Departamental, sino en la figura del gobernador.
La ministra destacó que en varios departamentos del país llevan ya tres años de trabajo respecto de su estatuto. Y reprochó que la tendencia sea distinta en el caso de Santa Cruz.
La autoridad contó que hace hace ocho meses, el Legislativo cruceño decidió crear una “comisión especial” con el fin de adecuar ese documento a la Carta Magna. Pero reveló que en esos ocho meses, los integrantes de esa comisión sólo se llegaron a reunirse en 14 ocasiones, hasta antes de empezar su gira por las provincias cruceñas.
Peña afirmó que en ese proceso, sin embargo, se evita la participación de la ciudadanía.
“El estatuto no toma en cuenta para nada a los pueblos indígenas, no toma en cuenta para nada los derechos de las mujeres”, declaró la autoridad en una entrevista a los medios estatales.
Al respecto, el exlegislador cruceño Carlos Pablo Klinsky afirmó: “Quiero pedirle a la Asamblea Legislativa Departamental que no se preste a seguir el juego del MAS, que lo que quiere es empañar la aprobación con un 86% que tuvo nuestro estatuto, que ha sido promulgado”.
Peña sostuvo que el estatuto cruceño “tiene un tronco así de grueso” acerca del tema económico, sobre todo al referido a tierras; pero que, por otro lado, no tiene “ni siquiera una endeble patita” sobre los derechos sociales y culturales.
La autoridad informó que en los nueve departamentos se está atravesando por un proceso de adecuación o elaboración de los estatutos autonómicos, y subrayó que de todos, Santa Cruz es el único donde se registraron “escenarios de violencia”.
La semana anterior se reactivaron los conflictos en torno al estatuto cruceño. En Portachuelo y Montero se presentaron hechos de violencia que desde el MAS se atribuyeron a los “grupos de choque” del partido Verdes, de Rubén Costas; mientras que desde esta tienda política se sostuvo que fueron los masistas quienes propiciaron las trifulcas.
La jornada pasada, Peña sostuvo que el estatuto cruceño aún responde “a aquella visión de 2008, (que fue) polarizada, federalista, centralista en los hechos”. de acuerdo con la autoridad, en el documento la propiedad de la tierra, el poder judicial y otros aspectos se centralizan no en la Asamblea Departamental, sino en la figura del gobernador.
La ministra destacó que en varios departamentos del país llevan ya tres años de trabajo respecto de su estatuto. Y reprochó que la tendencia sea distinta en el caso de Santa Cruz.
La autoridad contó que hace hace ocho meses, el Legislativo cruceño decidió crear una “comisión especial” con el fin de adecuar ese documento a la Carta Magna. Pero reveló que en esos ocho meses, los integrantes de esa comisión sólo se llegaron a reunirse en 14 ocasiones, hasta antes de empezar su gira por las provincias cruceñas.
Peña afirmó que en ese proceso, sin embargo, se evita la participación de la ciudadanía.
domingo, 28 de julio de 2013
Marchas protestan contra experimentos nutricionales con indígenas en Canadá
Siete ciudades de Canadá son escenario de marchas de protesta contra los experimentos alimenticios realizados en la década de 1940 con 1.300 niños y adultos indígenas desnutridos.
Los organizadores llamaron a exigir al Gobierno la entrega a la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de todos los documentos que contengan evidencias de otros tipos de abusos.
Un investigador divulgó la semana pasada que científicos del Gobierno visitaron en 1942 numerosos asentamientos indígenas en la provincia de Manitoba, donde prevalecía una crisis alimentaria por la falta de apoyo federal y la caída de los comercios.
Pero, en vez de solucionar esos problemas, los estudiosos decidieron aislar a la población de esas comunidades para someterla a pruebas con una variedad de dietas de calorías, vitaminas y minerales. Los líderes originarios exigieron de inmediato una disculpa del Gobierno y una indagación en el caso.
Los organizadores llamaron a exigir al Gobierno la entrega a la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de todos los documentos que contengan evidencias de otros tipos de abusos.
Un investigador divulgó la semana pasada que científicos del Gobierno visitaron en 1942 numerosos asentamientos indígenas en la provincia de Manitoba, donde prevalecía una crisis alimentaria por la falta de apoyo federal y la caída de los comercios.
Pero, en vez de solucionar esos problemas, los estudiosos decidieron aislar a la población de esas comunidades para someterla a pruebas con una variedad de dietas de calorías, vitaminas y minerales. Los líderes originarios exigieron de inmediato una disculpa del Gobierno y una indagación en el caso.
sábado, 27 de julio de 2013
Caso Chaparina Indígenas: infiltrados también pasaban de enfermeros
La vicepresidenta de la Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni (CPEMB), Miriam Yubánure, confirmó que en la VIII marcha en defensa del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) hubo policías infiltrados no sólo de indígenas sino también de enfermeros que tenían órdenes del gobierno de dar información sobre la situación de la movilización y las decisiones que tomaban los dirigentes que lideraban la protesta en contra de la construcción de la carretera en medio de la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) que impulsa el gobierno del presidente Evo Morales. "Habían infiltrados, habían policías camuflados de enfermeras, eran infiltrados que daban informaciones a sus superiores por eso era que se sabía cualquier cosa que realizábamos ahí como dirigentes, el gobierno sabía rápido qué era lo que estábamos haciendo", declaró la dirigente a la Agencia de Noticias Indígenas de Erbol. Yubánure, quien el día de la represión policial a la caminata indígena fue atada de las manos y los uniformados le taparon la boca con cinta masquín inconsciente por el efecto del uso de gas lacrimógeno, recordó que se percataron de la presencia policial porque entre los marchistas y los dirigentes se conocían perfectamente. "Nosotros reconocíamos a las personas porque en reuniones importantes que teníamos habían estas personas (policías) que se entraban preguntando si estábamos enfermos, qué nos dolía entones se entraban a escuchar, camuflados de enfermeras, camufladamente entraban y se quedaban bien calladitos escuchando y registraban lo que uno hablaba en la reunión", contó. La presidente del otro directorio de la Central de Pueblos Indígenas (CPIB), Nazareth Flores, que sufrió un aborto por los golpes que recibió en la represión policial, dijo que muchas personas ingresaron a la marcha con credenciales de estudiantes universitarios, activista y periodistas, lo que para ellos era sospechoso. Aseveró que la intensión de los marchistas nunca fue secuestrar al canciller David Choquehuanca, sólo buscaron que él solucione el problema con los colonizadores y los mismos uniformados para poder pasar Chaparina y continuar con su marcha pacífica hasta la ciudad de La Paz. "Cuando vino el Canciller se recurrió a él porque se pensaba que él podría dar solución a la marcha. Las mujeres lo obligamos a caminar, en ningún momento fue un secuestro (...) llegaba mucha gente con credenciales de medios de comunicación de otras instituciones, estudiantes, activistas que entraban a la marcha. Mucha gente ingresaba a las filas de la marcha con esas credenciales", puntualizó
viernes, 26 de julio de 2013
Indígenas inician con seis libros recolección de firmas
Los líderes indígenas Adolfo Chávez, Fernando Vargas y Pedro Nuni tienen seis libros para empezar con la recolección de firmas en respaldo a la justicia comunitaria indígena.
Piden que se respete la justicia comunitaria que está respaldada por la Constitución Política del Estado (CPE) y dejar de lado los procesos por la vía ordinaria.
A este pedido también se suman los cívicos del Beni, quienes desde el pasado martes se han movilizado en apoyo a los indígenas.
Chávez, Vargas y Nuni son procesados por supuestas agresiones a Gumercindo Pradel en el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis).
Acciones. Dos libros fueron entregados al Comité Cívico, dos fueron llevados a la Central Obrera Departamental (COD) y los restantes se quedaron en la subcentral Tipnis, para que la población pueda firmar en cualquiera de estos tres puntos. "Lo que quiere el Gobierno es sacarnos de en medio, porque pese a que nos ha dividido seguimos de pie y con apoyo", manifestó Chávez.
Respaldo. La Iglesia católica pidió que no se politice su presencia en Beni, ya que están en respaldo a los indígenas que defienden su territorio ambiental.
A su turno, el líder del Movimiento Sin Miedo (MSM), Juan del Granado, quien se encontraba en Beni y visitó a los indígenas, indicó que la defensa del Tipnis será puesto como parte de la agenda nacional .
Sin embargo, la presidente de la Cidob paralela afín al Gobierno, Melva Hurtado, criticó una vez más las movilizaciones señalándolas como políticas.
Piden que se respete la justicia comunitaria que está respaldada por la Constitución Política del Estado (CPE) y dejar de lado los procesos por la vía ordinaria.
A este pedido también se suman los cívicos del Beni, quienes desde el pasado martes se han movilizado en apoyo a los indígenas.
Chávez, Vargas y Nuni son procesados por supuestas agresiones a Gumercindo Pradel en el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis).
Acciones. Dos libros fueron entregados al Comité Cívico, dos fueron llevados a la Central Obrera Departamental (COD) y los restantes se quedaron en la subcentral Tipnis, para que la población pueda firmar en cualquiera de estos tres puntos. "Lo que quiere el Gobierno es sacarnos de en medio, porque pese a que nos ha dividido seguimos de pie y con apoyo", manifestó Chávez.
Respaldo. La Iglesia católica pidió que no se politice su presencia en Beni, ya que están en respaldo a los indígenas que defienden su territorio ambiental.
A su turno, el líder del Movimiento Sin Miedo (MSM), Juan del Granado, quien se encontraba en Beni y visitó a los indígenas, indicó que la defensa del Tipnis será puesto como parte de la agenda nacional .
Sin embargo, la presidente de la Cidob paralela afín al Gobierno, Melva Hurtado, criticó una vez más las movilizaciones señalándolas como políticas.
Líderes indígenas viven de la solidaridad tras 16 días de `encierro´
Este viernes se cumplen 16 días que los líderes indígenas del Tipnis, Adolfo Chávez, Pedro Nuni y Fernando Vargas permanecen en las instalaciones de la Subcentral del Sécure. Durante todo este tiempo, ante la falta de recursos, se han alimentado gracias a la generosidad del pueblo beniano que se aproxima a ellos para entregarles carne, charque y hortalizas.
Adolfo Chávez, presidente de la Cidob, indicó que junto a Nuni y Vargas, se encuentran como encerrados en la Subcentral, ya que no pueden salir a la calle ante el temor de ser detenidos por la Policía que se encuentra vigilándolos listos para ejecutar la orden de aprehensión que recae sobre la dirigencia indígena.
“Estamos juntos como presos, la Subcentral se ha vuelto una cárcel; yo estoy en la celda número dos, no podemos salir afuera porque tenemos una orden de aprehensión y hay policías afuera de las oficinas listos para detenernos. En estos 16 días nuestra alimentación es gracias a la solidaridad del pueblo beniano”, dijo Chávez.
La Fiscalía de Beni libró el 10 de julio mandamientos de aprensión contra los dirigentes indígenas, Vargas, Nuni y Chávez, debido a que éstos no se presentaron a declarar dentro de las denuncias por una supuesta golpiza al dirigente del Consejo Indígena del Sur (Conisur) Gumercindo Pradel, el 22 de junio.
jueves, 25 de julio de 2013
Cívicos del Beni cumplen con caravana en apoyo a indígenas
El Comité Cívico del Beni cumplió con la gran caravana que realizó la tarde de ayer por las principales calles de Trinidad, respaldando a los líderes indígenas, Adolfo Chávez, Fernando Vargas y Pedro Nuni, quienes cuentan con un proceso por agresión al dirigente Gumercindo Pradel, afín al Gobierno.
El presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Fernando Castedo, también estuvo presente en la movilización y ratificó su respaldo a los indígenas que defienden el Tipnis, a su turno, David Coca, cívico del Beni, anunció que hoy inicia la recolección de firmas para apoyar la justicia comunitaria indígena. Mototaxistas, la Central Obrera Departamental (COD) del Beni y otras instituciones, participaron de la gran caravana, después del paro cívico que se vivió el martes como otra medida de apoyo a los procesados.
Críticas. Para Melva Hurtado, indígena afín al Gobierno, las movilizaciones tienen tintes políticos y carecen de apoyo.
A su turno, el analista político Pablo Deheza, considera que el hecho registrado con Pradel pudo haber quedado en eso y nada más, pero que la orden de apremio a los indígenas provocó un conflicto más grande, tanto social como político, al no respetar la justicia indígena y tratar de dividir el sector con otros fines. /
El presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Fernando Castedo, también estuvo presente en la movilización y ratificó su respaldo a los indígenas que defienden el Tipnis, a su turno, David Coca, cívico del Beni, anunció que hoy inicia la recolección de firmas para apoyar la justicia comunitaria indígena. Mototaxistas, la Central Obrera Departamental (COD) del Beni y otras instituciones, participaron de la gran caravana, después del paro cívico que se vivió el martes como otra medida de apoyo a los procesados.
Críticas. Para Melva Hurtado, indígena afín al Gobierno, las movilizaciones tienen tintes políticos y carecen de apoyo.
A su turno, el analista político Pablo Deheza, considera que el hecho registrado con Pradel pudo haber quedado en eso y nada más, pero que la orden de apremio a los indígenas provocó un conflicto más grande, tanto social como político, al no respetar la justicia indígena y tratar de dividir el sector con otros fines. /
Afrobolivianos recuperarán su lengua y cultura
El pueblo afroboliviano recuperará su propia lengua y cultura con el primer instituto de la materia que será inaugurado en agosto en los Yungas, en La Paz, por ser “la sede ancestral” de esa población de más de 35.000 personas en el país.
Choy (hola), andi ote fue (dónde estás), inse (cómo estás) son algunas de las palabras de la lengua afro que se pretende sean revalorizadas y promovidas en la población afrodescendiente, ante el desconocimiento de las nuevas generaciones, explicó ayer el presidente del Consejo de Educación del Pueblo Afroboliviano, Alejandro Ariondo.
“Estamos en proceso de recuperación de la lengua, que se fue perdiendo mucho, al igual que las costumbres, a causa de la trata esclavista, pero tenemos a abuelos que hablan aún nuestro idioma y queremos recuperarlo”, expresó Menry Vásquez, responsable del Proyecto Afroboliviano.
Para ello, en coordinación con el Ministerio de Educación, la población inaugurará en agosto el primer Instituto Plurinacional de Lengua y Cultura Afroboliviana en un municipio de los Yungas; las opciones son Chijchipa y Tocaña, los dos lugares más representativos para ser la sede ancestral e histórica de los afros de Bolivia, según Vásquez.
“Aún no tenemos la fecha exacta pero será en el siguiente mes, porque ya contamos con dos ítems de investigadores para el instituto, quienes recuperarán nuestra lengua. Lo que falta es aprobar el manual de funcionamiento y reglamentos internos”, agregó el representante.
Se estima que en el país hay más de 35.000 afrodescendientes. La mayoría habita en los Yungas, La Paz, Santa Cruz y Cochabamba. Un grupo de esta población participa de la Mesa Andina de Educación, inaugurada ayer.
La actividad se desarrolla para fortalecer las alianzas estratégicas para avances educativos entre Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela y Bolivia, desde la perspectiva intra e intercultural plurilingüe, por medio del intercambio de experiencias, políticas y programas de educación.
Cívicos del oriente se sumarán a defensa de pueblos del Tipnis
La movilización anunciada por los cívicos de Beni para apoyar a los dirigentes del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) se convirtió en una caravana que determinó convocar a todos los sectores pro departamentales para apoyar la causa de los pueblos de tierras bajas.
La caravana que circuló por el centro de Trinidad concentró a una buena parte de la población, aunque la normalidad fue el común del día en las actividades benianas.
El Comité Cívico de Beni, encabezado por David Coca, calificó el paro del martes como exitoso y agradeció el respaldo de otros entes cívicos, pues, dijo, “la defensa del Tipnis va más allá de los dirigentes que están perseguidos por el Gobierno”.
El presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Fernando Castedo, llegó luego de la movilización por temas de transporte, pero anticipó una reunión para el jueves, cuando se abordará la problemática del Tipnis y los pueblos originarios.
“Hemos estado con el pueblo indígena donde hemos escuchado la demanda que están llevando adelante. El día 1 de agosto en el Comité Pro Santa Cruz han comprometido su presencia cinco comités cívicos para que allí podamos conformar un parlamento cívico a nivel nacional que analice las demandas del pueblo indígena”, declaró a medios locales.
Al final de la caravana se desarrolló un mitin en la sede de la Subcentral Sécure, donde los dirigentes Adolfo Chávez, Fernando Vargas y Pedro Nuny se mantienen en vigilia tras el mandamiento de aprehensión que emitió el Ministerio Público en su contra bajo las figuras de “intento de homicidio e intento de feminicidio”.
El presidente de la Subcentral Tipnis, Fernando Vargas dijo que “no permitirán un nuevo Porvenir”, en referencia a los luctuosos enfrentamientos en Pando el 2008. Adolfo Chávez, por su lado, abrió los libros para el levantamiento de firmas para pedir a la justicia imparcialidad en los temas que hacen a la justicia y los pueblos del Tipnis.
La caravana que circuló por el centro de Trinidad concentró a una buena parte de la población, aunque la normalidad fue el común del día en las actividades benianas.
El Comité Cívico de Beni, encabezado por David Coca, calificó el paro del martes como exitoso y agradeció el respaldo de otros entes cívicos, pues, dijo, “la defensa del Tipnis va más allá de los dirigentes que están perseguidos por el Gobierno”.
El presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Fernando Castedo, llegó luego de la movilización por temas de transporte, pero anticipó una reunión para el jueves, cuando se abordará la problemática del Tipnis y los pueblos originarios.
“Hemos estado con el pueblo indígena donde hemos escuchado la demanda que están llevando adelante. El día 1 de agosto en el Comité Pro Santa Cruz han comprometido su presencia cinco comités cívicos para que allí podamos conformar un parlamento cívico a nivel nacional que analice las demandas del pueblo indígena”, declaró a medios locales.
Al final de la caravana se desarrolló un mitin en la sede de la Subcentral Sécure, donde los dirigentes Adolfo Chávez, Fernando Vargas y Pedro Nuny se mantienen en vigilia tras el mandamiento de aprehensión que emitió el Ministerio Público en su contra bajo las figuras de “intento de homicidio e intento de feminicidio”.
El presidente de la Subcentral Tipnis, Fernando Vargas dijo que “no permitirán un nuevo Porvenir”, en referencia a los luctuosos enfrentamientos en Pando el 2008. Adolfo Chávez, por su lado, abrió los libros para el levantamiento de firmas para pedir a la justicia imparcialidad en los temas que hacen a la justicia y los pueblos del Tipnis.
martes, 23 de julio de 2013
El Gobierno asumirá la defensa de los tacanas
El Gobierno asumirá la defensa de los indígenas tacanas de la comunidad El Retorno, en Pando, quienes denunciaron en la Fiscalía que nueve mujeres fueron violadas y los varones, golpeados por recolectores de castaña que actuaron así para amedrentarlos, con el fin de que dejen las tierras que ocupan.
“El Ministerio de Justicia nos ha instruido que nosotros debamos asumir inmediatamente las acciones de defensa que corresponden en favor de las víctimas de estos hechos de violación, que han sido denunciados y que tiene que ver con un conflicto de tierras que ha generado que se vulneren los derechos de una adolescente y otras mujeres de esta población tacana”, declaró el director general de Justicia Indígena Campesina, Nelson Cox, a la Agencia de Noticias Indígenas de ERBOL.
“Nosotros queremos tener el diálogo con estas víctimas y saber en qué estado se encuentra el proceso, el proceso de investigación ante la Fiscalía, si es que tienen un juzgado cautelar que conoce el inicio de investigación y algunos otros elementos objetivos que nos puedan dar referencia de por qué se ha paralizado esta investigación y cuáles son los percances que están sufriendo estas víctimas”, afirmó.
El presidente de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia, Adolfo Chávez, aseveró que los agresores tienen la confianza de jueces, fiscales y policías de esa región para apropiarse del territorio indígena.
Los tacanas denunciaron que siguen los amedrentamientos y que no han contado con el apoyo de las autoridades, con excepción de la Defensoría del Pueblo
“El Ministerio de Justicia nos ha instruido que nosotros debamos asumir inmediatamente las acciones de defensa que corresponden en favor de las víctimas de estos hechos de violación, que han sido denunciados y que tiene que ver con un conflicto de tierras que ha generado que se vulneren los derechos de una adolescente y otras mujeres de esta población tacana”, declaró el director general de Justicia Indígena Campesina, Nelson Cox, a la Agencia de Noticias Indígenas de ERBOL.
“Nosotros queremos tener el diálogo con estas víctimas y saber en qué estado se encuentra el proceso, el proceso de investigación ante la Fiscalía, si es que tienen un juzgado cautelar que conoce el inicio de investigación y algunos otros elementos objetivos que nos puedan dar referencia de por qué se ha paralizado esta investigación y cuáles son los percances que están sufriendo estas víctimas”, afirmó.
El presidente de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia, Adolfo Chávez, aseveró que los agresores tienen la confianza de jueces, fiscales y policías de esa región para apropiarse del territorio indígena.
Los tacanas denunciaron que siguen los amedrentamientos y que no han contado con el apoyo de las autoridades, con excepción de la Defensoría del Pueblo
lunes, 22 de julio de 2013
LÍDER INDÍGENA Fernando Vargas: "La Subcentral se ha convertido en una cárcel"
El pasado 10 de julio se emitieron órdenes de aprehensión en contra de Fernando Vargas, Adolfo Chávez y Pedro Nuni y ante esta medida los líderes indígenas, por casi dos semanas, permanecen en una vigilia en dependencias de la Sub Central Tipnis a la espera de que se haga efectiva esta determinación.
"La Subcentral se ha convertido en una cárcel para nosotros porque no podemos salir y no estamos con garantías para circular libremente", afirmó Vargas en declaraciones a los medios trinitarios.
Asimismo, el líder indígena saludó la decisión de los cívicos y sectores benianos que han determinado realizar un paro en la región en defensa del Tipnis, la justicia comunitaria y en contra de los abusos del Gobierno. Por otro lado, el ex gobernador del Beni, Ernesto Suárez visitó la vigilia de los indígenas del Tipnis y manifestó que esta acción es una persecución política por parte del Gobierno de Evo Morales.
Un encuentro de corregidores en el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) derivó en una gresca que involucró a Gumercindo Pradel, dirigente del Consejo Indígena del Sur (Conisur). Según los indígenas que defienden la reserva se aplicó "justicia comunitaria" y de acuerdo a "usos y costumbres" Pradel recibió el castigo del "azote" por apoyar la carretera que partiría el Tipnis.
ANF
"La Subcentral se ha convertido en una cárcel para nosotros porque no podemos salir y no estamos con garantías para circular libremente", afirmó Vargas en declaraciones a los medios trinitarios.
Asimismo, el líder indígena saludó la decisión de los cívicos y sectores benianos que han determinado realizar un paro en la región en defensa del Tipnis, la justicia comunitaria y en contra de los abusos del Gobierno. Por otro lado, el ex gobernador del Beni, Ernesto Suárez visitó la vigilia de los indígenas del Tipnis y manifestó que esta acción es una persecución política por parte del Gobierno de Evo Morales.
Un encuentro de corregidores en el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) derivó en una gresca que involucró a Gumercindo Pradel, dirigente del Consejo Indígena del Sur (Conisur). Según los indígenas que defienden la reserva se aplicó "justicia comunitaria" y de acuerdo a "usos y costumbres" Pradel recibió el castigo del "azote" por apoyar la carretera que partiría el Tipnis.
ANF
Ministerio de Justicia promueve norma para proteger etnias
El Ministerio de Justicia trabaja en un proyecto de ley para proteger a pueblos indígenas en extinción y en aislamiento y tipifica como delitos al genocidio cultural y a la perturbación cultural con duros castigos de cárcel, informó el director de Justicia Indígena Originaria Campesina de ese despacho, Nelson Cox.
'El objetivo del proyecto de ley es establecer los mecanismos sectoriales de prevención, protección y fortalecimiento para salvaguardar las formas de vida individual y colectiva de las naciones y pueblos indígena originarios, que se encuentran en peligro de extinción, en situación de aislamiento voluntario y no contactados', explicó Cox, en entrevista con Onda China.
Detalló que esa norma incluye las figuras de genocidio y perturbación cultural al Código Penal que determina cárcel, de seis a 20 años, para las personas que sometan y perturben a pueblos indígenas en peligro de extinción o en aislamiento voluntario, o que interfieran o contaminen su territorio.
La propuesta legal que se espera sea aprobada en la Asamblea Legislativa Plurinacional, establece la creación de la Dirección General de Naciones y Pueblos Indígena Originarios en Peligro de Extinción, en Situación de Aislamiento Voluntario y No contactados (DIGEPIO), bajo dependencia del Ejecutivo. Cox detalló que esa iniciativa legal debe ser avalada por la Asamblea Legislativa en las próximas semanas.
'El objetivo del proyecto de ley es establecer los mecanismos sectoriales de prevención, protección y fortalecimiento para salvaguardar las formas de vida individual y colectiva de las naciones y pueblos indígena originarios, que se encuentran en peligro de extinción, en situación de aislamiento voluntario y no contactados', explicó Cox, en entrevista con Onda China.
Detalló que esa norma incluye las figuras de genocidio y perturbación cultural al Código Penal que determina cárcel, de seis a 20 años, para las personas que sometan y perturben a pueblos indígenas en peligro de extinción o en aislamiento voluntario, o que interfieran o contaminen su territorio.
La propuesta legal que se espera sea aprobada en la Asamblea Legislativa Plurinacional, establece la creación de la Dirección General de Naciones y Pueblos Indígena Originarios en Peligro de Extinción, en Situación de Aislamiento Voluntario y No contactados (DIGEPIO), bajo dependencia del Ejecutivo. Cox detalló que esa iniciativa legal debe ser avalada por la Asamblea Legislativa en las próximas semanas.
Tacanas denuncian violación colectiva por lío de tierras
Nueve indígenas tacanas, entre ellas dos menores de edad, de El Retorno,
Pando, denunciaron ante el Ministerio Público haber sido violadas el 19
de enero como una forma de amedrentamiento en una disputa por tierras
destinadas a la producción de almendra. Después de los sucesos algunas
de sus casas fueron quemadas.
La Fiscalía emitió una orden de aprehensión contra los acusados, pero ninguno está detenido y el proceso en su contra avanza lentamente. Aunque realizaron denuncias públicas, los indígenas han logrado escaso apoyo de las autoridades, con la excepción de la Defensoría del Pueblo y hasta hoy reciben amedrentamientos.
El Retorno, comunidad pandina ubicada al sureste de Cobija, fue escenario del ataque que, aseguran las afectadas, se compara a escenas de una película de terror. En el hecho también fueron maltratados niños y adultos, dice la denuncia.
Según la acusación, 60 barraqueros (recolectores de castaña) oriundos de Riberalta llegaron al lugar liderados por dos mujeres. Estaban armados con escopetas, machetes y palos. Fueron contratados por una familia que asegura ser la propietaria del terreno de 10.000 hectáreas y que busca sacar a los indígenas tacana, del Movimiento Sin Tierra, del lugar.
Como una forma de intimidarlos y forzarlos a salir redujeron y maniataron primero a los hombres y luego violaron a las mujeres. Este medio intentó, en Riberalta, hablar con los denunciados, pero no se consiguió ubicarlos.
“Me agarraron entre varios cuando estaba dentro de mi casa. Me patearon, me tumbaron y me dieron un golpe en la nuca con una madera, me desmayaron. Al despertar estaba sin mi ropa y sólo había una polera que me cubría. Tenía dolor y hemorragia. Me violaron”, relató Damaris, de 16 años, a Página Siete.
“Cuando todo terminó, nos levantaron del suelo y nos obligaron a caminar, a salir de nuestras casas porque decían que era de ellos ese lugar. Cada vez que me acuerdo me pongo mal”.
Según la denuncia, los agresores sacaron a jalones a quienes estaban en sus rústicas casas hechas de troncos y palmas. Las violaciones se produjeron en algunos casos dentro de sus viviendas y en otros “las llevaban al monte, las golpeaban y les quitaban la ropa y ahí las abusaban”, narra Amparo Mendoza, de 26 años, mientras sostiene en brazos a la menor de sus tres hijos.
“Recordar ese momento es doloroso. Las pesadillas siguen y nuestros hijos a veces no pueden ni dormir. Fuimos torturados, humillados y las mujeres, abusadas”, agrega Mendoza.
Ella dice que fue ultrajada por los barraqueros que llegaron con el argumento de que esas tierras les pertenecen “por derecho”.
Cuando habla de lo sucedido tiembla y su temor se exterioriza además en la debilidad de su voz. Sus ojos hinchados delatan que el llanto aún persiste pese a que ya pasaron seis meses de la agresión sufrida.
El hecho ocurrió a las 9:00, cuando 18 mujeres, una docena de niños y diez varones, entre adolescentes y adultos, realizaban sus actividades cotidianas en la comunidad. Los demás habían salido a comprar víveres y a participar en una reunión sectorial.
“Yo estaba lavando mi ropa y de pronto escuchamos disparos, gritos e insultos. Nos sacaron de las casas y comenzaron a golpearnos”, cuenta Daniela Navi (20).
Patricia Romero Zardán, fiscal de materia de Pando, informó que los afectados sentaron la denuncia ante el Ministerio Público el 14 de febrero por delitos de abuso sexual y agresiones físicas. Los indígenas denunciaron que el proceso avanza lento y que no son escuchados por las autoridades. Los amenazas continúan.
“La denuncia (por abuso sexual) es contra miembros de la familia Rivero. Para investigar, el forense ha tratado de hacer las valoraciones médicas ginecológicas, sin embargo, las víctimas no han aceptado ser valoradas ginecológicamente, lo que complica la investigación”.
La fiscal precisó que los denunciados fueron citados para declarar, sin embargo, “no se han presentado y ante esa inasistencia hay una orden de aprehensión para lograr sus declaraciones informativas”.
Manto de tristeza
El Retorno es una comunidad conformada por unas 150 familias tacanas; cada hogar tiene en general dos o tres hijos. Los indígenas viven de la zafra de castaña, que se realiza entre noviembre y febrero; el resto del tiempo obtienen sus ingresos de la caza y trabajando como obreros en construcciones de caminos, viviendas y otras infraestructuras.
Para llegar a Riberalta, la localidad importante más cercana, los indígenas suelen caminar unas siete horas hasta el caserío de Vitiviti; algunos hacen el trayecto en moto, en alrededor de una hora y media.
Por Vitiviti atraviesa la carretera en la que llegan en cuatro horas en auto a Riberalta. Aunque El Retorno está en Pando, está más cerca de esa ciudad beniana que de Cobija.
Una sombra de tristeza y rabia afecta a los habitantes de la pequeña aldea. En el lugar donde vivieron momentos de angustia sólo se ven restos incendiados junto a prendas de vestir esparcidas por el suelo. Se distingue entre los desechos un cartucho de escopeta.
“Quemaron todo lo que pudieron. Arrastraron a todos los que estaban, aprovechando que gran parte de nosotros se había salido a Riberalta”, relata el presidente de la comunidad, Erwin Suárez.
Tras la violencia, que duró al menos dos horas, el grupo de barraqueros obligó a los tacanas a salir de El Retorno.
“Así, amarrados llevaron a los hombres y a algunas mujeres y a nuestros hijos por detrás”, cuenta Amparo. Recorrieron un trecho por la selva durante cinco horas y fueron “echados” en un bote por el río Beni.
Volvieron al día siguiente, pero están temerosos que los barraqueros cumplan su palabra de volver para expulsarlos.
La Fiscalía emitió una orden de aprehensión contra los acusados, pero ninguno está detenido y el proceso en su contra avanza lentamente. Aunque realizaron denuncias públicas, los indígenas han logrado escaso apoyo de las autoridades, con la excepción de la Defensoría del Pueblo y hasta hoy reciben amedrentamientos.
El Retorno, comunidad pandina ubicada al sureste de Cobija, fue escenario del ataque que, aseguran las afectadas, se compara a escenas de una película de terror. En el hecho también fueron maltratados niños y adultos, dice la denuncia.
Según la acusación, 60 barraqueros (recolectores de castaña) oriundos de Riberalta llegaron al lugar liderados por dos mujeres. Estaban armados con escopetas, machetes y palos. Fueron contratados por una familia que asegura ser la propietaria del terreno de 10.000 hectáreas y que busca sacar a los indígenas tacana, del Movimiento Sin Tierra, del lugar.
Como una forma de intimidarlos y forzarlos a salir redujeron y maniataron primero a los hombres y luego violaron a las mujeres. Este medio intentó, en Riberalta, hablar con los denunciados, pero no se consiguió ubicarlos.
“Me agarraron entre varios cuando estaba dentro de mi casa. Me patearon, me tumbaron y me dieron un golpe en la nuca con una madera, me desmayaron. Al despertar estaba sin mi ropa y sólo había una polera que me cubría. Tenía dolor y hemorragia. Me violaron”, relató Damaris, de 16 años, a Página Siete.
“Cuando todo terminó, nos levantaron del suelo y nos obligaron a caminar, a salir de nuestras casas porque decían que era de ellos ese lugar. Cada vez que me acuerdo me pongo mal”.
Según la denuncia, los agresores sacaron a jalones a quienes estaban en sus rústicas casas hechas de troncos y palmas. Las violaciones se produjeron en algunos casos dentro de sus viviendas y en otros “las llevaban al monte, las golpeaban y les quitaban la ropa y ahí las abusaban”, narra Amparo Mendoza, de 26 años, mientras sostiene en brazos a la menor de sus tres hijos.
“Recordar ese momento es doloroso. Las pesadillas siguen y nuestros hijos a veces no pueden ni dormir. Fuimos torturados, humillados y las mujeres, abusadas”, agrega Mendoza.
Ella dice que fue ultrajada por los barraqueros que llegaron con el argumento de que esas tierras les pertenecen “por derecho”.
Cuando habla de lo sucedido tiembla y su temor se exterioriza además en la debilidad de su voz. Sus ojos hinchados delatan que el llanto aún persiste pese a que ya pasaron seis meses de la agresión sufrida.
El hecho ocurrió a las 9:00, cuando 18 mujeres, una docena de niños y diez varones, entre adolescentes y adultos, realizaban sus actividades cotidianas en la comunidad. Los demás habían salido a comprar víveres y a participar en una reunión sectorial.
“Yo estaba lavando mi ropa y de pronto escuchamos disparos, gritos e insultos. Nos sacaron de las casas y comenzaron a golpearnos”, cuenta Daniela Navi (20).
Patricia Romero Zardán, fiscal de materia de Pando, informó que los afectados sentaron la denuncia ante el Ministerio Público el 14 de febrero por delitos de abuso sexual y agresiones físicas. Los indígenas denunciaron que el proceso avanza lento y que no son escuchados por las autoridades. Los amenazas continúan.
“La denuncia (por abuso sexual) es contra miembros de la familia Rivero. Para investigar, el forense ha tratado de hacer las valoraciones médicas ginecológicas, sin embargo, las víctimas no han aceptado ser valoradas ginecológicamente, lo que complica la investigación”.
La fiscal precisó que los denunciados fueron citados para declarar, sin embargo, “no se han presentado y ante esa inasistencia hay una orden de aprehensión para lograr sus declaraciones informativas”.
Manto de tristeza
El Retorno es una comunidad conformada por unas 150 familias tacanas; cada hogar tiene en general dos o tres hijos. Los indígenas viven de la zafra de castaña, que se realiza entre noviembre y febrero; el resto del tiempo obtienen sus ingresos de la caza y trabajando como obreros en construcciones de caminos, viviendas y otras infraestructuras.
Para llegar a Riberalta, la localidad importante más cercana, los indígenas suelen caminar unas siete horas hasta el caserío de Vitiviti; algunos hacen el trayecto en moto, en alrededor de una hora y media.
Por Vitiviti atraviesa la carretera en la que llegan en cuatro horas en auto a Riberalta. Aunque El Retorno está en Pando, está más cerca de esa ciudad beniana que de Cobija.
Una sombra de tristeza y rabia afecta a los habitantes de la pequeña aldea. En el lugar donde vivieron momentos de angustia sólo se ven restos incendiados junto a prendas de vestir esparcidas por el suelo. Se distingue entre los desechos un cartucho de escopeta.
“Quemaron todo lo que pudieron. Arrastraron a todos los que estaban, aprovechando que gran parte de nosotros se había salido a Riberalta”, relata el presidente de la comunidad, Erwin Suárez.
Tras la violencia, que duró al menos dos horas, el grupo de barraqueros obligó a los tacanas a salir de El Retorno.
“Así, amarrados llevaron a los hombres y a algunas mujeres y a nuestros hijos por detrás”, cuenta Amparo. Recorrieron un trecho por la selva durante cinco horas y fueron “echados” en un bote por el río Beni.
Volvieron al día siguiente, pero están temerosos que los barraqueros cumplan su palabra de volver para expulsarlos.
Damaris (de 16 años) cuenta el ultraje del cual fue víctima el pasado 19 de enero.
Un tacana muestra un cartucho de escopeta.
Miembros de El Retorno muestran las casas rústicas que fueron quemadas.
Conflicto de tierras sin solución
El hecho de violencia registrado el 19 de enero en la comunidad El
Retorno, en el departamento de Pando, se generó por una disputa de
tierras que ya lleva alrededor de cinco años sin resolver.
“Necesitamos que este conflicto se solucione, porque muchos de los compañeros que han sido maltratados huyeron a Riberalta por el miedo de volver a ser agredidos por los barraqueros”, alega Erwin Suárez, presidente de la comunidad.
Las personas denunciadas por los tacanas como las agresoras habitan la comunidad de San Luis, a pocos kilómetros de El Retorno, y son, dicen los agredidos, en su mayoría barraqueros que se amparan en el Decreto Supremo N° 27572 que otorga en su artículo 20 “la concesión al derecho de acceso y aprovechamiento de los recursos forestales no maderables en el Norte Amazónico a favor de personas individuales y colectivas que hacen aprovechamiento de los mismos (barraqueros)”.
Argumentan que tienen el amplio respaldo para exigir las tierras, pese a que los comunarios de El Retorno solicitaron desde hace varios años la concesión de esos predios a su favor.
Este medio intentó comunicarse con la parte denunciada (el grupo de barraqueros) en la ciudad de Riberalta, pero no fue posible.
“Necesitamos que este conflicto se solucione, porque muchos de los compañeros que han sido maltratados huyeron a Riberalta por el miedo de volver a ser agredidos por los barraqueros”, alega Erwin Suárez, presidente de la comunidad.
Las personas denunciadas por los tacanas como las agresoras habitan la comunidad de San Luis, a pocos kilómetros de El Retorno, y son, dicen los agredidos, en su mayoría barraqueros que se amparan en el Decreto Supremo N° 27572 que otorga en su artículo 20 “la concesión al derecho de acceso y aprovechamiento de los recursos forestales no maderables en el Norte Amazónico a favor de personas individuales y colectivas que hacen aprovechamiento de los mismos (barraqueros)”.
Argumentan que tienen el amplio respaldo para exigir las tierras, pese a que los comunarios de El Retorno solicitaron desde hace varios años la concesión de esos predios a su favor.
Este medio intentó comunicarse con la parte denunciada (el grupo de barraqueros) en la ciudad de Riberalta, pero no fue posible.
domingo, 21 de julio de 2013
Indígenas se sumarán al paro cívico en el Beni
El dirigente de la Confederación de Indígenas del Oriente (Cidob), Adolfo Chávez, informó este domingo que este sector asumirá este martes un paro cívico de 24 horas en contra de los excesos de la Fiscalía General del Estado, que ordenó la detención de cuatro dirigentes indígenas.
"El martes (23) realizaremos un paro cívico, el miércoles haremos una caravana y el jueves estamos abriendo libros para exigir a la Fiscalía el cumplimiento de la Constitución Política del Estado", manifestó.
Considera que en apego al mandato del Órgano Ejecutivo, la Fiscalía no investiga y elude seguir con temas importantes como el de la masacre de la Calancha, el Porvenir, represión en Chaparina, el caso de extorsión, además de su determinación de negarle el salvoconducto a al senador Roger Pinto, para que pueda beneficiarse del asilo político otorgado por el Brasil.
Chávez lamentó que en contraposición no se hace nada en contra de autoridades del Ejecutivo, es el caso del ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, quien tiene varios procesos congelados.
El dirigente indígena señaló que el Gobierno, a través de estas órdenes de detención, trata de eliminar a sus posibles adversarios políticos, pues según el líder de la CIDOB, Morales se encuentra preocupado y quiere llegar a las elecciones generales de diciembre de 2014 con el camino expedito sin opositores.
"No vamos permitir la detención de ningún dirigente, todos los indígenas del TIPNIS están dispuestos a ir presos porque el TIPNIS es su territorio y nadie va a tocar el territorio donde ellos viven", advirtió.
Asimismo, manifestó que no se aceptará que ningún dirigente sea enjuiciado por el caso de los enfrentamientos en San Pablo del Isiboro en la justicia ordinaria ya que por la Constitución en su artículo 30 numeral 4 los indígenas deben ser procesados por sus usos y costumbres.
Diputado prepara proyecto ley de protección a pueblos originarios
El presidente de la Comisión de Naciones y Pueblos Indígenas Originarios Campesinos, Culturas e Interculturalidad de la Cámara de Diputados, Saúl Garabito, denunció que indígenas son víctimas de madereros inescrupulosos y por lo tanto sus pueblos se encuentran en peligro de extinción.
Con motivo de la presentación del Anteproyecto de Ley de “Protección a las naciones y pueblos indígena-originarios en peligro de extinción, aislamiento voluntario y no contactados”, el representante legislativo recomendó la urgencia de encarar un plan de atención prioritaria a dicha población.
El evento de entrega del documento fue organizado con el apoyo de la Fundación de Apoyo al Parlamento y a la Participación Ciudadana (Fundappac) y de la representante en Bolivia de la Fundación Konrad Adenauer.
Garabito dijo que los pueblos indígenas en peligro de extinción son víctimas de avasallamientos y abusos por parte de empresas que comercializan con el bosque.
“Tenemos el apoyo de entes internacionales como las Naciones Unidas que nos apoyan para que pueblos como los uruchipayas, pacahuaras y otros no desaparezcan. Se debe enriquecer este debate con estos talleres y seminarios, y de esa manera trabajar este anteproyecto para llegar a un consenso”, declaró Garabito.
Con motivo de la presentación del Anteproyecto de Ley de “Protección a las naciones y pueblos indígena-originarios en peligro de extinción, aislamiento voluntario y no contactados”, el representante legislativo recomendó la urgencia de encarar un plan de atención prioritaria a dicha población.
El evento de entrega del documento fue organizado con el apoyo de la Fundación de Apoyo al Parlamento y a la Participación Ciudadana (Fundappac) y de la representante en Bolivia de la Fundación Konrad Adenauer.
Garabito dijo que los pueblos indígenas en peligro de extinción son víctimas de avasallamientos y abusos por parte de empresas que comercializan con el bosque.
“Tenemos el apoyo de entes internacionales como las Naciones Unidas que nos apoyan para que pueblos como los uruchipayas, pacahuaras y otros no desaparezcan. Se debe enriquecer este debate con estos talleres y seminarios, y de esa manera trabajar este anteproyecto para llegar a un consenso”, declaró Garabito.
viernes, 19 de julio de 2013
Guaraníes toman sede de la APG en Camiri
Guaraníes de once comunidades de la Capitanía Parapetí Guasu del departamento de Santa Cruz, tomaron ayer de forma pacífica las oficinas de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), que se encuentra en Camiri, en desconocimiento a un directorio paralelo conformado en esa zona.
El portavoz de los indígenas movilizados, Demetrio Canduari, dijo que la actual directiva de la organización indígena, presidida por Faustino Flores, avaló al otro directorio de la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) Parapetí Guasu.
Dijo que ante esto, piden que los dirigentes que respaldaron la creación del directorio paralelo, renuncien.
El portavoz de los indígenas movilizados, Demetrio Canduari, dijo que la actual directiva de la organización indígena, presidida por Faustino Flores, avaló al otro directorio de la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) Parapetí Guasu.
Dijo que ante esto, piden que los dirigentes que respaldaron la creación del directorio paralelo, renuncien.
Indígenas bolivianos van a Brasil a pedirle al papa que sea su intercesor ante Evo
Nelly Romero, dirigente indígena, señaló que no le queda otra alternativa a su sector más que recurrir a instancias internacionales para denunciar la vulneración a sus derechos humanos por parte del Gobierno, pues creen que la justicia boliviana no es imparcial.
“Es una vergüenza que todas aquellas personas que han matado al movimiento indígena ahora son premiados, empezando con Sacha LLorenti (embajador de Bolivia ante la ONU) con qué moral está ahora en las Naciones Unidas mandándose la parte de ser un representante de los derechos humanos”, cuestionó Romero en entrevista con un canal de televisión de Santa Cruz.
En ese marco, señaló que los originarios del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) hoy están adicionando más documentos a la demanda presentada ante la Confederación Internacional de Derechos Humanos (CIDH) por la represión a la marcha indígena y ahora por la persecución a sus dirigentes.
Estas mismas denuncias serán llevadas a Brasil y presentadas al papa, que visitará el vecino país del 22 al 28 de julio. “Desde abril hemos hecho gestiones para llegar hablar con el papa y si no podemos, llegaremos hasta su sede (Vaticano)”, advirtió Romero.
“Queremos que el papa interceda por nosotros, para ver si de uno u otra manera hace reflexionar a nuestros gobernantes porque vemos que aquí hay indígenas de primera y de segunda, unos que están protegidos y otros que están perseguidos y ya no se lo puede permitir. Basta ya de humillar perseguir y de burlarse de sus propios hermanos porque gracias a nosotros él (Evo Morales) está dónde está (presidente de Bolivia)”.
Anuncian masificación de movilizaciones en defensa de indígenas del Tipnis
El Comité Cívico de Beni determinó ir a un paro total de actividades el 23 de julio en el departamento en rechazo a las acciones judiciales en contra de Fernando Vargas, Adolfo Chávez y Pedro Nuni, líderes de las marchas en defensa del Tipnis, sobre quienes pesan órdenes de arresto por supuestas agresiones contra dirigentes originarios del Conisur, el 20 de junio.
Sobre el tema, Nelly Romero, dirigente indígena, sostuvo que además de esta medida de protesta analizan realizar movilizaciones en otras regiones, como Santa Cruz, además de Beni.
“Es una vergüenza que todas aquellas personas que han matado al movimiento indígena ahora son premiados, empezando con Sacha LLorenti (embajador de Bolivia ante la ONU) con qué moral está ahora en las Naciones Unidas mandándose la parte de ser un representante de los derechos humanos”, cuestionó Romero en entrevista con un canal de televisión de Santa Cruz.
En ese marco, señaló que los originarios del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) hoy están adicionando más documentos a la demanda presentada ante la Confederación Internacional de Derechos Humanos (CIDH) por la represión a la marcha indígena y ahora por la persecución a sus dirigentes.
Estas mismas denuncias serán llevadas a Brasil y presentadas al papa, que visitará el vecino país del 22 al 28 de julio. “Desde abril hemos hecho gestiones para llegar hablar con el papa y si no podemos, llegaremos hasta su sede (Vaticano)”, advirtió Romero.
“Queremos que el papa interceda por nosotros, para ver si de uno u otra manera hace reflexionar a nuestros gobernantes porque vemos que aquí hay indígenas de primera y de segunda, unos que están protegidos y otros que están perseguidos y ya no se lo puede permitir. Basta ya de humillar perseguir y de burlarse de sus propios hermanos porque gracias a nosotros él (Evo Morales) está dónde está (presidente de Bolivia)”.
Anuncian masificación de movilizaciones en defensa de indígenas del Tipnis
El Comité Cívico de Beni determinó ir a un paro total de actividades el 23 de julio en el departamento en rechazo a las acciones judiciales en contra de Fernando Vargas, Adolfo Chávez y Pedro Nuni, líderes de las marchas en defensa del Tipnis, sobre quienes pesan órdenes de arresto por supuestas agresiones contra dirigentes originarios del Conisur, el 20 de junio.
Sobre el tema, Nelly Romero, dirigente indígena, sostuvo que además de esta medida de protesta analizan realizar movilizaciones en otras regiones, como Santa Cruz, además de Beni.
jueves, 18 de julio de 2013
La espía penetró la marcha en Yucumo y oyó la planificación
Nadie la notó, pero el 21 de septiembre de 2011, la cabo de Policía Angélica Dayana Cáceres Ramírez siguió a los activistas en defensa del Tipnis de La Paz a Chaparina. Se mimetizó entre ellos en Yucumo al día siguiente, desayunó con el exviceministro Alejandro Almaraz, Lino Villca y Óscar Olivera, y estuvo en la planificación de la estrategia de apoyo a la octava marcha, que estaba cercada en Chaparina por la Policía. Así lo ha revelado ayer el testimonio de tres activistas que estuvieron allí ese día y un juego de fotografías tomadas por ellos.
“Tuvo que salir de La Paz con nosotros, organizamos todo muy rápido y no nos conocíamos entre todos los activistas. Ella debió infiltrarse ahí y apareció en Yucumo”, asegura Almaraz. “Íbamos en un par de vehículos y algunos en una flota. Estoy convencido de que ella (la cabo Cáceres) se sumó como activista en la flota. Lo grave es que la agente escuchó toda nuestra planificación en Yucumo”, recuerda Olivera. “Como la convocatoria fue abierta para ingresar a reforzar la octava marcha, me pareció normal no conocer a algunas personas”, dice un tercero, que ha pedido se cuide su identidad.
Lo cierto es que las nuevas fotografías y testimonios dan cuenta de que el 22 de septiembre, de Yucumo a Chaparina y hasta el día de la represión, la cabo Cáceres consiguió quedarse en la marcha indígena, en un escenario marcado por un cerco policial y por un bloqueo de campesinos en Yucumo.
Burló controles
Olivera recuerda que la guardia indígena era rigurosa y que los activistas llegados con él de Cochabamba y La Paz tenían aval de centrales indígenas, pero que hubo casos de expulsión por falta de respaldo. “Por lo que veo esa agente de Inteligencia burló el control de la seguridad interna”, relata el activista. Los nuevos indicios deben investigarse
Indígenas piden un informe policial
Los dirigentes originarios Fernando Vargas y Pedro Nuni, tras conocer las nuevas revelaciones sobre la infiltración, han reclamado al Comando Nacional de la Policía que remita un informe oficial que explique estos datos y los documentos que desvelan la participación de la cabo Cáceres en la octava marcha indígena.
“El comandante Aracena dijo que había instruido una investigación a la inspectoría policial hace una semana; bueno, él debe incluir estos nuevos datos y debe entregar el informe ya”, demandó Nuni, uno de los dirigentes que fue reprimido en dicha movilización. Se espera el pronunciamiento.
“Desayunó con nosotros en Yucumo; sabía todo”
Óscar Olivera/ - Activista -
Todo comienza a tener sentido para Óscar Olivera, activista cochabambino de apoyo a la octava marcha (2011). Las fotos reveladas ayer, para él, muestran que el Gobierno espió a su organización todo el tiempo.
¿Qué le dicen las nuevas fotos de la infiltración de la cabo Cáceres?
Esa foto para mí es clave. Cuando llegamos de La Paz a Yucumo y nos hicieron bajar los policías, tuvimos que ir a pie a un local del pueblo donde desayunamos y planificamos la estrategia de apoyo. Las fotos revelan que ella oyó todo.
¿Qué oyó ella?
Nuestra estrategia de apoyo para la marcha indígena.
¿Ella vino con ustedes?
Íbamos en un par de vehículos y algunos en una flota. Estoy convencido de que ella (la cabo Cáceres) se sumó como activista en la flota. Lo grave es que la agente escuchó toda nuestra planificación.
¿La recuerda usted?
No, no la recuerdo. Nosotros teníamos el aval de la OICH, ella no sé de quién tendría respaldo. Burló los controles
“Tuvo que salir de La Paz con nosotros, organizamos todo muy rápido y no nos conocíamos entre todos los activistas. Ella debió infiltrarse ahí y apareció en Yucumo”, asegura Almaraz. “Íbamos en un par de vehículos y algunos en una flota. Estoy convencido de que ella (la cabo Cáceres) se sumó como activista en la flota. Lo grave es que la agente escuchó toda nuestra planificación en Yucumo”, recuerda Olivera. “Como la convocatoria fue abierta para ingresar a reforzar la octava marcha, me pareció normal no conocer a algunas personas”, dice un tercero, que ha pedido se cuide su identidad.
Lo cierto es que las nuevas fotografías y testimonios dan cuenta de que el 22 de septiembre, de Yucumo a Chaparina y hasta el día de la represión, la cabo Cáceres consiguió quedarse en la marcha indígena, en un escenario marcado por un cerco policial y por un bloqueo de campesinos en Yucumo.
Burló controles
Olivera recuerda que la guardia indígena era rigurosa y que los activistas llegados con él de Cochabamba y La Paz tenían aval de centrales indígenas, pero que hubo casos de expulsión por falta de respaldo. “Por lo que veo esa agente de Inteligencia burló el control de la seguridad interna”, relata el activista. Los nuevos indicios deben investigarse
Indígenas piden un informe policial
Los dirigentes originarios Fernando Vargas y Pedro Nuni, tras conocer las nuevas revelaciones sobre la infiltración, han reclamado al Comando Nacional de la Policía que remita un informe oficial que explique estos datos y los documentos que desvelan la participación de la cabo Cáceres en la octava marcha indígena.
“El comandante Aracena dijo que había instruido una investigación a la inspectoría policial hace una semana; bueno, él debe incluir estos nuevos datos y debe entregar el informe ya”, demandó Nuni, uno de los dirigentes que fue reprimido en dicha movilización. Se espera el pronunciamiento.
“Desayunó con nosotros en Yucumo; sabía todo”
Óscar Olivera/ - Activista -
Todo comienza a tener sentido para Óscar Olivera, activista cochabambino de apoyo a la octava marcha (2011). Las fotos reveladas ayer, para él, muestran que el Gobierno espió a su organización todo el tiempo.
¿Qué le dicen las nuevas fotos de la infiltración de la cabo Cáceres?
Esa foto para mí es clave. Cuando llegamos de La Paz a Yucumo y nos hicieron bajar los policías, tuvimos que ir a pie a un local del pueblo donde desayunamos y planificamos la estrategia de apoyo. Las fotos revelan que ella oyó todo.
¿Qué oyó ella?
Nuestra estrategia de apoyo para la marcha indígena.
¿Ella vino con ustedes?
Íbamos en un par de vehículos y algunos en una flota. Estoy convencido de que ella (la cabo Cáceres) se sumó como activista en la flota. Lo grave es que la agente escuchó toda nuestra planificación.
¿La recuerda usted?
No, no la recuerdo. Nosotros teníamos el aval de la OICH, ella no sé de quién tendría respaldo. Burló los controles
Tensión en Beni por fallo judicial contra indígenas
La justicia de Beni, en menos de siete días, ha rechazado un tercer recurso de libertad presentado por los dirigentes originarios Fernando Vargas, Pedro Nuni y Adolfo Chávez, que tienen encima una orden de aprehensión por el caso del conflicto de San Pablo del Isiboro (Tipnis). La decisión ha crispado los nervios de sectores indígenas, cívicos y sindicatos de mototaxis y ayer se movilizaron en Trinidad alrededor de la Corte de Justicia.
A las 17:00, horario en el que el juez Jesús Martínez debía tratar la acción de libertad presentada por los indígenas, la tensión subió al máximo con las movilizaciones de mototaxistas exigiendo que se deje libre de cargos a los tres acusados y que los juzgue la justicia autóctona.
Del otro lado, los dirigentes de la subcentral Sécure desconocieron el liderazgo de Vargas, Nuni y Chávez y han pedido que los encarcelen rápidamente por los cargos de tentativa de feminicidio y esterilización forzada. A los tres dirigentes se los acusa por supuestas lesiones provocadas a tres personas, entre ellas el dirigente de Conisur, Gumercindo Pradel, el 20 de junio en San Pablo del Isiboro.
“El fallo revela que la justicia opera políticamente, guiada por el Gobierno. Está claro”, opina Nuni, dado que para él el Ministerio Público se movilizó inmediatamente para perseguirlos, mientras que para el caso Chaparina tarda tanto como puede. Por otra parte, la fiscal de distrito de Beni, Wilma Blazz, asegura que no es así y que la orden de aprehensión solo es un recurso aplicado para que los dirigentes se presenten a la convocatoria de la autoridad.
Desde Cochabamba, el exviceministro Alejando Almaraz aseguró que hay activistas dispuestos a entrar en huelga de hambre si se detiene a los líderes de la octava marcha
Cinco pueblos indígenas enviaron sus Estatutos Autonómicos al Tribunal Constitucional
Cinco de los once pueblos indígenas que decidieron ingresar al régimen de la Autonomía Indígena Originaria Campesina (AIOC) ya enviaron sus Estatutos Autonómicos para su revisión al Tribunal Constitucional Plurinacional, confirmó el viceministro de Autonomías Indígena Originaria Campesinas y Organización Territorial, Gonzalo Vargas.
Se tratan de los pueblos indígenas Uru Chipaya, San Pedro de Totora y Pampa Aullagas de Oruro; Charagua de Santa Cruz y Mojocoya de Chuquisaca, que están a la espera de las conclusiones que pueda emitir el Tribunal Constitucional.
"El referéndum de 6 de diciembre de 2009, doce municipios optaron por ir a las autonomías indígenas campesinas, de esas doce, una, Curahuara de Carangas, no logró el propósito logrado y sólo once aprobaron el referéndum, de esos once, cinco han concluido su Estatuto Autonómico", informó el viceministro a la ANF.
Los restantes seis municipios que aún están en proceso de elaboración de sus estatutos y conformación de sus órganos deliberantes son Tarabuco y Huacaya de Chuquisaca; Charazani y Jesús de Machaca de La Paz; Salinas de Garci Mendoza de Oruro y Chayanta de Potosí, éste último el más "rezagado".
"Está rezagado Chayanta de Potosí, que no ha logrado conformar su órgano deliberativo, por diferencias entre dos parcialidades que tiene este municipio", precisó González. De acuerdo a la Ley Marco de Autonomías, una vez que estos municipios presenten su Estatuto Autonómico al Tribunal Constitucional, y de no tener observaciones por parte de esta instancia, el mismo será sometido a referéndum para lograr su puesta en vigencia.
El viceministro indicó que además de estos once pueblos indígenas, existen otros que han optado por la AIOC por la vía del Territorio Indígena Originario Campesina (TIOC). Entre ellos se encuentran Raqaypampa, de la provincia Mizque de Cochabamba; el pueblo chiquitano de Monteverde en Beni y Marka Camata, en La Paz, que ya cuentan con el certificado de territorio ancestral, principal requisito para acceder a la autonomía indígena.
"El pueblo Yuracaré en la provincia Chapare de Cochabamba ya ha enviado su informe y está en proceso de revisión para la otorgación del certificado de territorio ancestral, esta de igual manera el pueblo chiquitano de Llumerio, cuyo documento se está revisando para la certificación de territorio ancestral", informó. A estos pueblos indígenas se suma, precisó la autoridad, el municipio de San Miguel de Velasco ubicado en el departamento de Santa Cruz que, también, ha solicitado convertirse en un municipio con autonomía indígena.
Este viernes, la Ley Marco de Autonomías y Descentralización "Andrés Ibáñez" cumplirá tres años de vigencia. El objetivo de la norma es regular el régimen de autonomías y las bases de la organización territorial del Estado enmarcado en lo que establece la Constitución Política.
Se tratan de los pueblos indígenas Uru Chipaya, San Pedro de Totora y Pampa Aullagas de Oruro; Charagua de Santa Cruz y Mojocoya de Chuquisaca, que están a la espera de las conclusiones que pueda emitir el Tribunal Constitucional.
"El referéndum de 6 de diciembre de 2009, doce municipios optaron por ir a las autonomías indígenas campesinas, de esas doce, una, Curahuara de Carangas, no logró el propósito logrado y sólo once aprobaron el referéndum, de esos once, cinco han concluido su Estatuto Autonómico", informó el viceministro a la ANF.
Los restantes seis municipios que aún están en proceso de elaboración de sus estatutos y conformación de sus órganos deliberantes son Tarabuco y Huacaya de Chuquisaca; Charazani y Jesús de Machaca de La Paz; Salinas de Garci Mendoza de Oruro y Chayanta de Potosí, éste último el más "rezagado".
"Está rezagado Chayanta de Potosí, que no ha logrado conformar su órgano deliberativo, por diferencias entre dos parcialidades que tiene este municipio", precisó González. De acuerdo a la Ley Marco de Autonomías, una vez que estos municipios presenten su Estatuto Autonómico al Tribunal Constitucional, y de no tener observaciones por parte de esta instancia, el mismo será sometido a referéndum para lograr su puesta en vigencia.
El viceministro indicó que además de estos once pueblos indígenas, existen otros que han optado por la AIOC por la vía del Territorio Indígena Originario Campesina (TIOC). Entre ellos se encuentran Raqaypampa, de la provincia Mizque de Cochabamba; el pueblo chiquitano de Monteverde en Beni y Marka Camata, en La Paz, que ya cuentan con el certificado de territorio ancestral, principal requisito para acceder a la autonomía indígena.
"El pueblo Yuracaré en la provincia Chapare de Cochabamba ya ha enviado su informe y está en proceso de revisión para la otorgación del certificado de territorio ancestral, esta de igual manera el pueblo chiquitano de Llumerio, cuyo documento se está revisando para la certificación de territorio ancestral", informó. A estos pueblos indígenas se suma, precisó la autoridad, el municipio de San Miguel de Velasco ubicado en el departamento de Santa Cruz que, también, ha solicitado convertirse en un municipio con autonomía indígena.
Este viernes, la Ley Marco de Autonomías y Descentralización "Andrés Ibáñez" cumplirá tres años de vigencia. El objetivo de la norma es regular el régimen de autonomías y las bases de la organización territorial del Estado enmarcado en lo que establece la Constitución Política.
miércoles, 17 de julio de 2013
Indígenas del Tipnis inician campaña
Una comitiva de indígenas del Tipnis inició un recorrido por el país, para pedir la solidaridad de los bolivianos y su cooperación con víveres, principalmente, para mantener la vigilia instalada en su sede en Trinidad, donde se encuentran resguardados sus tres principales dirigentes, para impedir su aprehensión.
La presidenta de la Central de Pueblos Indígenas del Beni, Nazaret Flores, quien llegó a Cochabamba ayer con ese motivo, señaló que son más de 200 personas entre hombres, mujeres, niños y corregidores que están en vigilia en la Subcentral para no permitir que se lleven a sus dirigentes Adolfo Chávez, Pedro Nuni y Fernando Vargas.
La Fiscalía de Beni expidió la semana pasada mandamientos de aprehensión contra los tres dirigentes porque no se presentaron a declarar sobre la denuncia presentada por el dirigente del Conisur Gumercindo Pradel, por el castigo que recibió el mes pasado por determinación de la comunidad.
Ante el rechazo de un juez, para que el caso sea reconocido como justicia comunitaria y evitar su detención, los dirigentes se replegaron a su sede. La Fiscalía ratificó la orden que debe ser ejecutada por la Policía.
El encargado de la Campaña de Defensa por el Tipnis, Pablo Rojas, denunció ayer que Gumercindo Pradel Roca, según información oficial del INRA y el Sindicato Agrario de Villa Bolívar, es dueño de la parcela 047 ubicada en el Polígono 7 del ConiSur, asimismo dijo que no es dirigente del Tipnis.
La presidenta de la Central de Pueblos Indígenas del Beni, Nazaret Flores, quien llegó a Cochabamba ayer con ese motivo, señaló que son más de 200 personas entre hombres, mujeres, niños y corregidores que están en vigilia en la Subcentral para no permitir que se lleven a sus dirigentes Adolfo Chávez, Pedro Nuni y Fernando Vargas.
La Fiscalía de Beni expidió la semana pasada mandamientos de aprehensión contra los tres dirigentes porque no se presentaron a declarar sobre la denuncia presentada por el dirigente del Conisur Gumercindo Pradel, por el castigo que recibió el mes pasado por determinación de la comunidad.
Ante el rechazo de un juez, para que el caso sea reconocido como justicia comunitaria y evitar su detención, los dirigentes se replegaron a su sede. La Fiscalía ratificó la orden que debe ser ejecutada por la Policía.
El encargado de la Campaña de Defensa por el Tipnis, Pablo Rojas, denunció ayer que Gumercindo Pradel Roca, según información oficial del INRA y el Sindicato Agrario de Villa Bolívar, es dueño de la parcela 047 ubicada en el Polígono 7 del ConiSur, asimismo dijo que no es dirigente del Tipnis.
Indígenas del Tipnis denunciarán ante el Papa violación a los DDHH
Los indígenas defensores del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) anunciaron que presentarán ante el papa Francisco denuncias relativas a las "constantes violaciones" que son objeto por parte del Gobierno de Evo Morales.
La dirigente Nelly Romero dijo que se buscará aprovechar la próxima visita de Francisco a Brasil, de lo contrario un grupo de representantes viajaría hasta el Vaticano tomando como ejemplo a los indígenas argentinos que no tuvieron respuestas a sus demandas por parte del Gobierno de Cristina Fernández.
"Los que vamos a hacer es denunciar la intransigencia la persecución y el amedrentamiento. Pedimos al papa Francisco que pueda visitar nuestro país aprovechando su llegada al vecino país Brasil para que constate la permanente violación por parte del Gobierno nacional a nuestros derechos como seres humanos y como pueblos indígenas", afirmó Romero en declaraciones a los medios de prensa.
De acuerdo con la dirigente indígena, se busca que el santo padre sea el portavoz de los indígenas bolivianos ante las instancias internacionales de protección de los derechos fundamentales de todas las personas.
Luego de la vigilia que se instaló en dependencias de la Subcentral Tipnis en Trinidad, los indígenas anunciaron similares iniciativas en Santa Cruz, Cochabamba y otras capitales de Bolivia para rechazar las acciones judiciales contra sus principales dirigentes.
A criterio del director del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (Cejis), Leonardo Tamburini los mandamientos de aprehensión contra la dirigencia indígena son un "claro acto" de persecución.
"Como activistas y como personas sensibles con los derechos humanos estamos a lado de los dirigentes. Si los compañeros Fernando Vargas, Pedro Nuni y Adolfo Chávez van a ser detenidos, todos tendremos que ir presos", afirmó el activista.
Los indígenas insisten que el castigo que se le propino al dirigente del Conisur, Gumercindo Pradel en el Tipnis es una práctica de la justicia comunitaria y esperan que un juzgado de Trinidad acceda al recurso que presentaron y que rechaza el proceso en la justicia ordinaria.
La dirigente Nelly Romero dijo que se buscará aprovechar la próxima visita de Francisco a Brasil, de lo contrario un grupo de representantes viajaría hasta el Vaticano tomando como ejemplo a los indígenas argentinos que no tuvieron respuestas a sus demandas por parte del Gobierno de Cristina Fernández.
"Los que vamos a hacer es denunciar la intransigencia la persecución y el amedrentamiento. Pedimos al papa Francisco que pueda visitar nuestro país aprovechando su llegada al vecino país Brasil para que constate la permanente violación por parte del Gobierno nacional a nuestros derechos como seres humanos y como pueblos indígenas", afirmó Romero en declaraciones a los medios de prensa.
De acuerdo con la dirigente indígena, se busca que el santo padre sea el portavoz de los indígenas bolivianos ante las instancias internacionales de protección de los derechos fundamentales de todas las personas.
Luego de la vigilia que se instaló en dependencias de la Subcentral Tipnis en Trinidad, los indígenas anunciaron similares iniciativas en Santa Cruz, Cochabamba y otras capitales de Bolivia para rechazar las acciones judiciales contra sus principales dirigentes.
A criterio del director del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (Cejis), Leonardo Tamburini los mandamientos de aprehensión contra la dirigencia indígena son un "claro acto" de persecución.
"Como activistas y como personas sensibles con los derechos humanos estamos a lado de los dirigentes. Si los compañeros Fernando Vargas, Pedro Nuni y Adolfo Chávez van a ser detenidos, todos tendremos que ir presos", afirmó el activista.
Los indígenas insisten que el castigo que se le propino al dirigente del Conisur, Gumercindo Pradel en el Tipnis es una práctica de la justicia comunitaria y esperan que un juzgado de Trinidad acceda al recurso que presentaron y que rechaza el proceso en la justicia ordinaria.
La ONU estudiará la situación de los pueblos indígenas en Panamá
El relator especial de Naciones Unidas para los pueblos indígenas, James Anaya, visitará Panamá entre los próximos 19 y 26 de julio, para analizar la situación de los pueblos autóctonos.
"Deseo llegar a comprender mejor los puntos de vista de los pueblos indígenas, representantes de Gobierno y de otras partes interesadas sobre los alcances y desafíos que existen con respecto al ejercicio de los derechos humanos de los pueblos indígenas en Panamá", expresó Anaya en una nota de prensa distribuida hoy.
El relator especial manifestó que pretende dar visibilidad a las preocupaciones de los aborígenes, "que a menudo son ignoradas por las sociedades en las que viven".
Durante su visita de siete días, el relator especial se reunirá con funcionarios del Gobierno de Panamá y representantes indígenas en la Ciudad de Panamá y viajará los territorios de los pueblos Ngäbe Buglé, Guna Yala y Emberá Wounaan. Anaya elaborará un informe con conclusiones y recomendaciones que será presentado al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en 2014.
"Deseo llegar a comprender mejor los puntos de vista de los pueblos indígenas, representantes de Gobierno y de otras partes interesadas sobre los alcances y desafíos que existen con respecto al ejercicio de los derechos humanos de los pueblos indígenas en Panamá", expresó Anaya en una nota de prensa distribuida hoy.
El relator especial manifestó que pretende dar visibilidad a las preocupaciones de los aborígenes, "que a menudo son ignoradas por las sociedades en las que viven".
Durante su visita de siete días, el relator especial se reunirá con funcionarios del Gobierno de Panamá y representantes indígenas en la Ciudad de Panamá y viajará los territorios de los pueblos Ngäbe Buglé, Guna Yala y Emberá Wounaan. Anaya elaborará un informe con conclusiones y recomendaciones que será presentado al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en 2014.
Indígenas refugian en su 'embajada' a 3 perseguidos
De forma sarcástica al cargo que ocupa el exministro de Gobierno, Sacha Llorentty, ahora embajador de Bolivia ante las Naciones Unidas, los indígenas han creado su propia "embajada", para refugiar a los dirigentes Adolfo Chávez, Fernando Vargas y Pedro Nuni, que enfrentan un proceso.
La subcentral del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), denominada la "embajada indígena", es donde se encuentran albergados los indígenas que critican la orden de aprehensión que hay en contra de sus líderes.
Chávez, Vargas y Nuni están acusados de impulsar las supuestas agresiones al dirigente Gumercindo Pradel, afín al partido de Gobierno, quien fue sancionado bajo la justicia comunitaria el pasado mes de junio en el Tipnis.
Posición. "Así como ellos lo nombraron embajador como un premio a la represión indígena que ordenó en Chaparina, así ahora nosotros vamos a permanecer en nuestra embajada, esperando a que la justicia actúe", dijo el presidente de la subcentral Tipnis, Fernando Vargas.
Por su parte, Adolfo Chávez, confirmó que permanecerán ahí esperando que la justicia comunitaria enmarcada en la Constitución Política del Estado (CPE), sea cumplida.
Reacciones. Sobre este tema, la presidenta nacional de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos (APDH), Yolanda Herrera, solicitó al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que se manifieste, dado que a decir de ella, la justicia comunitaria es un derecho de todos los pueblos originarios. "No avalamos los hechos violentos, pero sí respetamos las acciones en defensa de sus derechos y territorio. No queremos que el sector indígena siga fracturándose. Están queriendo criminalizar la defensa de un hecho", dijo Herrera.
Respaldo. Para hoy, los indígenas tienen programada una Asamblea en Trinidad, Beni, para determinar las acciones de resistencia.
Ayer por la tarde, un grupo de mototaxistas, se concentró en la "embajada indígena", para brindar respaldo y apoyo a los dirigentes que tienen mandamiento de apremio.
La subcentral del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), denominada la "embajada indígena", es donde se encuentran albergados los indígenas que critican la orden de aprehensión que hay en contra de sus líderes.
Chávez, Vargas y Nuni están acusados de impulsar las supuestas agresiones al dirigente Gumercindo Pradel, afín al partido de Gobierno, quien fue sancionado bajo la justicia comunitaria el pasado mes de junio en el Tipnis.
Posición. "Así como ellos lo nombraron embajador como un premio a la represión indígena que ordenó en Chaparina, así ahora nosotros vamos a permanecer en nuestra embajada, esperando a que la justicia actúe", dijo el presidente de la subcentral Tipnis, Fernando Vargas.
Por su parte, Adolfo Chávez, confirmó que permanecerán ahí esperando que la justicia comunitaria enmarcada en la Constitución Política del Estado (CPE), sea cumplida.
Reacciones. Sobre este tema, la presidenta nacional de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos (APDH), Yolanda Herrera, solicitó al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que se manifieste, dado que a decir de ella, la justicia comunitaria es un derecho de todos los pueblos originarios. "No avalamos los hechos violentos, pero sí respetamos las acciones en defensa de sus derechos y territorio. No queremos que el sector indígena siga fracturándose. Están queriendo criminalizar la defensa de un hecho", dijo Herrera.
Respaldo. Para hoy, los indígenas tienen programada una Asamblea en Trinidad, Beni, para determinar las acciones de resistencia.
Ayer por la tarde, un grupo de mototaxistas, se concentró en la "embajada indígena", para brindar respaldo y apoyo a los dirigentes que tienen mandamiento de apremio.
martes, 16 de julio de 2013
Devuelven a los hopis máscara subastada contra su voluntad
Una de las máscaras sagradas de los indios hopis que se subastaron el pasado mes de abril en París pese a las protestas de esta comunidad de Arizona (EEUU), les fue restituida en una ceremonia cuya celebración fue desvelada ayer por la organización que les apoyó, Survival International.
La katsina, así es como llaman a este objeto que consideran sagrado, fue entregada en una ceremonia que se inició el viernes en primer lugar en Tuba City, Arizona, y que tuvo continuidad el sábado, explicó una portavoz de la ONG, que justificó el anuncio tardío para mantener la confidencialidad que querían los hopi.
La pieza la devolvieron el abogado francés Pierre Servan Schreiber, que defendió sus intereses durante el contencioso para impedir la venta de las katsinam, y representantes de Survival International.
Servan Schreiber la había adquirido. Tuvo que pagar unos 2.000 euros (2.612 dólares) para hacerse el pasado 12 de abril con una de las 70 piezas vendidas por la casa de subastas de París Neret-Minet Tessier & Sarrou.
La katsina, así es como llaman a este objeto que consideran sagrado, fue entregada en una ceremonia que se inició el viernes en primer lugar en Tuba City, Arizona, y que tuvo continuidad el sábado, explicó una portavoz de la ONG, que justificó el anuncio tardío para mantener la confidencialidad que querían los hopi.
La pieza la devolvieron el abogado francés Pierre Servan Schreiber, que defendió sus intereses durante el contencioso para impedir la venta de las katsinam, y representantes de Survival International.
Servan Schreiber la había adquirido. Tuvo que pagar unos 2.000 euros (2.612 dólares) para hacerse el pasado 12 de abril con una de las 70 piezas vendidas por la casa de subastas de París Neret-Minet Tessier & Sarrou.
Se editan textos escolares para rescatar el idioma baure
Un trabajo de siete años efectuado por dos estudiantes de doctorado, Femmy Admiraal, de Holanda, y Franziska Riedel, de Alemania, en coordinación con Fernando Figueroa, fundador del Centro Cultural San Isidro, pondrá en circulación dos textos escolares con la intención de preservar el idioma baure, que actualmente es hablado por solo 70 personas en Baures (Beni), de las cuales apenas 20 lo entienden perfectamente.
Estos textos son una actividad que se desprende del trabajo de documentación del idioma baure, iniciado por la alemana Swintha Danielsen en 2008.
“Es un trabajo académico, parte de mi tesis de doctorado, pero nosotros tratamos de realizar también proyectos aquí; por ejemplo, siempre damos clases a los niños cuando estamos aquí, y los libros también son proyectos extra que hacemos para que el pueblo se quede con materiales”, indicó Admiraal, de 33 años.
Danielsen, Admiraal y Riedel estudiaron en la universidad alemana de Leipzig. De hecho, en la página web de la institución se puede hacer un seguimiento al trabajo hecho con los habitantes baures.
Preservar las tradiciones
Los libros se presentarán a finales de este mes. Riedel dijo que mientras Danielsen y Admiraal se dedicaban a documentar la lengua baure, ella se ocupaba del estudio de las tradiciones y creencias de la comunidad. “Todavía tienen muchas creencias propias, a pesar de haber sido evangelizados por los jesuitas; sobre todo creen en los espíritus del bosque”, indicó Riedel, de 31 años.
Un texto será para el nivel primario y otro para el secundario. Lamentablemente, en el proyecto no está contemplado hacer un seguimiento al desarrollo que tengan en la escuela. Pero Franziska vive en Baures, ella siempre estará viendo los avances que se tengan.
Antes publicaron tres libros, uno de cuentos editado con la ayuda de la población, que les narraban las historias que sabían, el otro consistía en enseñanzas, que venía junto a uno de ejercicios gramáticos.
Fernando Figueroa colaboró revisando los textos, ya que Admiraal y Riedel no dominan muy bien el español. También verificó que el lenguaje no sea tan científico para, que se entiendan mejor
Datos
Estudios
Admiraal tiene maestría en Lingüística y Antropología y ahora está haciendo su doctorado en Linguística. Riedel tiene maestría en Antropología, Periodismo y Ciencias Culturales y doctorado en Antropología.
Raíz
El baure pertenece al idioma arawak. El pueblo baure está en el departamento de Beni.
Estos textos son una actividad que se desprende del trabajo de documentación del idioma baure, iniciado por la alemana Swintha Danielsen en 2008.
“Es un trabajo académico, parte de mi tesis de doctorado, pero nosotros tratamos de realizar también proyectos aquí; por ejemplo, siempre damos clases a los niños cuando estamos aquí, y los libros también son proyectos extra que hacemos para que el pueblo se quede con materiales”, indicó Admiraal, de 33 años.
Danielsen, Admiraal y Riedel estudiaron en la universidad alemana de Leipzig. De hecho, en la página web de la institución se puede hacer un seguimiento al trabajo hecho con los habitantes baures.
Preservar las tradiciones
Los libros se presentarán a finales de este mes. Riedel dijo que mientras Danielsen y Admiraal se dedicaban a documentar la lengua baure, ella se ocupaba del estudio de las tradiciones y creencias de la comunidad. “Todavía tienen muchas creencias propias, a pesar de haber sido evangelizados por los jesuitas; sobre todo creen en los espíritus del bosque”, indicó Riedel, de 31 años.
Un texto será para el nivel primario y otro para el secundario. Lamentablemente, en el proyecto no está contemplado hacer un seguimiento al desarrollo que tengan en la escuela. Pero Franziska vive en Baures, ella siempre estará viendo los avances que se tengan.
Antes publicaron tres libros, uno de cuentos editado con la ayuda de la población, que les narraban las historias que sabían, el otro consistía en enseñanzas, que venía junto a uno de ejercicios gramáticos.
Fernando Figueroa colaboró revisando los textos, ya que Admiraal y Riedel no dominan muy bien el español. También verificó que el lenguaje no sea tan científico para, que se entiendan mejor
Datos
Estudios
Admiraal tiene maestría en Lingüística y Antropología y ahora está haciendo su doctorado en Linguística. Riedel tiene maestría en Antropología, Periodismo y Ciencias Culturales y doctorado en Antropología.
Raíz
El baure pertenece al idioma arawak. El pueblo baure está en el departamento de Beni.
Pradel desconoce a la justicia originaria
El cacique del Conisur de la zona colonizada del Tipnis, Gumercindo Pradel, desconoció la justicia indígena originaria y denunció que solo intentaron asesinarlo, pero el dirigente Fernando Vargas señaló que los habitantes de esta zona decidieron castigarlo con chicotazos al indígena originario del pueblo Yurakaré y que esta forma de justicia está enmarcada en la Constitución Política del Estado (CPE). “Él es un indígena, es un yurakaré, eso nadie se lo saca y por lo tanto está en ese marco, no es un karayana (extraño), como dice la Ley, es un indígena”, declaró Vargas.
Por otro lado; Pradel, aseveró que lo que le ocurrió en la comunidad de San Pando fue un intento de asesinato. “Si realmente hubiera sido castigo comunal obviamente lo hubiera determinado allá, pero eso no es un castigo comunal hay un intento de asesinato (…) tenemos derecho como cualquier persona a acudir ante la justicia ordinaria”, afirmó Pradel. Finalmente Vargas indicó que no acudirán al Ministerio Público. / Erbol
Por otro lado; Pradel, aseveró que lo que le ocurrió en la comunidad de San Pando fue un intento de asesinato. “Si realmente hubiera sido castigo comunal obviamente lo hubiera determinado allá, pero eso no es un castigo comunal hay un intento de asesinato (…) tenemos derecho como cualquier persona a acudir ante la justicia ordinaria”, afirmó Pradel. Finalmente Vargas indicó que no acudirán al Ministerio Público. / Erbol
lunes, 15 de julio de 2013
Anuncian 20 años de cárcel para quienes interfieran a un pueblo indígena
Se incluye las figuras de genocidio y perturbación cultural al Código Penal que determina cárcel, entre seis y 20 años, para las personas que sometan y perturben a pueblos indígenas, en peligro de extinción, en aislamiento voluntario, además que interfieran o contaminen su territorio.
Estas disposiciones están contempladas en el anteproyecto de ley de protección a naciones y pueblos indígena originarios en peligro de extinción, en situación de aislamiento voluntario y no contactado, elaborado por la Dirección General de Justicia Indígena Originaria Campesina del Ministerio de Justicia que será considerado en la Asamblea Legislativa.
Nelson Marcelo Cox Mayorga, director de Justicia Indígena Originaria Campesina, explicó que esta propuesta se trabajó con el objetivo de establecer los mecanismos sectoriales e intersectoriales de prevención, protección y fortalecimiento para salvaguardar las formas de vida individual y colectiva de las naciones y pueblos indígena originarios, que se encuentran en peligro de extinción, en situación de aislamiento voluntario y no contactados.
Además la medida propuesta define crear la Dirección General de Naciones y Pueblos Indígena Originarios en Peligro de Extinción, en Situación de Aislamiento Voluntario y No contactados (Digepio), bajo dependencia del Órgano Ejecutivo.
Según la autoridad, lo fundamental de esta nueva medida legal es que adicionalmente, en coherencia con las prohibiciones que se disponen en los mecanismos de prevención y protección, se plantean los tipos penales de genocidio cultural, perturbación cultural, financiamiento a la perturbación cultural, y daño ambiental.
Por otro lado, se complementa los tipos penales de omisión de denuncia y delitos contra la salud pública.
EN VÍAS DE EXTINCIÓN Por su parte, la viceministra de Justicia Indígena Originaria Campesina, Isabel Ortega, explicó que más de una decena de 43 pueblos de tierras bajas del país están en vías de extinción, mientras que siete se encuentran en situación crítica al estar sumidas en la pobreza.
“Si bien se avanzó en la protección de los derechos de los pueblos indígenas altamente vulnerables, a la fecha no existe una ley integral, que establezca mecanismos de protección y prevención para las naciones y pueblos indígena originarios en el marco de lo previsto por el artículo 31 de la Constitución Política del Estado”, afirmó la viceministra.
Dijo que es fundamental que el Estado otorgue una especial atención a las naciones y pueblos en peligro de extinción.
Según el análisis de Ortega, la situación de los pueblos indígenas altamente vulnerables, que se encuentran en riesgo de desaparición, no ha mejorado en los últimos años; aún no cuentan con políticas integrales en salud, provisión alimentaria y seguridad territorial.
“Varios de estos pueblos padecen enfermedades endémicas de costoso tratamiento, lo que eleva la mortalidad entre sus miembros. El proyecto de ley de protección de estos pueblos aún se encuentra en revisión técnica dentro del Órgano Ejecutivo, sin haber sido presentado a la Asamblea Legislativa”, explicó.
La viceministra Ortega explicó que las naciones y pueblos indígena originarios en peligro de extinción, aquellos que se encuentran amenazados extremadamente en su sobrevivencia física y cultural, por factores internos y externos que reducen su demografía, dificultando la reproducción y regeneración de sus sistemas de vida.
De acuerdo a las investigaciones hechas por el Ministerio de Justicia, las naciones y pueblos indígena originario en vías de extinción son: Yuki, Pacahuara, Yaminahua, Machineri, Ayoreo, Araona, Moré, Tapieté, Sirionó, Guarasug’we, Urus y Chipaya.
En tanto que las naciones y pueblos indígena originarios en situación de aislamiento voluntario son aquellos pueblos o segmentos de estos que no desarrollan relaciones sociales sostenidas con la población plurinacional mayoritaria, o que habiéndolo hecho, rehuyen todo tipo de contacto con personas ajenas a su entorno y optan por descontinuarlas.
Los segmentos de las naciones y pueblos indígena originarios en aislamiento voluntario son: Ayoreo, Pacahuara y Esse Ejja.
En tanto que pueblos indígenas no contactados son aquellos que por su estrategia de supervivencia nunca han sido contactados, teniéndose conocimiento de su existencia por medio de la historia oral y los vestigios que dejan en su recorrido.
De acuerdo a las investigaciones del Ministerio de Justicia, las naciones y pueblos indígena no contactados son; Toromona, y segmentos de las naciones y pueblos indígena originarios Ayoreo, Esse Ejja, Pacahuara y Yuki.
Intangibilidad transitoria
Ante acciones de agresión que sufran en sus territorios, o zonas de influencia, que pongan en peligro directamente el mantenimiento de la cultura y de su forma de vida de los pueblos indígenas, se declarará intangibilidad transitoria.
“Gestionar mediante decreto supremo, la declaración de intangibilidad transitoria del territorio que ocupan las naciones, pueblos o segmentos indígena originarios en situación de aislamiento voluntario y no contactados, en tanto mantengan tales condiciones, mismas que deberán ser evaluadas cada 10 años”, señala la medida legal.
La viceministra Isabel Ortega explicó que el mecanismo de protección de intangibilidad transitoria, para una nación o pueblo indígena originario en situación de aislamiento voluntario y no contactado, se extinguirá cuando se manifieste su necesidad de establecer contacto e integrarse con la población plurinacional mayoritaria.
La medida legal también establece que se haya migrado a otras áreas fuera de la zona de intangibilidad transitoria o cuando la nación o pueblo indígena originario en situación de aislamiento voluntario y no contactado se desintegre como grupo colectivo.
Además se declarará la intangibilidad cuando exista uso extractivo de recursos renovables y no renovables, con fines lucrativos y en contra de su estilo de vida tradicional.
El director de Justicia Indígena Originaria Campesina, Nelson Marcelo Cox, explicó que también se declara esta figura de intangibilidad transitoria cuando se desarrollen actividades de narcotráfico y delitos contra la seguridad interna y externa del Estado, cuyo autor sea miembro de la nación o pueblo indígena originario en situación de aislamiento voluntario.
Tipos penales para proteger a los nativos
Para preservar los pueblos indígenas y evitar su extinción, el anteproyecto de ley incluye figuras carcelarias en el Código Penal.
La disposición primera de la propuesta de ley las tipificaciones de los delitos de genocidio cultural, perturbación y financiamiento para la perturbación.
“El que sometiera a asimilación a la población plurinacional mayoritaria a una nación, pueblo o segmento indígena originario en situación de aislamiento voluntario o no contactado, o a quien tenga contacto no autorizado con miembros de una nación, pueblo o segmento indígena originario en situación de aislamiento voluntario o no contactado, en territorios declarados con intangibilidad transitoria, será sancionado con presidio de 15 a 20 años”, señala la medida legal.
Además, el que sin contar con autorización expresa realice en el territorio de una nación, pueblo o segmento indígena originario en situación de aislamiento voluntario y no contactado, cualquier tipo de acción que perturbe las formas de vida individual o colectiva, será sancionado con privación de libertad de 6 a 10 años
La misma pena se aplicara, a quién actúe al servicio o colabore de cualquier forma, en la realización de estudios de cualquier índole no autorizados, en territorios de las naciones y pueblos indígena originarios en situación de aislamiento voluntario, y no contactados.
Se sancionará de 8 a 12 años de cárcel a aquella persona que de manera deliberada, directa o indirectamente, provea, recolecte, transfiera, entregue, adquiera, posea, negocie o gestione fondos, bienes, recursos, sea mediante el ejercicio de actividades legales o ilegales, con la intención de ingresar, sin autorización expresa de la autoridad competente, a los territorios de las naciones y pueblos indígena originarios en situación de aislamiento voluntario, y no contactados.
Sobre el daño ambiental, el que de manera deliberada ocasione la destrucción o contaminación de los ecosistemas existentes en el territorio, de las naciones y pueblos indígena originarios en peligro de extinción, en situación de aislamiento voluntario, y no contactados, será sancionado con privación de libertad de 8 a 12 años.
Asimismo, el que tenga conocimiento de estos delitos y que no lo denunciara será sancionado con privación de libertad de uno a tres años.
Pueblos en aislamiento no mantienen contacto con otra gente
El director de Justicia Indígena Originaria Campesina, Marcelo Cox, explicó que las naciones en aislamiento son pueblos o segmentos de pueblos indígenas que no mantienen contactos regulares con la población mayoritaria y que además suelen rehuir todo tipo de contacto con personas ajenas a su grupo.
También pueden ser grupos pertenecientes a diversos pueblos ya contactados que tras una relación intermitente con las sociedades envolventes deciden volver a una situación de aislamiento como estrategia de supervivencia y rompen voluntariamente todas las relaciones que pudieran tener con dichas sociedades
“En su mayoría, los pueblos aislados viven en bosques tropicales y/o zonas de difícil acceso no transi-tadas, lugares que muy a menudo cuentan con grandes recursos naturales. Para estos pueblos el aislamiento no ha sido una opción voluntaria sino una estrategia de supervivencia”, afirmó Cox.
Algunas características generales comunes a todos ellos es que estos pueblos altamente integrados en los ecosistemas en los que habitan y de los cuales forman parte, manteniendo una estrecha relación de interdependencia con el medio ambiente en el que desarrollan sus vidas y su cultura.
Poseen un profundo conocimiento de su medio ambiente, lo que les permite vivir de manera autosuficiente generación tras generación, razón por la cual el mantenimiento de sus territorios es de vital importancia para todos ellos.
Según Cox, son pueblos que no conocen el funcionamiento de la sociedad mayoritaria y que, por lo tanto, se encuentran en una situación de indefensión y extrema vulnerabilidad ante los diversos actores que tratan de acercarse a ellos, o que tratan de acompañar su proceso de relación con el resto de la sociedad, como en el caso de los pueblos en contacto inicial.
Además dijo que son pueblos altamente vulnerables, que en la mayoría de los casos se encuentran en grave peligro de extinción.
Estas disposiciones están contempladas en el anteproyecto de ley de protección a naciones y pueblos indígena originarios en peligro de extinción, en situación de aislamiento voluntario y no contactado, elaborado por la Dirección General de Justicia Indígena Originaria Campesina del Ministerio de Justicia que será considerado en la Asamblea Legislativa.
Nelson Marcelo Cox Mayorga, director de Justicia Indígena Originaria Campesina, explicó que esta propuesta se trabajó con el objetivo de establecer los mecanismos sectoriales e intersectoriales de prevención, protección y fortalecimiento para salvaguardar las formas de vida individual y colectiva de las naciones y pueblos indígena originarios, que se encuentran en peligro de extinción, en situación de aislamiento voluntario y no contactados.
Además la medida propuesta define crear la Dirección General de Naciones y Pueblos Indígena Originarios en Peligro de Extinción, en Situación de Aislamiento Voluntario y No contactados (Digepio), bajo dependencia del Órgano Ejecutivo.
Según la autoridad, lo fundamental de esta nueva medida legal es que adicionalmente, en coherencia con las prohibiciones que se disponen en los mecanismos de prevención y protección, se plantean los tipos penales de genocidio cultural, perturbación cultural, financiamiento a la perturbación cultural, y daño ambiental.
Por otro lado, se complementa los tipos penales de omisión de denuncia y delitos contra la salud pública.
EN VÍAS DE EXTINCIÓN Por su parte, la viceministra de Justicia Indígena Originaria Campesina, Isabel Ortega, explicó que más de una decena de 43 pueblos de tierras bajas del país están en vías de extinción, mientras que siete se encuentran en situación crítica al estar sumidas en la pobreza.
“Si bien se avanzó en la protección de los derechos de los pueblos indígenas altamente vulnerables, a la fecha no existe una ley integral, que establezca mecanismos de protección y prevención para las naciones y pueblos indígena originarios en el marco de lo previsto por el artículo 31 de la Constitución Política del Estado”, afirmó la viceministra.
Dijo que es fundamental que el Estado otorgue una especial atención a las naciones y pueblos en peligro de extinción.
Según el análisis de Ortega, la situación de los pueblos indígenas altamente vulnerables, que se encuentran en riesgo de desaparición, no ha mejorado en los últimos años; aún no cuentan con políticas integrales en salud, provisión alimentaria y seguridad territorial.
“Varios de estos pueblos padecen enfermedades endémicas de costoso tratamiento, lo que eleva la mortalidad entre sus miembros. El proyecto de ley de protección de estos pueblos aún se encuentra en revisión técnica dentro del Órgano Ejecutivo, sin haber sido presentado a la Asamblea Legislativa”, explicó.
La viceministra Ortega explicó que las naciones y pueblos indígena originarios en peligro de extinción, aquellos que se encuentran amenazados extremadamente en su sobrevivencia física y cultural, por factores internos y externos que reducen su demografía, dificultando la reproducción y regeneración de sus sistemas de vida.
De acuerdo a las investigaciones hechas por el Ministerio de Justicia, las naciones y pueblos indígena originario en vías de extinción son: Yuki, Pacahuara, Yaminahua, Machineri, Ayoreo, Araona, Moré, Tapieté, Sirionó, Guarasug’we, Urus y Chipaya.
En tanto que las naciones y pueblos indígena originarios en situación de aislamiento voluntario son aquellos pueblos o segmentos de estos que no desarrollan relaciones sociales sostenidas con la población plurinacional mayoritaria, o que habiéndolo hecho, rehuyen todo tipo de contacto con personas ajenas a su entorno y optan por descontinuarlas.
Los segmentos de las naciones y pueblos indígena originarios en aislamiento voluntario son: Ayoreo, Pacahuara y Esse Ejja.
En tanto que pueblos indígenas no contactados son aquellos que por su estrategia de supervivencia nunca han sido contactados, teniéndose conocimiento de su existencia por medio de la historia oral y los vestigios que dejan en su recorrido.
De acuerdo a las investigaciones del Ministerio de Justicia, las naciones y pueblos indígena no contactados son; Toromona, y segmentos de las naciones y pueblos indígena originarios Ayoreo, Esse Ejja, Pacahuara y Yuki.
Intangibilidad transitoria
Ante acciones de agresión que sufran en sus territorios, o zonas de influencia, que pongan en peligro directamente el mantenimiento de la cultura y de su forma de vida de los pueblos indígenas, se declarará intangibilidad transitoria.
“Gestionar mediante decreto supremo, la declaración de intangibilidad transitoria del territorio que ocupan las naciones, pueblos o segmentos indígena originarios en situación de aislamiento voluntario y no contactados, en tanto mantengan tales condiciones, mismas que deberán ser evaluadas cada 10 años”, señala la medida legal.
La viceministra Isabel Ortega explicó que el mecanismo de protección de intangibilidad transitoria, para una nación o pueblo indígena originario en situación de aislamiento voluntario y no contactado, se extinguirá cuando se manifieste su necesidad de establecer contacto e integrarse con la población plurinacional mayoritaria.
La medida legal también establece que se haya migrado a otras áreas fuera de la zona de intangibilidad transitoria o cuando la nación o pueblo indígena originario en situación de aislamiento voluntario y no contactado se desintegre como grupo colectivo.
Además se declarará la intangibilidad cuando exista uso extractivo de recursos renovables y no renovables, con fines lucrativos y en contra de su estilo de vida tradicional.
El director de Justicia Indígena Originaria Campesina, Nelson Marcelo Cox, explicó que también se declara esta figura de intangibilidad transitoria cuando se desarrollen actividades de narcotráfico y delitos contra la seguridad interna y externa del Estado, cuyo autor sea miembro de la nación o pueblo indígena originario en situación de aislamiento voluntario.
Tipos penales para proteger a los nativos
Para preservar los pueblos indígenas y evitar su extinción, el anteproyecto de ley incluye figuras carcelarias en el Código Penal.
La disposición primera de la propuesta de ley las tipificaciones de los delitos de genocidio cultural, perturbación y financiamiento para la perturbación.
“El que sometiera a asimilación a la población plurinacional mayoritaria a una nación, pueblo o segmento indígena originario en situación de aislamiento voluntario o no contactado, o a quien tenga contacto no autorizado con miembros de una nación, pueblo o segmento indígena originario en situación de aislamiento voluntario o no contactado, en territorios declarados con intangibilidad transitoria, será sancionado con presidio de 15 a 20 años”, señala la medida legal.
Además, el que sin contar con autorización expresa realice en el territorio de una nación, pueblo o segmento indígena originario en situación de aislamiento voluntario y no contactado, cualquier tipo de acción que perturbe las formas de vida individual o colectiva, será sancionado con privación de libertad de 6 a 10 años
La misma pena se aplicara, a quién actúe al servicio o colabore de cualquier forma, en la realización de estudios de cualquier índole no autorizados, en territorios de las naciones y pueblos indígena originarios en situación de aislamiento voluntario, y no contactados.
Se sancionará de 8 a 12 años de cárcel a aquella persona que de manera deliberada, directa o indirectamente, provea, recolecte, transfiera, entregue, adquiera, posea, negocie o gestione fondos, bienes, recursos, sea mediante el ejercicio de actividades legales o ilegales, con la intención de ingresar, sin autorización expresa de la autoridad competente, a los territorios de las naciones y pueblos indígena originarios en situación de aislamiento voluntario, y no contactados.
Sobre el daño ambiental, el que de manera deliberada ocasione la destrucción o contaminación de los ecosistemas existentes en el territorio, de las naciones y pueblos indígena originarios en peligro de extinción, en situación de aislamiento voluntario, y no contactados, será sancionado con privación de libertad de 8 a 12 años.
Asimismo, el que tenga conocimiento de estos delitos y que no lo denunciara será sancionado con privación de libertad de uno a tres años.
Pueblos en aislamiento no mantienen contacto con otra gente
El director de Justicia Indígena Originaria Campesina, Marcelo Cox, explicó que las naciones en aislamiento son pueblos o segmentos de pueblos indígenas que no mantienen contactos regulares con la población mayoritaria y que además suelen rehuir todo tipo de contacto con personas ajenas a su grupo.
También pueden ser grupos pertenecientes a diversos pueblos ya contactados que tras una relación intermitente con las sociedades envolventes deciden volver a una situación de aislamiento como estrategia de supervivencia y rompen voluntariamente todas las relaciones que pudieran tener con dichas sociedades
“En su mayoría, los pueblos aislados viven en bosques tropicales y/o zonas de difícil acceso no transi-tadas, lugares que muy a menudo cuentan con grandes recursos naturales. Para estos pueblos el aislamiento no ha sido una opción voluntaria sino una estrategia de supervivencia”, afirmó Cox.
Algunas características generales comunes a todos ellos es que estos pueblos altamente integrados en los ecosistemas en los que habitan y de los cuales forman parte, manteniendo una estrecha relación de interdependencia con el medio ambiente en el que desarrollan sus vidas y su cultura.
Poseen un profundo conocimiento de su medio ambiente, lo que les permite vivir de manera autosuficiente generación tras generación, razón por la cual el mantenimiento de sus territorios es de vital importancia para todos ellos.
Según Cox, son pueblos que no conocen el funcionamiento de la sociedad mayoritaria y que, por lo tanto, se encuentran en una situación de indefensión y extrema vulnerabilidad ante los diversos actores que tratan de acercarse a ellos, o que tratan de acompañar su proceso de relación con el resto de la sociedad, como en el caso de los pueblos en contacto inicial.
Además dijo que son pueblos altamente vulnerables, que en la mayoría de los casos se encuentran en grave peligro de extinción.
La Nación Chichas busca su inclusión en el Estatuto
Freddy Tarcaya, del Comité Impulsor de Reconocimiento y Reconstitución de la Nación Chichas, señaló que cinco naciones indígenas buscan ser incluidas en el Estatuto Autonómico Departamental. Por ello continúan la coordinación técnica con la Comisión de Autonomías. “De aquí en adelante nos regimos en el artículo 30 de la Constitución que estipula los requisitos para ser nación”, dijo.
Por ello las naciones Chichas, Qhara Qhara, Lípez, Charcas y Carangas buscan su reconocimiento.
“Existimos documentalmente, históricamente y con estudios recientes del propio Estado plurinacional. Se ha presentado un atlas de territorios indígenas donde se estipula claramente la existencia de estas cinco naciones en el Departamento de Potosí”, explicó.
Como pueblos indígenas, están seguros de que su demanda está dentro de la Constitución Política del Estado, por lo que no temen que sea observada por el Tribunal Constitucional, manifestó.
“Estamos enmarcados en la constitución, sustentados jurídicamente por la Ley de Autonomías y todos los documentos que refieren a la existencia de las cinco naciones”, complementó.
Por ello, realizan el seguimiento al proceso de elaboración del Estatuto Autonómico Departamental. “Vamos a reunirnos los primeros días de agosto, para continuar detallando los temas y argumentos legales que vamos a presentar, acompañados de los documentos fehacientes de nuestra existencia”, finalizó.
Por ello las naciones Chichas, Qhara Qhara, Lípez, Charcas y Carangas buscan su reconocimiento.
“Existimos documentalmente, históricamente y con estudios recientes del propio Estado plurinacional. Se ha presentado un atlas de territorios indígenas donde se estipula claramente la existencia de estas cinco naciones en el Departamento de Potosí”, explicó.
Como pueblos indígenas, están seguros de que su demanda está dentro de la Constitución Política del Estado, por lo que no temen que sea observada por el Tribunal Constitucional, manifestó.
“Estamos enmarcados en la constitución, sustentados jurídicamente por la Ley de Autonomías y todos los documentos que refieren a la existencia de las cinco naciones”, complementó.
Por ello, realizan el seguimiento al proceso de elaboración del Estatuto Autonómico Departamental. “Vamos a reunirnos los primeros días de agosto, para continuar detallando los temas y argumentos legales que vamos a presentar, acompañados de los documentos fehacientes de nuestra existencia”, finalizó.
Quintana pide investigar a infiltrada en marcha indígena
El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, señaló que el Ministerio Público debe investigar la supuesta infiltración de la cabo Angélica Dayana Cáceres Ramírez a la octava marcha indígena, aunque considera que la labor de la Policía habría sido de carácter preventivo.
“La verdad es que no tengo conocimiento sobre qué tipo de tarea, responsabilidad, si era infiltrada, no era infiltrada, policías existen en todo lado, vayan a la Asamblea Legislativa, van a encontrar policías, en su barrio, en su comunidad, me imagino que algunos miembros de la Policía tienen responsabilidades específicas de reproducir información y eso es absolutamente comprensible en todos los lugares del mundo, ya que tiene funciones de tipo preventivo y coercitivo, tampoco satanicen a determinadas labores de la policía es una institución que tiene funciones específicas que no tiene ninguna institución de Estado”, sostuvo el Ministro de la Presidencia.
La cabo Cáceres fue identificada en un video jalando del antebrazo al canciller David Choquehuanca durante el incidente en el sector de Chaparina. Esta acción luego fue utilizada por el Gobierno para iniciar acciones legales contra dirigentes que encabezaron la octava marcha en defensa del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Secure (Tipnis).
“Se tendrá que esclarecer el caso en el Ministerio Público, ya que no se tiene más información que la divulgada por la prensa nacional”, agregó el ministro Quintana al señalar que el trabajo investigativo permitirá resolver todas las dudas sobre este caso.
Entre los documentos que presentaron los denuciantes que respalda la denuncia está una matrícula universitaria con la que la mujer se infiltró en el grupo. También, entre otras pruebas presentadas por el abogado, se cuenta dos memorandos extendidos a la policía Angélica C.R., uno de asignación para “cumplir funciones” en Chaparina y un segundo documento, posterior a la represión de Chaparina, de felicitación por el trabajo realizado.
“La verdad es que no tengo conocimiento sobre qué tipo de tarea, responsabilidad, si era infiltrada, no era infiltrada, policías existen en todo lado, vayan a la Asamblea Legislativa, van a encontrar policías, en su barrio, en su comunidad, me imagino que algunos miembros de la Policía tienen responsabilidades específicas de reproducir información y eso es absolutamente comprensible en todos los lugares del mundo, ya que tiene funciones de tipo preventivo y coercitivo, tampoco satanicen a determinadas labores de la policía es una institución que tiene funciones específicas que no tiene ninguna institución de Estado”, sostuvo el Ministro de la Presidencia.
La cabo Cáceres fue identificada en un video jalando del antebrazo al canciller David Choquehuanca durante el incidente en el sector de Chaparina. Esta acción luego fue utilizada por el Gobierno para iniciar acciones legales contra dirigentes que encabezaron la octava marcha en defensa del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Secure (Tipnis).
“Se tendrá que esclarecer el caso en el Ministerio Público, ya que no se tiene más información que la divulgada por la prensa nacional”, agregó el ministro Quintana al señalar que el trabajo investigativo permitirá resolver todas las dudas sobre este caso.
Entre los documentos que presentaron los denuciantes que respalda la denuncia está una matrícula universitaria con la que la mujer se infiltró en el grupo. También, entre otras pruebas presentadas por el abogado, se cuenta dos memorandos extendidos a la policía Angélica C.R., uno de asignación para “cumplir funciones” en Chaparina y un segundo documento, posterior a la represión de Chaparina, de felicitación por el trabajo realizado.
domingo, 14 de julio de 2013
La discriminación a indígenas sigue como en la Colonia
El racismo y la discriminación hacia los indígenas se mantienen latentes en América Latina, donde aún está vigente el modelo de colonización de hace 500 años, pese a esfuerzos para eliminarlos, afirmó ayer una representante de la ONU.
Esa forma de pensar considera a todo lo relacionado a los pueblos indígenas “como algo atrasado y salvaje, que además ve al indígena como sospechoso de terrorismo”, declaró a la AFP Mirna Cunningham, miembro del Foro Permanente de Asuntos Indígenas de la ONU.
“La criminalización que hacen los gobiernos latinoamericanos sobre las acciones y protestas de los pueblos originarios y de ver al indígena como terrorista refleja las concepciones racistas que trajeron los colonizadores hace más de cinco siglos”, subrayó Cunningham.
Esa percepción radica en que “el indígena no tiene entre sus prioridades la acumulación de riquezas, muy común en la sociedad occidental, porque piensa que se deben proteger los bosques y el medio ambiente, además de tratar de preservar su identidad cultural, lo que lo hace sospechoso”, reflexionó.
Racismo. Cunningham, de nacionalidad nicaragüense, participó en la Jornada Internacional “Pueblos Indígenas y Derechos”, organizada por la asociación Chirapaq (Centro de Culturas Indígenas del Perú), como uno de los pasos previos a la Conferencia Mundial de Pueblos Indígenas que celebrará Naciones Unidas en 2014.
Cunningham remarcó que las naciones indígenas tienen un modelo de desarrollo propio que debe ser respetado. En el evento Tarcila Rivera, coordinadora continental del Enlace de Mujeres Indígenas de las Américas, estimó que “el racismo es una cuestión estructural e histórica, que se ha convertido en una ideología que considera a los indígenas como ciudadanos de tercera categoría”.
Qotzuñi Urus: En pos de un lenguaje en común
Los ‘hombres del lago’ de Urus Chulluni (Puno, Perú) recibieron a sus hermanos de Chipaya, Irohito de Jesús de Machaca y Poopó. Los niños aprendían la letra ‘e’ con la imagen de un elefante, hoy la educación uru busca ser intracultural.
En la isla flotante de Uru Patani, en Puno (Perú), a unas cuatro horas de la ciudad de La Paz (Bolivia), los niños no tienen ningún problema en saludar en inglés, francés, español, aymara y quechua. Pero, cuando se les pregunta si hablan uru, el idioma de esa nación peruano-boliviana, agachan la cabeza y dicen que no.
El patio de la escuela “70682”, según la nomenclatura peruana, se zarandea con el correr de medio centenar de escolares. Y así es todos los días, porque está asentada en un islote flotable, de los 76 que existen en la bahía puneña, construido sobre bloques de raíces de totoras. Hace muchos años, el idioma nativo de los urus peruanos florecía en estos lugares, pero luego se tambaleó y finalmente desapareció.
En 2008 se publicó un estudio de Survival International, organización mundial que trabaja por los derechos de los indígenas, y que daba cuenta de que cada dos semanas muere una lengua nativa.
El uru aún se habla en Bolivia, pero el peligro de la desaparición está latente. “Si un idioma muere, muere el pueblo”, reflexiona Alberto Cuadros, director del colegio Urus Chulluni, comunidad del mismo nombre, anfitriona del Primer Encuentro Binacional de Educadores y Sabios de los Pueblos Urus, que se hizo la pasada semana en Puno, con el lago Titicaca de fondo, y que reunió además a los Irohito Urus, de Jesús de Machaca de La Paz, Uru Chipayas y Urus del lago Poopó, de Oruro.
La palabra uru es aymara y significa los del aurora o amanecer y, según el arqueólogo Arturo Posnansky, así los llamaban los aymaras por su afición a cazar y pescar por las noches y durante las madrugadas (uru). No obstante, los urus se consideran qhas qotzuñi (hombres del lago).
Sobre el Titicaca, en el pueblo de Urus Chulluni, nació y se formó Rita Suaña Coila, que ahora se dice ilusionada de que un día los niños urus de las islas peruanas de esa municipalidad puedan hablar el idioma de sus abuelos. “Éste es el comienzo de una nueva era; ahora sólo esperamos que los sabios urus bolivianos puedan ayudarnos a recuperar nuestro lenguaje”.
Según Isaac Ticona, director de Machaqa Amawta, los urus fueron invisibilizados—por los aymaras y quechuas hasta hace unos diez años— y, si bien ahora han sido reconocidos como Nación Uru en Bolivia, por las normas educativas y las misma Constitución Política del Estado, queda mucho por hacer en la parte pedagógica para que sus conocimientos, por ejemplo de la antigua lengua y otros como sus ciencias, pervivan.
Machaqa Amawta, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), Educación sin Fronteras (ESF), Liechtensteinischer Entwicklungs Dienst (LED), junto al Consejo Educativo de la Nación Uru en Bolivia organizaron este primer encuentro en la municipalidad turística de Urus Chulluni, donde los qhas qotzuñi de ambos países se volvieron a encontrar con el Titicaca como testigo.
El balserito de Puno/ ya va surcando/ las aguas del Titicaca/ soportando las oleadas/ sin conocer peligro... Así dice parte de la letra del tema El balserito del Titicaca, que los niños de la escuela “70682” cantan para dar la bienvenida a sus pares bolivianos en el patio de su unidad educativa.
La elección de la canción no es casual, porque allí cada uno de sus pobladores se consideran verdaderos hombres del lago. “Nuestros abuelos decían que sus paisanos vivían en Perú y ahora estamos en el proceso de recoger los conocimientos y seguimos queriendo incluso reunirnos”, había dicho en 2005 Siriaco Inda, presidente del Consejo Educativo de la Nación Uru en Bolivia.
Tres años después, en 2008, los niños de los cuatro pueblos se dieron cita en Puno en el Primer Festival Infantil Educativo, pero no fue hasta la pasada semana en la que se habló de crear un solo sistema curricular para toda la Nación Uru en Bolivia y Perú, en conjunto.
“Tenemos que recuperar nuestro idioma y nuestra educación, pero respetando nuestra identidad”, explica Suaña Coila mientras invita a los bolivianos a participar del apthapi, la mesa común donde los karachis, las papas, el chuño y la oca son los ingredientes de lujo de la comilona andina lacustre.
Suaña, como la mayoría de los urus peruanos, aprendió a leer y escribir con el español, pero le hubiese gustado hacerlo con su uru ancestral. “Queremos aprender de los sabios bolivianos urus”, reitera la mujer que viste una pollera verde fosforescente y una chaqueta fucsia, la vestimenta tradicional de los urus peruanos.
A dos metros de ella, Germán Lázaro, lingüista uru proveniente de los Urus del lago Poopó de Oruro, saborea un suculento wallaque. Éste cree que la enseñanza del idioma propio debe partir también de la familia. “Mis primeros maestros fueron mi papá y mi mamá. Ellos me decían: así se hace un corral, así se saca la excavación de los canales para el río, esto no se dice, así se respeta a los mayores, y yo los imitaba. Yo aprendí jugando”, resume Lázaro enfundado en un poncho de lana de llama y un sombrero hecho de totora.
Germán hace esa reflexión porque hubo un momento en el que algunos maestros llegados de las ciudades les enseñaban al abecedario con animales que los niños ni habían imaginado que podían existir. “Nos enseñaban la letra ‘e’ con el dibujo del elefante, un animal que jamás habíamos visto”, recuerda Juan Bautista, director distrital de Educación de Jesús de Machaca, territorio donde están asentados los Irohito Urus.
Entre los cuatro pueblos urus, los chipayas son los más adelantados al poseer incluso un alfabeto, mientras que los Irohito de Jesús de Machaca hablan poco la lengua, porque predomina el aymara; algo similar pasa con los urus del lago Poopó, y en Chulluni ya no quedan personas que hablen el uru ancestral.
Bautista admite que existen diferencias dialectales en pronunciación en cada uno de los pueblos, pero añade que no habría mucho problema en unificarlos teniendo como base el uru de los chipayas.
A la par del idioma, Bautista habla de rescatar también otros conocimientos.
Etnomatemática y más
A partir del encuentro con los urus peruanos, los educadores bolivianos creen que se debe pensar en una sola malla curricular binacional y por eso hablan incluso de recuperar la etnomatemática.
La forma de enseñanza es considerada una disciplina de la matemática educativa que se enriquece con los saberes históricos, filosóficos, geográficos y antropológicos de los pueblos. Por eso, y sin saber del sistema métrico occidental, los indígenas y en particular los urus —según Bautista— utilizaban otras medidas como la chía, que equivale a unos 20 centímetros; la brazada, a un metro y la legua que es comparable a los cinco kilómetros.
“Todo esto también debe estar en el currículo que pretendemos armar y que consiste en aplicar los conocimientos de cada pueblo”, precisa el educador ante aproximadamente un centenar y medio de educadores y sabios urus de Perú y Bolivia, de ambos sexos, reunidos todos en el patio de la escuela puneña.
Así como la etnomatemática debería ser implementada en el currículo educativo uru, Germán Lázaro considera que es necesario recuperar la ciencia cósmica. “La lógica de ver las khanas y las chakanas (constelaciones estelares de la cosmovisión andina) para aprender sobre el tiempo y lo que vendrá después, es algo que se está perdiendo”, reflexiona mientras fija su mirada en el cielo azul de invierno.
“La relación con el agua y el cielo es vital”, precisa Lázaro, y añade que, en los años 80, el caudal del río Lauca, por cuyas inmediaciones viven los urus del Poopó, daba en abundancia líquido límpido y peces para sus moradores, pero en los años 90 el nivel de las aguas se redujo. “Ahora ya no tenemos casi nada en los ríos y eso quizás es porque ya dejamos de ver en las estrellas que antes nos avisaban todo; no lo hicimos más y ahora tenemos que readecuarnos y apuntar a la agricultura”, puntualiza el uru.
Rafaela Lázaro Mamani pasó la barrera de los 60 años, pero aparenta tener 50 o menos. “El secreto es comer sano y curarse con la medicina natural”, revela la mujer chipaya, el pueblo más representativo de los urus y que habita en las riberas del río Desaguadero. Éste nace en La Paz y llega al departamento de Oruro.
Detrás de un unku o traje color tierra con capucha que esconde su cabellera trenzada, Rafaela es una de las sabias llegadas de Bolivia para el encuentro en Puno. “Hablan de nuestra lengua, pero lo primero que tienen que hacer nuestros hermanos peruanos es organizarse como lo hicimos nosotros una vez”, adelanta la mujer. Así nació el Consejo Educativo de la Nación Uru en Bolivia.
Para ella, la medicina natural es el mejor regalo que recibió de sus padres y abuelos. Tal sería la razón por la que hasta ahora jamás ha necesitado acudir a un hospital. “No conozco eso, pero sí conozco la castillura, una pequeña planta que alivia el dolor de cabeza, la lampaya y la khaya que curan el dolor de estómago”, enumera la mujer en castellano.
Y una a una, cita plantas y las aplicaciones en el cuerpo humano. “Somos mujeres de agua, pero la medicina viene de la tierra que nos da la llarita (pequeña hierba), por ejemplo, que es buena para aliviar el dolor de muela”.
Lázaro Mamani va más allá. “Cuando al niño o a la niña les ha “dado aire”, hay que usar la caquita (heces) de la llama”, sorprende la mujer. En la medicina natural, el “aire” es un cuadro que se manifiesta con un decaimiento general, para el que la medicina tradicional suele no encontrar remedio, como dan ejemplos los asistentes a la reunión.
En el pueblo de los Urus de Chulluni, cuando los niños tienen alguna complicación médica, los padres usan las lanchas con motor fuera de borda para que sean atendidos en las clínicas de Puno. “Pocos recuerdan cómo podemos curarnos con la medicina de los abuelos, por eso también quisiéramos que los sabios urus bolivianos vengan para enseñarnos”, desea Suaña desde una de las tres aulas de la escuela “70682”, donde los educadores hablan de éste y otros temas.
Así como los urus peruanos y bolivianos desean recuperar sus saberes, otros creen que también se debe pensar en la mama qota, madre lago que cada vez está más contaminada. “Sería muy lindo que nos enseñen a cuidar el medio ambiente, porque nosotros vivimos de la pesca y así lo hicieron nuestros padres y nuestros abuelos”, sostiene el maestro Alberto Cuadros. Su mirada se fija esta vez en la bahía de Puno, uno de los sectores más contaminados del lago Titicaca.
El 20 de junio, en el diario peruano La República se publicó que se necesitarían más de 10 millones de dólares para descontaminar el puerto puneño, un sector donde los desechos y las aguas servidas de los pobladores de unos 350.000 habitantes desembocan en el Lago Sagrado.
“Pasa lo mismo en el lado boliviano; el río Desaguadero (que desemboca en el Titicaca) está cada vez más contaminado, el nivel de las aguas ha bajado y ya no hay peces como antes”, confiesa Feliciano Álvarez, que vive en las riberas de la corriente. Además, la Bahía de Cohana, siempre en el lado boliviano, es uno de los sectores más dañados, según estudios de la Liga de Defensa del Medio Ambiente (Lidema).
Álvarez cree también que los urus bolivianos deberían reclamarle mayor participación, a favor de la nación uru, al asambleísta nacional Benigno Quispe Mamani, que a su juicio hizo poco por sus paisanos. “El (Quispe) debería promover nuestra cultura”. El asambleísta Quispe es fácil de reconocer, pues asiste a las sesiones de la Asamblea Legislativa vestido como uru chipaya.
De las palabras a los hechos
Luego de dos días de intenso debate, celebración e intercambio —jueves 4 y viernes 5 de julio de 2013, para que conste en actas— , el director ejecutivo de Machaqa Amawta, Isaac Ticona, se muestra y se dice feliz. Se han sentado las bases para que los cuatro pueblos urus trabajen de manera conjunta con sus propios educadores y sabios, a los que se sumarán las autoridades originarias.
“Los urus han decidido recuperar su identidad lingüística, política y cultural, eso es lo más valioso de estas dos jornadas”, sintetiza el educador.
Se ha dado, efectivamente, el primer paso; la red de educadores ha quedado conformada con 70 representantes urus tanto de Bolivia como de Perú. Que todo marche según lo previsto dependerá de los coordinadores: Fausto Felipe Condori en suelo boliviano y Nicolás Chique Velasco en el lado peruano.
En la isla flotante de Uru Patani, en Puno (Perú), a unas cuatro horas de la ciudad de La Paz (Bolivia), los niños no tienen ningún problema en saludar en inglés, francés, español, aymara y quechua. Pero, cuando se les pregunta si hablan uru, el idioma de esa nación peruano-boliviana, agachan la cabeza y dicen que no.
El patio de la escuela “70682”, según la nomenclatura peruana, se zarandea con el correr de medio centenar de escolares. Y así es todos los días, porque está asentada en un islote flotable, de los 76 que existen en la bahía puneña, construido sobre bloques de raíces de totoras. Hace muchos años, el idioma nativo de los urus peruanos florecía en estos lugares, pero luego se tambaleó y finalmente desapareció.
En 2008 se publicó un estudio de Survival International, organización mundial que trabaja por los derechos de los indígenas, y que daba cuenta de que cada dos semanas muere una lengua nativa.
El uru aún se habla en Bolivia, pero el peligro de la desaparición está latente. “Si un idioma muere, muere el pueblo”, reflexiona Alberto Cuadros, director del colegio Urus Chulluni, comunidad del mismo nombre, anfitriona del Primer Encuentro Binacional de Educadores y Sabios de los Pueblos Urus, que se hizo la pasada semana en Puno, con el lago Titicaca de fondo, y que reunió además a los Irohito Urus, de Jesús de Machaca de La Paz, Uru Chipayas y Urus del lago Poopó, de Oruro.
La palabra uru es aymara y significa los del aurora o amanecer y, según el arqueólogo Arturo Posnansky, así los llamaban los aymaras por su afición a cazar y pescar por las noches y durante las madrugadas (uru). No obstante, los urus se consideran qhas qotzuñi (hombres del lago).
Sobre el Titicaca, en el pueblo de Urus Chulluni, nació y se formó Rita Suaña Coila, que ahora se dice ilusionada de que un día los niños urus de las islas peruanas de esa municipalidad puedan hablar el idioma de sus abuelos. “Éste es el comienzo de una nueva era; ahora sólo esperamos que los sabios urus bolivianos puedan ayudarnos a recuperar nuestro lenguaje”.
Según Isaac Ticona, director de Machaqa Amawta, los urus fueron invisibilizados—por los aymaras y quechuas hasta hace unos diez años— y, si bien ahora han sido reconocidos como Nación Uru en Bolivia, por las normas educativas y las misma Constitución Política del Estado, queda mucho por hacer en la parte pedagógica para que sus conocimientos, por ejemplo de la antigua lengua y otros como sus ciencias, pervivan.
Machaqa Amawta, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), Educación sin Fronteras (ESF), Liechtensteinischer Entwicklungs Dienst (LED), junto al Consejo Educativo de la Nación Uru en Bolivia organizaron este primer encuentro en la municipalidad turística de Urus Chulluni, donde los qhas qotzuñi de ambos países se volvieron a encontrar con el Titicaca como testigo.
El balserito de Puno/ ya va surcando/ las aguas del Titicaca/ soportando las oleadas/ sin conocer peligro... Así dice parte de la letra del tema El balserito del Titicaca, que los niños de la escuela “70682” cantan para dar la bienvenida a sus pares bolivianos en el patio de su unidad educativa.
La elección de la canción no es casual, porque allí cada uno de sus pobladores se consideran verdaderos hombres del lago. “Nuestros abuelos decían que sus paisanos vivían en Perú y ahora estamos en el proceso de recoger los conocimientos y seguimos queriendo incluso reunirnos”, había dicho en 2005 Siriaco Inda, presidente del Consejo Educativo de la Nación Uru en Bolivia.
Tres años después, en 2008, los niños de los cuatro pueblos se dieron cita en Puno en el Primer Festival Infantil Educativo, pero no fue hasta la pasada semana en la que se habló de crear un solo sistema curricular para toda la Nación Uru en Bolivia y Perú, en conjunto.
“Tenemos que recuperar nuestro idioma y nuestra educación, pero respetando nuestra identidad”, explica Suaña Coila mientras invita a los bolivianos a participar del apthapi, la mesa común donde los karachis, las papas, el chuño y la oca son los ingredientes de lujo de la comilona andina lacustre.
Suaña, como la mayoría de los urus peruanos, aprendió a leer y escribir con el español, pero le hubiese gustado hacerlo con su uru ancestral. “Queremos aprender de los sabios bolivianos urus”, reitera la mujer que viste una pollera verde fosforescente y una chaqueta fucsia, la vestimenta tradicional de los urus peruanos.
A dos metros de ella, Germán Lázaro, lingüista uru proveniente de los Urus del lago Poopó de Oruro, saborea un suculento wallaque. Éste cree que la enseñanza del idioma propio debe partir también de la familia. “Mis primeros maestros fueron mi papá y mi mamá. Ellos me decían: así se hace un corral, así se saca la excavación de los canales para el río, esto no se dice, así se respeta a los mayores, y yo los imitaba. Yo aprendí jugando”, resume Lázaro enfundado en un poncho de lana de llama y un sombrero hecho de totora.
Germán hace esa reflexión porque hubo un momento en el que algunos maestros llegados de las ciudades les enseñaban al abecedario con animales que los niños ni habían imaginado que podían existir. “Nos enseñaban la letra ‘e’ con el dibujo del elefante, un animal que jamás habíamos visto”, recuerda Juan Bautista, director distrital de Educación de Jesús de Machaca, territorio donde están asentados los Irohito Urus.
Entre los cuatro pueblos urus, los chipayas son los más adelantados al poseer incluso un alfabeto, mientras que los Irohito de Jesús de Machaca hablan poco la lengua, porque predomina el aymara; algo similar pasa con los urus del lago Poopó, y en Chulluni ya no quedan personas que hablen el uru ancestral.
Bautista admite que existen diferencias dialectales en pronunciación en cada uno de los pueblos, pero añade que no habría mucho problema en unificarlos teniendo como base el uru de los chipayas.
A la par del idioma, Bautista habla de rescatar también otros conocimientos.
Etnomatemática y más
A partir del encuentro con los urus peruanos, los educadores bolivianos creen que se debe pensar en una sola malla curricular binacional y por eso hablan incluso de recuperar la etnomatemática.
La forma de enseñanza es considerada una disciplina de la matemática educativa que se enriquece con los saberes históricos, filosóficos, geográficos y antropológicos de los pueblos. Por eso, y sin saber del sistema métrico occidental, los indígenas y en particular los urus —según Bautista— utilizaban otras medidas como la chía, que equivale a unos 20 centímetros; la brazada, a un metro y la legua que es comparable a los cinco kilómetros.
“Todo esto también debe estar en el currículo que pretendemos armar y que consiste en aplicar los conocimientos de cada pueblo”, precisa el educador ante aproximadamente un centenar y medio de educadores y sabios urus de Perú y Bolivia, de ambos sexos, reunidos todos en el patio de la escuela puneña.
Así como la etnomatemática debería ser implementada en el currículo educativo uru, Germán Lázaro considera que es necesario recuperar la ciencia cósmica. “La lógica de ver las khanas y las chakanas (constelaciones estelares de la cosmovisión andina) para aprender sobre el tiempo y lo que vendrá después, es algo que se está perdiendo”, reflexiona mientras fija su mirada en el cielo azul de invierno.
“La relación con el agua y el cielo es vital”, precisa Lázaro, y añade que, en los años 80, el caudal del río Lauca, por cuyas inmediaciones viven los urus del Poopó, daba en abundancia líquido límpido y peces para sus moradores, pero en los años 90 el nivel de las aguas se redujo. “Ahora ya no tenemos casi nada en los ríos y eso quizás es porque ya dejamos de ver en las estrellas que antes nos avisaban todo; no lo hicimos más y ahora tenemos que readecuarnos y apuntar a la agricultura”, puntualiza el uru.
Rafaela Lázaro Mamani pasó la barrera de los 60 años, pero aparenta tener 50 o menos. “El secreto es comer sano y curarse con la medicina natural”, revela la mujer chipaya, el pueblo más representativo de los urus y que habita en las riberas del río Desaguadero. Éste nace en La Paz y llega al departamento de Oruro.
Detrás de un unku o traje color tierra con capucha que esconde su cabellera trenzada, Rafaela es una de las sabias llegadas de Bolivia para el encuentro en Puno. “Hablan de nuestra lengua, pero lo primero que tienen que hacer nuestros hermanos peruanos es organizarse como lo hicimos nosotros una vez”, adelanta la mujer. Así nació el Consejo Educativo de la Nación Uru en Bolivia.
Para ella, la medicina natural es el mejor regalo que recibió de sus padres y abuelos. Tal sería la razón por la que hasta ahora jamás ha necesitado acudir a un hospital. “No conozco eso, pero sí conozco la castillura, una pequeña planta que alivia el dolor de cabeza, la lampaya y la khaya que curan el dolor de estómago”, enumera la mujer en castellano.
Y una a una, cita plantas y las aplicaciones en el cuerpo humano. “Somos mujeres de agua, pero la medicina viene de la tierra que nos da la llarita (pequeña hierba), por ejemplo, que es buena para aliviar el dolor de muela”.
Lázaro Mamani va más allá. “Cuando al niño o a la niña les ha “dado aire”, hay que usar la caquita (heces) de la llama”, sorprende la mujer. En la medicina natural, el “aire” es un cuadro que se manifiesta con un decaimiento general, para el que la medicina tradicional suele no encontrar remedio, como dan ejemplos los asistentes a la reunión.
En el pueblo de los Urus de Chulluni, cuando los niños tienen alguna complicación médica, los padres usan las lanchas con motor fuera de borda para que sean atendidos en las clínicas de Puno. “Pocos recuerdan cómo podemos curarnos con la medicina de los abuelos, por eso también quisiéramos que los sabios urus bolivianos vengan para enseñarnos”, desea Suaña desde una de las tres aulas de la escuela “70682”, donde los educadores hablan de éste y otros temas.
Así como los urus peruanos y bolivianos desean recuperar sus saberes, otros creen que también se debe pensar en la mama qota, madre lago que cada vez está más contaminada. “Sería muy lindo que nos enseñen a cuidar el medio ambiente, porque nosotros vivimos de la pesca y así lo hicieron nuestros padres y nuestros abuelos”, sostiene el maestro Alberto Cuadros. Su mirada se fija esta vez en la bahía de Puno, uno de los sectores más contaminados del lago Titicaca.
El 20 de junio, en el diario peruano La República se publicó que se necesitarían más de 10 millones de dólares para descontaminar el puerto puneño, un sector donde los desechos y las aguas servidas de los pobladores de unos 350.000 habitantes desembocan en el Lago Sagrado.
“Pasa lo mismo en el lado boliviano; el río Desaguadero (que desemboca en el Titicaca) está cada vez más contaminado, el nivel de las aguas ha bajado y ya no hay peces como antes”, confiesa Feliciano Álvarez, que vive en las riberas de la corriente. Además, la Bahía de Cohana, siempre en el lado boliviano, es uno de los sectores más dañados, según estudios de la Liga de Defensa del Medio Ambiente (Lidema).
Álvarez cree también que los urus bolivianos deberían reclamarle mayor participación, a favor de la nación uru, al asambleísta nacional Benigno Quispe Mamani, que a su juicio hizo poco por sus paisanos. “El (Quispe) debería promover nuestra cultura”. El asambleísta Quispe es fácil de reconocer, pues asiste a las sesiones de la Asamblea Legislativa vestido como uru chipaya.
De las palabras a los hechos
Luego de dos días de intenso debate, celebración e intercambio —jueves 4 y viernes 5 de julio de 2013, para que conste en actas— , el director ejecutivo de Machaqa Amawta, Isaac Ticona, se muestra y se dice feliz. Se han sentado las bases para que los cuatro pueblos urus trabajen de manera conjunta con sus propios educadores y sabios, a los que se sumarán las autoridades originarias.
“Los urus han decidido recuperar su identidad lingüística, política y cultural, eso es lo más valioso de estas dos jornadas”, sintetiza el educador.
Se ha dado, efectivamente, el primer paso; la red de educadores ha quedado conformada con 70 representantes urus tanto de Bolivia como de Perú. Que todo marche según lo previsto dependerá de los coordinadores: Fausto Felipe Condori en suelo boliviano y Nicolás Chique Velasco en el lado peruano.
El Estatuto reconoce los idiomas originarios
En el artículo 2 del Estatuto Autonómico departamental de La Paz se promueve el reconocimiento de todos los idiomas originarios de la región. Con esto, el documento dispone el uso de estas lenguas y también de los idiomas extranjeros.
Tras ser aprobado por la Asamblea Departamental, el Estatuto pasó al proceso de revisión por el Comité de Estilo y Concordancia. El documento oficial será enviado al Tribunal Constitucional Plurinacional el 17 de julio.
La asambleísta por Unidad Nacional (UN) Claudia Bravo aclaró que en el Estatuto se reconocen 13 idiomas en toda la región.
Son oficiales el castellano, el aymara y el quechua; y los originarios: machajuyai-kallawaya, tacana, leco, mosetén, araona, chimán, ese ejja, puquina-uchumataku-urus-irohito, wayayachi-mollo y toromona.
Promoción. Uno de los objetivos del Estatuto es promover el “rescate, protección, conservación, uso y difusión de los idiomas de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos del departamento de La Paz”.
A partir de este punto, se podrán generar políticas departamentales orientadas al reconocimiento de la diversidad de los idiomas existentes en el departamento y a mejorar la representatividad de distintos sectores sociales de la población.
El documento también impulsa el uso de lenguas extranjeras. Si bien muchas personas optan por aprender un segundo idioma como el inglés, alemán o francés, es importante que el Estatuto reconozca este esfuerzo y promueva el uso de dichas lenguas.
La Constitución Política del Estado, vigente desde el 7 de febrero de 2009, reconoce 37 idiomas oficiales, además de incluir el castellano como lengua oficial.
Asimismo, la Carta Magna exige el uso de idiomas oficiales y originarios, según la región.
“El Gobierno Plurinacional y los gobiernos departamentales deben utilizar al menos dos idiomas oficiales. Uno de ellos debe ser el castellano y el otro se decidirá tomando en cuenta el uso, la conveniencia, las circunstancias, las necesidades y preferencias de la población en su totalidad o del territorio en cuestión. Los demás gobiernos autónomos deben emplear los idiomas propios de su territorio, y uno de ellos debe ser el castellano”. (artículo 5 de la Constitución Política del Estado).
Las lenguas originarias son un tema que se incluye en los estatutos departamentales de Bolivia.
MSM propuso temas sin poder incluirlos
Dennis Luizaga
La bancada del Movimiento Sin Miedo (MSM), bajo la jefatura de Wilma Magne, sostuvo que durante el desarrollo del Estatuto departamental surgieron algunas propuestas que no fueron tomadas en cuenta en su momento y que fueron reconsideradas fuera del tiempo permitido.
Temas como el pacto fiscal, en el que se sugería dar prioridad a la reasignación de los recursos a las autonomías, lo cual ahora es considerado como una disposición transitoria.
Otro tema que destaca es la lucha contra la corrupción, que, según la asambleísta Magne, debía ser un artículo central en la redacción del documento.
Magne sostuvo que la propuesta generó malestar e incomodidad entre algunos asambleístas. Con este planteamiento se pretendía fiscalizar la actividad de algunas autoridades. Pese a las observaciones, el Estatuto será enviado el 17 al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
Temas regionales se abordan en Estatuto
Dennis Luizaga
Pese al debate generado entre el oficialismo y la oposición en las sesiones de la Asamblea Departamental, hubo temas regionales considerados críticos durante la elaboración del Estatuto Autonómico de La Paz.
La discusión sobre los recursos naturales generó desacuerdo en las sesiones debido a la complejidad del tema. En los artículos 94 (hidrocarburos) y 95 (minería), el Estatuto dispone la participación y fiscalización del Gobierno Autónomo Departamental en la industrialización y comercialización de estos recursos no renovables.
En el artículo 89 también se considera la elaboración de políticas, planes y programas de conservación de especies “ícticas” (peces) en el lago Titicaca; sugiere proteger y preservar la flora y fauna del lago debido a que los recursos constituyen un sector estratégico de desarrollo departamental.
Un tema que generó mucha polémica en las sesiones de la Asamblea fue la coca. El Estatuto en su artículo 90 faculta la tarea de “coadyuvar al nivel central del Estado en su política de defensa de la hoja de coca en su estado natural”. Así como éste, son varios los temas de interés regional que son contemplados en el Estatuto Autonómico recién aprobado.
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