La semana pasada estuvo marcada por las revelaciones que vuelven a agendar el tema de la represión a la octava marcha indígena del 25 de septiembre de 2011. La abogada del Movimiento Sin Miedo (MSM), Aida Camacho, salió a los medios de comunicación para reiterar que la orden para el operativo provino de Palacio de Gobierno, mientras el oficialismo la descalificó asumiendo la hipótesis de la ruptura en la cadena de mando.
Dentro del cruce de declaraciones políticas, también salió la versión de la fiscal Patricia Santos, quien está encargada de la investigación, apuntando a la versión del Gobierno e informando que el exsubcomandante de la Policía, Óscar Muñoz Colodro, fue quien rompió esa cadena. “Manifiesta claramente que él ni informó antes de intervención ni recibió instrucción alguna del general Santiesteban, sino que le informó de todos los detalles después de la intervención, entonces hay una cadena de mando establecida por ley”, declaró.
En ese sentido, queda establecer la relación cronológica de hechos para deducir si esta afirmación es fundamentada, pero también se lee que el tiempo que duró el operativo fue suficiente para que las autoridades de máximo rango, así como el Ejecutivo, tomen acciones para evitar que la violencia policial caiga sobre los indígenas.
El sábado 24 de septiembre de 2011 el canciller David Choquehuanca llegó a Yucumo para hablar con los indígenas, que se encontraban varados desde el día 21 por un doble cerco de policías y colonizadores. La tensión se desbordó y las mujeres del Tipnis obligaron a marchar al canciller para verificar ese cerco. Las autoridades salieron de la región y luego en La Paz se realizó la reunión nocturna para tomar acciones frente a la marcha indígena.
El operativo fue planificado y se dio la orden para el despliegue de uniformados y la compra de material. El teniente coronel Henrry Terrazas pidió mediante nota, el envío de agua, combustible y 76 efectivos más. Se autorizó también la compra de 20 tenazas y 10 docenas de cinta masquin que se compraron en una ferretería de Yucumo y fueron entregadas por la funcionaria del Ministerio de Gobierno de apellido Vertiz a las 15.50 del domingo 25 de septiembre.
Sin embargo, las autoridades habían decidido postergar el operativo para el día lunes y se envió una nota de convocatoria al diálogo que llegó en la mañana a la dirigencia indígena. El entonces viceministro de Régimen Interior, Marcos Farfán, llegó al cuartel de Umopar en Yucumo en compañía del otrora asesor legal Boris Villegas para informar las características del operativo al general Edwin Foronda. A las 13.00 se apersona el general Oscar Muñoz para anunciar una reunión bajo dirección del Ministerio de Gobierno para la tarde. A las 15.30 Farfán y Villegas informan de los hechos al jefe policial de Yucumo y se les recomienda esperar la presencia de los fiscales de Rurrenabaque y San Borja para iniciar la intervención.
Farfán se reúne a las 16.00 con los colonizadores de Yucumo, que mantenían su cerco y bloqueo en rechazo a la marcha indígena del Tipnis. La autoridad es informada por Muñoz de que las acciones “se habían precipitado”. Farfán preguntó si había orden y Muñoz responde: “Sí, de La Paz”.
Farfán comunica los hechos al ministro Sacha Llorenti desde el campamento a través del celular de Villegas.
En la carretera había 10 buses y seis camionetas esperando la detención de los marchistas. El presidente de la Subcentral Tipnis, Fernando Vargas, denunciaba que se estaba comenzando el operativo contra la octava marcha y un grupo de arqueros decide avanzar al lado de los policías. Una voz desde filas uniformadas gritó, según Vargas, “al ataque” y comenzó la represión.
A las 17 horas la gasificación y los golpes se instalan en Chaparina, se detienen a 240 marchistas y otros 400 huyen. A las 18 horas las flotas parten rumbo a San Borja con la intención de subir a los marchistas en avionetas que iban a llevarlos a rumbos variables.
Para las 19.00 las flotas son obligadas a detenerse por un bloqueo de la población de San Borja que repudia la violencia policial, difundida casi de inmediato por los medios de comunicación a todo el país. Toman la decisión de dirigirse a Rurrenabaque para subir a la pista de aterrizaje, pero ésta también se encuentra bloqueada por la sociedad que comenzó a quemar llantas.
Entre las 7.30 y las 9.30 de la mañana del lunes 26 de septiembre, los efectivos policiales que custodiaban a los marchistas apilados en la iglesia de Rurrenabaque reciben la orden de replegarse. Fueron 18 horas de operativo.
Especial: Iván Rodríguez Rada
No hay comentarios:
Publicar un comentario